La política de Paz Total ha implicado, la implementación del Acuerdo con las Farc, conversaciones con tres grupos armados irregulares a los que ha reconocido estatus político, búsqueda de sometimiento a la justicia de bandas criminales, el balance es agridulce. Así lo veremos en las cuatro partes de este artículo.
Activar la implementación del Acuerdo de Paz
Ese Acuerdo firmado por el gobierno Santos con las Farc en 2016, no fue aplicado por el de Duque. Petro desde su posesión ha dicho que lo defiende, pero que no hay plata. En abril 2023, dijo que quiere aplicar el Acuerdo de Paz, y preguntó “¿de dónde voy a sacar 150 billones?”[3]. Y Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, anunció que para esa tarea el gobierno cuenta con $50.4 billones, que siendo una cifra considerable, es solo un tercio de lo que dijo el presidente que costaba. Estos son los principales desarrollos que el gobierno de Petro ha impulsado del Acuerdo de Paz con las Farc:
- Reactivación de instancias como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, así como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para resolver macrocasos como los “falsos positivos”.
- Inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo de varias de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, luego de que esta culminara y entregara su Informe. El comité de seguimiento destacó que se han comenzado a cumplir.
- Impulso de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y asignación de 30% de recursos de la Agencia para la Reincorporación y Normalización para la implementación de 8.000 iniciativas PDET en territorios étnicos.
- Creación del Sistema Nacional de Reincorporación de quienes firmaron y se acogieron al Acuerdo de Paz en 2016, entrega a una cooperativa de excombatientes de títulos de propiedad de predios comprados por el Estado, activación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
- Estímulo a la reforma rural integral con la adquisición de 325.777 hectáreas de tierra, acuerdo con Fedegan para comprar tierras, entrega de títulos de propiedad a cooperativa de excombatientes, creación de la Jurisdicción Agraria que el legislativo aprobó para impulsar los procesos de restitución de tierras, reconocimiento de 4 zonas de reserva campesina y aumento de presupuesto para el sector agropecuario.
Aunque son significativos esos avances a la mitad del plazo previsto para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, que es de 15 años, el informe del Instituto Kroc señala que, si bien ha ido aumentando su implementación, el ritmo ha sido lento desde 2019, su cumplimiento podría no lograrse en el tiempo establecido “a menos de que se tomen decisiones inmediatas y de gran calado sobre el proceso”[4]. Sugiere a las autoridades territoriales que sean electas en las elecciones regionales de octubre 2023, que incorporen las prioridades de la implementación del Acuerdo de Paz en sus planes y proyectos locales. Además, pide a la comunidad internacional apoyo político y financiero continuo para aplicar el Acuerdo.
Negociaciones políticas
Aunque el ELN reaccionó diciendo que el cese al fuego anunciado por el presidente Petro el 31 de diciembre 2022, nunca lo habían conversado ni acordado, el proceso de negociación que se ha venido desarrollando es el que ha logrado mayores avances.
– Funciona una mesa de conversaciones que ya ha tenido tres ciclos (Caracas, México, La Habana) hasta mediados de 2023, ha firmado 12 acuerdos y 11 protocolos.
– Se pactó un cese al fuego bilateral, nacional y temporal por 180 días renovables (3 de agosto 2023 a febrero 2024) y se instaló el Mecanismo de Verificación y Monitoreo de su cumplimiento, avalado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la Iglesia Católica, e incluirá veeduría social.
– Hay acuerdos sobre la participación social, el diseño de sus etapas e iniciativas de alistamiento de su desarrollo, se conformó el Comité Nacional de Participación, instalado el 3 de agosto 2023 con 30 sectores y 81 delegados de organizaciones sociales, que debe impulsar el proceso en el que se construyen propuestas sobre transformaciones; sus resultados serán entregados en mayo 2025. En la instalación de ese Comité, Petro dijo: “Nunca jamás en la historia contemporánea el ELN había llegado a esta posición”[5].
Este nuevo proceso de diálogo con el ELN se ha visto afectado por acciones armadas de ese grupo[6], por sus enfrentamientos con las disidencias exFARC, con el Clan del Golfo y por disputas territoriales o por control de economías ilícitas. Por ejemplo, el ‘Acuerdo Humanitario Ya’ conformado por comunidades negras e indígenas del Chocó, no logró que el frente que allí actúa, participara en la mesa negociadora bajo el gobierno de Santos.
Asimismo, incide la consolidación del ELN en Venezuela como guerrilla binacional, que no solo usa como retaguardia el territorio del país vecino, sino que recluta venezolanos y se involucra en la explotación de oro, coltán, tierras raras en el Arco Minero del Orinoco, crucial para que el gobierno de Nicolás Maduro obtenga recursos económicos ante las crisis venezolanas, en particular la del petróleo, y las sanciones.
Y siguen incidiendo en la resistencia del ELN a negociar, el que quieran mantener las armas, al menos hasta que no se produzcan todas las transformaciones que señale la participación social la cual señalan como vinculante para el Estado, sin asumir que se deben cumplir procesos institucionales que esos acuerdos exijan como la decisión del congreso de la República sobre las reformas que impliquen. Tampoco están dispuestos a pactar o acogerse al sistema de justicia transicional como el que ha funcionado para las exFarc; ni a desescalar la confrontación y la violencia para realizar acciones humanitarias en beneficio de las poblaciones que más han afectado.
