“A Estados Unidos el
negocio de la droga le aumenta el Producto Interno Bruto.
A Colombia la destruye”. Antonio Caballero
La política contra las drogas en Colombia ha seguido la estrategia del mosco contra el cristal: Estrellarse con este, una y otra vez esperando que en alguna ocasión pasará. O asegurándose que no pasará, porque tanta perseverancia en el fracaso ha producido como efecto incrementar el negocio del narcotráfico, y fortalecer las mafias. Se puede sospechar que era un propósito.
Colombia es un país marcado por las drogas y el narcotráfico como pocos en el mundo, tanto que el neologismo narcoestado fue acuñado para este Estado Nacional, también ha obtenido otros como narcodemocracia, narcodictadura, mafiocracia, … se habla de desnarcotizar las relaciones internacionales. El impacto del narcotráfico es innegable, porque se sumó a otras crisis crónicas, sin resolverlas, pero intensificándolas.
Desde su emergencia, hace medio siglo, la respuesta gubernamental ha sido la prohibición, pese a la receptividad que el fenómeno ha tenido en la población, que, en amplias zonas, como Antioquia, goza de legitimidad y es fundamento de procesos económicos, políticos y sociales. En la tercera década del siglo XXI aún se reverencia la casta traqueta.
Esa veneración no quiere decir que se luche contra la política de prohibición, como sucedió en las décadas de 1980 y 1990. Curiosamente, los partícipes del negocio de las drogas conforman las barras bravas de la política de represión, dado que la prohibición devino en negocio, para la mafia y para la nomenklatura (el poder de los burócratas). Las políticas represivas crean enormes mercados negros, con formidables ganancias, que son controlados por la mafia, que de tanto enriquecerse, de tanto controlar, sobornar, contratar, financiar, termina por controlar a los gobiernos. Desde gobiernos con claros orígenes, vínculos, y patrocinios mafiosos se hace el compromiso de mantener las políticas prohibicionistas. La prohibición crea la mafia, mientras mantener la represión incrementa los réditos.
Y no se fundamentó sólo en los rendimientos de tal empresa delictiva, el control de mercados y organizaciones depende de la capacidad de ejercer violencia para tomar, mantener, y controlar el negocio. Por eso Colombia dispone del ambiente para la proliferación de los entramados criminales, dado que los fenómenos de violencia se suelen tramitar con mayor violencia, en competencia por quién es capaz de cometer mayores atrocidades. Esa capacidad de superar el terror del adversario hizo que las mafias colombianas se abrieran espacio entre los gánsteres internacionales. También llevó a que el control del negocio pasara de los señores de la droga, a los señores de la guerra, y de estos a poderes diseminados en archipiélago de pequeñas estructuras, que mezclan la diversidad del poder colombiano, políticos, empresarios, sicarios.
Una sociedad como la colombiana tan permeada por la ilegalidad organizada, parapolítica, narcoparapolítica, termina difuminando la diferencia entre economía legal e ilegal. Agravada por carecer de una tradición empresarial, sino de negocios a corto plazo. Igual podría decirse de la forma de hacer política, donde el modelo traqueto aún funciona, e incide en los ámbitos locales, regionales, y nacionales, aunque el advenimiento del gobierno de Gustavo Petro los haya desalojado en mucho del gobierno nacional.
La utilidad manifiesta de la “guerra contra las drogas”, también tiene aplicación en la construcción de relatos, casi siempre por los mismos que se benefician del narcotráfico, que han servido como coartada para encubrir el origen de los conflictos sociales, políticos, y económicos de la nación, reduciéndolos a la rebatiña por utilidades. Igual se ha usado como argumento para negar el carácter político de las insurgencias.
La lucha contra las drogas se ha llegado a poner por encima de los derechos humanos, como si el uso y abuso de ciertas sustancias negara la vigencia de los DDHH, y se suele vender la idea de abandonar el Estado Social de Derecho para ganar la “Guerra contra las Drogas”, como pregonan los opositores al Gobierno del Cambio. Lo más difícil contra tal narrativa es que la represión es un dogma, avalado por organismos internacionales, y que es una política que se disfraza de técnica.
Gustavo Petro, como otros líderes latinoamericanos, ha declarado el fracaso de la guerra contra las drogas, que no ha dejado sino mafias fortalecidas, y millones de trabajadores encarcelados cada año por las trampas de pobreza que administran las mafias. Lo punitivo contra las drogas se hace contra chivos expiatorios.
La extradición llegó a ser el arma más poderosa contra el crimen mafioso, que tanta sangre costó en este país, pero devino en una vía rápida al Sueño americano, y en un mecanismo de lavado de capitales mafiosos. Por eso la consigna de los Extraditables, de Pablo Escobar, “preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”, se invirtió hasta hoy preferir una cárcel en USA, a una tumba en Colombia.
La erradicación de cultivos que tanto cacaraquean en la oposición al cambio, ha mostrado, año por año, como le expone F. Thoumi, que se erradican áreas de cultivos siempre superiores a las que se suponía existían antes, e inexorablemente queda un área cultivada semejante a la inicial, o incrementada. Con daño a la salud humana, y perjuicio ambiental descomunal. Es la magia de la estadística, aunque las comisiones que pagan los vendedores del glifosato contribuyen.
No hay un factor único que determine la vulnerabilidad de la nación colombiana a la proliferación de mafias narcotraficantes, son muchas las claves que confluyen a la crisis que dinamiza las demás crisis. La política: “Sembrando vida desterramos el narcotráfico”, enmienda el culto al fracaso anterior, ya que trabaja sobre diversos ejes: Derechos Humanos, Salud pública, Seguridad Humana, Construcción de Paz, Ambiental, Género, territorial… Pero, la implementación de la reforma agraria va a ser el mecanismo más eficaz para controlar los cultivos de uso ilícito, mientras que la acción represiva del Estado se dirigirá a combatir a las grandes mafias.
El contrabando de drogas prohibidas fue un espejismo de prosperidad en una sociedad que todavía no piensa en reconocerse de otro modo, que se mueve en la perspectiva del individualismo, y del lucro repentino, sin visión de conjunto, y por ello se opone al cambio. Otra visión de país, la que siembra vida, requiere un ciudadano que se piense parte de una sociedad, de una naturaleza, que se decida a cambiar las relaciones sociales que nos han llevado al desastre. Se puede concluir con el mayor estudioso de las políticas antidrogas, Francisco Thoumi: “El desafío no es legalizar las drogas sino legalizar a Colombia”.
José Darío Castrillón Orozco
Foto tomada de: Quienyque
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