La región de Montes de María fue una de las zonas más representativas de la lucha campesina por la tierra en los años 70, a partir del avance parcial en reforma agraria del gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) y su estímulo a la creación de la ANUC. El campesinado se movilizó para lo que denominó la “recuperación de las tierras”, con ocupación de numerosas haciendas, muchas de ellas improductivas o de baja productividad con dedicación principalmente ganadera en el caso de esta región. Cierto nivel de acceso a la tierra que se logró consolidar con la gestión del Incora, se dio principalmente en la parte alta de Montes de María, pero no en las partes planas contiguas.
En esos años mientras el gobierno nacional respaldó algunos avances de reforma agraria, sin resultados de dimensión nacional, sectores de terratenientes, a la vez conjugados o siendo líderes políticos tradicionales regionales caracterizado por uso de redes clientelistas, se resistieron con uso de violencia y con casos de instrumentalización de la fuerza pública a su favor y de promoción de grupos armados privados desde sus haciendas en oposición a las demandas campesinas. El siguiente gobierno de Misael Pastrana Borrero (1970-1974) ser recuerda por el Pacto de Chicoral, que en concertación con los terratenientes y empresarios agrarios cerró en 1974 el compromiso gubernamental con la reforma agraria. Este contexto de conflictividades agrarias y disputa por el acceso a la tierra, ha sido reconocido como una de las causas del conflicto armado desde los años 60, que tuvo expresiones en esta y otras muchas regiones del país.
A finales de los 90 e inicios de los 2000 sobrevino en Montes de María la incursión de los paramilitares de las AUC, que se ligaron a núcleos paramilitares preexistentes locales apoyados por algunos reconocidos sectores de terratenientes, de forma que produjeron en pocos años 71 masacres con más de cinco decenas de homicidios contra familias campesinas de la región, un inmenso desplazamiento forzado inmenso que afectó a 215.923 personas entre 1998 y 2010 y causó el despojo de muchas de las fincas campesinas de la región. Todo ello acompañado de violencia extrema, sevicia y actos de terror configurando masivas, sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos contra la población campesina y los liderazgos sociales y políticos del ámbito popular alternativo, sin que el Estado asumiera el deber de protección de la población. Por el contrario, la fuerza pública participó del paramilitarismo y varias agencias estatales y entes gubernamentales de la región tuvieron participación o fueron omisivas al respecto.
“Las masacres como estrategia de guerra en los territorios seleccionados fue la constante, se trató de la forma más agresiva y efectiva para deshabitar los caseríos y poblados (…) en una secuencia de numerosas y graves masacres ocurrida en Montes de María 485 personas fueron asesinadas en cinco años, (…) Las masacres que hicieron parte de esta gran operación criminal no fueron homicidios causales, son asesinatos plagados de mensajes de los victimarios…”[1].
Así, la masiva violencia paramilitar en Montes de María expulsó parte importante de la población campesina, afectó el acceso a tierras que habían conseguido campesinos en su lucha por la reforma agraria, al punto que se habla en esta y otras zonas de un efecto de contrarreforma agraria, profundizando la concentración de la propiedad y el desplazamiento forzado y despojo campesino como un modelo que permitió la llegada también de nuevos grandes propietarios, con apoyo gubernamental en los primeros años 2000, entre ellos la empresa ARGOS.
“Antes del 2000 existía una distribución asimétrica de la tierra en los Montes de María; la parte montañosa podría considerarse como una isla de parceleros rodeada de latifundios. Los datos indican que la violencia propició nuevos procesos de despojo, que reforzó la concentración de la tierra, (…) A pesar de que por su naturaleza la tierra en estas zonas tiene una especial vocación para la agricultura, está principalmente dedicada a la ganadería, por haber primado siempre el interés de grandes propietarios dedicados a la explotación extensiva de la ganadería frente al de pequeños parceleros dedicados a la agricultura…”[2].
El Registro Único de Tierras Abandonadas reporta para Montes de María un alto reporte de casos entre 1997 y 2010 y una mayor intensidad de casos entre 1999 y 2001, años que coinciden con la mayor intensidad de la incursión paramilitar de las AUC en la región, con colaboración activa en muchos casos evidenciados de los batallones de la Armada Nacional. Estos mismos registros evidencian que la concentración de tierras en Montes de María, por desplazamiento forzado y despojo al campesinado, tuvo su mayor pico en el año 2000, de forma que los predios afectados de tal forma en Montes de María constituyeron el 30% del total del despojo en el país[3].
