Por supuesto, ha sido absuelto varias veces por los delitos que recién confiesa. Primero por su fiscal subalterno, el que recibía millonarias comisiones de éxito por obtener aquello por lo que pagaban exorbitantes sobornos; después, en 2020 lo encontró inocente la superintendencia de Industria y Comercio, controlada por el Centro Democrático, partido que había recibido 2.450 millones de Sarmiento en 2018. El único tribunal que se ha atrevido a condenar a una empresa de Sarmiento Angulo fue el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que multó con 800.156 millones de pesos a los socios Odebrecht Sarmiento, por los hechos de corrupción acaecidos en la adjudicación de la obra Ruta del Sol II, pero los lobistas del magnate fueron eficientes y, hace un par de semanas, el Consejo de Estado anuló esa decisión que no sólo imponía la multa (los pobres van a la cárcel, los ricos pagan multas), sino que los sancionaba con inhabilidad para contratar con el Estado.
Y ese, al que le apuntó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es el lado débil del magnate, ya que él es el hombre más rico del país en virtud de decisiones gubernamentales. Ese señor nunca ha transformado un producto dándole valor agregado, no ha diseñado un medio de producción, ni se ha inventado producto alguno, ni ha arriesgado ningún capital, a menos que sea del erario, su gran habilidad ha sido lograr favores del Estado por tráfico de influencias. Afirmaba el presidente Alfonso López Michelsen que en Colombia todas las fortunas provienen del Estado, la de Sarmiento ejemplifica ello.
Los apologistas de la extrema derecha suelen ponderar a la empresa privada como el corazón de la sociedad, el centro de la economía, llegan a presentar a la sociedad y al Estado como productos de la empresa privada, cuando es justamente al revés: El negocio privado es una concesión que el Estado colombiano otorga a sus cercanos, desde entregar información privilegiada, y dineros oficiales, de consentir violaciones a los códigos laboral, ambiental, y al estatuto tributario, hasta a poner las Fuerzas Armadas a deposición de quienes pretenden favorecer. En el tinglado corrupto de la alianza Sarmiento Odebrecht, no sólo se sobornó para obtener el contrato, sino también para eximir de impuestos a estos ciudadanos ejemplares en Macondo, y por ello obtuvo Néstor Humberto Martínez su “comisión de éxito”, unos milloncejos que le Metió Sarmiento en el bolsillo por los muchos millones que su abogado sacó a la atención de las necesidades de los colombianos, para vaciarlos en la fortuna de Sarmiento.
Si se mira con visión histórica se percibe que el gran financiador de los partidos políticos, gestores de la gran tragedia nacional de miseria, corrupción y violencia, ha sido este señor que es banquero, constructor, financista, y más títulos lucrativos, por decisiones de políticos que lo benefician, desde Misael Pastrana en adelante. Y cuando se dice beneficiar se debe tener presente que cuando en un negocio hay un beneficiado también hay un perjudicado. En Colombia, los privilegios de Luis Carlos Sarmiento han empobrecido, y perjudicado a la inmensa mayoría de colombianos.
Ahora, cuando hay un gobierno de cambio, se pretende enlodar al presidente Gustavo Petro, que ha denunciado los negociados del emporio Sarmiento Angulo desde hace años, endosándole los vicios que la clase política tradicional ha cometido de siempre, como la financiación de narcotraficantes, como si los mafiosos hubieran dejado de ser de derecha, de extrema derecha. Pero más grave que la financiación de los carteles de la cocaína, es la financiación de estos carteles de la corrupción administrativa.
Empezando porque no son disímiles en sus orígenes, ni en sus procedimientos, porque eso de clase empresarial es un cuentazo, no existen como clase excepto en el organigrama de las empresas, ya que su cultura, sus métodos y, sobre todo, su ética, distan mucho de la ética protestante que señalaba Max Weber como condición del capitalismo. Los empresarios de Colombia, en su mayoría están más próximos al estafador callejero, por esa mentalidad lumpesca no se diferencian de otras modalidades de crimen organizado. Ni son tan empresarios por su actividad parasitaria dentro de la sociedad colombiana, medrando los recursos públicos.
Acaso se diferencian en aquello que pretenden del Estado, porque es claro que la aspiración de los carteles de la droga es proceder con impunidad, al igual que los carteles de la corrupción empresarial, pero no por ello demandan privilegios adicionales como excepción de impuestos, la transferencia de recursos estatales, de información privilegiada, u otros. La capacidad corruptora de emporios financiadores de políticos es más dañina que las demás bandas criminales, porque hace víctimas en toda la sociedad, especialmente entre los menos favorecidos.
Se sabe que no hubo financiación mafiosa en la campaña Petro Presidente, campaña vigilada paso a paso por el anterior gobierno, de manera ilegal, en búsqueda de algún indicio para desacreditarla. Pero, pero sí hay certificados de la financiación en 2022 del confeso delincuente Luis Carlos Sarmiento de las campañas del Partido Liberal, del Centro Democrático, el Partido de la U, Cambio Radical, y el Partido Verde. De los más de 13.000 millones la mayor tajada la obtuvieron los liberales, y los del Centro Democrático, mientras que los más baratos fueron los del Partido Verde. El Pacto Histórico no fue comprado.
Esa financiación explica la arremetida legislativa en el congreso contra los proyectos de reforma del cambio, es decir, contra los trabajadores, contra los campesinos, contra los ciudadanos. La defensa cerrada de esos partidos por los intereses del marrullero Sarmiento evidencia que hipotecaron su voto por los montos conocidos, esos partidos están impedidos para votar los proyectos de reforma a la Salud, al sistema de pensiones, al régimen laboral, entre otros por el conflicto de intereses en que incurren, por la subvención recibida… es más, deberían responder penalmente.
José Darío Castrillón Orozco
Excelente artículo José Darío.. Muestras claramente la corrupción de la bandola empresarial qué domina el país y el papel de las marionetas políticas que han colocado en el senado.