Los servicios ecosistémicos y culturales de los bosques
Una forma de entender y “valorar” nuestros bosques se encuentra en los servicios ecosistémicos que estos pueden brindar. De acuerdo con la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques (EICDGB): Bosques Territorios de Vida (2018)[1], los servicios ecosistémicos de los bosques pueden clasificarse en servicios de aprovisionamiento, regulación, soporte y culturales, y pueden ser hasta más de veinte, que abarcan desde la conservación de la biodiversidad hasta la regulación del clima. Y, así como hay numerosos servicios ecosistémicos que pueden prestar los bosques, hay una gran diversidad de actores que interactúan con los mismos; cada uno con su propia visión sobre el uso, manejo y conservación que se pueden dar de los bosques.
Esta riqueza natural y cultural del país (con potencial de ser aprovechada mas no explotada) debería ser funcional para el desarrollo sostenible de actividades económicas, bien sean productivas, de manejo forestal sostenible, o basadas en la naturaleza como el ecoturismo, entre otras. Al mismo tiempo, estos bienes y servicios ecosistémicos y culturales pueden contribuir a las metas de conservación, y restauración, a la generación de bienestar social y fortalecimiento del gobierno propio, que redunde en más y mejores medios de vida de las comunidades y una mayor seguridad alimentaria. Para lograr esto, es necesario reconocer que existen diferentes tipos de bosques, que varían según sus características ecosistémicas, lo que hace que requieran abordajes diferenciados como puede ser la conservación estricta, los usos productivos sostenibles, la protección cultural, entre otros.
Las comunidades étnicas y campesinas y su papel en la conservación ambiental
En línea con esto, el país ha establecido figuras diferentes, a veces superpuestas, de manejo y conservación forestal, entre las que destacan las Zonas de Reserva Forestal (ZFR) de la Ley 2 de 1959, el Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), los territorios étnicos y las zonas de reserva campesina, cada una con un nivel diferente de protección y manejo, diversidad de contextos socioeconómicos y causas que derivan en la transformación de coberturas naturales. Estas figuras de conservación y protección que limitan el uso del suelo muestran una mayor efectividad para conservar los bosques, según el documento CONPES 4021 de 2020, en el siguiente orden: los resguardos indígenas, seguidos por las Áreas Protegidas del SINAP, los Consejos Comunitarios y en menor medida las Zonas de Reserva Campesina (ZRC).
Esto concuerda con el reconocimiento a nivel internacional que hacen diversos tratados internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica (CBD) y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Allí se reconoce el papel de los pueblos indígenas y las comunidades que habitan los bosques para su conservación, por medio del uso sostenible de la biodiversidad y la contribución que tienen sus conocimientos y prácticas ancestrales de manejo del territorio para la mitigación y adaptación al cambio climático.
En Colombia, los pueblos indígenas, afrodescendientes y, más recientemente, los campesinos gozan de especial protección constitucional y de regímenes jurídicos que procuran la protección y realización efectiva de sus derechos. Son sujetos de garantía y protección, derechos como la supervivencia, la integridad cultural, el derecho fundamental a la consulta previa, el derecho a la titulación de la tierra y a la protección e integridad de su territorio (no limitado a las áreas tituladas). Gracias a este reconocimiento y garantía de derechos los pueblos indígenas en Colombia son propietarios de 31,2 millones de hectáreas de las cuales cerca de 27,5 millones de hectáreas son bosques naturales. Por su parte, las comunidades afrodescendientes cuentan con 5,1 millones de hectáreas que se encuentran bajo titulación colectiva de las cuales 4,46 millones de hectáreas son bosques naturales, según los datos de la EICDGB.
Esta proporción de coexistencia de bosques naturales en el 80 % de los territorios colectivos de comunidades indígenas y afrodescendientes, explica por qué deben incluirse los múltiples valores culturales y sistemas tradicionales de manejo de las comunidades étnicas en las estrategias de gestión y conservación de la biodiversidad. Más aún, esto denota la importancia de que estos territorios sean gestionados por las mismas comunidades. Por lo tanto, las acciones orientadas a la reducción de la deforestación y degradación de los bosques enfrentan el reto de construir una visión compartida a partir de las diferencias. Una visión que reconozca el significado y valor de nuestros ecosistemas y su biodiversidad que, a su vez, conlleve a una apropiación conjunta de nuestro patrimonio natural, integrando las particularidades y reconociendo las diferencias.
