Recordemos que la primera reunión que sostuvo el gobierno en cabeza del Alto Comisionado de Paz y las disidencias que comanda Iván Mordisco se produjeron hace un año, al inicio del mandato del actual presidente:
“Este 17 de septiembre el gobierno publicó la foto de la primera reunión entre el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y los representantes de las disidencias de las FARC-EP vinculadas a alias Iván Mordisco: Calarcá Córdoba, Hermes Tovar, Alonso 45 y otro sin identificarse”[1].
Pero desde ese momento y hasta el presente, los periodos de crisis y parálisis de la fase de acercamiento con esta guerrilla han sido mayores que los momentos de distensión y buen entendimiento entre los voceros del gobierno nacional y los representantes del EMC.
En primer lugar la Oficina del Alto Comisionado no conto en el inicio de las conversaciones con una hoja de ruta y un marco jurídico claro para proponer una agenda de negociación con esta o estas estructuras armadas agrupadas en el autodenominado “Estado Mayor Central”, a lo que se suma que el acompañamiento internacional de la Misión de Verificación de la ONU y de la MAP – OEA se fue concretado sobre la marcha de los acontecimiento y el paso de los meses, cooperación que no ha terminado de ensamblarse por los altibajos del proceso, como bien lo señalo esta semana el representante de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu en el informe trimestral presentado por la Misión de Verificación del Acuerdo Final de Paz ante el consejo de seguridad de la ONU:
“He sido informado que próximamente las partes (Gobierno y Estado Mayor Central) solicitaran a este Consejo que la Misión pueda ser autorizada para participar en el monitoreo y verificación del cese al fuego. Me asegurare que este Consejo reciba toda la información necesaria para considerar esta solicitud”[2]
En segundo lugar, el gobierno nacional peco en el pasado de ingenuidad al decretar el cese al fuego bilateral[3] con esta guerrilla disidente sin pactar un protocolo claro de cese de hostilidades y un robusto mecanismo de Monitoreo y verificación para solucionar cualquier controversia en la observancia del cese al fuego pactado entre las partes. Esta distracción fue aprovechada por este grupo para realizar acciones armadas en contra de la policía y el ejército nacional en varias regiones del país, en otras para propiciar combates contra el ELN o las disidencias de la Segunda Marquetalia y lo más grave para cometer asesinatos, atentados y desplazamiento forzado contra sectores de la sociedad civil como firmantes del Acuerdo de Paz de las Farc, lideres indígenas, afros y campesinos cocaleros en las regiones en las que se disputan el control territorial a sangre y fuego como Cauca, Putumayo, Nariño, Arauca, Meta, Caquetá, Antioquia y la región del Catatumbo.
En tercer lugar, el gobierno nacional, como era lógico priorizo la instalación y el avance de la mesa de diálogos con el ELN, por su jerarquía e importancia en la arquitectura de negociación diseñado por la oficina del Alto Comisionado de Paz, al ser esta la locomotora de la negociación con los demás grupos insurgentes y estructuras armadas ilegales de alto impacto cobijadas en el marco jurídico aprobado mediante de la Ley 2272/2022. Solo hasta que la mesa con el ELN alcanzo vuelo propio y después de cuatro ciclos de diálogos desarrollados en Venezuela Cuba y México, la cartera de gobierno para los temas de paz en cabeza de la OACP pudo nombrar un equipo de peso que asumiera el reto de la negociación con el EMC, encabezado por Camilo Gonzales Pozo e integrado por personalidades de peso nacional como Fabio Valencia Cossío, Feliciano Valencia y Yesid Arteta.
