El gobierno de Gustavo Petro que completa 10 meses en el gobierno, tiene entre muchos desafíos el de fortalecer el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado como sujetos de derecho y no solamente como receptoras de acciones humanitarias, en este sentido esta es la gran oportunidad de renovar la ley 1448/11 a través de una reforma que contenga como elemento principal, la más amplia consulta a las víctimas y sus organizaciones, partiendo desde la mesa de participación efectiva, pero ampliando el espectro a organizaciones de Derechos Humanos, universidades y varias entidades que a lo largo de los 12 años de la existencia de la ley 1448/11, han formulado observaciones sobre lo que ha sido su implementación y las dificultades para que las víctimas, puedan acceder de manera efectiva y pronta al restablecimiento pleno de sus derechos.
Es importante reconocer que uno de los aspectos cruciales para la garantía de los derechos de las víctimas es superar el conflicto armado en el país, que a pesar, de haber suscrito un acuerdo de paz en el año 2016 con una de las guerrillas más grandes en su momento, el cual estableció importantes propuestas y la creación de una institucionalidad, para el avance en la búsqueda de la verdad, entre otros de los derechos de las víctimas, no ha logrado disminuir la intensidad del conflicto por cuanto nuevos grupos han copado los espacios dejados por la guerrilla de las FARC, y en muchas regiones el conflicto ha recuperado la intensidad e incluso en muchas partes se ha fortalecido, afectando gravemente a las comunidades que residen en esos territorios, generando situaciones de confinamiento, desplazamiento reclutamiento de menores, amenazas y asesinatos a líderes y lideresas. El fracaso de este proceso de paz tiene múltiples causas que pasan por el poco compromiso del gobierno en cumplir lo pactado, y la poca voluntad política de la élite gobernante de abrir la posibilidad de construir la Paz como una alternativa para el desarrollo del país, de esta manera lo que pudo ser el comienzo del fin del conflicto armado en Colombia terminó convertido en otro proceso fallido para el logro de la paz en el país.
Por esta razón los esfuerzos que se hacen desde el gobierno de Gustavo Petro para persistir en el logro de la denominada “paz total” deben recibir todo el apoyo de las organizaciones sociales y particularmente de las organizaciones de víctimas, con esta propuesta se busca establecer procesos de conversación, en la vía de instalar dinámicas que procuren la culminación del conflicto armado en Colombia, sin embargo, aquí es importante señalar que estos procesos deben adelantarse garantizando plenamente la participación de las víctimas en dichas mesas de conversación y en todo caso sin sacrificar la verdad, ni creando marcos de impunidad, para los responsables de los crímenes cometidos en el desarrollo del conflicto armado. Comprendiendo claro está que se trata de un proceso complejo en la medida en que se establecen diálogos con distintos tipos de organizaciones armadas cuyos objetivos de lucha se encuentran en orillas tan diversas, como lo puede ser, la lucha por la toma del poder con una perspectiva ideológica contraria al modelo político económico imperante o la actividad armada para el sustento de una acción orientada al fortalecimiento del tráfico de drogas u otro tipo de acciones ilegales
De esta manera la búsqueda de la paz total está en la primera línea de los objetivos planteados por el nuevo gobierno y en el que las organizaciones de víctimas y de Defensores de Derechos Humanos, así como, de distintas plataformas que luchan por la paz en Colombia tenemos plena empatía con ese gran propósito planteado en el país. Esta circunstancia, crea unas condiciones especiales, en la que claramente el gobierno muestra su voluntad política, para superar el conflicto armado al tiempo que se impulsa una potente agenda de transformaciones sociales, en la procura de superar las desigualdades y crear mayores oportunidades de inclusión a amplios grupos poblacionales históricamente excluidos del desarrollo y el progreso del país.
Una oportunidad para los cambios en favor de las víctimas
En medio de este panorama en el que se cuenta con la voluntad política del gobierno, como también de la Corte Constitucional que claramente ha mantenido su interés en salvaguardar y crear jurisprudencia en favor de los derechos de las víctimas, así también, una comunidad internacional que ha manifestado su compromiso con el logro de la paz y los derechos humanos, y teniendo en cuenta que en múltiples ocasiones organizaciones de víctimas, de Derechos Humanos, el Acuerdo Final de Paz firmado entre el gobierno y la extinta guerrilla de las FARC en el 2016 se han planteado la necesidad de modificar la ley 1448/11 a lo que recientemente se han sumado múltiples iniciativas de sectores parlamentarios, sea esta la oportunidad entonces para insistir en algunas propuestas que desde una perspectiva de Derechos Humanos, inclusión y enfoque de reparación transformadora y la participación vinculante de las organizaciones de víctimas, se pueda lograr una ley que de manera efectiva le brinde una nueva oportunidad a las víctimas del conflicto armado para reconstruir y restablecer sus proyectos de vida y ponerlos en función de la transformación profunda de la sociedad colombiana con garantía plena para el cumplimiento a todos sus derechos humanos. Obviamente, esto sin olvidar, que en el panorama político, hay situaciones complejas en la correlación de fuerzas tanto en el Congreso de la República, como también, la resistencia de algunos partidos políticos hoy en la oposición y algunos gremios económicos, que parecieran no estar dispuestos a brindarle una oportunidad a la inclusión social y a la paz en el país.