“Tras las masacres y las amenazas referidas, de inmediato o en los días siguientes los pobladores tomaron lo poco que les quedaba o podían llevar consigo y abandonaban su poblado, la tierra, el aire, su cielo, su proyecto de vida, su comunidad, sus trabajos, su acceso a redes de servicios, sus espacios de convivencia, de ejercicio ciudadano, social y político, de sus recuerdos, sus afectos y amores. (…) Los poblados quedaron sumidos en un total abandono (…) 111 escuelas fueron abandonadas (…) los campesinos fueron a las distintas ciudades a ubicarse en los cinturones de miseria, recibiendo del gobierno, cuando estaban de suerte, tan solo tres ayudas humanitarias de emergencia para sortear el hambre y el desamparo…”[4].
Entre tanto, un grupo de empresarios compraron predios en Montes de María, donde los campesinos habían sido desplazados y despojados, según datos de ONG de derechos humanos con al menos el 58% de casos verificados de incursión paramilitar y en un 12% con casos verificados de incursiones y enfrentamientos entre guerrillas y fuerza pública[5]. Para el año 2018 habían sido condenadas 28 empresas a devolver tierras a nivel nacional por tratarse de casos de campesinos desplazados y despojados violentamente a nivel nacional. Entre ellas, para Montes de María aparece en primer lugar Argos Fiducor, condenada por doce sentencias de jueces de restitución de tierras[6].
Personas ligadas a la élite política económica de Sucre y a acuerdos con los paramilitares, como es el caso de varios firmantes del llamado Pacto de Ralito, entre este tipo de personas y los paramilitares de las AUC, han sido accionistas a la vez de la empresa Argos, caso de miembros de la familia Guerra de la Espriella.
“La empresa Argos S.A. ha tenido vínculos directos e indirectos con el paramilitarismo y ha sido beneficiaria de esta estrategia en diferentes partes del país. La empresa Tolcemento, que se fusionó con Argos en 2005, tuvo a Julio Cesar Guerra Tulena como miembro de la junta directiva. Antonio Guerra de la Espriella, sobrino de Julio Cesar, fue elegido como senador (…) para el período 2006-2010 y fue investigado por la justicia colombiana por organizar grupos paramilitares…”[7].
Según el informe referido antes, de autoría de Codhes, Fucude y Opción Legal realizado en alianza con entes académicos y organizaciones de víctimas, el que apareció en el cargo de vicepresidente de finanzas corporativas de Argos Cementos S.A., Ricardo Andrés Sierra Fernández, es hermano de Juan Felipe Sierra, quien fue capturado en 2008 acusado de ser enlace con el jefe narco paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias don Mario, y altos funcionarios de la Policía y de la Fiscalía en Antioquia y Córdoba. Juan Felipe Sierra también fue fundador de la empresa de Seguridad Control Total, conformada con personas procedentes de las AUC y que prestaba servicios de seguridad a Argos S.A. Esta empresa luego fue cerrada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y fue incluida en la lista Clinton por su señalada relación con recursos del narcotráfico y de nexos con alias don Mario.
Durante los gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez el gobierno nacional incentivó que llegaran empresas compradoras a negociar en condición favorable las tierras de Montes de María que se ofrecían a bajos precios por intermediarios, aprovechándose de la situación de despojo y desplazamiento del campesinado. El propio presidente Uribe y su Ministerio de Agricultura fueron activos en dicha labor. Posteriormente, en 2011, el congresista Iván Cepeda realizó un debate de control político en el Congreso de la República denunciando la relación entre desplazamiento forzado, despojo de tierras y compra a precios muy bajos aprovechándose de las víctimas, con apoyo en determinados intermediarios conectados con las empresas compradoras referidas, incluida con protagonismo especial Argos.
Entre tanto, desde 2007 fue expedido el Decreto 2007 de 2011que estableció medidas ante entes y funcionarios territoriales para proteger las tierras de las víctimas de la violencia, demandando medidas de protección y a la Oficina de Instrumentos Públicos abstenerse de inscribir actos de enajenación o transferencia de títulos de bienes rurales, mientras existieran declaratorias de este tipo de situaciones contra el campesinado. Mecanismo que, aunque ofreció ciertos resultados también fue desconocido o sujeto a irregularidades en beneficio de procesos de legalización de tierras despojadas a familias campesinas desplazadas.