En cuarto lugar, a raíz de la crisis en los precios internos de la base de coca y la falta de compradores a causa de una excesiva producción de coca en Colombia (240.000 mil hectáreas de cultivos para el año 2023 según la ONUDC) sumada a la fuerte competencia del fentanilo en el más grande mercado de narcóticos para las mafias colombianas y mexicanas como lo es, los EE.UU, la disputa por el control de los territorios y las rutas se ha hecho mucho más violenta especialmente en la región del suroccidente colombiano, incluido el litoral pacifico desde el Choco hasta Tumaco, provocando un incremento en los asesinatos en toda esta región lo que ha afectado gravemente a la población civil, confinada en esta guerra de grupos armados que se disputan el control de estos enclaves cocaleros, lo que ha generado zozobra e inseguridad en la zona y en la que los ataques a la fuerza pública (Policía y Ejército) se han incrementado en las últimas semanas, pero además en donde se han cometido graves crímenes contra la población civil (firmantes del Acuerdo de Paz, campesinos, indígenas, etc.) por lo que desde distintos sectores de la sociedad le han reclamado con vehemencia al Ejército y a las fuerzas armadas intervenir en todos ese territorio y combatir al principal actor generador de violencia como lo son los frentes del Comando Coordinador de Occidente de las disidencias del Estado Mayor Central, compuesto por tres estructuras móviles: Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y Franco Benavides, y tres frentes: Carlos Patiño, Ismael Ruiz y Rafael Aguilera.
Estas acciones violentas de alto impacto están siendo aprovechados por la virulenta oposición de extrema derecha en el país para desprestigiar la agenda de paz del gobierno Petro, calificándola de ineficaz y complaciente con el narcotráfico, matriz amplificada por los medios de comunicación afines a la derecha como Semana, Caracol, RCN y el Tiempo.
La noticia criminal más impactante de esta ola de violencia fue el atentado perpetrado por el frente Jaime Martínez del EMC el pasado 20 de septiembre de 2023, en el que murió una maestra de escuela, dos personas más y resultaron heridos varios agentes de Policía en el municipio de Timba (Cauca), contiguo al municipio de Jamundí en el Valle del Cauca; suceso que colmó la paciencia del presidente Gustavo Petro quien ordeno a las fuerzas militares copar el departamento del Cauca, en especial el cañón del Micay y el corregimiento del plateado, donde se han producido la mayor parte de las confrontaciones de los últimos días y que han cobrado la vida de civiles y militares.
Esta estrategia militar de parte de las FF.AA, es la manzana de la discordia que ha retrasado la instalación de la mesa de diálogo entre el gobierno nacional y las disidencias del EMC, para el gobierno lo pertinente es un cese al fuego gradual y territorial con este grupo armado, para las disidencias de Mordisco lo único que se acepta es un cese al fuego nacional y por espacio de diez (10) meses, allí está el punto de discusión y en la mitad están las operativos de copamiento que actualmente se desarrollan en el Cauca por parte del ejército y que de acuerdo con informes de inteligencia han causado varias bajas a los frentes del EMC que operan en esa zona.
Es decir, hay dos enfoques operacionales en disputa sobre los que se tendrá que definir una hoja de ruta que recupere la confianza entre las partes, hoy bastante maltrecha, de un lado deberá primar la madurez y la capacidad de mando de la comandancia de las EMC para diciplinar a su guerrillerada en el cumplimiento del cese de acciones ofensivas y el respeto a los derechos humanos y el DIH y por el otro exigirá del gobierno clarificar el cronograma y los pasos a seguir una vez se instale oficialmente esta mesa de negociación y se decrete el cese al fuego bilateral previsto para el próximo 16 de octubre.
El margen de maniobra se estrecha, la imagen presidencial requiere que este proceso de paz despegue tal como ya lo hizo el proceso con el ELN y que los resultados se vean reflejados en los territorios que sufren la violencia del conflicto, eso es lo que espera toda la sociedad civil defensora de la salida negociada del conflicto armado y la comunidad internacional que ha apostado a favor de la Paz Total del gobierno Petro.
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[1] La situación real de la “paz total”, Kyle Johnson Juanita Vélez, Razon Publica, octubre 02/2022
[2] Gobierno y Disidencia pedirán a ONU que Misión en Colombia verifique cese al fuego, Redaccion Colombia + 20, periódico el espectador, edición octubre 11/2023
[3] El presidente Gustavo Petro anuncio hoy el inicio de un cese al fuego bilateral desde el 01 de enero de 2023 hasta el 30 de junio de 2023 con cinco organizaciones armadas (…). Pagina de la presidencia de la republica
Julio Arenas, Observatorio del conflicto, corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: El País
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