El Programa Somos Defensores, a través del Sistema de información sobre agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia, presentó el informe “La espera”, correspondiente al periodo de enero a junio de 2023. El resultado es preocupante, aunque el nombre del informe toma una palabra, cuyo origen latín, significa tener esperanza. “El estudio concluye que a pesar del nuevo enfoque que implementó el Gobierno de Gustavo Petro para frenar la violencia contra esta población, en el primer semestre de este año persistieron los escenarios de riesgo y victimización”[1]. Los asesinatos disminuyeron un 14%., las agresiones aumentaron en un 6%, y la responsabilidad criminal del ELN también aumentó en 177%.
El texto de 118 páginas reconoce que pese a la esperanza que representa una nueva agenda de gobierno, distinta a las tradicionales que detentaron el poder durante dos siglos en Colombia, el primer año de gobernanza ha sido intenso y convulsionado. Por un lado, “continúan presentes y con mayor fuerza las dinámicas de violencia, lo que ha generado múltiples agresiones contra las personas defensoras y los liderazgos sociales, además de afectaciones a la población civil en general. El dolor que causa esta violencia persiste, no obstante, la política de Paz Total, la implementación de una nueva política de seguridad bajo el enfoque de seguridad humana, el reconocimiento del actual gobierno a la gravedad de la situación de DD.HH y el impulso de iniciativas orientadas a hacerle frente a ella en diálogo con las organizaciones de DD.HH, hacen que la espera se mueva entre la esperanza y el pesimismo”.
El informe semestral se compone de tres capítulos: El primero se titula Zona de espera, y aborda la respuesta estatal para enfrentar y poner punto final a múltiples violencias, a través de la propuesta de Paz Total y las iniciativas de cese al fuego con los distintos grupos armados. También rinde homenaje a las personas que el Estado colombiano no pudo proteger, pese a que algunas de ellas habían recibido amenazas y otras tenían medidas de protección, unas en etapa de reevaluación. Con la analogía de una estación de tren, pide en esta estación llamada Paz total, pisar con precaución.
El segundo capítulo Contrarreloj, conmemora los 25 años de la Declaración de las Naciones sobre personas defensoras de DD. HH (cuyo nombre oficial es la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos) y reconoce la labor de defensa de los derechos humanos y de exigibilidad para los Estados, impactando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además incorpora algunas consideraciones sobre la evolución en Colombia en materia de protección y seguridad para las defensoras de derechos humanos y lideres sociales.
El tercer capítulo, llamado Sin tiempo, presenta los resultados del Sistema de Información del Programa durante este primer semestre de 2023, registrando un incremento del 6% en el total de agresiones. “Aunque se haya presentado una disminución del 14% en el número de asesinatos, los 85 asesinatos, [ocurridos durante el tiempo de estudio] ponen de manifiesto una realidad aterradora”. También se advierte sobre un aumento del 50% de los asesinatos contra personas defensoras y lideresas, y contabiliza 52 atentados. “El capítulo incorpora también un cruce de información con lo señalado en las recientes Alerta Tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre personas defensoras y sobre riesgos en el contexto electoral, identificando los municipios que concentraron un mayor número de asesinatos”.
Las víctimas eran activistas sociales, defensores de los derechos humanos y constructores de paz en sus territorios; algunas de ellas eran militantes del partido Comunes, de la Colombia Humana y del Pacto Histórico, integrantes de la Guardia Indígena, miembros de Juntas de Acción Comunal veredales, de Asociaciones de Víctimas, de resguardos indígenas, de organizaciones por los derechos de la población trans, representantes del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, de la Guardia Campesina, de procesos sociales de mujeres, activistas de mesas de diálogo juveniles, de la Defensoría del Pueblo, del Consejo Comunitario Campesino, de la Asociación de Mineros Artesanales, Consejos de negritudes. del Comité de Tierras, líderes comunitarios y gestores culturales, etc.
Según el informe, los responsables de los asesinatos son grupos desconocidos, grupos post acuerdo de paz (como la estructura Dagoberto Ramos), alianzas criminales, paramilitares (Autodefensas Gaitanitas de Colombia), ELN, grupo de la frontera y autores individuales. Estos crímenes se registran en casi todo el territorio nacional, predominando los departamentos de Nariño, Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Arauca, Sucre, Magdalena, Putumayo, Caquetá, Santander, Risaralda, Bolívar, Cesar, Atlántico, La Guajira, Chocó, Córdoba, Boyacá, Quindío y Bogotá.
