Aunque el nuevo gobierno de Gustavo Petro incorpora un cambio radical en la voluntad política para conjurar esta situación (si se compara con el de sus predecesores) y adelanta acciones decididas para ello, también presenta claroscuros en esta materia. Resulta preocupante que las agresiones, además de continuar, se han incrementado.
Para el período comprendido entre enero y junio de 2023 el Programa Somos Defensores registró un total de 466 agresiones[1], mientras que para el mismo período en 2022 fueron registradas 439. Aunque el número de asesinatos disminuyó levemente (85 asesinatos registrados entre enero y junio de 2023 y 99 para el mismo período en 2022)[2], este crimen continúa presentando niveles alarmantes; además, aumentó de manera significativa el número de casos registrados de atentados contra la vida (52 entre enero y junio de 2023 frente a 27 para el mismo período en 2022, un aumento de casi el 100%).
Los asesinatos continúan, según la Defensoría del Pueblo, evidenciando “…una ocurrencia sostenida, así como un crecimiento paulatino”[3]. Aunque no ha reportado un registro año a año de manera continua, la entidad registró 134 asesinatos en 2016[4], 126 asesinatos en 2017[5], 182 asesinatos en 2020, 145 asesinatos en 2021 y 215 asesinatos en 2022; en su última Alerta Temprana al respecto, reporta un total de 593 asesinatos perpetrados entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022[6].
A pesar de que las distintas organizaciones sociales, los organismos internacionales y los entes estatales manejan un número diferente de registros de asesinatos, todos coinciden en que a partir de 2018 se presenta una tendencia creciente frente al número de asesinatos de personas que ejercen el liderazgo social o defienden los derechos humanos. La tendencia registrada por tres fuentes diferentes se puede observar en la siguiente gráfica* que compara las tendencias por año entre el Programa Somos Defensores, la Defensoría del Pueblo e informes de casos verificados[7] de Naciones Unidas[8]:
Fuentes: Informes de Riesgo y Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, Informes Anuales del Programa Somos Defensores, Informes de ONU. Elaboración propia.
NR: No Registra.
En los casos registrados por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz INDEPAZ el número es incluso mayor y calcula que el número de líderes y lideresas sociales asesinadas entre la firma del Acuerdo de Paz y noviembre 12 de 2023 son 1.556 (142 de estas personas fueron asesinadas desde enero de 2023)[9]. Por su parte, la ONU ha verificado el asesinato de 54 personas defensoras de derechos humanos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2023[10].
Cada año las principales víctimas de los asesinatos (pero no las únicas) son líderes indígenas, líderes comunales, campesinos y afrodescendientes que sobreviven en áreas rurales de los mismos municipios (algunos años el número de municipios aumenta) en los mismos departamentos: Cauca, Antioquia, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca, Chocó, Norte de Santander, Arauca, Caquetá, Bolívar, Huila, Meta, cesar, La Guajira y Córdoba (esto se puede consultar en los informes que se mencionan en las notas finales). Es decir, existen regiones históricamente afectadas por la violencia y el terror de manera ininterrumpida y constante, pero al final en todos los departamentos del país se han registrado asesinatos de personas que defienden derechos humanos.
En la mayoría de los casos se desconoce a los perpetradores, según los registros expuestos por las plataformas de derechos humanos en el Examen Periódico Universal (EPU), Para el período 2017 a 2022:
“En el 63,34% de los hechos se desconoce el presunto autor (831 casos) y en el 10,98% se sabe que el presunto autor fue un grupo armado, pero se desconoce su identidad (144 casos). Donde se conoce al presunto autor, la mayoría de los casos presuntamente los perpetraron grupos paramilitares con 8,77% (115 casos), le siguen Disidencias FARC-EP con 6,33% (83 casos) y Agentes del Estado con 3,81% (50 casos). Un número reducido de casos fueron cometidos presuntamente por: ELN, EPL, civiles, Seguridad Privada y en medio de enfrentamientos donde no se sabe con exactitud qué actor armado perpetró el hecho”[11].
