En el trasfondo de esta coyuntura se encuentra la intervención de las EPS Emssanar y Asmet Salud, por parte del órgano de vigilancia y control. Lamentablemente, esta medida ha sido hábilmente manipulada para atribuirle la responsabilidad de la crisis de los hospitales del Valle y el no pago a sus trabajadores a la superintendencia, desviando así la atención del verdadero problema arraigado en las decisiones de las autoridades hospitalarias, vinculados a grupos políticos
En esta etapa de la Reforma al Sistema de Salud, como una necesidad urgente en búsqueda de una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a la atención medica de todos los colombianos, alejándolos de intermediarios financieros, el temor se convierte en una moneda de intercambio. Hemos sido testigos de expresiones por parte de funcionarios a nivel departamental, como la secretaria de Salud del Valle, quien ha compartido opiniones en varias oportunidades sobre el retraso en el pago de deudas en la red de atención médica publica del Valle. Declaraciones como las expresadas en el diario El País el 29 de mayo 2023.
“La instrucción emitida por la Superintendencia de Salud implica la suspensión del flujo directo de recursos hacia la red de atención pública y privada del departamento. Esta medida perdurará hasta que el contralor designado, actuando en calidad de revisor fiscal y agente interventor, realice la evaluación y revisión minuciosa de cuentas. Además, se llevarán a cabo diversas observaciones que resaltan las deficiencias existentes en la red, entre los proveedores y en el propio Agente Interventor”.
La funcionaria afirmó “eso significa que nuestras instituciones públicas entraran en cesación de pagos, porque entre el 20% y el 90% del valor de los giros de los recursos que se hacen a nuestros hospitales dependen del desembolso directo de Emssanar”
El 12 de mayo del 2023, la Supersalud ordenó intervención forzosa de la EPS Asmet Salud para frenar el riesgo para la salud de sus afiliados en 12 departamentos. La cobertura de esta EPS se encuentra en Cauca, Caquetá, Valle, Nariño, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Santander, Cesar y Norte de Santander, quien, en el momento de la intervención, acumulaba una deuda de $954.000 millones con sus prestadores proveedores de servicios de salud. De esa deuda, $539.000 millones (56,5%) correspondían a una cartera superior a 180 días, con un alto número de quejas y reclamos a la entidad encargada de vigilancia y control.
El 2 de febrero 2022 mediante resolución 292-6 la Superintendencia de Salud emitió orden de intervención inmediata a la EPS Emssanar, la cual opera en la región suroccidental del país. Esta decisión surge debido a su función financiera deteriorada y al alarmante aumento de quejas por la persistente falta de mejora en sus indicadores de atención médica. Estos problemas impactan de manera especialmente perjudicial en los pacientes con condiciones crónica, en aquellos diagnosticados con cáncer y VIH. Como parte de esa medida se designó al Ingeniero Juan Manuel Quiñones como Agente Especial.
Lo que escapa a la atención mediática es que Emssanar estuvo bajo la supervisión especial de la Supersalud durante casi dos años y medio, periodo en el cual no logró revertir sus malos indicadores administrativos, legales, asistenciales y financieros. Con una afiliación que alcanza los 1.954.578 afiliados, repartidos entre los departamentos del Valle (967.946), Nariño (687.086), Putumayo (181.773) y Cauca (117.780). El 92% de esa población pertenece al régimen subsidiado, es decir, usuarios del sistema en condiciones de vulnerabilidad, identificando que, por insuficiencia en su red de prestadores, la EPS ponía barreras a la atención de tratamientos de alto costo como quimioterapia y radioterapia para el cáncer y hemodiálisis, y dificulta el acceso a los servicios y tecnologías necesarias para el manejo de pacientes con VIH.
Hasta noviembre del 2021 la entidad de control había detectado clausura de servicios como ESE Hospital Universitario del valle Evaristo García, en Cali, Oncólogos Asociados Imbanaco, Recuperar, Centro de Medicina Física y Rehabilitación, causado por retrasos en los pagos, cuyos proveedores tenía saldos pendientes por un total de $120.865 millones.
la EPS Emssanar además incumple los indicadores de: capital mínimo, patrimonio adecuado, nivel endeudamiento, recaudo de cartera, porcentaje de siniestralidad y rentabilidad del margen operacional, entre otros.