En riesgo la paz total
La llegada al poder de una agenda comprometida con el deber de erradicar la violencia endémica que ha definido la historia del país e impulsar mesas de diálogo con los distintos actores para encontrar una salida política, posicionó el tema en la opinión pública, y planteó con seriedad la posibilidad de vencer el largo y multipolar conflicto y sus causas. Sin embargo, esta búsqueda de paz no ha estado exenta de controversias, retrocesos y dificultades que cuestionan seriamente el desarrollo de los diferentes procesos en curso, en tanto nos sitúa, una vez más, ante una lógica belicista que busca ganar para someter al “enemigo”, y no reconoce el momento histórico de cerrar un ciclo desgastado, anacrónico y costoso, que además es incapaz de responder a los enormes desafíos humanos, sociales, políticos y planetarios que orientan la agenda internacional.
Poner fin a las confrontaciones violentas, tomando las experiencias del pasado, las exitosas y las fracasadas, reconocer el hastío generalizado de la guerra y el deber de proponer una nueva narrativa para que el artículo 22 de la carta política sea más que retórica, exige ir más allá en la acción estatal, en el respaldo de la comunidad internacional, en la participación ciudadana y en el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Ya no es posible, por ejemplo, plantear una amnistía, entendida desde el verbo griego me mnesikakein como “no recordar lo peor”, o en su forma latina (oblivio) para “dejarse habitar por el olvido”. Lo que el país espera de estos procesos es que la verdad salga a la luz y la memoria del horror perdure para que lo que nos habite no sea la indiferencia y el “no recuerdo”, sino el repudio hacia aquellos actos que laceran nuestra conciencia y jamás pueden volver a repetirse. La búsqueda de justicia y la lucha contra la impunidad en graves violaciones a los derechos humanos no pueden ser carta de negociación en procesos de paz. Junto a la verdad y la justicia, es imperativo garantizar una reparación integral que reconozca tanto el daño moral, social y material, individual y colectivo, como el deber de recordar lo que no debemos ni podemos olvidar como nación. La paz debe tener cimientos sólidos.
En noviembre de 2022, la aprobación de la Ley 2272 sobre Paz Total generó enormes expectativas porque se exploraba la posibilidad de lograr “acercamientos con grupos como el ELN, el Estado Mayor Central de las Farc -EMC-, las bandas criminales de Medellín, Los Shottas y Los Espartanos en Buenaventura, la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- y Los Pachenca. Se presentaba entonces una oportunidad nunca vista de comenzar a trazar simultáneamente el camino de la paz con grupos que se han fortalecido y que actualmente generan complejas dinámicas de violencia para comunidades, personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, tanto en zonas rurales como urbanas”[2].
El auge de la esperanza trajo consigo gran cantidad de interrogantes sobre la pertinencia, viabilidad y capacidad real del gobierno para adelantar diferentes procesos de manera simultánea con grupos que en la actualidad tienen sólida capacidad militar, control económico y territorial en diferentes zonas, influencia social y cuantiosos recursos, “ubicándose en buena medida en una posición ventajosa para entrar a una posible negociación. Así lo han demostrado diferentes grupos armados a pesar de haber manifestado voluntad de iniciar acercamientos o de estar en medio de un proceso formal, como es el caso del Ejército de Liberación Nacional -ELN-.
Esta situación quedó en evidencia en el paro minero en el Bajo Cauca, que inició el 2 de marzo de este año y se extendió durante poco más de un mes. Aunque varios sectores protestaron de manera autónoma, también se conoció que este contexto fue instrumentalizado por las AGC [Autodefensas Gaitanistas de Colombia], grupo [paramilitar]que forzó a algunas personas a salir a las calles para manifestarse y presionar que se pararan las acciones del gobierno contra la minería ilegal en la subregión, la cual le genera rentas a este grupo armado”[3]. El Paro afectó la movilidad de un millón de personas en promedio, a través de bloqueos violentos, ataques a la misión médica y a miembros de la policía, amenazas y ocasionó daños a bienes particulares y públicos.
Como respuesta a estos hechos, el Gobierno Nacional oficializó -a través del decreto 0380 del 19 de marzo de 2023- el fin del cese al fuego con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia —Clan del Golfo—. “Dicho documento se firmó el mismo día que el presidente Gustavo Petro anunció el rompimiento de la pausa de hostilidades con la estructura criminal centrada en el narcotráfico”[4].
