Después de la campaña victoriosa del Pacto Histórico, en cada reunión siempre alguien pasaba la voz: la tenemos muy difícil, van intentar un golpe de Estado, nos van a bloquear, nos van a hostigar, hay que cuidar al presidente, etc. Ese era el pasa la voz del sentido común de la militancia, pero el tránsito del militante al micromundo del poder público es una realidad distinta y es otra la lógica, la gente se mueve en la misionalidad institucional y se enfrenta cara a cara con el cálculo político y el poder político de los tecnócratas del establecimiento quedando atrapada en la inercia burocrática.
Esta situación política del gobierno del cambio implicaba tener una estrategia robusta, que no se ve, para enfrentar a los oponentes y a los agentes del establecimiento que, desde el primer día no aceptaron la derrota y mostraron los colmillos. Ha pasado un año desde entonces en medio de tormentas mediáticas que sin duda han afectado el ejercicio del gobierno del presidente Petro. Y la derecha desatada en una guerra feroz, pero, hay que reconocer que los fuertes golpes que ha recibido el gobierno nacional son más consecuencias de sus propios errores que de las virtudes de los opositores.
Era predecible que el gobierno del cambio por sus propuestas de reformas estructurales entrara en un nuevo campo de disputa con el poder tradicional y el poder burocrático que, ante la derrota electoral, rápidamente ponen en marcha su estrategia de confrontación y desgaste en las distintas ramas del poder público. El país institucional estaba acostumbrado a la rotación del poder entre políticos tradicionales así que, el aparato burocrático está diseñado para este tipo de giro. Por consiguiente, el triunfo de Gustavo Petro significó la derrota de la rotación del poder político tradicional pero no el desbarajuste de la burocracia estatal que, necesariamente nos conlleva a un nuevo campo de batalla política contra el poder burocrático.
Es así como, el poder del escritorio y la butaca, el Estado burocrático, un poder invisible incrustado en todas las ramas del poder público, este poder es el que materializa la política pública, la ejecuta, o el que le tuerce el pescuezo y la desvirtúa. Además, este poder se extiende a los organismos de control politizados o la misma justicia politizada que normalmente se extralimitan en sus funciones y ejercen un control indebido o ejercen un abuso de poder.
El Fiscal General, asume la oposición política ante el cambio de gobierno inédito en la reciente historia contemporánea de Colombia con el triunfo de la izquierda en cabeza del hoy presidente de la República, Gustavo Petro. El fiscal Barbosa se lanza a una oposición beligerante, desafiante y hostil que toma por sorpresa al nuevo gobierno.
Por otro lado, las reformas políticas, económicas y sociales que presentó el gobierno del cambio generaron un fuerte pulso político en el Congreso de la República que a la fecha ha dificultado el trámite de las reformas, y que aún sigue siendo incierta la aprobación de estas iniciativas de cambio.
Ahora bien, en medio de tensos debates en el Congreso, la campaña mediática de la gran prensa para dañar al gobierno y el error del gobierno nacional de declarar el cese bilateral del fuego con la insurgencia y otros grupos al margen de la ley sin un procedimiento previamente acordado con los actores armados ilegales dio pie para que el fiscal General liderara una campaña de difamación y desprestigio contra el gobierno.
En medio de la ofensiva del Fiscal se presentan hechos desafortunados como las disputas personales de dos altos funcionarios ajenos al ejercicio de gobierno pero que afectan de manera grave la imagen del Presidente. Los hechos son de conocimiento público que no vale la pena repetir acá, pero ese enfrentamiento entre el Embajador de Venezuela y la Jefa de Gabinete, desata una serie de episodios confusos que son materia de investigación. Ahora, si se analiza esa situación protagonizada por los altos funcionarios del gobierno, nos damos cuenta que nada de lo que pasó y se denuncia, son propias del ejercicio público, sino que el escándalo y las conductas de los funcionarios se asocian al gobierno nacional por el rol institucional e importancia de los protagonistas.