Las amenazas sobre la gobernanza de las comunidades étnicas y campesinas imposibilitan la gestión efectiva de sus territorios
No obstante, a pesar de que diferentes acuerdos internacionales y políticas nacionales reconozcan los territorios de tenencia colectiva como los más efectivos en la conservación de los bosques y de la biodiversidad, el documento CONPES 4021 señala que durante el período 2000 – 2018, un sustancial 20 % de la deforestación total tuvo lugar en Resguardos Indígenas (13 %) y en Consejos Comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (7 %). Se identifica también que los procesos de pérdida de bosque al interior de territorios étnicos y áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad son causados por los motores de deforestación de Colombia, que ponen en riesgo tanto a la biodiversidad y servicios ecosistémicos, como a los grupos étnicos y campesinos que los habitan.
Algunos pasos para el fortalecimiento de la gobernanza de las comunidades y su gestión efectiva de los territorios se han dado con la constitución y ampliación de territorios de tenencia colectiva o la creación de ZRC y, más recientemente, con la expedición del Decreto 632 de 2018. Con el fin de fortalecer la gobernanza y autonomía de los pueblos indígenas, el gobierno nacional expidió dicho decreto para poner en funcionamiento los territorios indígenas ubicados al interior de los resguardos en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés. Este instrumento permite a las comunidades y pueblos indígenas decidir, bajo sus propios sistemas de planificación, administración y gobierno, sobre las competencias y el manejo de recursos para su organización fiscal, los mecanismos para el relacionamiento entre los gobiernos propios de los pueblos indígenas y su coordinación con las entidades territoriales.
Pero la delimitación de dichos territorios estará a cargo de la ANT, para lo que requiere insumos del IGAC. Así, el proceso de delimitación de estos territorios requerirá coordinación interinstitucional y tomará mucho tiempo ya que incluye recopilación de información, visitas a las áreas de las comunidades interesadas y estudios técnicos, que dejan de manifiesto la centralización de esta política territorial y genera dudas sobre el nivel de prioridad que tenga esta política dentro de las funciones de la ANT y el IGAC.
Así mismo, otro obstáculo en materia de territorios étnicos con tenencia colectiva es el hecho de que el marco normativo relacionado con su formalización está disperso y la aplicación diferenciada de normas según se trate de comunidades indígenas o negras genera confusiones e inequidades. Esto indica que existen desigualdades en derechos y posibilidades de acceso de la tierra para las comunidades negras con relación a los indígenas.
En conclusión, a pesar de existir diferentes antecedentes que reconocen el papel de las comunidades para la conservación ambiental a partir de su gestión sobre los territorios, el país no cuenta todavía con instrumentos y mecanismos claros para la protección de los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad que eviten su afectación y pérdida. Y la respuesta lenta del Estado es un factor de gran preocupación que se evidencia en hechos como la firma tardía del Acuerdo de Escazú o la poca regulación del mercado voluntario de carbono que ahora pone en riesgo los saberes ancestrales y medios de vida de las comunidades indígenas cuando hay proyectos REDD+ que limitan al 30 % el área de las chagras, argumentando que son una forma de deforestación[2]. Se requiere mayor celeridad por parte del gobierno actual.
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[1] Ver: https://www.undp.org/es/latin-america/publications/%E2%80%9Cbosques-territorios-de-vida%E2%80%9D-la-estrategia-integral-de-control-la-deforestaci%C3%B3n-y-gesti%C3%B3n-de-los-bosques
[2] Ver: https://www.lasillavacia.com/silla-academica/la-chagra-amazonica-ensena-como-producir-comida-sin-acabar-la-selva/
Andrés Santana Bonilla
Foto tomada de: FCDS
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