Las complejidades rurales de la transición

Es usual que al comienzo de cada mandato presidencial las expectativas sean positivas. Sin embargo, en este período presidencial se vivió algo fuera de lo normal: Se pronosticó la hecatombe económica y el país se dividió aún más, las noticias, las redes, los medios de comunicación, magnifican cada detalle. Ha sido muy particular, por ejemplo, la tragedia con la subida del dólar que obedeció fundamentalmente a condiciones de los mercados internacionales, pero lo es también la revaluación, solo para citar un ejemplo de la barbaridad de las lecturas del contexto.

Hace cuatro años, al finalizar el primer año de mandato del presidente Duque, fue famosa una portada de la Revista Semana “Año de aprendizaje. Al cumplir el primer año de gobierno, todavía no hay mucho que mostrar. Pero el presidente Duque tiene las condiciones y tres años para enderezar el rumbo.” Por el contrario, las portadas en este año son del orden de: “Colombia va mal”, hasta “Petro se viste de dictador”.

Se sabía entonces que, tras más de 200 años bajo la guía de una tendencia política, con una radicalización de la exclusión a través del frente nacional y unas guerras de larga data, el cambio hacia una transición democrática no sería fácil. Lo cierto es que hay demasiados intereses económicos, captaciones indebidas del Estado por unos pocos grupos, que pondrían todo su empeño en el fracaso de este período. En la historia reciente jamás se había presenciado tanto interés por parte de algunos grupos dominantes, en que a Colombia le vaya mal. Ha quedado en evidencia su mentiroso e hipócrita patriotismo.

No obstante, tampoco han sido absolutamente claras las rutas, es decir, sí que están trazadas no solo por el programa de gobierno sino por el plan de desarrollo puesto en consideración de las comunidades en una estrategia propositiva y de socialización novedosa, pero algunos de las y los timoneles para implementarlas no han sido afortunados. Valga solo citar a Transportes, Educación, Minas y particularmente Agricultura, ya con esto es una muestra del tiempo perdido, incluso el ministro de Hacienda que de verdad se creyó el cuento de ser el adulto responsable, y más que eso se convirtió en el freno a las reformas, excepto en la que el sí sabe, en la tributaria, que tiene un gran mérito. Bueno ya salieron, aunque Petro en un acto de insistirle a su llamado al Pacto, les mantuvo por más tiempo del necesario. Pero es importante ver más en detalle algunos puntos especialmente con el agro.

La ministra Cecilia López tenía todo para ser una gran gestora de la agricultura en este país, no solo tiene la experiencia, la sapiencia institucional, sino que tiene el respeto de los grupos más tradicionales, pero también de los progresistas, nadie podría desconocer su alto sentido social. Una liberal a carta cabal. Pero para infortunio de este país, pareció que no se leyó el programa de gobierno y aunque quiso navegar con instrumentos propios no pudo estar más perdida. No entendió las reformas del gobierno y mucho menos el nuevo sentido de la agricultura, el campesinado y la soberanía alimentaria. Ni siquiera fue capaz de completar su equipo de trabajo, y el que convocó, con excepción de contadas personas, estaba muy por fuera de las ideas del nuevo gobierno. Empezó a mencionar metas complejas que, con su conocimiento, queda la amarga sensación de la demagogia y de obrar sin la suficiente responsabilidad.

A la nueva ministra no le ha tocado sencillo, ya que tiene que recuperar parte del tiempo perdido en un Ministerio al que le fue asignado más del doble del presupuesto con el que contó en el año 2022. Es decir, el primer acierto del presidente Petro fue lograr que el ministerio fuera robusto para poder tener músculo financiero e invertir para la Reforma Agraria Integral. De todas maneras, aun con un aumento de más de 2 billones de pesos, se llegó a 4 billones, significativo si, bajo para los requerimientos del sector.

Así que la ministra asume con un presupuesto del agro prácticamente intacto, la baja ejecución fue la condición característica en los primeros meses. Le tocó entonces muy rápidamente no solo integrar los equipos de trabajo, sino implementar las acciones que aún no tenían la suficiente fuerza. Eso sí, dándoles el sentido que se requiere: productividad, alimentos, financiamiento e inclusión campesina.