Este conjunto de oportunidades deben permitirnos el debate sobre las normas que hoy rigen la política pública de atención a las víctimas, y casi podría uno indicar que no haría falta más reformas, sino, aprovechar la voluntad política que se comenta para hacer algunos ajustes que permitan resolver los cuellos de botella que actualmente existe en la normatividad para que las víctimas puedan acceder a una reparación integral, que restablezca plenamente los derechos vulnerados en el marco del conflicto.
Estos ajustes deberían comenzar por revocar la Resolución 1049 del 15 de Marzo del 2019, establecida por la Unidad para las Víctima por lo cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se crea el método técnico de priorización, Pues esta resolución se ha convertido en un verdadero obstáculo y de alguna manera una forma de enviar un mensaje negativo a las víctimas pues ella en la práctica viene siendo usada para negar, incluso a las víctimas que cumplen con esos criterios, su derecho a la indemnización, se trata de una norma mezquina, evasiva y en todo caso revictimizante.
La revocatoria de esta resolución, sin duda, complementará en favor de las víctimas toda la disposición y voluntad política que ha manifestado el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro, para fijarse en una población que como las víctimas del conflicto armado están esperando señales claras de ser escuchadas y tenidas en cuenta por parte de esta administración, que favorezcan su difícil situación. Igualmente es importante tener en cuenta que las actuales medidas a las que algunas víctimas han podido acceder, no pasan de ser asistencialismo, que por supuesto no ayuda a superar en ninguna medida la situación difícil en la que se encuentran la mayoría de las víctimas en Colombia.
En esta vía de generar confianzas, conviene poner en discusión el tema de la burocracia que se ha conformado en torno al tema de la atención a las víctimas, pues se trata de un número grande de personas contratadas para un sinnúmero de funciones seguramente todas importantes pero que será necesario priorizar que los recursos con los que se dispone en el gobierno, se concentren en la labor de indemnizar a las víctimas, y más aún, fortalecer la contratación de personas, ojalá víctimas del conflicto pero dedicadas a la atención en las regiones donde en muchas partes de este país la presencia institucional para la atención a las víctimas es muy precaria.
Reforma a la 1448/11 un nuevo intento…
En la vía, de presentar ideas sobre algunos temas importantes para profundizar la discusión y eventualmente, lograr unas reformas, sea por la vía parlamentaria o por la vía administrativa, se recogen en este artículo algunas opiniones que se han expresado por algunas organizaciones y conocedores del tema:
a. Transitar de las normas al goce de efectivo de derechos
Puede lograrse en la medida en que el sistema integral de reparación, logre armonizar o articular la institucionalidad existente que hoy se encuentra muy dispersa, y desarrollando acciones con bajo impacto sobre la realidad de las víctimas que atiende, en este sentido consideramos importante hacer mayores esfuerzos para juntar los rezagos institucionales establecidos en la ley 387 de 1997, en la sentencia T 025 del 2004, en la ley 975 del 2005, en la ley 1448 del 2011, las propuestas establecidas en el marco del acuerdo final de paz del año 2016 y en especial las que se desarrollan en el marco del Sistema integral de verdad justicia reparación y garantías de no repetición: La jurisdicción especial para la paz(JEP), Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el informe y legado de la comisión de esclarecimiento de la verdad (CEV) y las eventualmente surjan o se proponen en el desarrollo del proceso de la paz total. La articulación institucional es un llamamiento que constantemente realiza la Corte Constitucional en los autos de seguimiento a la sentencia T 025 que estableció el estado de cosas y constitucional en materia de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado pero que ahora, se hace evidente y necesario debe darse y fortalecerse para el tema de la política pública de víctimas del conflicto armado.
Esta articulación también debe darse en el ámbito del relacionamiento nación- territorio con el fin de poder fortalecer los esfuerzos en materia de lograr mayores y mejores impactos en el restablecimiento de derechos, También es importante la articulación interinstitucional y la articulación entre las organizaciones y la institucionalidad, e Igualmente importante poder articular toda la institucionalidad comprometida en el logro de la paz con el tema propiamente de víctimas.
b. Hacia una participación efectiva, vinculante y transformadora.
