Un litigio de muchos años
El litigio de Nicaragua y Colombia por los límites territoriales en el mar Caribe se remontan a la época colonial; luego, el tratado binacional firmado en 1928, fue desconocido por el gobierno nicaragüense en 1979 alegando que se había firmado durante la ocupación estadounidense. Como recuerda el excanciller Julio Londoño Paredes, desde 1969 en la “era de Somoza”, Nicaragua pretendió, los cayos Rocador, Quitasueño y Serrana; luego, en 1980, la Junta Sandinista, quiso todo el archipiélago; más adelante, Ortega, ha buscado controlar todas las áreas marítimas en el Caribe Occidental, y la plataforma continental extendida para entrar a la zona económica exclusiva generada no sólo por el archipiélago sino por toda la costa caribe colombiana[1].
La demanda de Nicaragua en 2001, trataba de quedarse con todo el archipiélago. La decisión de la CIJ en 2007 consideró que eso estaba resuelto desde el tratado de 1928, le reconoció a Colombia la soberanía sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina, y también sobre los cayos. Pero como hay cerca de un centenar de cayos en el área, afirmó que debía definir cuáles eran los que pertenecían al archipiélago, y resolver el litigio relacionado con las fronteras marítimas de los dos países en una zona de reserva natural y de presencia de hidrocarburos. La Corte no aceptó el límite marítimo que Colombia había solicitado siguiendo el meridiano 82, tampoco aceptó el límite que Nicaragua había solicitado, siguiendo el supuesto borde externo de su plataforma continental, que incluso podía penetrar en la zona económica del litoral caribeño colombiano.
Ante una nueva demanda de Nicaragua, el fallo de la CIJ, el 19 de noviembre en 2012, le mantuvo a Colombia la soberanía sobre las tres islas y seis cayos que crean mar territorial, aunque le concedió a Nicaragua una extensión calculada en 70 mil kmts2 que le significó a Colombia una pérdida significativa de aguas y plataforma continental en el mar Caribe. Los isleños raizales cuestionaron que su presencia humana como la de sus realidades ambientales hasta ese momento, habían sido ignoradas y pidieron ser tomados en cuenta. Juan Manuel Santos, en ese momento presidente, declaró una zona contigua integral para proteger la unidad del archipiélago, y reaccionó ante el fallo de la CIJ diciendo “se acata, pero no se aplica” puesto que, por la Constitución, los límites sólo pueden ser modificados mediante tratados y ahí juega papel central el Congreso de la República.
En 2013, Nicaragua ya afectada por diversos fracasos, presentó una nueva demanda exigiendo el cumplimiento del fallo y pidiendo a la Corte que le reconociera el mismo límite que le había rechazado en 2012, con una extensión de la plataforma continental en el Caribe, alegando derechos sobre el lecho y el subsuelo marinos más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional. Esa extensión implicaba que le reconocieran parte de la plataforma continental de Colombia en el archipiélago. Colombia contrademandó a Nicaragua por afectar la vida de la población raizal que vive de la pesca artesanal en esos territorios.
Desde marzo de 2016, después del fallo de excepciones preliminares de la CIJ, actuó un equipo de profesionales raizales conocido como el Raizal Team -integrado por Everth Hawkins Sjogreen (coordinador, actual gobernador), Kent Francis James (exgobernador, ex embajador y miembro del equipo de defensa de Colombia ante la CIJ), Richard Francis Beltrán, (actual director de Teleislas); Joseph Jessie Martínez (sociólogo), Bartolomé Taylor Jay (profesional en comercio internacional), Mark Taylor Archbold (antropólogo); Cleopatra Marrugo Butcher (abogada y profesional en relaciones internacionales, que era asesora presidencial para el archipiélago). Al mismo tiempo en la embajada de Colombia en La Haya, actuó como consejero de relaciones exteriores el abogado isleño Fady Ortiz Roca, miembro del equipo legal ante la CIJ. Luego, se vinculó a la embajada en La Haya a la diplomática de carrera Jenny Bowie, para apoyar al equipo de la defensa ante las demandas de Nicaragua. El gobierno actual, nombró a Elizabeth Taylor Jay, cómo coagente y viceministra de relaciones multilaterales. De esa manera, los isleños lograron una actuación directa como parte del equipo negociador colombiano lo que permitió mostrar las realidades del archipiélago y motivar a los jueces a tomar una decisión diferente, que no invisibilizara ni afectara esa realidad local[2].
