El documento apoyado en los testimonios de los sobrevivientes centra el relato en la forma en que se dieron los hechos de violencia protagonizados principalmente por el bloque Catatumbo comandado por Salvatore Mancuso y una alianza criminal con las fuerzas militares que operan en la zona, como una forma de intimidación a la población civil en un territorio en esa época controlado por el ejército de liberación nacional ELN y las FARC.
El informe publicado en dos tomos, que suman casi 1200 páginas relata las operaciones del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia en una subregión del Catatumbo Colombiano, en él se detalla, con amplitud el comportamiento de las estructuras militares de la organización, Frente La Gabarra; Frente Tibú; Frente Móvil El Tarra; Frente Fronteras, e igualmente se señalan “…los diversos métodos de relacionamiento con algunos integrantes de la fuerza pública, por omisión, operaciones conjuntas, intercambios y un fuerte entramado de cooperación entre unos y otros;…”[1] en el periodo 1999 a 2004.
Igualmente, el informe dedica un capítulo para relatar las “acciones ejercidas por integrantes de la fuerza pública con las ejecuciones extrajudiciales, como por la continuidad de las guerrillas, de los grupos paramilitares de tercera generación y de la presencia de los carteles narcotraficantes mexicanos” [2]
Como decíamos el informe describe los patrones de violencia, violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al derecho internacional humanitario: Como la ocupación de bienes civiles, el confinamiento – desplazamiento y despojo de tierras, el reclutamiento ilegal, la violencia sexual, tortura en distintas modalidades, las armas usadas, y por supuesto, hace una descripción de cómo se desarrolla el fenómeno del uso de los hornos crematorios, como un mecanismo de intimidación, pero también de borrar toda evidencia de los crímenes cometidos y evitar futuras investigaciones.
Llama la atención que en el tomo segundo se dedica un capítulo completo, al comportamiento de las fuerzas militares tanto en la omisión de acciones para evitar el accionar criminal del bloque Catatumbo y sus estructuras armadas, sino también, se detallan las relaciones de convivencia con la policía, el ejército y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. En ese sentido se señala que “…el control social y territorial alcanzado por el bloque se debió en gran parte al desarrollo de alianza estratégicas con estamentos del Estado sobre todo con la fuerza pública y con personal que desempeña posiciones de mando y poder en distintas instituciones estatales”. Pag 103. Según el Iguano comandante paramilitar en testimonio presentaba en el tribunal superior de Bogotá en el año 2014 que “estos vínculos servían entre otras cosas para recibir listados que les entregaban miembros de la fuerza pública así como también para coordinar acciones militares con el ejército y la policía”.
Este accionar conjunto de estructuras paramilitares y fuerza pública causó un profundo impacto en el territorio dejando tras de sí, la huella del dolor, una larga lista de violaciones a los derechos humanos y profundas afectaciones en el entramado sociocultural, ambiental y organizativo del territorio.
En el informe también se señala cómo a pesar de la participación del bloque Catatumbo, en el proceso de desmovilización promovido durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, este acontecimiento no se tradujo en la disminución de los hechos de violencia contra los pobladores en el territorio. Debido a que como se ha señalado en múltiples ocasiones ese proceso de desmovilización no fue real, básicamente fue un ejercicio en el que se hizo creer a la opinión pública la existencia de un desarme pero que inmediatamente hecho el ejercicio los grupos fueron rearmados y el proyecto paramilitar desarrolló una reingeniería, más aún la propia fuerza pública continuó desarrollando unas prácticas criminales contra la población civil a punto como se señala en el informe de que se aumentaron de manera importante las ejecuciones extrajudiciales, cometidas por la brigada móvil número 15, y la estructura de la recién creada trigésima brigada del ejército, que en general con sus seis batallones señaladas de realizar prácticas de violaciones a los Derechos Humanos incluidos ejecuciones extrajudiciales.
Igualmente y posterior a la desmovilización como hemos señalado el bloque Catatumbo se transforma en agrupaciones más pequeñas y en muchas ocasiones con la actuación bajo la autodenominación de Águilas Negras, Rastrojos y Urabeños. Grupos, cuyo comportamiento criminal continuaron ejerciendo control del territorio desde el año 2004 y hasta el presente.
