Los procesos de negociación con actores armados siempre son difíciles, es más expedita la continuación de la confrontación armada. El recurso de la guerra y la confrontación siempre estará a la orden del día mientras que los procesos de paz son lentos con avances y retrocesos hasta que se logre que los actores armados se convenzan que es más lo que pierden que lo que ganan continuando en la lucha armada. Es antes que nada un tema de correlación de Fuerzas. Cuando un actor armado se convence que su accionar es limitado y sus metas son imposibles de llevarse a cabo a través de la confrontación armada, se ha logrado el objetivo de negociar y en este momento los procesos de negociación avanzan con mayor rapidez. Por eso los procesos de negociación en si mismos son una escuela de aprendizaje y sus resultados son inciertos. Este proceso es más complejo si la estrategia definida es la negociación múltiple y simultánea con actores armados de naturaleza política pero también con actores armados ligados a las economías ilegales o que se mantienen en la lógica contrainsurgente buscando respaldar las acciones de los aparatos armados gubernamentales que ha dado en Colombia origen al paramilitarismo que a su vez financia sus actividades con actividades ligadas al narcotráfico y a economías ilícitas como la minería ilegal.
La estrategia de este gobierno ha consistido en una negociación múltiple y simultánea que ha dado en llamar la Paz Total. Una negociación de naturaleza política con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que ha desarrollado cinco ciclos de negociación no exentos de altibajos y crisis. Actualmente se desarrolla el sexto ciclo de negociaciones en La Habana. También son de naturaleza política las negociaciones con el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP o más conocida como las Disidencias de las FARC que no se acogieron a los Acuerdos de La Habana con esta guerrilla, se han desarrollado también cinco ciclos de negociaciones, de este último salieron unos acuerdos que comentaremos más adelante.
Así mismo se mantienen contactos con la otra Disidencia de las FARC autodenominada Segunda Marquetalia, que dirige quién fue el jefe Negociador de las FARC en la Mesa de La Habana, Iván Márquez, con la que no se logra avanzar dado que se requiere encontrar un marco jurídico adecuado que justifique renegociar con este agrupamiento. Quizás esta justificación la proporcione el informe de la delegada de las Naciones Unidas Antonia Urrejola que ya en diciembre pasado anticipo que avanza ya en la elaboración de dicho informe. Y es que el punto clave es identificar si, como indican las denuncias penales instauradas por la Jurisdicción Especial para la Paz, desde la fiscalía General de la Nación dirigida en aquellos años por Néstor Humberto Martínez con la participación activa de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, se produjo un entrampamiento en contra de Jesús Santrich y de Iván Márquez que fue lo que los llevo a abandonar el proceso de paz, de comprobarse esta situación habría razón suficiente para reabrir el proceso con esta Disidencia.
Avanzan así mismo los diálogos y las negociaciones con grupos armados ligados al narcotráfico con una presencia predominantemente Urbana. Estos diálogos se desarrollan en Buenaventura, en Medellín y en el Valle de Aburra y en Quibdó. En este frente de las negociaciones hay varios temas que deben ser abordados. En reciente decisión de la Corte Constitucional se señaló que el gobierno tiene las atribuciones para avanzar en dichas negociaciones, pero advirtió el tribunal Constitucional que se requiere de un marco jurídico específico de sometimiento a la Justicia para estos grupos y para los grupos denominados sucesores del paramilitarismo. Por tanto, el gobierno deberá presentar y tramitar un proyecto de ley específico para negociar el sometimiento a la justicia de estas estructuras criminales.
Justamente se ha anunciado que el Alto Comisionado de Paz Otty Patiño ha reanudado los contactos que se habían suspendido a raíz del paro en el bajo Cauca Antioqueño con el llamado Clan del Golfo y se ha avanzado con el grupo heredero del paramilitarismo que actúa principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Sobre este último proceso se anuncia la instalación de una mesa de diálogos en las próximas semanas.