En el transcurso de los primeros once meses de 2021, la EPS Emssanar experimentó una pérdida acumulada de $342.180 millones de pesos. Esta cifra evidencia una situación financiera critica que cuestiona la estabilidad y solvencia, acentuada por una deuda que supera los 1.3 billones de pesos.
Adicionalmente, Supersalud encontró que durante los últimos tres años la EPS no ha realizado ni cumplido con las capitalizaciones previstas en su propio Plan de Reorganización Institucional. En consecuencia, existe un Incumplimiento de $102.607 millones de pesos, la capitalización a la que se comprometió como meta para el año 2021.
Tampoco han dicho los medios o las autoridades locales que la Contraloría General de la Republica realizó Auditoria de Cumplimiento a la EPS Emssanar para la vigencia 2021, en la cual se determinaron 68 hallazgos administrativos, de los cuales 42 hallazgos tienen alcance fiscal en cuantía de $28.570 millones.
Así mismo, 63 hallazgos tienen presunto alcance disciplinario, 14 dan lugar para iniciar indagación preliminar y 5 con otras incidencias.
Hallazgos como “… los reportes financieros, con corte a 31 diciembre de 2021, cuentas por pagar con atrasos significativos en el pago de los servicios de salud contratados con la red prestadora de servicios. Las cuentas por pagar que se encuentran en el rango entre 181 a 360 días y más de 360, alcanzan los $90.896.002.120, representando el 59,5% del total de obligaciones que se encuentran en mora por $155.348.205.022”
“Durante el 2021 se elevaron 54.007 peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) a la EPS Emssanar, el 79.75% de estas peticiones tienen causas que correspondieron a 3 motivos de inconformidad en la prestación del servicio de salud: demora en autorización de servicios y tecnologías en salud (52,30 %), falta de oportunidad (42.83%) y restricciones existentes para la libre escogencia de EPS (4.87%)”.
La Contraloría también encontró anticipos sin cumplimiento de requisitos para su legalización. Del mismo modo, se utilizó financiamiento de los presupuestos máximos para cubrir bienes, servicios y tecnologías que no estaban respaldados por recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y en algunos casos, estos pagos no se ajustaron a las tarifas y precios establecidos por la ley.
Si bien no se registran servicios negados, se observan peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) que indican debilidades en la atención al afiliado y su descontento en la forma en que se están usando los recursos públicos de la salud.
Así que, el tema respecto a las deudas de las EPS del régimen subsidiado, una de las mayores deudoras privadas en operación Emssanar ESS, ha sido histórico y recurrente, con $293.039 millones y Asmet Salud ESS, CON $281.670 millones (Fuente Revista Portafolio, 2021).
Sin lugar a dudas, esta problemática que desencadenó esta eterna crisis en toda la red hospitalaria y falta de pagos salariales a los trabajadores, constituye una manifestación intrínseca del problema estructural inherente al modelo de salud actual.
Nada como un vistazo a la historia para reflexionar sobre el presente. Las noticias en el 2013 anunciaban en el departamento del Valle la liquidación de dos de los principales hospitales públicos, como parte de la reestructuración del sistema regional de salud, generando una autentica crisis en estos servicios médicos. “El 31 de octubre anterior se determinó la liquidación del Hospital San Vicente de Paul de Palmira, que tenía un déficit superior a los $59.000 millones y el 1 de noviembre se intervino el Hospital Departamental de Buenaventura, con pasivos que ascienden a $31.538 millones, lo que los hace inviables según el Gobierno” (el País, 19.11.2013)
En el 2015, la noticia destacaba que la antigua clínica del Seguro Social, ahora conocida como Rafael Uribe Uribe, se encontraba en estado cercano a la liquidación, mientras que el hospital Universitario del Valle experimentaba limitaciones en sus servicios. “Ambas situaciones tenían un efecto notable en el sistema de salud del (Colombia informa, 23.09.2015).
