De esta manera, en la coyuntura afloran frases como pérdida de control territorial e inseguridad dentro del lenguaje de la prensa, líderes políticos y la sociedad en general. Sin embargo, este no es un fenómeno que deba catalogarse como generado espontáneamente; al contrario, desde el 2016 se advertía de las implicaciones de que no hubiera una política de seguridad clara en el posacuerdo adaptada a un nuevo contexto, así como del incumplimiento del Acuerdo de Paz. Igualmente, en el 2018 se enfatizaba en la necesidad de generar una estrategia que se encontrara acorde con los nuevos desafíos; no obstante, la política de seguridad de Iván Duque no generó acciones contundentes que desarticularan el fenómeno criminal del país, quedándose a medio camino entre la actualización y la continuidad.
El gobierno de Iván Duque no logró abandonar la perspectiva de una política sustentada en el enfrentamiento en el conflicto armado, se quedó a medio camino en un diagnóstico de la criminalidad del país y en la transformación del fenómeno a partir de la salida de un actor como las FARC, no tuvo una política de paz definida y rompió con procesos previos de transformación del sector seguridad.
El contexto que se le presenta al actual gobierno no nació en su periodo, por el contrario, afronta la consolidación de la reconfiguración del escenario de la violencia que se aceleró en 2016. De esta manera, la política de seguridad y defensa de la administración Petro realizó un diagnóstico adecuado del fenómeno, reconociendo la finalización del conflicto armado y comenzando a hablar de las organizaciones multicrimen como la principal amenaza; sin embargo, esto no ha significado el control del fenómeno.
El gobierno Petro entre las expectativas y las capacidades
Si bien el gobierno Petro hace un diagnóstico adecuado, la estrategia derivada no ha logrado los resultados esperados. De esta manera, se parte de la dificultad de resolver deudas históricas en seguridad en 11 meses de gobierno.
Lo anterior se apoya en el hecho de que la ilegalidad es versátil, ha tenido un proceso de transformación permanente que ha posibilitado su expansión en el ámbito territorial, tales como: una mayor exposición y expansión en centros urbanos, la disputa por mercados internos, los cambios en las economías ilegales dependiendo de las ganancias, un control que se basa en las características territoriales, dinámicas de ampliación en las regiones, configuración de redes transnacionales y nuevos mecanismos de control e intimidación a la población.
Asimismo, nunca el Estado colombiano ha logrado establecer un control territorial que abarque al conjunto del territorio, dependiendo del momento histórico este puede encontrarse en mayor o menor medida establecido. Sin embargo, hay una tendencia en los últimos años que muestra como se ha ido perdiendo la capacidad a nivel territorial; asimismo, el hecho de que se haya asumido el conflicto armado interno como el foco central por parte del sector seguridad llevó a que se dejaran de lado otro tipo de organizaciones.
No obstante, uno de los puntos relevantes que planteó el actual gobierno fue precisamente su capacidad de hacer frente a esta configuración del fenómeno de la criminalidad. Esto generó expectativas que difícilmente podrían ser contestadas en el corto plazo y que lleva al presente análisis.
Las dificultades del control territorial desde la política del gobierno
El primer punto tiene que ver con una deuda histórica en temas de la planeación de la seguridad y defensa, en preparación a nuevas dinámicas de la violencia y de la criminalidad. De esta manera, no hubo un proceso continuo de direccionamiento del sector y, por el contrario, se ha vuelto un terreno de disputa por parte de los gobiernos, generando una brecha entre la transformación del fenómeno de la ilegalidad y la capacidad de adaptación en la respuesta institucional.
Lo segundo es el hecho de que estamos en un momento coyuntural en el que se genera un quiebre entre una linealidad de 20 años de políticas de seguridad que encontraron su base en la Seguridad Democrática, y un nuevo enfoque que se intenta actualizar hacia la Seguridad Humana. Esto llevó a una reconfiguración, adaptación y actualización de la burocracia, lo cual incluye la misma preparación de los miembros de la Fuerza Pública. Esto lleva a que la capacidad de respuesta se vea limitada hasta no haber generado los procesos internos correspondientes.