La experiencia de las mesas de participación efectiva de las víctimas en distintos ámbitos ha sido por supuesto una acción muy positiva pero a lo largo de estos años hemos logrado identificar que ella es una instancia a la cual aún le faltan mecanismos que puedan hacer sus desarrollos de manera más vinculante que permitan superar la formalidad con la que a veces funcionan y por supuesto también será necesario ampliar los mecanismos e incentivos para la participación en las mismas, igualmente se requiere fortalecer el mecanismo de comités de justicia transicional en la que quienes deben participar en ella asuman un mayor y mejor compromiso con el diseño elaboración y materialización de la política pública de víctimas en los respectivos territorios donde ellos funcionan.
Ampliar la participación requiere revitalizar la presencia de distintos enfoques y hechos victimizantes en las mesas y todas las instancias de participación. Asimismo, se hace necesario que la Unidad de Atención para las Víctimas no límite los mecanismos de participación de las víctimas a este único escenario de las mesas sino que se creen canales que permitan la interlocución con otras organizaciones que no hagan parte de las mesas y que puedan aportar en momentos determinados al balance de la política pública y a la proyección de dinámicas que permitan fortalecer precisamente los objetivos que convocan el espíritu de la ley 1448.
c. Necesario fortalecer el SNARIV,
Este fortalecimiento pasa por una necesaria jerarquización mayor de la Unidad de Atención para las Víctimas que permita en ese sentido convocar con mayor autoridad y celeridad a las distintas instancias que integran el Sistema Nacional de Atención pero también con la capacidad de poder exigir mayores compromisos de estas entidades se requiere que el interruptor de la política pública tenga un mayor estatus en la estructura funcional del Estado colombiano. Podría ser la creación de un viceministerio adscrito al ministerio de gobierno, o al recientemente creado ministerio de la igualdad.
Igualmente, este fortalecimiento del sistema obliga a mejorar su presencia en los territorios donde no se encuentra o en todo caso a fortalecer la presencia en territorio de la Unidad de Atención para las Víctimas como ente rector de la política pública.
d. Ampliar la definición de víctima
Modificando el artículo tercero en el que se puedan incluir nuevos hechos victimizantes como el exilio, o las víctimas de la protesta social, víctimas de crímenes cometidos por agentes policiales, víctimas de falsos positivos, reclutamiento forzado de menores, y firmantes del acuerdo final de paz que vienen siendo sometidos a una práctica de genocidio.
e. Reapertura del proceso registro
Y solicitud para ser incluidos en el registro único de víctimas. Es importante contemplar la posibilidad de hacer un nuevo ejercicio de convocatoria a presentar declaración dado que en la práctica Colombia no ha superado el conflicto armado interno y a diario se siguen presentando situaciones que generan nuevos hechos de violencia y por tanto nuevas víctimas. Esta reapertura además debe permitir una mejor caracterización de la situación de las víctimas y el acceso efectivo al restablecimiento pleno de derechos.
f. Víctimas como sujeto político
Otorgar el reconocimiento como sujeto político a las víctimas del conflicto armado dado que ellas provienen de distintos acumulados de la organización social y comunitaria en el país con mucha experiencia y que han ahora asumido el liderazgo en la lucha por sus derechos tanto a las garantías del derecho a verdad, justicia, reparación integral y no repetición, lo cual requiere entregar mayores instrumentos de reconocimiento por parte del Estado colombiano para prolongar esta tarea.
g. Urgente vigorizar los enfoques diferenciales de género, generación, territorio, diversidades y de derecho.
La ley al comienzo de su ejercicio, tuvo una dinámica importante en estos aspectos pero más recientemente se han venido dejando de lado.
h. Dar una revisión a la experiencia que ha significado la Unidad de Restitución de Tierras
En este sentido es necesario que se otorguen facultades a la Unidad de Restitución que permita agilizar los procesos de restitución en aquellas circunstancias donde no hay reclamantes distintos o terceros ocupantes.
Al respecto es también importante armonizar las instituciones tanto las que se han creado en el marco del acuerdo final de paz, como las que existen para el desarrollo de la política de desarrollo rural, todas enfocadas en garantizar una más ágil y eficaz política de restitución y adjudicación de predios rurales para las víctimas del conflicto armado.
i. Circunscripciones especiales para las víctimas
Por cuanto ya se cuenta con una experiencia, en la que por distintos aspectos terminaron favoreciendo a sectores no propiamente en representación de las víctimas del conflicto.
j. Revisar la política de rehabilitación.