Según la Contraloría en el 2017, “La gestión y acumulación de la deuda se ha convertido en un problema que impacta negativamente la solvencia y estabilidad económica de las instituciones de salud en Colombia. El análisis de 42 hospitales y entidades públicas sujetas a auditorias mostraba un aumento de la deuda de $164.809 millones, con un atraso mayor a 90 días. En total, la deuda de los hospitales auditados ascendió a $465.078 millones para diciembre 2017, superando los 360 días y representando el 48.47%” (Informe Contraloría 2017).
Los discursos de manipulación pretenden hacernos creer que la crisis del sistema es solo cosa de hoy. Para que nuestra memoria no falle, es necesario recordar que en el 2021 las deudas de las EPS a los hospitales del Valle se elevaban a $446 mil millones, según lo informado por la secretaria de Salud. “En particular el Hospital Universitario del Valle que tiene un pendiente $117 mil millones, mientras que el Hospital de Tuluá registra una deuda de $44 mil millones (Fuente, El país, 12 de julio de 2021).
A pesar de las implicaciones que ha acarreado el incumplimiento de pagos por parte de las EPS, en particular, hacia el Hospital Universitario del Valle, resulta contradictorio escuchar al gerente, Irne Torres Castro, quien, en entrevista en un medio radial , compartió su perspectiva frente a la Reforma Estructural que presentó el gobierno : “El sistema está sumamente enredado, pero no estoy de acuerdo con la noción de cerrar las EPS. Considero que nuestra atención debe centrarse en elevar la supervisión y regulación. No sería prudente liquidarlas, ya que estas instituciones involucran a profesionales que desempeñan roles importantes.” (Fuente. W radio, 07 de julio 2022)
El 16 de julio de 2021, el Sindicato Sindess, Tuluá, hizo un llamado en nombre de todos los empleados, a la Gobernación del Valle para que insista en que las EPS honren la deuda con el Hospital de Tuluá, que asciende a 90 mil millones de pesos.
En el actual escenario, los medios de comunicación están reportando que la intervención de la Superintendencia es señalada como la razón detrás de la falta de pagos. La intervención forzosa Administrativa se refiere al procedimiento ordenado por la Superintendencia nacional de Salud a una entidad bajo su vigilancia con el propósito de rescatarla, si es posible restablecer su funcionamiento adecuado, o determinar si la entidad debe ser liquidada.
Es importante destacar que la medida cautelar no fue implementada para obstruir los pagos de las EPS Emssanar y Asmet Salud. En el caso de la medida cautelar dirigida a Emssanar, se ha logrado un incremento en los pagos a los hospitales del departamento del Valle. Esto significa que más recursos han sido transferidos de la EPS a los hospitales. Sin embargo, lo que resulta alarmante es que la distribución de estos recursos está en manos de la autonomía de los gerentes. Lo que se ha evidenciado es que esta distribución no se está llevando a cabo de manera equitativa para todos los trabajadores. Lamentablemente están discriminando y algunos no reciben su pago completo al que tienen derecho.
En medio de la fuerte oposición contra la Reforma a la Salud, que busca eliminar la administración de considerables sumas de dinero público para hacer supervisión y dar transparencia, surge una relación con el actual fenómeno de retención de pagos de salarios. Pareciera que esta estrategia intenta convencer a la opinión pública de que esta retención es una directriz del gobierno con el propósito de generar descontento en relación con la reforma. Resulta intrigante considerar quienes son los impulsores de esta táctica, especialmente en este momento, precisamente durante el periodo electoral que ya empezó.
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Informe financiero y estadístico del departamento del Valle del Cauca. Contraloría General de la Republica 2017
“No deberían liquidar las EPS, ya que hay profesionales trabajando en ellas”: declaró el gerente del Hospital Universitario del Valle (HUV) en una entrevista con La W el 07-07-2022. Fuente: La W
“Deuda de las EPS con los hospitales del Valle se eleva a $446 mil millones”: Secretaría de Salud. (12.07.2021). El País. Fuente: El País
En la auditoría realizada a la EPS Emssanar, la Contraloría General detectó 42 hallazgos fiscales por un total de $28.570 millones. (03.08.2023) Contraloría
Ana María Soleibe Mejía, Medica, Presidenta de la Federación Médica Colombiana
Foto tomada de: El Tiempo
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