El alcalde Medellín intentó marcar las barreras que lo distancian del gobierno nacional en cuanto a la seguridad y la paz. En la campaña electoral y en los primeros días de su posesión, llegó a decir que la “paz total” era la “entrega total”. Pero las fronteras se han ido esfumando, porque la realidad dice más que las palabras. Mucho más si se trata de dejar la oposición y arrancar a gobernar. El gobernante de Medellín se encontró, el primero de enero de 2024, con una significativa tendencia a la reducción de los homicidios en la ciudad que la mayoría de analistas relacionan con el proceso de paz urbana que se lleva a cabo en la cárcel de Itagüí, entre la delegación del gobierno nacional y los voceros de las estructuras armadas ilegales de Medellín y el Valle de Aburrá. Y la tendencia sigue. Y eso pareciera mortificar a las autoridades, sin razón.
En ningún momento, el Presidente, el Ministro de Defensa o el Comisionado de Paz, han planteado que tras la búsqueda de la paz se esconde encubrir la delincuencia. Paz y seguridad son caras de la misma moneda. Con la PAZ TOTAL el ejercicio de la autoridad no está en juego. Por desgracia, la buena voluntad oficial expresada en algunos acuerdos de cese al fuego, han sido indebidamente aprovechados por aquellos que, siendo parte de estructuras beligerantes en negociaciones con el gobierno nacional, no ven en ello una oportunidad para resarcirse ante la sociedad por sus vejámenes contra la población, y siguen delinquiendo como una burla al afán pacificador que inspira al gobierno Petro y que anima la voluntad popular. Ese saboteo ocurre en todos los ejercicios de paz. Siempre habrá disidentes, inconformes, oportunistas. Sucedió con los paramilitares en el gobierno Uribe y con las FARC en el gobierno Santos.
El gobierno Petro tiene una POLÍTICA DE SEGURIDAD, DEFENSA Y CONVIVENCIA CIUDADANA. GARANTÍAS PARA LA VIDA Y LA PAZ 2022-2026, del Ministerio de Defensa nacional, donde queda claro que “la Paz Total le apunta, mediante un diálogo desde las bases territoriales, a una salida negociada para evitar más reciclajes de la violencia. Pero la voluntad de paz no puede confundirse con debilidad del Estado, mucho menos con ingenuidad del Gobierno. El Sector de Seguridad y Defensa es estratégico en el logro de La Paz Total. La provisión de protección a toda la población, en especial para aquella ubicada en zonas donde las violencias cuestionan la autoridad del Estado, donde, también en palabras del presidente, disputan la soberanía territorial, es la esencia de esta política, la cual tiene como propósito que el Estado se imponga como la única autoridad legítima en el territorio, lo cual requiere la acción unificada de todas las agencias de gobierno de manera coordinada, de modo que no ocurra, como en el pasado, que la Fuerza Pública recuperaba el territorio, pero la falta de iniciativas del resto del Gobierno para incluir a la población terminaba por alimentar la desconfianza en el Estado…”
La política desarrolla una estrategia del Gobierno nacional para la protección de la vida y la reducción significativa de las afectaciones humanitarias, y la seguridad es la condición indispensable para el logro de este propósito. De esta manera, el Sector de Seguridad y Defensa aportará al propósito de la paz en varios sentidos: 1.1. Desarrollar y sostener acciones permanentes y focalizadas, para preservar la seguridad territorial y la protección ciudadana, de acuerdo con los roles y las misiones constitucionales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Esto, como condición fundamental para la construcción de la paz total. 1.2. Fortalecer el sistema de inteligencia del Estado. En particular, su análisis científico y social, para caracterizar adecuadamente los diferentes grupos armados ilegales.
El alcalde Federico Gutiérrez, y otros mandatarios territoriales, deben estar tranquilos. En el gobierno nacional, como es su obligación constitucional, los mandatarios encontrarán apoyo para el cabal ejercicio de la autoridad con criterio humano y democrático, al mismo tiempo que mediante la negociación con unos grupos y el dialogo con otros, se busca desarticular las estructuras armadas ilegales que en Colombia se han consolidado durante décadas hasta ejercer control territorial, social, económico, y también, hay que decirlo, algún control institucional, lo que les ha permitido, recurriendo a la corrupción, soportar las repetidas medidas del ejercicio de la fuerza por parte de las autoridades, inevitables, pero con los mismos precarios resultados, año tras año, gobierno tras gobierno.
La novedad hoy, en el gobierno del cambio, es entender que la mejor manera de luchar contra las violencias y la inseguridad, es la lucha por la paz, como un segundo carril al lado de la mano recia con la delincuencia, pero sin perder de vista que de por medio está la presencia y consolidación del Estado social y ambiental de derecho en el territorio, para evitar que los saboteadores reproduzcan o reciclen los actores y factores generadores de la mortificadora intranquilidad social. Por ello la PAZ TOTAL es también INTEGRAL. No hay otro camino para que la institucionalidad prevalezca a los retos de unas organizaciones delincuenciales, como moles con una alta capacidad de reciclaje y subsistencia, que la sociedad ha permitido que se fortalezcan, más allá de los reclamos siempre presentes de los gobernantes territoriales de más policías, patrullas, teléfonos, vehículos, cámaras, órdenes de captura, recompensas, lo que se pide siempre en los benditos consejos de seguridad, para seguir cosechando los mismos resultados. La paz es el timonazo que hace falta.
Jorge Mejía Martínez
Foto tomada de: Zona Cero
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