La rapacería sobre lo público

Se supone que quienes defienden el capitalismo, muera quien muera, profesan fe ciega en “la mano invisible del mercado”, que enunciara Adam Smith, la oferta y la demanda como reguladores sagrados, tienen la libre competencia como artículo de fe, y la propiedad privada como objeto de adoración. Sólo son suposiciones, porque los defensores del sistema en Colombia resultan muy singulares como capitalistas.

Como la fe de los antioqueños, que es para mostrar, creen en la oferta y la demanda para el mercado laboral, donde procuran generar suficiente desempleo para tener mano de obra barata. También invocan principios liberales cuando algún gobierno busca aliviar las condiciones de pobreza de la población, entonces vociferan que el pueblo quiere todo regalado, que una vivienda otorgada por el establecimiento es indigna, mientras callan frente a las herencias, o que un subsidio al desempleo, a la educación, al transporte, a los alimentos, desvirtúa la función del Estado de no intervenir en la economía…pero, cuando en el ejercicio de la libre competencia resultan perdiendo dinero, o ganando menos, recurren al Estado para que les resarza lo que dejaron de ganar. Parece un chiste, pero se ve cada tanto a algún gremio pidiendo plata (del Estado) para poder subsistir.

A la usanza de ciertos técnicos de fútbol, se respeta el juego limpio mientras se esté ganando el partido, porque cuando resultan pérdidas, como obligatoriamente hay en el intercambio de libre competencia, donde la ganancia de unos es pérdida de otros, los capitalistas criollos que resultan perdiendo acuden al gobierno, administrador del Estado, para que les reponga sus caudales. Se ha vuelto paisaje la protesta de los cafeteros, arroceros, paperos, demandando del gobierno que se ocupe de sus pérdidas, porque de lo que eran sus ganancias se ocuparon ellos solitos. Hasta las aerolíneas piratas, tras estafar a clientes y trabajadores, llaman al sector público para que cubra sus deudas; los mismos contratistas de Hidroituango han pretendido que el costo de sus malas decisiones en ingeniería lo paguen los usuarios en la factura de energía. Todavía se recuerda que el gobierno rescató, con la plata de los contribuyentes, a una banca deshonesta, para preservarle el negocio. Años después, cuando se dio la crisis de la financiación de vivienda por el sistema UPAC, unos setecientos mil usuarios, trabajadores y empleados, perdieron sus viviendas, porque para rescatar ciudadanos no alcanza.

Y si se remontara río arriba en el tiempo, podría encontrarse que en Colombia las grandes fortunas tienen su origen en el Estado; a diferencia de los procesos de industrialización de Inglaterra, y Estados Unidos, que se dan por la transformación de materias primas, y la explotación laboral, los llamados “cacaos” colombianos lo son merced al tráfico de influencias, como apuntaba el presidente Alfonso López Michelsen.

Es una dimensión de la cooptación del Estado, el economista Luis Jorge Garay la llama la Cooptación Mafiosa del Estado, donde unos grupos de interés ponen el aparato estatal a su servicio, y como en la ecuación de pérdidas y ganancias, cuando estos intereses triunfan pierde la ciudadanía. La forma más visible es la del ejecutivo, cuyas decisiones llenan, legal o ilegalmente, los bolsillos de sus patrocinadores, legal o ilegalmente, con perjuicio para las mayorías empobrecidas.

Pero la cooptación estatal es menos evidente en las demás ramas del poder: Dada la proverbial corrupción del Congreso de la República, que ciertos legisladores obren como agentes de emporios económicos se ve normal, y el mismo cohecho es semi legal bajo el barniz del cabildeo; es más, la constante preocupación de ciertas bancadas políticas por rebajar el salario de los congresistas está dirigida a engatusar incautos, y a abaratar el costo de los sobornos. En la legislatura que corre se ven muchos congresistas defendiendo a grito herido los intereses de las Empresas Promotoras de Salud, EPS, que dejarían de manejar 81 billones de pesos sin control alguno, para lo cual están dispuestas a pagar cualquier cantidad en coimas, a robar, a matar, y a comer del muerto.

Todavía en Macondo las decisiones de las altas cortes tienen ropaje jurídico, y en la escenografía de togas, mazos, y palabrería, se agencian intereses de quienes se han apropiado del país, de los dueños del país, que tienen concesiones sobre las tres ramas del poder político. Alguna vez la sala laboral de la Corte suprema de Justicia declaró ilegal uno de los paros más justos, el de los pilotos de Avianca, en un favorecimiento descarado de los intereses del patrón, Efromovich, que recurrió hasta a chuzadas ilegales para derrotar al sindicato de aviadores.  Se vio que el Consejo de Estado en marzo de este 2023 impidió que el presidente Petro rebajara las tarifas de los servicios públicos, fruto de lo cual esas tarifas les han subido más de un 400% a los colombianos. Recientemente, la Corte Constitucional en un acto de prestidigitación jurídica tumbó un componente de la reforma tributaria, del año anterior, y en cambio les regala varios billones de pesos a los sacadores de petróleo, consentidos durante cien años por todos los gobiernos. Además, declara que las regalías que estos señores han pagado como han querido, cuando han querido, y cuanto han querido, son una forma de limosna.

Salmodia jurídica que produce menoscabo del interés general, y un desproporcionado enriquecimiento de los ya muy ricos. Hasta el presente, el gobierno del presidente Petro se ha mantenido en la senda de privilegiar el interés general sobre el particular, contra las andanzas de agentes del interés particular que, desde el Congreso, las cortes, y hasta los órganos de control atentan contra lo público.

Todas las formas de apropiación privada sobre lo público están en juego para detener el cambio: Piden plata los gremios, los camioneros amenazan paro; los operadores de las concesiones, con su sindicato de contrateros, la Cámara Colombiana de la Construcción, lloran porque los billones y billones que han recibido para mal tener las vías nacionales no les alcanzan, y quieren exprimir al extremo los peajes; los intermediarios del servicio de energía exigen les dejen subir sin límites las tarifas, trasladando a los hogares el costo de su ambición, hasta amenazan con un “apagón financiero”. Y los negociantes de las EPS, que llevan décadas aumentando sus capitales, que nunca han dado pérdida, aunque hayan dejado en la quiebra a hospitales e IPS, ahora declaran que es insostenible el negocio, a pesar de sus ganancias colosales.

Esa chilladera, esas amenazas, esas cooptaciones, y esa oposición hirsuta contra el Gobierno del Cambio presagia un paro empresarial como lo han hecho en Venezuela, como lo hicieron en Chile, y en Colombia contra el gobierno de Rojas Pinilla. Todo fruto de una concepción del Estado como una guaca, donde los capitalistas más improductivos del mundo se sienten autorizados, por tradición, para ejercer cualquier saqueo.

José Darío Castrillón Orozco

Foto tomada de: Blu Radio