Los equipos negociadores del gobierno nacional y del ELN han avanzado en la agenda de paz a pesar del escepticismo que se percibe en algunos sectores políticos y de opinión en razón de los altibajos que se han presentado por diversos hechos de orden público desde la reanudación de los diálogos en el gobierno de Petro.
En el quinto ciclo realizado en diciembre pasado en México se acordó prolongar el alto al fuego bilateral pactado en agosto pasado, cuyo objetivo primordial es ahorrar vidas humanas y aliviar la existencia de la gente en las zonas de conflicto. A su vez, esta decisión influye positivamente en la mesa de negociación y suscita respaldo a las negociaciones.
Otro avance de este ciclo es la suspensión de los secuestros extorsivos. Un compromiso significativo que, sin embargo, debe ir más allá. El ELN tiene todo por ganar, políticamente hablando, si renuncia a esta práctica inhumana que la insurgencia llama ‘retención’ y procede a la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas en su poder.
Muchos colombianos y colombianas aspiran a que estas negociaciones culminen con un Acuerdo de Paz antes de finalizar el actual gobierno en agosto de 2026. Meta nada fácil: hay por delante puntos densos y delicados a resolver, que permitirán así mismo que las conversaciones ganen credibilidad y consenso nacional, indispensable para la legitimidad y éxito de este nuevo esfuerzo.
Está pendiente la implementación de los protocolos y mecanismos de veeduría y verificación del cese al fuego a nivel nacional, que además enfrenta un complejo desafío ante el accionar del paramilitarismo y otros grupos armados. El comunicado oficial del quinto ciclo apenas menciona que se tomarán medidas al respecto. Ambos asuntos requieren especial atención.
Tarde o temprano las partes tendrán que abocar las posibles soluciones que permitan, con apoyo internacional, el sostenimiento de las estructuras del ELN para su subsistencia en la transición hacia la paz. Ciertamente parece absurdo este escenario, pero podría tomar sentido si esta organización renuncia a financiarse acudiendo a las economías ilegales. Un tema duro de roer.
Otro asunto clave ratificado por las partes desde la primera hora, es la participación de la sociedad en la construcción de la paz: un ejercicio deliberante para la elaboración y desarrollo de una agenda de transformaciones, según el Acuerdo de México de marzo pasado. Justamente, en este semestre culminará su fase de diseño y se creará una red nacional de participación, informan las delegaciones.
Esta dinámica de participación de las comunidades afectadas directamente por el conflicto es la mejor garantía para consolidar la paz en los territorios. Sin embargo el tiempo político cuenta, hay un país que pide concretar un acuerdo final. Con las negociaciones de paz de nuevo sobre rieles, en el sexto ciclo las delegaciones tendrán la oportunidad de pisar el acelerador.
Mauricio Trujillo Uribe
Foto tomada de: RTVC Noticias
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