En resumen, todos estos frentes de negociación avanzan con las dificultades propias de procesos complejos y se espera que los actores armados entiendan que el tiempo de este gobierno es limitado, le restan dos tercios de su período, pero como señala Carlos Medina, el último año de gobierno inexorablemente estará atravesado por el proceso electoral y uno de los debates centrales estará referido justamente a estos procesos de paz. De tal forma que los tiempos apremian y estas agrupaciones deberían entender que se debe avanzar entre otras cosas para blindar el resultado con la elección de un gobierno que honre y desarrolle los acuerdos que se hayan podido concretar al momento de la elección presidencial. Guerra o paz será sin duda uno de los ejes de esa campaña presidencial. Los opositores tratarán que este tema ocupe un lugar central en la confrontación política. Si el gobierno de Gustavo Petro logra concretar avances reales y significativos podrá aspirar a que la ciudadanía elija un gobierno que de continuidad a dichos procesos.
El inicio del sexto ciclo de negociaciones con el ELN es crucial por los temas que se abordarán. El tema del secuestro que puso en crisis la mesa de negociaciones será uno de ellos, pero también se tendrá que abordar el tema de la financiación de los integrantes de esta guerrilla, así como dar pasos ciertos en lo que esta guerrilla ha denominado la participación de la sociedad civil. Este último punto es crucial pues esta guerrilla considera que son las organizaciones sociales y la sociedad los principales actores en esta compleja negociación lo que requiere acotar los temas y la metodología, pero también las mesas regionales que habrán de concretar los temas y los alcances de la negociación. Por supuesto que restan temas cruciales como el tema de las víctimas, la verdad, la justicia y la reparación de las mismas, así como las reformas institucionales que garanticen la no repetición.
Es de celebrar con cautela que el quinto ciclo de negociaciones con la Disidencia del Estado Mayor Central, EMC, haya terminado con un acuerdo. Como se ha señalado los puntos centrales de dicho acuerdo son la prolongación del cese al fuego hasta el 15 de julio de 2024 con la perspectiva de su prorroga hacia el futuro de común acuerdo por las partes. Aquí el tema central es que funcionen de manera ágil los mecanismos de verificación para resolver las denuncias por violaciones de este cese al fuego.
Algo se avanzó en la definición de los temas que serán el contenido de las negociaciones entre el Estado y esta insurgencia. Pero aún siguen siendo muy generales. Destacamos los temas de participación de las organizaciones sociales, étnicas, campesinas, y las organizaciones de base territorial. El tema del medio ambiente y la revisión en los territorios de los acuerdos de las organizaciones sociales con el Estado son un punto de partida anunciado como parte de esta negociación. Al tiempo que se anuncia que durante estos meses de cese al fuego pactado se avanzará en la construcción de un Acuerdo Especial para la participación y decisiones, y el Protocolo de Participación, desarrollando iniciativas de dialogo social con servidores públicos, autoridades étnicas, organizaciones sociales; y el apoyo a la participación para el cumplimiento de los pactos.
Anuncian así mismo que en estos meses se avanzará en la construcción de la agenda definitiva de negociaciones y avanzan los temas de Transformación Territorial para avanzar en la construcción de acuerdos parciales de implementación inmediata priorizando los departamentos del Cauca, Caquetá, Arauca, Putumayo, Guaviare y Norte de Santander que es donde hacen presencia los destacamentos armados de esta guerrilla. Anuncian así mismo como temas centrales una agenda socioambiental para la paz, así como mecanismos para la protección a la población civil. Así mismo se acordó la conformación de una comisión jurídica mixta para los integrantes del EMC que se encuentran privados de la libertad. De destacar también el anuncio del fin del secuestro de esta organización con fines económicos, la puesta en marcha de corredores humanitarios para el retorno de población desplazada por el conflicto y el acatamiento al Derecho Internacional Humanitario en cuanto a vinculación de integrantes a sus estructuras armadas que debe leerse como la prohibición de reclutamiento forzado y de menores de edad a sus filas.
Como se observa aún estamos lejos de asegurar que estos procesos hayan llegado a un punto de no retorno y de negociaciones finales, no obstante, se ha avanzado sobre todo con las Disidencias del Estado Mayor Central y con el ELN, así como en las negociaciones con las estructuras armadas en Buenaventura y Medellín y el Valle del Aburra. Es un proceso en marcha que hay que apoyar decididamente.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: El País
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