El desconocimiento de quién es el perpetrador asegura la impunidad frente al crimen y esta aumenta cuando funcionarios del Estado tienen alianzas y complicidades con los perpetradores, ya sea que pertenezcan a grupos armados ilegales, legales o al crimen organizado. La confusión aumenta por la recomposición de los grupos armados y sus objetivos que los llevan a configurar nuevas alianzas; en este momento sus objetivos ya no se orientan hacia la toma del poder nacional sino hacia la búsqueda del control de rentas y el control político y territorial a nivel regional o local. Grupos armados legales e ilegales, que antes eran enemigos, hacen alianzas inestables y cambiantes movidos por la captura de rentas y territorios. Esta dinámica fue mencionada por el presidente Gustavo Petro durante su discurso en el Primer Congreso de Seguridad Humana e Inteligencia al afirmar:
“En esta fase el capitán del Ejército se alía con el que creían que era el comunista, jefe de la Marquetalia II de la zona, y el capitán de la Policía se alía ya con el de la Estado Mayor Central (EMC), y el de aquí con este, y la EMC con las Autodefensas del Golfo para acabar con el ELN”[12].
El aberrante nivel de impunidad frente a la comisión de estos crímenes (Según el Programa Somos Defensores, la impunidad de los casos de asesinatos, desde el 2002 hasta 2022, llega al 94.8%) sigue siendo denunciado en los informes de la sociedad civil, los organismos internacionales y del Estado colombiano. Los son crímenes advertidos y analizados de manera continuada por instituciones del Estado, organismos internacionales y organizaciones especializadas de la sociedad civil que hacen recomendaciones al Estado sin que sean atendidas, bien sea por falta de voluntad política o por falta de capacidad.
Esta grave situación se presenta desde hace décadas y no es factible reversarla en sólo un año de gobierno, posiblemente no se logre solucionar del todo en los tres años que le faltan para terminar el período presidencial. Sus causas son múltiples y complejas, así como sus soluciones.
El gobierno del cambio tiene la voluntad política para proteger a quienes defienden derechos humanos y ejercen el liderazgo social, para garantizar sus derechos humanos y para que puedan ejercer su labor en entornos seguros. Pero la voluntad política, aunque es un factor necesario, no es suficiente sino que esta debe traducirse en políticas, programas y proyectos para lograr su objetivo.
El gobierno debe tener en cuenta las propuestas de las organizaciones sociales, incluyendo tanto a las plataformas de derechos humanos como a las demás organizaciones que no hacen parte de ellas, para elaborar e implementar las políticas encaminadas a la solución definitiva de esta crisis.
Es necesario cambiar el enfoque de una protección orientada esencialmente hacia lo individual complementándola con la protección colectiva de comunidades y organizaciones afectadas o en riesgo. Además, es ineludible modificar el enfoque orientado principalmente hacia la protección y complementarlo con un enfoque preventivo, es decir, que ataque las causas estructurales que posibilitan la comisión de los crímenes. Esto se debe llevar a cabo mediante una respuesta institucional articulada y coordinada, con presupuestos para su funcionamiento e instancias de articulación interinstitucional que respondan de manera oportuna y eficaz, que articulen también a la nación con los territorios, que permitan la participación activa de la sociedad civil e involucren a funcionarios capacitados, motivados y con poder de decisión. Esto debe complementarse con estrategias de reconocimiento a la labor de la defensa de derechos humanos, de fortalecimiento, adecuación y aplicación del marco normativo, capacitando a sus funcionarios y fortaleciendo a las organizaciones sociales y su labor. El gobierno debe del mismo modo construir e implementar una estrategia para la no repetición y sobre todo luchar contra la impunidad frente a los crímenes cometidos contra este grupo poblacional.