En cuanto a las relaciones con Nicaragua, el entonces presidente Iván Duque, llamó a consultas en 2021 a Alfredo Rangel su embajador en Managua, y luego de que Daniel Ortega calificara a Colombia como “narco Estado” rompieron las relaciones diplomáticas en febrero del 2022. Dos meses después, la Corte le pidió a Colombia cesar actividades de pesca en la zona económica exclusiva que le había concedido a Nicaragua en 2012, decisión que tuvo gran impacto económico sobre todo para los pescadores del archipiélago. En 2022, la CIJ habló de una negociación bilateral como una solución adecuada para atender las preocupaciones sobre pesca de los habitantes del archipiélago, que según la Cooperativa de Pescadores Artesanales de San Andrés, se ha reducido de 500 a 100 libras diarias el promedio por pescador. Arrieta, ex agente de Colombia ante la CIJ, ve posible una negociación bilateral con Nicaragua sobre pesca, lo que implicaba reanudar las relaciones con el régimen de Daniel Ortega. La Corte, con su fallo del 13 de julio de 2023, impide que, jurídicamente al menos, Nicaragua pueda seguir aspirando a espacios marítimos en las áreas que pertenecen a Colombia en el Caribe Occidental[3].
En esa disputa limítrofe tuvieron que intervenir varios presidentes colombianos que han venido reaccionando a medida que se han ido produciendo los diversos fallos, pero sobre todo con la última decisión de la CIJ. El expresidente Álvaro Uribe insistió en que el límite marítimo de Colombia con Nicaragua se fijó desde 1928 y dijo que era preferible tener “50 años de tensión diplomática que entregar un pedazo del mar de Colombia”. El expresidente Juan Manuel Santos celebró la decisión de julio 2023, agradeciendo a su excanciller María Ángela Holguín toda su labor, quien en un comunicado hizo un balance de las actuaciones de ese gobierno después del fallo de 2012, y aseguró que ahora “se cierra un capítulo”. El expresidente Iván Duque felicitó a los exagentes del caso Manuel José Cepeda y Carlos Gustavo Arrieta e insistió en la “inaplicabilidad” del fallo de 2012.
Gustavo Petro como presidente de Colombia, restableció relaciones con Nicaragua y en agosto 2022 envió como embajador a León Fredy Muñoz, exrepresentante verde, quien en julio 2023, fue llamado a consulta por la Cancillería colombiana luego de que participara en celebraciones del partido y del régimen de Daniel Ortega, y en esos eventos se colocara signos del Frente Sandinista. Petro había anunciado que recibiría la lectura del fallo de la CIJ en julio 2023, desde San Andrés, pero no llegó a la isla. Celebró que la CIJ negara las tres pretensiones que tenía Nicaragua, en Twitter escribió “Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago”, anunció que realiza una movilización en la isla el 20 de julio, para lo que llegó el 19. Aunque no es apelable la decisión de la CIJ, el gobierno de Ortega ha dicho que podría presentar recurso de revisión. Hasta mediados de julio 2023, no ha habido señales de que vaya a comenzar la negociación de Colombia y Nicaragua. Por fortuna, en medio de esas disputas se ha avanzado de manera sustancial en priorizar la protección ambiental y social declarando la respectiva reserva de biósfera.