El caso del hijo del Presidente, otro hecho ajeno al ejercicio de gobierno, un conflicto de pareja por desamor y dinero termina en un lio judicial mediático afectando al gobierno nacional y al presidente. Estas tormentas mediáticas son aprovechadas por el fiscal General para enlodar al gobierno nacional y desatar una cacería de brujas en busca de réditos políticos para desestabilizar al gobierno.
El fiscal General ha pescado en río revuelto, y de manera inescrupulosa asume una conducta irrespetuosa, agresiva y desafiante contra el gobierno, abusando de la investidura de fiscal y asumiendo una conducta reprochable de opositor político. Ante esta situación el gobierno ha respondido de manera contestataria, pero no ha tenido una estrategia efectiva para neutralizar el abuso de poder que ejerce el fiscal.
La guerra mediática de la “gran prensa” contra el gobierno y la falta de una difusión masiva de las reformas hizo mella en la opinión pública. Es evidente, que el gobierno nacional no tuvo una estrategia de comunicación para enfrentar la mala prensa. Estas falencias en las comunicaciones también afectaron las convocatorias de movilización ciudadana que impulsaba el gobierno, asimismo afectó la articulación de las organizaciones sociales y políticas con el gobierno nacional.
Esta situación política y los episodios desafortunados que involucraron al gobierno fueron aprovechados por una fiscalía desaforada que intenta un cerco de aniquilamiento moral y judicial contra el Presidente de la República y el círculo más cercano al mandatario. En el caso de Nicolás, queda más que evidenciada la estrategia maquiavélica de la fiscalía de enlodar a la campaña presidencial a partir de un hecho aislado.
En la audiencia de imputación de cargos a Nicolás y su expareja, la fiscalía no presentó ninguna prueba y ni siquiera un indicio pudo demostrar sobre ingresos de recursos a la campaña de los dineros recogidos por Nicolás y Day, que desde el inicio del escándalo han negado el ingreso de estos recursos a la campaña y en la audiencia ambos implicados negaron de manera reiterativa que el presidente tuviera conocimiento de la existencia de estos dineros; quedó claro, entonces que a la campaña no entró un sólo peso de este dinero. Sin embargo, el fiscal Burgos de manera perversa insinúa que una parte de estos recursos entraron a la campaña, muy a pesar que él mismo en todo su relato señala y presenta como prueba que estos recursos fueron a parar en una promesa de compraventa de un apartamento y un vehículo por valor de mil millones a nombre de Day y su núcleo familiar.
Así mismo, en el desarrollo de la audiencia de imputación de cargos a Nicolás, la fiscalía solo pudo evidenciar una conducta reprochable y gastos personales injustificados, porque en honor a la verdad, el ente acusador, no presentó una sola prueba de que los dineros tuvieran un origen ilícito y tampoco aportó ninguna prueba del incremento injustificado del patrimonio a Nicolás, que entre otras cosas la exesposa, se quedó con todo el dinero.
Ahora bien, sobre el aparatoso operativo de captura a Nicolás, podemos decir, que la fiscalía destapó su carta y propósito de dañar al Presidente, actuaron sin escrúpulo, hicieron un despliegue de fuerza descomunal para dejar a Nicolás en un estado de indefensión y shock. La fiscalía en su afán de dañar al Presidente, no tuvo ninguna consideración con el estado de embarazo de 8 meses de la compañera de Nicolás, quien presenció la captura de él. Este operativo puso en riesgo la vida del bebe que está por nacer y su madre. Luego Nicolás fue conducido al Búnker de la Fiscalía para ser sometido a interrogatorio en medio de la conmoción y la perturbación psíquica, bajo ese estado de presión y angustia, rápidamente lograron romper su resistencia y lo llevaron a autoincriminarse, sin ni siquiera tomarse el tiempo necesario para ejercer su derecho a la defensa.
Finalmente, entramos en el segundo año del cambio con grandes retos y desafíos de cara a la nación, hay que romper el cerco mediático, político y judicial que tendieron los agentes neoliberales del establecimiento en cabeza del fiscal General. No hay que dejar pasar por alto que enfrentamos un poder invisible sembrado en la institucionalidad, esa burocracia neoliberal que lleva más de tres décadas al servicio de los poderes económicos y la corrupción.
Ricardo Rosanía
Foto tomada de: Infobae
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