Con respecto a la impunidad reinante en Colombia, el relevo del desprestigiado Fiscal General de la Nación puede llevar a un cambio en la tendencia actual y que redunde en una disminución en los altísimos niveles ya descritos mediante el esclarecimiento de los crímenes y sus patrones, pero sobre todo mediante la judicialización de sus autores materiales e intelectuales así como de sus cómplices. Los autores intelectuales han sido históricamente quienes más se han beneficiado de la impunidad reinante ya que muchos de ellos hacen parte de una poderosa lumpenburguesía conformada por empresarios, industriales, banqueros, ganaderos, terratenientes, narcotraficantes, altos funcionarios estatales y políticos, entre otros personajes prestantes, que hacen parte de élites económicas y políticas criminales protegidas por la corruptela estatal. Los criminales pueden detentar varias condiciones a la vez, por ejemplo ser embajador y narcotraficante, o senador y paramilitar, o general y traficante de armas, o banquero y lavador de dinero, etc.
El gobierno de Gustavo Petro lleva a cabo acciones que buscan tener efectos a corto, mediano y largo plazo, encaminadas a la solución o mitigación de la problemática. Entre otras, ha nombrado a defensoras y defensores de derechos humanos en cargos de poder en la rama ejecutiva, está depurando a las fuerzas armadas y de policía expulsando y judicializando a miembros corruptos, intenta ejercer control territorial desplegando a la institucionalidad armada y civil en las regiones más convulsionadas y lleva a cabo diálogos de paz y ceses al fuego con grupos armados ilegales buscando su desmovilización. Así mismo intenta brindar alternativas a las y los jóvenes vulnerables socioeconómicamente para que, en lugar de ingresar a los grupos armados ilegales, puedan acceder a la educación superior: se encuentra implementando el programa “Jóvenes en paz”, que brinda recursos a jóvenes que son miembros de bandas criminales para que accedan a educación superior; ha firmado el Decreto 1907 de 2023, que posibilita el acceso de forma gratuita tanto a programas de pregrado en las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y promulgó la Ley 2307 de 2023 “Por la cual se establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas del país”; aunque la sola gratuidad no es suficiente si esta no se acompaña por lo menos con el otorgamiento de alojamiento y alimentación para quienes se beneficien de estos programas.
Además, está entregando tierras a población vulnerable y bienes incautados al narcotráfico por la Sociedad de Activos Especiales SAE para que las víctimas del conflicto armado, firmantes de los acuerdos de paz y organizaciones sociales lleven a cabo proyectos productivos.
Igualmente intenta fortalecer la protección colectiva implementando el Decreto 660 de 2018 en los territorios más violentos y está reactivando las Mesas Territoriales de Garantías en departamentos como Antioquia, Arauca, Córdoba, Nariño, Valle del Cauca, Atlántico, entre otros.
Estas son sólo algunas de las iniciativas que lleva a cabo el gobierno del cambio y que ha logrado poner en marcha a tan sólo un año y tres meses de posesionarse. Sin embargo, no todo es color de rosa en el actuar gubernamental; una de las actuaciones que las organizaciones de derechos humanos le critican es que en la primera sesión de la Mesa Nacional de Garantías, el 28 de septiembre de este año, las plataformas de derechos humanos y vocerías regionales del proceso nacional de garantías suspendieron su participación motivadas por la ausencia de autoridades de alto nivel responsables de liderar las respuestas institucionales a la crisis humanitaria que afecta a las personas que defienden derechos humanos o ejercen un liderazgo social. La primera sesión de esta Mesa Nacional de Garantías fue suspendida por este motivo y las organizaciones, para dar inicio a la primera sesión exigen en ella la presencia de los Ministros del Interior, Defensa, Justicia, de la Igualdad, y de las TIC, del Alto Comisionado para la Paz, del Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la Nación y la Procuradora General de Nación.
Otra inconformidad frente a la actuación del gobierno se refiere a la labor de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encargada de:
“… el diseño y el seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los Acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”[13].
Las organizaciones sociales aseguran que el gobierno tiene una visión limitada del papel y el mandato de esta comisión, se ha demorado en la puesta en funcionamiento de las instancias derivadas del Acuerdo Final de Paz, ha debilitado a la Unidad de Implementación del Acuerdo y no responde oportunamente ante el contexto de violencia en las regiones.