Gran logro la Reserva de Biosfera Seaflower
Las reservas de biósfera son áreas de gran importancia ambiental, económica y social donde se promueven soluciones ecosistémicas que tratan de articular la conservación de la biodiversidad con su uso sostenible por parte de las comunidades que allí habitan. Así las declara la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que además las destaca como lugares de aprendizaje para el desarrollo sostenible. Colombia cuenta con cinco reservas de biosfera -Cinturón Andino, El Tuparro, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Ciénaga Grande de Santa Marta y Seaflower, que es la más grande-. Con más de 15 años de trabajo, al menos desde 1995, la comunidad raizal del archipiélago impulsó la declaratoria de Seaflower como Reserva de la Biósfera, lo que se alcanzó en el año 2000, cuando así lo definió el programa Man and Biosphere de la Unesco. Está ubicada en el Caribe Occidental en Colombia, abarca la totalidad del departamento archipiélago, con un área de 180.000 kilómetros cuadrados, de los cuales sólo 57 son terrestres, e incluye las tres islas mayores (San Andrés, Providencia y Santa Catalina), siete islas cayo (Serrana, Serranilla, Albuquerque, Roncador, Quitasueño, Bajo Nuevo y Cayo del Este y Sudeste) y varios bajos y bancos.
Esa Reserva de la Biósfera Seaflower hace parte del territorio disputado por Nicaragua, que como ya se mencionó, tras el fallo de la Corte en 2012, obtuvo 70.000 kilómetros de zona económica exclusiva, lo que a Colombia le significa la pérdida de cerca de la mitad de Seaflower. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del archipiélago (Coralina) mostró el alcance de muchos de los recursos de esa zona, donde Nicaragua buscaría más que su conservación, su extracción y explotación, todo lo cual podría implicar graves daños al ecosistema y a los pescadores artesanales pues Seaflower, con sus arrecifes, manglares, corales, sostiene más del 40% de la pesca del archipiélago.
La protección de esa Reserva ha permitido conservar arrecifes coralinos, praderas de pastos marinos, manglares, playas, mar abierto y bosques secos tropicales, los cuales sostienen una amplia biodiversidad de especies claves y ecosistemas estratégicos, para el Caribe, para Colombia y para el mundo. De hecho, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo ha catalogado como parte de su lista A, con áreas potenciales de ser señaladas como patrimonio de la humanidad en el Caribe y Latinoamérica. Esos arrecifes coralinos ocupan 5% del mar Caribe, 76% de los arrecifes de Colombia, y albergan más de 2.300 especies. Así, el Área Marina Protegida Seaflower, fue la primera de este tipo creada en Colombia, es la más grande del país y del Caribe, la octava más extensa del mundo; contiene el arrecife coralino más amplio y más productivo del Caribe, y el tercero del mundo así como ambientes coralinos raros y únicos, áreas remotas que demuestran alta integridad, hábitats continuos que soportan niveles significativos de diversidad biológica; por todo eso es considerado lugar clave para la conservación de especies amenazadas y en peligro de extinción[4].
Llamados desde el archipiélago, de agentes de Colombia y expertos en el litigio
En las islas, este largo y difícil proceso ha sido de angustia legal y social, por lo que en los 11 últimos años han participado directamente en el litigio legal, y han hecho llamados a que el centro político nacional procese y atienda esas problemáticas.