Es importante señalar que en la región continúan también operaciones el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el EPL, a través del grupo de los “Pelusos”, disidencias de las FARC, el clan del golfo y otras agrupaciones dedicadas al narcotráfico. Una particularidad de estos grupos criminales, es la disputa militar por el control del territorio, que los lleva a enfrentamientos armados, amenazas e intimidaciones a la población civil, siempre con una complacencia de la fuerza pública.
Finaliza el informe, con un importante reconocimiento a las acciones de resistencia y memoria desarrolladas por las comunidades y los liderazgos sociales del territorio que a pesar de la brutalidad con la que actuaron paramilitares militares y el desbordado accionar de grupos guerrilleros fueron capaces de impulsar acciones para que la memoria de las víctimas y los derechos de los habitantes en el territorio no pasarán a un segundo plano. Entre estas acciones se destacan la actuación valiente de muchos grupos comunitarios y particularmente de las mujeres que le arrebataron de las manos a los grupos armados a los menores que pretendían ser reclutados ilegalmente, así mismo, se señala cómo las comunidades en el territorio organizaron distintos tipos de asociaciones de mujeres, de campesinos y de pobladores y desde allí se impulsaron acciones de memoria, de resistencia y oposición a la presencia de los grupos armados exigiendo siempre la presencia del Estado colombiano, con desarrollo social, planes de inversión y en todo caso acompañando de manera decidida a las comunidades para la construcción de democracia y paz, que por supuesto no se hicieron presente, salvo la fuerte y violenta militarización, la constante fue el abandono del Estado a esas comunidades. También se relata en el informe como las comunidades instalaron placas conmemorativas en memoria de las víctimas, y la conmemoración de distintas jornadas como el día de la mujer, la construcción de bibliotecas comunitarias, murales artísticos y jornadas culturales.
Un hecho significativo es que en estas publicaciones del Centro Nacional de memoria, resulta casi imposible desconocer la presencia criminal de la fuerza pública, que en muchas ocasiones promovió y alentó la violencia contra las comunidades, omitiendo su compromiso institucional de proteger la vida bienes y honra de los ciudadanos y también en muchas ocasiones desarrollando directamente violaciones a los Derechos Humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario, no obstante, ese relato aparece comúnmente en estas publicaciones como un hecho cierto, pero situando a las fuerzas militares como otro actor armado en el territorio sin darle el peso significativo que tiene que una institución que tiene como deber misional proteger y salvaguardar la integridad de la comunidad y los habitantes, no lo haya hecho. Las fuerzas militares y la Policía Nacional, no son otro actor armado en el territorio, recae sobre ellas, una tremenda responsabilidad y en ese sentido como ya lo ha venido haciendo el gobierno de Gustavo Petro reconocer y una y mil veces la responsabilidad que el Estado colombiano tuvo para fomentar el genocidio contra las comunidades y la vulneración sistemática de los Derechos Humanos.
Por es necesario aprovechar esta tribuna para seguir insistiendo en la necesidad de una transformación profunda en las fuerzas militares que conlleva entre otras, el cambio de la doctrina militar, adoptando una que fundamentada en los derechos humanos y en el respeto de la vida y la integridad de los ciudadanos, está estrechamente comprometida en la construcción de la paz Total que viene planteando el gobierno, igualmente unas fuerzas militares formadas en un compromiso ético para proteger, y si ellos no sucede garantizar los ejercicios de establecimiento de la verdad y las debidas sanciones a los responsables de haber vulnerado la responsabilidad institucional.
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[1] Centro Nacional de Memoria Histórica (2023). Guerra sin fronteras, resistencias sin límites. Memorias de sobrevivientes al Bloque Catatumbo. Tomo I . CNMH.
[2] Centro Nacional de Memoria Histórica (2023). Guerra sin fronteras, resistencias sin límites. Memorias de sobrevivientes al Bloque Catatumbo. Tomo II. CNMH.
Alfonso Castillo, Defensor de los derechos Humanos.
Foto tomada de: El Colombiano
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