Por otra parte, a pesar de la adopción del Plan de emergencia para la protección a personas líderes sociales, defensoras de derechos humanos y firmantes de paz y de la instalación de los Puestos de Mando Unificado por la Vida (PMUV) en las regiones más afectadas por el conflicto armado, la situación de seguridad para quienes defienden los derechos humanos no mejora y no existen informes ni retroalimentación de su funcionamiento.
No es fácil el camino emprendido por el gobierno ni son inmediatas las soluciones a la problemática expuesta. El traducir la voluntad política en acciones representa miles de dificultades, más aún cuando sectores tan poderosos de la sociedad, que se han enriquecido las rentas provenientes del crimen, de una inmensa corrupción (que pareciera hacer parte del ADN de las élites oligárquicas colombianas, pero también de gran parte de los colombianos) y con la crisis humanitaria que posibilita esta corrupción y el despojo del territorio, hacen uso de todo el arsenal legal e ilegal del que disponen para impedir que los cambios necesarios se lleven a cabo. Ardua tarea es la que le queda al gobierno por delante y para llevarla a cabo con éxito es necesario que toda la ciudadanía rodee al presidente y respalde sus reformas mediante la movilización, la pedagogía y las veedurías sociales sumadas al voto en las elecciones nacionales y locales; pero es igualmente necesario que el gobierno escuche a la sociedad. Es conveniente además que el gobierno implemente una estrategia comunicativa eficaz y de apoyo a los medios de comunicación alternativos y comunitarios para hacer contrapeso a la estrategia nacional de desinformación y de producción constante y sostenida de noticias falsas que llevan a cabo algunos medios masivos de comunicación que pertenecen precisamente a esa oligarquía que se alimenta de la crisis, del crimen y la corrupción.
Fuentes consultadas:
* En los Informes de Riesgo y las Alertas Tempranas publicados por la Defensoría del Pueblo el registro comienza en 2016, pero no se encontró publicada la información entre enero de 2018 y septiembre de 2019. Para el año 2019 los registros disponibles van de septiembre a diciembre, por eso el bajo número reportado.
[1] El Programa Somos Defensores registra como agresiones las siguientes: Amenazas, asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias, judicializaciones, desapariciones forzadas, robos de información, agresiones sexuales, desplazamientos forzados, secuestro, y tortura.
[2] Programa Somos Defensores. La Espera. Informe Semestral enero – junio 2023. Bogotá. 2023. Los informes se pueden consultar en: https://somosdefensores.org/informes-anuales/
[3] Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana 019 de 2023. Bogotá. 2023.
[4] Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo 010-17. Bogotá. 2017.
[5] Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana 026 de 2018. Bogotá. 2018.
[6] Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana 019 de 2023. Bogotá. 2023.
[7] Según la ONU: “La Oficina considera como casos verificados aquellos donde se cumplen los siguientes dos criterios: ➢ El carácter de defensor o defensora de la persona de acuerdo con la definición de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos ➢ Que una de las hipótesis de su homicidio esté vinculada a su actividad como defensor o defensora”. ONU. 2022. Disponible en: https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2022/03/12-31-2022-Homicidios-de-personas-defensoras-de-DDHH.pdf
[8] ONU. Cifras de homicidios de defensoras y defensores. Disponible en: https://www.hchr.org.co/micrositios/homicidios-de-defensoras-y-defensores/
[9] Instituto de estudios para el desarrollo y la paz INDEPAZ. Bogotá. Noviembre de 2023. Consultado en: https://twitter.com/Indepaz/status/1724081985897832551
[10] ONU. Cifras de homicidios de defensoras y defensores entre enero 1 y septiembre 20 de 2023. Disponible en: https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2022/03/09-30-2023-Homicidios-de-personas-defensoras-de-DDHH.pdf
[11] Plataformas de Derechos Humanos y OSC. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos et al, 2023. Situación de Derechos Humanos y Derecho Humanitario en Colombia. Informe de la sociedad civil para el Examen Periódico Universal. 2023.
[12] Presidente Gustavo Petro. Discurso de cierre en el Primer Congreso de Seguridad Humana e Inteligencia. Bogotá 2023.
[13] Decreto 154 de 2017. Artículo 1.
Camilo Bonilla
Foto tomada de: El Espectador
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