Kent Francis James, como representante raizal en el equipo de defensa de Colombia en La Haya, hace un reconocimiento al grupo interdisciplinario de isleños ya mencionados, que enfrentó ante el más alto tribunal de justicia de la ONU, esos procesos en momentos críticos para el territorio y maritorio del archipiélago, cuando se disputaban derechos, restablecimiento de los tradicionales usos y formas de preservación de toda vida en el mar, de la cultura de su pueblo, permanencia en su propio territorio, autonomía y necesidad de una autoridad transfronteriza para dirigir la Reserva de Biosfera que contiene el tercer sistema coralino del planeta. E insiste en que ahora, sin pausa, hay que desarrollar los diálogos y gestiones para generar sostenibilidad de este mar transfronterizo. Asumir que la ‘kriol connection’ con sus raíces vivas e interconectadas en ese Caribe suroccidental, tiene que renovar acciones en diálogo vinculante por y para restablecer el equilibrio y armonía en este que debe ser un santuario de vida, de convivencia gente-naturaleza. Y cómo, ante ese desafío del cambio climático y sus manifestaciones, con tormentas y huracanes cada vez más fuertes y frecuentes, hay que restablecer la prevención, dirección y administración conjunta, multinacional, en la gran Reserva Seaflower, hogar del Pueblo Raizal. Y concluye que “nuestro reto mayor es el diálogo y la comunicación al interior de las organizaciones raizales y con Colombia para la preservación del territorio, maritorio y la cultura de la nación raizal. La Costa de la Mosquitia nicaragüense fue colombiana por más de 100 años donde subsiste historia viva, tradiciones, familia y debemos renovar acciones gubernamentales para impedir que continúe el aislamiento”[5].
También desde San Andrés, Harold Bush Howard ha dicho que ya sin demanda legal ni actuación de la Corte, se necesita claridad, compromisos y unidad en relación a objetivos y metas en torno tanto a mejorar la situación de las islas fatigadas por el diferendo con Nicaragua y desoladas por sus problemas internos que continúan, como en torno a la negociación diplomática que se perfila para construir acuerdos bilaterales. Por eso propone que un imán facilitador y diplomático sean lo étnico raizal y lo ambiental, en especial garantizando la protección de la pesca de los isleños y la Reserva Seaflower, y se priorice la integración transfronteriza[6].
Everth Julio Hawkins, gobernador del archipiélago, le dijo a El Espectador que le pide al presidente Petro diálogo directo con Nicaragua, abrir comunicación para solucionar problemas en conjunto, y poder construir nuevamente los lazos con los raizales del Caribe de Nicaragua. Además, recalcó la importancia de establecer acuerdos para el manejo binacional de la reserva de biosfera “ya que Nicaragua no tiene prácticas de conservación ni de vedas, ni tampoco de cuotas para pesca. Es un país como Honduras y otros que son depredadores naturales. Necesitamos, de manera bilateral, mediante tratado, establecer vedas conjuntas, respetarlas y controlarlas”. Y agregó que visualiza a San Andrés participando con la Comunidad del Caribe (Caricom) y con los demás embajadores del Caribe para propiciar la integración del pueblo creole, a través del intercambio cultural, deportivo, económico “con esos diversos países como lo hacíamos hacia los años 50″[7].
Como han señalado agentes de Colombia durante este litigio, resulta clave entender lo que pasó y actuar en consecuencia. Carlos Gustavo Arrieta explicó a La Silla Vacía “El argumento principal que aceptó la Corte es que la plataforma continental extendida de un país no podía invadir o meterse en las 200 millas de la zona económica exclusiva de otro”. Y Eduardo Valencia, agente ante La Haya nombrado por el gobierno Petro, dijo: “Nicaragua no puede reclamar ninguna parte, por mínima que sea, del lecho y subsuelo de la plataforma continental colombiana”[8].
La excanciller María Ángela Holguín destacó cómo la decisión del 13 de julio de la CIJ -sobre la demanda de Nicaragua contra Colombia pretendiendo una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su litoral-, ratificó la argumentación sostenida por Colombia a lo largo de 10 años en el sentido de que esa reclamación no podía limitar los derechos de plataforma y zona económica exclusiva que el derecho internacional le reconoce a Colombia en el Caribe. Así, agregó, tras más de dos décadas de pleitos judiciales, se ha puesto punto final a esa controversia en una pretensión de Nicaragua sin sustento, litigio en el que la defensa de la soberanía de Colombia sale fortalecida en lo diplomático, jurídico e institucional. Destaca la activa participación de la comunidad raizal a través del Raizal Team y de la Armada de Colombia lo que contribuyó, entre otros, a la formación de almirantes, capitanes y técnicos con estudios jurídicos, del suelo y el subsuelo marino, así como a la conformación de infraestructura y de una flota de cinco buques oceanográficos e hidrográficos; todo eso genera valioso legado en conocimiento, fortalecimiento institucional y capital humano al servicio de la defensa de los intereses y la soberanía colombiana[9].
