El gobierno a través de los negociadores del conflicto armado había hecho creer, junto con instituciones oficiales como el Centro de Memoria Histórica, el IEPRI, diversos centros de pensamiento de las universidades públicas y privadas, además de investigadores contratados por el gobierno y otras entidades nacionales y extranjeras, que en la base del conflicto armado el problema de la inequitativa distribución de la tierra desde sus orígenes era una de las raíces, sino la principal y que por lo tanto, algo haría el gobierno en términos de reformas para salir de la encrucijada que le plantea al país la existencia de una ganadería ineficiente que mantiene en el atraso el sector rural y es un serio obstáculo al progreso de la nación toda, acaparando para beneficio de unos 8.000 terratenientes más de cuarenta millones de hectáreas, que ni siquiera pagan impuesto catastral y que cuando lo hacen son sumas irrisorias como lo demuestran las estadísticas oficiales. Y de ñapa, se quedan con una buena tajada del gasto público. Segundo, salen perjudicados los campesinos víctimas de un conflicto que no se propusieron, pero que fueron tomados como escudos por cada uno de los bandos de la “guerra”. En tercer lugar, el conejo es una burla a todos los sectores académicos nacionales e internacionales que hicieron enormes esfuerzos de comprensión del conflicto y que con diversidad de matices concluyeron que era menester introducir unas u otras cambios en las instituciones agrarias del país.
La frustración que el proyecto aludido genera no es sino el preludio de que existen fuerzas sociales y políticas alrededor de la gran propiedad de la tierra que vienen golpeando con fuerza para hacer retroceder cuando no impedir un mínimo de reformas en las instituciones agrarias, en una ofensiva que viene desde la época de la Violencia en los años cincuenta, se replegó un tanto a raíz de la Alianza para el Progreso y volvió a tomar auge con el Pacto de Chicoral y la derrota política del Presidente Lleras Restrepo, con lo que aspiran a volver a los años sesenta, esto es, regresar a condiciones propicias o por lo menos las disculpas para una nueva Marquetalia, al no concebir el país sino ensangrentado, polarizado, defendiendo unos intereses que solo representan el atraso y la ignominia para con un sector de compatriotas que laboran como nadie para garantizar el alimento del diario vivir.
¿De quién es Simón?
Pero, a estas alturas del partido hay que preguntarse quién es el dueño del conejo: el Presidente Santos y su Ministro de Agricultura, no pueden esconder semejante estropicio. El Embajador en Washington abogado Urrutia preparó la estrategia técnica legal de artimañas “novedosas” para garantizar el objetivo, cual es, disponer de una figura legal que permita a unos pocos elegidos hacerse a las ultimas tierras de indígenas que no han sido copadas como son las del Vichada, la Orinoquia y lo que resta de Amazonía. Y ocupar en esta forma después de 500 años de apropiación la totalidad del país superficiario, iniciado por la conquista de España y continuada por la República con una geofagia nunca antes vista. La primera víctima del pacto Urrutia-Santos fue el Ministro Juan Camilo Restrepo, obstáculo a la aprobación de la Ley Zidres ideada por Urrutia.
Objeciones constitucionales
El gobierno debería ofrecer disculpas a las altas Cortes porque a sabiendas que está sosteniendo un proyecto que es inconstitucional insiste en ponerlo en consideración del parlamento. Al dejar sin vigencia la Ley 160 de 1994 como también vertebras clave de la Ley 135 de 1961 y los artículos 1y 2 de la Ley 200 incurre en inconstitucionalidad debido a que dichos cambios sin la consulta previa definida para las comunidades indígenas y afro descendientes le otorga dicho carácter, amén de dejar sin el reconocimiento y amparo a los campesinos como sujetos de derechos y de protección constitucional como diferentes sentencias de la Corte Constitucional lo han reafirmado.
En cuanto a los baldíos nacionales es norma constitucional que estos deben ser adjudicados a campesinos en condiciones precarias, pero, la figura urrutiana es entregarlos a “título parcialmente oneroso” a quien disponga entre 100 y 500 SMML y, por completo onerosos, a los tengan un patrimonio por encima de 500 SMMLV o más, que también es un desconocimiento de los mandatos constitucionales sobre baldíos. Es una maniobra estratégica para en el corto plazo bajo la figura de “socio” contar con una mano de obra cautiva y a largo plazo hacerse a la propiedad genuina de los predios tomando como mampara a campesinos de escasos recursos que le sirvan de calanchines para contabilizar a su favor toda la valorización resultante de la construcción estatal de infraestructura y adecuación, sin haber invertido un peso en la compra de la tierra.
Legalidad vigente
En realidad el marco legal actual de la Ley 160 de 1994 con pequeños cambios es suficiente para adelantar los cambios que urgen, pero otro parece ser el propósito del gobierno en el sentido de desmontar por completo cualquier “retozo democrático” que favorezca al campesinado. Desde la inaplicada Ley 160 la idea política de las elites ha sido someter al campesinado a un proceso de marchitamiento para liquidarlo y no lo han logrado hasta hoy. Precisan algunas normas complementarias fáciles de introducir como la constitución del Fondo de Tierras para la paz, la incentivación de la producción de alimentos, dotación de sistemas de riego por goteo para la vertiente y lo relativo al manejo ambiental y sostenible.
Según el artículo 166 del proyecto se propone derogar en su totalidad la Ley 160 de 1994, pero además los artículos 14 y 15 de la Ley 135 de 1961 y 1 y 2 de la Ley 200. Esta derogatoria entra en contradicción con la normatividad vigente sobre consulta previa en caso que tiene que ver con cambios relativos a la propiedad de la tierra y está por tanto, viciado de inconstitucionalidad.
Reserva de los posible
Dos son las claves para “marchitar” al campesinado: uno, la abolición de la Unidad Agrícola Familiar UAF[1] que elimina el concepto de “economía familiar” característico de la producción campesina y el supuesto de que “para todos los procesos de acceso y formalización de tierras deberá garantizarse previamente la respectiva disponibilidad presupuestal para cubrir los derechos que se reconocen”.
La burocracia se reproduce
Desde el ángulo institucional el proyecto de Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales no es sino la manera como se reproduce la burocracia por cuenta de su propia inventiva. La discusión de este proyecto y su posterior reglamentación será la oportunidad del clientelismo de introducir un nuevo andamiaje de entidades encargadas de llevar a cabo el desmonte. Tiene razón el columnista Alfonso López Caballero cuando dice que, “La historia se repite con este proyecto. Rechazada por los sectores gremiales vinculados al campo —Fedegán, SAC. etc.— tampoco ha satisfecho las expectativas de la Farc, y, sin seguir los lineamientos de la ‘Misión Rural’, han tenido ya que ser retirados parte de sus puntos iniciales.” Y agregamos el mejor camino para el proyecto sería retirarlo de la consideración, porque, no da salida a los motivos del conflicto, abriendo de nuevo un portillo para su continuación y lo que es más grave aún, no es solución para el apremiante necesidad de producción de alimentos que tiene en alto riesgo la seguridad alimentaria del país.
Alfonso Cuellar
Mayo de 2017
NOTAS
[1] Camilo González Posso, “Los tales campesinos no existen”, Corporación Latinoamericana Sur, para ahondar en el tema ver del autor y Salomón Kalmanovitz: Indepaz, Unidadades Agrícolas Familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia. Estudio contratado por la propia Presidencia de la República en un aleteo reformista de 2010.