El tercer punto tiene que ver con el hecho mismo del reto asumido con la Seguridad Humana, la cual, se señaló en diversos espacios académicos y políticos, era ambigua, no hay importantes casos de comparación de su implementación como foco de una política de seguridad nacional, y tiene dificultades en la operacionalización dado su importante componente conceptual.
De este modo, los retos van desde la dificultad por plantear una política que tenga coherencia con dicho concepto, lo cual se evidenció en la demora hasta finales de abril (casi 8 meses después de la posesión) del documento de la “Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana”; pasando por las complejidades que demanda para la Policía Nacional en el direccionamiento de operaciones en territorio con este enfoque, hasta la manera en la que el policía en las calles va a prestar su servicio.
Cuarto, a pesar de los señalamientos continuos por parte del presidente de cómo se debe dar el actuar de la Fuerza Pública, hay mensajes contradictorios, cruces de información, desconexión entre las diferentes instituciones involucradas y se presentan dificultades en la manera de la interpretación de la información. Lo anterior se evidencia en la forma en que se dio el pronunciamiento del ministro de defensa, Iván Velásquez, sobre el secuestro de la sargento en Arauca; la carencia de comunicados conjuntos en referencia a los principales hechos de inseguridad en el país y la dificultad para confirmar o negar información importante de inteligencia.
La Paz Total en medio del control territorial
Hay dos puntos que se encuentran en la Paz Total que impactan el control territorial del Estado: Primero, se genera una confusión en términos de la forma en la que se van a llevar a cabo las funciones por parte de los miembros de la Fuerza Pública en el territorio en medio de un cese al fuego. De esta manera, se afirma la necesidad de que las Fuerzas Militares y la Policía cumplan con su misión constitucional, pero no queda claro cómo mediar los ceses de operaciones con la responsabilidad de mantener la integridad territorial.
Segundo, ante hechos como la intención de retomar la mesa de paz con el Estado Mayor Central un mes y medio después del asesinato de cuatro menores indígenas a manos de la organización, o la firma del decreto de suspensión de operaciones militares contra el ELN después del secuestro de una sargento del Ejército y sus dos hijos; no quedan aun claras las líneas rojas que se tienen por parte del gobierno en la Paz Total. De esta manera, se profundiza en el imaginario colectivo la pérdida de capacidad para hacer frente a estas organizaciones y lograr poner una serie de condiciones mínimas.
De igual modo, se debe señalar que, con indiferencia de la organización con la que se establezca un diálogo, estas tienen intereses económicos, políticos o militares que van a llevar a la búsqueda de la expansión de los grupos ilegales para tener una posición favorable, ya sea, al momento de la negociación o en caso de que las conversaciones fracasen. Por su misma naturaleza los grupos armados van a continuar actuando para establecer un dominio en el territorio, siendo necesario que el gobierno reconozca este tipo de dinámicas, las cuales quedaron claras por el debate presentado con el ELN sobre el secuestro y la extorsión.
El control territorial en perspectiva
El gobierno nacional afronta un contexto coyuntural en el que se hacen evidentes importantes escoyos estructurales de la seguridad y la defensa del país. En este orden de ideas, si bien esta administración no es la causante de este fenómeno, sí generó importantes expectativas sobre la posibilidad de hacer frente al mismo; no obstante, este es un asunto complejo que demanda planeación, tiempo y el uso de recursos de manera adecuada.
De igual manera, la respuesta de la institucionalidad ha tenido carencias importantes, por lo que es importante examinar las capacidades y posibilidades que se tienen en el presente periodo, sin generar altas expectativas respecto a los logros que se pueden tener. Asimismo, es relevante que la administración reconozca las dificultades y genere una respuesta adaptada a las condiciones de seguridad, reconociendo la versatilidad de las organizaciones ilegales y sus intereses.
Farid Camilo Rondón Raigoza, Magister en Estudios Políticos de la Universidad Nacional, profesor ocasional y miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa.
Foto tomada de: Agencia de Periodismo Investigativo
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