La otra negociación política ha sido con las disidencias de las extintas FARC, la que se autodenomina Estado Mayor Central (EMC) al mando de Iván Mordisco y que reúne a unos 3.000 guerrilleros que no se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016. En mayo 2023, el gobierno tuvo que suspender el cese al fuego con esa disidencia en 4 departamentos tras el asesinato de niños indígenas que ese grupo había reclutado en Putumayo. El 8 de julio 2023, se restablecieron los diálogos y se instauró una Misión de Verificación para verificar el cese al fuego. Con la otra disidencia autodenominada Segunda Marquetalia (SM), conformada por desertores del Acuerdo de Paz de 2016, se mantuvo el cese al fuego hasta el 30 de junio 2023 pero hubo denuncias de incumplimientos y no avances en la negociación.
María Victoria Llorente -directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP)- muestra cómo Petro les otorgó prematuramente estatus político a ambas disidencias, pese a que la Ley 2272 de orden público, sancionada por ese gobierno al final de 2022, negaba esa posibilidad para miembros de grupos armados que se hubiesen desmovilizado mediante acuerdos con el Estado, lo que podría ser reafirmado por la Corte Constitucional que revisa esa ley. De ser así, agrega, quedarían por fuera de la negociación política una parte importante de líderes del EMC pues al menos 9 de 19 jefes para los que se solicitó suspender órdenes de captura, fueron firmantes del Acuerdo de Paz con las FARC. Igual pasaría con la SM, empezando por Iván Márquez, quien encabezó la delegación de esa guerrilla en la negociación. La opción que les quedaría, según la ley de orden público vigente, sería la de sometimiento a la justicia, lo cual ambas disidencias han descartado[7].
Intento de sometimiento de bandas criminales
El gobierno Petro impulsó en diciembre 2022 la iniciativa ‘Buenaventura, potencia de la vida Paz Total’ y un laboratorio de pacificación urbana con apoyo de la Diócesis; el 18 de julio 2023, se instaló la mesa de diálogos en compañía de la Iglesia Católica, delegados de la ONU y la OEA, víctimas de la violencia y organizaciones sociales; y se acordó cese de hostilidades entre Shottas y Espartanos, entrabado por violencia entre ambas bandas y con la llegada de otras estructuras criminales a disputarse el control territorial. De esa paz urbana harían parte las iniciativas en Medellín donde se instaló, el 2 de junio 2023, la mesa de diálogo con bandas del Valle de Aburrá para someter a la justicia unas 14.000 personas; cifras oficiales muestran ha caído la tasa de homicidios en el área metropolitana.
Con el Clan del Golfo -que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-, el gobierno ha señalado que el diálogo sería sobre su sometimiento a la justicia, lo que rechazaron tratando de mostrar discurso político. Se enfrentan con los Pachenca residuos paramilitares que se autodenominan Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada esperando que en la Paz Total los traten como actores políticos. Los enfrentamientos entre grupos criminales han aumentado, y esas estructuras someten a las poblaciones a confinamientos, extorsiones, secuestros. Mientras eso sucede, el Estado sigue ausente o con precaria acción en esos territorios, y el gobierno no ha podido avanzar en procesos concretos que ayuden a cambiar las precarias condiciones locales. Los ceses al fuego con esos grupos no fueron significativos. Petro culpó al AGC del paro armado en el Bajo Cauca.
Balance agridulce
Se señalaron logros y problemas, pero también riesgos. El interés del presidente de que el gobierno dialogue/negocie con todos los grupos armados le genera tanto reconocimiento como alto costo político, pues la apuesta es arriesgada por la naturaleza de cada uno de esos grupos. El gobierno no puede improvisar ni tomar decisiones unilaterales, necesita sólidos equipos institucionales que planeen y ejecuten a partir de una estrategia para desplegar acciones territoriales y nacionales[8].
El balance lo complica la actual tormenta mediática, política y judicial con lo dicho y hecho por su hijo Nicolás que le genera a Petro pérdida de gobernabilidad y lo concentra en su defensa. Que el proyecto de ley de sometimiento a la justicia de esas bandas no pasara en el Congreso, ha impedido que el gobierno cuente con bases jurídicas para concretar el fin de esas acciones criminales, la reparación de víctimas. Además, la débil capacidad del Estado para hacerle frente a la violencia hace imposible que impida la expansión de grupos armados irregulares, así como los asesinatos de firmantes de paz, que de 2016 a julio 2023 ya eran 380, y de líderes sociales, que según Indepaz ya van 94 en el primer semestre de 2023[9].
Urge fortalecer la política de Paz Total para implementar el Acuerdo de Paz, concretar las negociaciones políticas, lograr el sometimiento a la justicia de bandas criminales, concentrar la acción estatal en zonas críticas y desarrollar estrategias de seguridad que impidan la expansión de esos grupos armados y protejan eficazmente a los ciudadanos.
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[1] https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Quiero-compartir-mi-decalogo-de-gobierno-y-mis-compromisos-Presidente-Petro-220807.aspx
[2] https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Presidente-Petro-anuncia-cese-al-fuego-bilateral-con-5-organizaciones-armad-221201.aspx
[3] https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Palabras-del-Presidente-Gustavo-Petro-en-el-Consejo-Nacional-de-Paz-Reconci-230411.aspx
[4] https://caracol.com.co/2023/06/27/instituto-kroc-publico-septimo-informe-sobre-implementacion-del-acuerdo-de-paz-en-colombia/
[5] https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/paz-total-de-petro-primer-ano-de-gobierno-y-negociaciones-eln-disidencias-de-farc-bandas/
[6] https://www.blog.cerac.org.co/category/reporte-conflicto-eln
[7] https://elpais.com/america-colombia/2023-08-07/paz-total-un-pasito-adelante-y-dos-para-atras.html
[8] https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/paz-total-de-petro-primer-ano-de-gobierno-y-negociaciones-eln-disidencias-de-farc-bandas/
[9] https://casmujer.com/index.php/2023/07/27/van-94-lideres-asesinados-en-el-2023-en-colombia-indepaz/
Socorro Ramírez
Foto tomada de: El Nuevo Siglo
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