Hablar de paz y mantener la guerra y las acciones violentas y retadoras parece ser la consigna. Algo similar viene sucediendo con el ELN. Se avanzan tres pasos y se retroceden dos. El desgaste de la esperanza parece no perturbarlos, pues sigue imperando la idea de que es posible y provechoso negociar la paz enseñando fortaleza militar (que se traduce en crímenes, asedio a la población y agresiones) en lugar de brindar gestos de paz. Las acciones bélicas siguen siendo una constante. “Según un informe de seguimiento a las acciones armadas de la Dirección Nacional de Inteligencia al cual tuvo acceso la revista Cambio, entre el 1 de enero y el 10 de mayo esta guerrilla realizó 137 acciones armadas entre las que se encuentran incursiones, combates, ataques a la fuerza pública y a la población civil, y ataques a la infraestructura petrolera. […] Según el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto -Cerac-5, entre enero y junio del 2023 se registraron 84 acciones bélicas y 42 combates. Con esto, desde diferentes sectores se demuestra la persistencia de la violencia ejercida por este grupo armado que pone en un alto riesgo a las comunidades que se encuentran en los territorios en los cuales el ELN ejerce o disputa el poder. Si bien es común que en medio de los procesos de paz los grupos armados que están negociando o pretenden hacerlo fortalezcan sus capacidades militares para sentarse en una mesa de diálogos desde una posición ventajosa, han sido muchos los cuestionamientos al ELN al ser estos hechos violentos contrarios a la voluntad de paz. A pesar de esto, se mantiene la esperanza de que después de décadas de intentos fallidos por negociar la paz con este grupo armado en esta oportunidad finalmente se pueda concretar”[5]. No es fácil pero tampoco imposible avanzar hacia buen puerto, si se logra dar sentido de realidad a la publicitada voluntad de paz, se marginan los saboteadores y se garantiza que la implementación del Acuerdo de 2016 sea conforme a lo firmado, se brinden medidas de seguridad a los excombatientes y sus asesinatos no queden en la impunidad. Garantías y hechos de paz es la vía.
El informe analiza el proceso de acercamiento con las disidencias de las FARC o el llamado grupo postacuerdo de paz, Estado Mayor Central -EMC-, bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, cuya mesa de diálogo se instaló con decreto de cese al fuego el pasado 16 de octubre en Tibú, Santander, con suspensión de acciones ofensivas, luego de varios dilemas, desacuerdos y tensiones entre las partes. No obstante, “los ceses al fuego exigen unas reglas claras para las partes respecto del comportamiento exigido y la delimitación geográfica del mismos, entre otros, que permitan proporcionar certezas para quienes los pactan y para la sociedad en su conjunto. […]Según el informe semestral de Indepaz con corte al 20 de junio, esta estructura armada sería responsable de 115 violaciones al cese al fuego bilateral, la mayoría atribuibles al Bloque Occidental y, más particularmente, a sus estructuras Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño” [6].
Frente a otros acercamientos con grupos criminales, se mencionan la dificultades que se derivan de la incertidumbre jurídica y poca claridad sobre los incentivos que harían posible avanzar en el sometimiento de estructuras como las bandas de Buenaventura y las de Medellín. “Esta es la ruta que se ha marcado para las AGC, grupo que demanda reconocimiento como actor político, de hecho, Ricardo Giraldo abogado de este grupo ha expresado de manera pública en diferentes medios de comunicación que “ese grupo armado no aceptará un sometimiento a la justicia, sino que esperan una negociación política”[7]
¿Es posible mantener varias mesas de diálogo, con diferentes dinámicas, exigencias, niveles de desarrollo, y a la vez garantizar seguridad en los territorios, desmantelar el aparato de crimen y corrupción que permite el accionar de estos grupos con diferentes complicidades al interior de los organismos del Estado y con la aquiescencia de diferentes autoridades locales? La paz total es una apuesta tan ambiciosa como compleja y necesaria, que requiere una base sólida de blindaje jurídico, sociedad civil y legitimidad política. La propuesta parte de la premisa de que mientras impere el crimen organizado, la violencia en las regiones, los factores detonantes y existan actores armados en confrontación, no será posible hablar de paz en Colombia. La paz a media no es paz.
El pasado 19 de octubre, el diario El Espectador publicó una nota especial de Paz, en la que informaba que de acuerdo con Somos Defensores, en 2022 el 71 % de los asesinatos de defensoras de la tierra, el medio ambiente y el territorio se concentraron en los departamentos del Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo, y exaltó la lucha de las mujeres de la Amazonía por defender su territorio, enfrentado la guerra, el narcotráfico y la minería. Un ejemplo de resistencia en la adversidad.