Por su parte, la Corte Constitucional en la Sentencia T-699 A de 2011, en la cual dispone los requisitos para la autorización de levantamiento de medidas de protección a predios rurales campesinos así afectados, sirvió de fundamento para el logro de los primeros fallos de restitución de tierras a familias campesinas victimizadas de esta forma, bajo el ropaje de supuestas compraventas de buena fe con terceros, donde aparecen las empresas comprometidas con la adquisición arbitraria e irregular de las tierras de familias campesinas victimizadas. En esta sentencia, a partir del análisis de los casos sucedidos, la Corte Constitucional define que la empresa Argos no es compradora de buena y que tiene responsabilidad en la forma dolosa como se enajenaron los predios.
“…declara no probados los argumentos de Argos y los cataloga como compradores de mala fe, principalmente porque no tomaron las precauciones necesarias para evaluar las condiciones de las primeras compras, por parte de sus intermediarios, e igualmente no se fijaron en la forma e igualmente no se fijaron en la forma como se dieron las autorizaciones para enajenar los predios.”[8].
En este contexto, le asiste en la actualidad rezón al presidente Gustavo Petro cuando en su reciente discurso en El Salado, ante población campesina de la región, en el empeño por dinamizar el programa y las acciones de reforma agraria durante el actual gobierno, hizo referencia a la empresa Argos, como una de las comprometidas en la región de Montes de María con el hecho de beneficiarse de tierras campesinas despojadas mediante el desplazamiento forzado y los ataques violentos del paramilitarismo. Sin embargo, esta empresa, contrario a lo sucedido e incluso a lo fallado tanto por la justicia de tierras a favor de las víctimas campesinas como por la justicia constitucional en rechazo a los supuestos de buena fe esgrimidos sin fundamento, aún insiste mediante comunicado expedido en seguir empeñada en decir que fue compradora de buena fe, ocultando su condición de responsabilidad directa en haberse quedado irregularmente con tierras del campesinado violentamente despojado. Y, como afirmó el mismo presidente, está bien que Argos devuelva algunas de las tierras y haga algunos programas con algún impacto social, pero ello no podrá desconocer el esclarecimiento de la verdad y las demandas de justicia, reparación y no repetición que esgrimen las víctimas y los presupuestos de la construcción de la paz.
_______________
[1] Codhes, Fucude, Opción Legal, PDS, UTP. (2020) Los Montes de María Bajo Fuego, serie: Contribuciones a la verdad y voces de las víctimas de la violencia. Bogotá, DC, Colombia, p.438.
[2] Codhes, Fucude, Opción Legal, PDS, UTP. (2020) Los Montes de María Bajo Fuego, serie: Contribuciones a la verdad y voces de las víctimas de la violencia. Bogotá, DC, Colombia, p.45.
[3] Codhes, Fucude, Opción Legal, PDS, UTP. (2020) Los Montes de María Bajo Fuego, serie: Contribuciones a la verdad y voces de las víctimas de la violencia. Bogotá, DC, Colombia, p.43.
[4] Codhes, Fucude, Opción Legal, PDS, UTP. (2020) Los Montes de María Bajo Fuego, serie: Contribuciones a la verdad y voces de las víctimas de la violencia. Bogotá, DC, Colombia, p.473.
[5] Sistema Informativo Sembrando Paz, Fundación Forjando Futuros, (s.f.).
[6] Codhes, Fucude, Opción Legal, PDS, UTP. (2020) Los Montes de María Bajo Fuego, serie: Contribuciones a la verdad y voces de las víctimas de la violencia. Bogotá, DC, Colombia, p.63.
[7] “Talleres de devolución”, 12, 13 y 14 de agosto de 2019, Codhes, Fucude, Opción Legal, PDS, UTB; TenThoff, M. 2011.
[8] Documento sobre el caso de despojos de tierras y primera sentencia de restitución bajo preceptos de la Corte Constitucional. IEPRI de la UNC, (s.f.)
Álvaro Villarraga Sarmiento, director Construcción de Memoria Histórica CNMH
Foto tomada de: Colombia.com
Deja un comentario