Para el excanciller Julio Londoño Paredes el último fallo de la CIJ ante la tercera demanda de Nicaragua contra Colombia, pone fin, al menos jurídicamente, a las pretensiones de ese país sobre el Caribe Occidental; y señala, además, que es el triunfo de una política de Estado llevada a cabo durante once gobiernos colombianos, que aunque en ocasiones han estado distanciados por criterios divergentes sobre algunos aspectos del caso, siempre siguieron un mismo rumbo. Ahora, agrega, como Nicaragua podrá seguir actuando en diferentes formas para “sacarse el clavo” de Colombia, hay que estar preparados para lo que sigue[10].
Mauricio Jaramillo Jassir muestra cómo si bien se cierra el caso por el que Nicaragua buscaba extender su plataforma continental, queda pendiente el tema de gran relevancia la negociación entre Colombia y Nicaragua sobre límites, lo que se ve afectado por la deriva autoritaria del régimen de Ortega, por la necesidad de evitar que cualquier aproximación sea usada para legitimar a un régimen desprovisto de las mínimas formalidades democráticas. De hecho, la expulsión/despojo de la nacionalidad de 300 opositores, que hizo Ortega, produjo fuerte reacción incluso de Colombia que pidió a la CPI investigación al respecto. Pero también queda pendiente, reforzar la relación con los demás países próximos a la Reserva de Biosfera Seaflower -Costa Rica, Jamaica, Honduras, Panamá, y asumir que la delimitación marítima no es un asunto puramente jurídico ni la defensa del archipiélago se reducía a “ganar” en la CIJ[11].
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Quedan pues retos cruciales por procesar y aplicar, en especial por parte de la población del archipiélago y desde el centro político nacional.
[1] https://www.semana.com/opinion/articulo/el-fallo-de-la-corte-el-triunfo-de-una-politica-de-estado/202333/
[2] Agradezco la información suministrada por Kent Francis James.
[3] https://www.semana.com/opinion/articulo/el-fallo-de-la-corte-el-triunfo-de-una-politica-de-estado/202333/
[4] https://seaflowerfoundation.org/reserva-de-la-biosfera.html
[5] https://www.xn--elisleo-9za.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27548:el-fallo-en-la-haya&catid=47:columnas&Itemid=86
[6] https://www.xn--elisleo-9za.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27556:las-oportunidades-que-deja-la-haya&catid=47:columnas&Itemid=86
[7]https://www.google.com/search?q=Everth+Julio+Hawkins+se+refiri%C3%B3+al+fallo+de+la+Corte+Internacional+de+Justicia+sobre+la+disputa+territorial+entre+Colombia+y+Nicaragua&rlz=1C5CHFA_enCO1055CO1055&oq=Everth+Julio+Hawkins+se+refiri%C3%B3+al+fallo+de+la+Corte+Internacional+de+Justicia+sobre+la+disputa+territorial+entre+Colombia+y+Nicaragua&aqs=chrome..69i57.697j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
[8] 13 de julio 2023, Ricardo González Duque, Colombia y Nicaragua: cierran etapa jurídica, abren la política, La Silla Vacía,
[9] https://www.elespectador.com/mundo/maria-angela-holguin-explica-su-trabajo-como-canciller-en-el-litigio-con-nicaragua/, https://elpais.com/america-colombia/2023-07-15/el-fallo-de-la-haya-una-victoria-justa-y-un-legado-para-el-mundo.html
[10] https://www.semana.com/opinion/articulo/el-fallo-de-la-corte-el-triunfo-de-una-politica-de-estado/202333/
[11] https://razonpublica.com/la-defensa-san-andres-no-hacerse-solo-ante-la-corte-internacional-justicia/
Socorro Ramírez
Fuente: El Colombiano
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