“En estos lugares hay presencia del Clan del Golfo, ELN y disidencias de la extinta guerrilla de las FARC; como también de bandas criminales y cárteles del narcotráfico como el de ‘Sinaloa’. Sumado a ello, entre el 1 de enero de 2022 al 7 de marzo de 2023, el Observatorio para la Defensa de la Vida documentó 20 asesinatos contra lideresas y defensoras de derechos humanos. […] Las violencias contra las lideresas y defensoras de derechos humanos han aumentado en los últimos años”. Poner punto final a la guerra y la violencia que arrebata proyectos de vida es un imperativo; pero no basta la voluntad del gobierno ni su brazo extendido, ni la palabra de los armados ni el entusiasmo de una parte de la sociedad.
La paz no necesita más hechos de guerra. Necesita actos de paz. Paradójicamente, quienes hoy hablan de paz son los máximos perpetradores de diferentes formas de violencia. “En cuanto a los presuntos responsables de las agresiones en contra de las mujeres, si bien el principal autor corresponde a desconocidos, se encontró que los grupos paramilitares, específicamente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), habrían cometido 31 agresiones, principalmente contra defensoras y líderes ambientales (11 casos) en el departamento de Santander. Los grupos postacuerdo de paz cometieron 14 agresiones, todas ocurridas en departamentos del suroccidente (Valle del Cauca, Cauca y Nariño), 13 de ellos con autoría de la Segunda Marquetalia y del Frente Oliver Sinisterra que hace parte de la misma estructura y un hecho por el Frente Carlos Patiño.
Sin embargo, pese a todas “estas situaciones que se han presentado durante este semestre, la sociedad colombiana sigue a la expectativa sobre cuál será el camino de las paces, y su destino. Las comunidades, organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos siguen a la espera de que los acuerdos con los grupos se concreten para tener por fin un alivio frente a la crítica situación humanitaria a la que hacen frente todos los días”[8].
Reconocer la labor y valor de los defensores de derechos humanos y de los lidereados sociales, de las organizaciones de la sociedad civil, de los colectivos que desafían el dolor, el miedo y la violencia, en especial en las zonas de mayor complejidad, así como acompañar esfuerzos de justicia y verdad de la sociedad civil, como el Tribunal Permanente de los Pueblos, entre otros, y darle un real significado a la paz, asignando a la verdad factual y moral, un capítulo prioritario en los procesos de diálogo y negociación, es fundamental para romper la polarización sobre el pasado, construir consensos, reparar los territorios y sus comunidades (con presencia estatal e inversión) y facilitar un diálogo eficaz que empiece desde la palabra misma a construir una paz real, donde todos podamos ejercer una ciudadanía activa, propositiva y deliberante.
“No hay camino hacia la paz; la paz es el camino”
Mahatma Ghandi (1869- 1948)
Ver informe completo en: https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2023/10/informe-LA-ESPERA.pdf
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[1] El Espectador; “En plena negociación de paz, agresiones del ELN a defensores de DD.HH. suben 177%”. Colombia +20. Bogotá, 19 de octubre de 2023. Ver en: https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/gobierno-petro-siguen-los-asesinatos-de-lideres-sociales-informe-somos-defensores-eln/?utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_content=boton_facebook_share_notas&fbclid=IwAR0d6_s6F8TT-RLRrSm7Qj6Yq6LLQ2cfdmfMfHFJ_jeh87iIKIeSO4LkGk4
[2] Informe, pág 64.
[3] Coeuropa; “Grave situación de derechos humanos en el contexto de protesta en el Bajo Cauca”. 12 de marzo de 2023. Ver en: https://coeuropa.org.co/grave-situacion-de-derechos-humanos-en-el-contexto-de-protesta-en-el-bajo-cauca/
[4] Infobae; “Gobierno nacional ratificó el decreto con el cual se levanta el cese al fuego con el Clan del Golfo”. 21 de marzo de 2023. Ver en: https://www.infobae.com/colombia/2023/03/22/gobierno-nacional-ratifico-el-decreto-con-el-cual-se-levanta-el-cese-al-fuego-con-el-clan-del-golfo/
[5] Informe, pág. 65.
[6] Informe, pág. 71.
[7] El Espectador. Habla abogado de Clan del Golfo: “Agc no van a aceptar sometimiento a la justicia”. Bogotá, 21 de marzo de 2023. Ver en: Disponible en: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/
paz-total-de-petro-abogado-del-clan-delgolfo-habla-sobre-cese-y-sometimientoa-la-justicia-de-agc/
[8] Informe, pág. 73.
Maureén Maya
Foto tomada de: expreso.ec
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