Se han realizado entonces ajustes normativos necesarios para poder garantizar la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, esto ha implicado el materializar procesos de titulación de tierras, llegando en este primer año a 1,4 millones de hectáreas a 33.016 familias (es de aclarar que no se ha expropiado nada). En este gobierno se han descongelado las nuevas reservas campesinas, ya existen 4 más, que representan 396.560 hectáreas. Parece inútil la comparación, por la inoperancia del gobierno anterior, pero son cifras superiores al promedio anual registrado en el cuatrienio Duque. Seguro que en los meses próximos la ejecución aumentará, esto soportado no solo en la estructuración realizada, sino por dos cosas: la jurisdicción agraria y el sistema nacional de reforma, estos permitirán no solo más recursos para destrabar la compra, adjudicación y titulación, sino los reconocimientos a despojos, también la interacción de las diferentes entidades del sector, de otros ministerios y territorios en pro de la Reforma agraria, las cuales deberán trabajar en los 8 subsistemas que se han puesto en funcionamiento. Es de aclarar que este sistema está creado desde 1994 como mecanismo obligatorio de planeación, coordinación, ejecución y evaluación. Solo hasta hoy se le da opción de realidad.

Pero a la par con todo esto y por fin después de muchos años de luchas, el Congreso aprobó el reconocimiento al campesinado como sujetos especiales de protección constitucional. Esto solo se dio por las correlaciones de fuerzas existentes y la defensa del Gobierno para que esto sucediera. Esta nueva disposición en el artículo 64 de la Constitución Nacional ya hace viable todo lo concerniente a las inversiones necesarias para el fortalecimientos de las familias y las economías campesinas, que van desde la adjudicación y titulación de tierra, prevaleciendo a mujeres, jóvenes y asociaciones, pasando por financiamiento, extensionismo, comercialización, inversiones en infraestructuras (con posibilidad de realizarse por juntas de acción comunal), renta básica, hasta la implementación de un seguimiento presupuestal por parte de las comunidades campesinas, con el fin de ser veedores de sus propios derechos.

También empiezan a ponerse en acción otras instancias como la Comisión intersectorial para la seguridad alimentaria y nutricional, el Programa Hambre Cero y el Programa extendido de Alimentación Escolar.  Minciencias prepara la Misión del derecho Humano a la Alimentación y Mintrabajo no solo alienta la formalización del trabajo rural, sino que a través del Sena se ha volcado con la Estrategia CampeSena para reconocer y certificar los saberes de las y los campesinos, y propiciar todas las condiciones para que el Sena adquiera una connotación campesina, que promueva el trabajo productivo, el crecimiento y el desarrollo de las familias campesinas.

Claro que no es fácil, un país urbano, donde lo rural quedó en el olvido, y con él la marginalidad de las economías campesinas, no se cambia en un año. Mucho menos cuando las transiciones no se comprenden, es decir, cuando se cree que hacer transición energética es decretar el no crecimiento; cuando la deforestación y los modos de producción extractivistas son la prioridad de la acumulación de capital; cuando se obsesionan con un sistema de salud que no llega a la ruralidad; cuando el trabajo rural es de cuenta propia, con pocas posibilidades de acceder a derechos laborales y de la seguridad social; cuando la conectividad rural, las vías terciarias y las placas huellas no son una prioridad en la inversión. La transición democrática implica reconocimientos de derechos a todas y todos, y esa es la ruta viable para poder hacer una sociedad viable humana y ecológicamente.

Los retos para los próximos años tampoco serán fáciles. Los grupos de poder que siempre se han beneficiado de las políticas públicas dejando en el olvido a las economías campesinas, incluso arrebatando su propiedad, en una perfecta reforma agraria a la inversa, se mantendrán al acecho, apostando por el fracaso. Quienes están al frente de las decisiones públicas tienen la responsabilidad, el deber moral de ejecutar adecuadamente no solo lo expuesto en el plan nacional de desarrollo, sino los presupuestos asignados para los fines pertinentes.

Allá la historia que castigue a quienes no lo han hecho como es debido, verán como sus vacíos éticos y morales con el bien público marchitan sus tranquilidades, que la justicia intervenga cuando deba hacerlo y que cada cual responda por lo realizado. Pero en estos momentos, deben salir adelante las apuestas por un país posible, por acuerdos que nos permitan construir esa nueva Colombia que ya da visos de aparecer, que necesita de todas y todos para poder encontrar los caminos a una paz posible, a una sociedad real, viable y a una economía donde la vida material, ecológica y espiritual sean un derecho inalienable.

 Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR), Universidad de La Salle

Foto tomada de: HSE Radio