Haciendo énfasis en mejorar programas como el PAVSIVI, general mejorar las condiciones de acceso de las víctimas del conflicto armado a los programas de salud restaurativa emocional y de rehabilitación, estar sujetos a la vinculación de ellas a los programas de salud ni en el régimen contributivo y mucho menos en el subsidiado que no han logrado atender con adecuada consistencia este derecho.
k. Sobre Indemnización
Será necesario una reforma orientada a superar el asistencialismo en el que ha caído este aspecto, Así como, adoptar medidas que permitan acelerar el proceso del pago de la indemnización y por supuesto hacer una evaluación de los montos que están establecidos para tal reparación. Esta indemnización tiene que enfocarse desde la perspectiva de una nueva oportunidad para restablecer los proyectos de vida.
l. Víctimas en el exilio
Las modificaciones en este sentido deben pasar en primer lugar por reconocer el exilio como un hecho victimizante así mismo generar las condiciones que permitan fortalecer la participación de las víctimas del exilio y de las víctimas en el exterior. También es importante tener en cuenta las conclusiones del primer encuentro amplio del exilio realizado en la ciudad de Bogotá el día 1 y 2 de diciembre del año 2022 en el cual se adoptaron una serie de propuestas por las organizaciones que realizaron este encuentro tendientes a mejorar de manera sustancial la política pública de atención a víctimas en el exilio y el refugio así como población retornada del exterior. También se ha convocado Encuentro Internacional Diplomacia Feminista por la Paz Se propone fecha el 28 y 29 de noviembre 2023.
El establecimiento de manera inmediata de una mesa de interlocución con las víctimas organizadas en el exterior que debe estar integrada al menos por la UARIV- GAVE, la cancillería, distintas plataformas de colombianos víctimas del exilio y el refugio así como organizaciones que trabajan esta problemática desde el territorio Colombiano.
m. Superar el negacionismo vigorizar la política pública de memoria con mayor participación de las víctimas del conflicto armado puede avanzar en una medida de satisfacción
n. Sobre los sujetos de reparación colectiva
Es importante que la Unidad de Víctimas evalúe lo que ha significado este ejercicio dado que las estadísticas registran un alto número de sujetos en proceso de reparación sin embargo esto en la práctica no se traduce en que estos mismos avancen de manera sólida en su reparación efectiva como sujetos colectivos También es importante tener en cuenta la diversidad de sujetos colectivos con características también diversas será importante incluir un ejercicio que permita ir más allá de un estandarización que no recoge las problemáticas concretas de esas distintas tipologías por ejemplo reparar a los sujetos políticos No es igual que reparar sujetos de carácter cultural y/o territorial, por tanto se requiere entonces reconocer estas particularidades a fin de concretar mejores planes de reparación que no siempre serán en el ámbito de lo material algunos podrán contemplar también ejercicios de reparación inmaterial o de carácter político. Igualmente será necesario incorporar definiciones jurídicas, dado nuevos desarrollos políticos como, por ejemplo, el reciente reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos.
o. Víctimas desde 1958
También aprovechar la oportunidad y el momento político para reabrir el debate sobre la temporalidad de la ley de víctimas en nuestra consideración es importante que el periodo que deba tenerse cuenta para el reconocimiento de las víctimas debe ampliarse en correspondencia con lo establecido en el informe elaborado por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y establecer como fecha para el reconocimiento de víctimas en el país el año de 1958, este año como se conoce fue el período en el que se restableció el ejercicio “democrático” en el país, después de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla en el denominado período de la “violencia política” que vivió el país después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948.
p. Finalmente y no menos importante, está todo el debate sobre los ajustes presupuestales.
En este sentido sugerir a la Unidad de Víctimas, convocar una mesa de expertos que puedan presentar múltiples iniciativas que a lo largo del transcurso de la ley en estos 10 años, se han formulado y muchas de las cuales no se tuvieron en cuenta, pero que seguramente ahora, con una disposición política como la que ha presentado el nuevo gobierno podrán tener una oportunidad que permita el fortalecimiento del Fondo de Reparaciones, e igualmente ampliar los recursos que se requieren hoy para mejorar aspectos de la atención a las víctimas e igualmente para fortalecer la política de tierras que permita adjudicar a víctimas del conflicto, que desean acceder a una parcela y de esta manera transitar ejercicios de reparación más audaces.
La reparación a las víctimas del conflicto armado no puede seguir siendo como hasta la fecha, un enunciado a través del cual los gobernantes de turno construyen expresiones de marketing político. Hoy millones de víctimas del conflicto armado Colombiano, esperan soluciones reales que pasan por supuesto por superar la difícil realidad del conflicto armado, pero también que exigen que el país transite de manera más clara hacia la justicia, la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición, para esto es importante que el nuevo gobierno y sus funcionarios actúen con mayor audacia, fortalezcan la voluntad política, se abran campos que ayuden a fortalecer las dinámicas organizativas de las víctimas y se fortalezca con ello el proceso de movilización de estas en la vía de poder visibilizar sus problemáticas y garantizar el ejercicio de la exigibilidad de derechos.
Alfonso Castillo Garzón, Víctima del conflicto y defensor de los DDHH
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