Ante los confinamientos de pandemia, la desigualdad y la informalidad se hicieron manifiestas. Quedó al descubierto la imposibilidad estructural del modelo de desarrollo para procurarle a todas y todos quienes habitamos este planeta el acceso a un trabajo, a un ingreso, al derecho a disponer de los alimentos necesarios para tener una vida digna. Y no en vano esto, abiertas las economías mundiales, las guerras y otras crisis como las de los contenedores (logística internacional) o las ambientales que generan sequias e inundaciones obligando a flujos migratorios crecientes, en especial hacia los países de mayor desarrollo en Asia, Europa y los Estados Unidos, han acrecentado la pobreza, la inflación de alimentos y cada vez mas la imposibilidad para alimentarse de manera adecuada
La situación de Colombia no solo se ajusta a esto, sino que es crítica ante la propia Región. En efecto, de acuerdo con datos del World Inequality Database (cifras comparables antes de impuestos para el año 2022), en el país el 1% más rico de la población concentra del 33.4% de la riqueza, en Latinoamérica el promedio es que el 1% más rico tiene el 21.6% del ingreso. Si se le suma el 9% de mayores ingresos, estos obtienen el 27.2% del ingreso en el país, esto es entonces que el 10% más rico concentra el 60.6% de la riqueza del país, cifra superior en tres puntos porcentuales al promedio de la región. Si se mira por el lado del 50% de la población de menores ingresos, se tiene que estos poseen el 6.5% de la riqueza, cifra similar al promedio de la región, Esto muestra también la debilidad e incluso la fragilidad en los ingresos de lo que podría llamarse los rangos de ingresos medios (clase media) en el país: un 40% de la población entre estos dos rangos descritos, posee el 33.9% de la riqueza.
Al cierre de 2022 el país terminó con una pobreza del 36.6% (la línea de pobreza es de $396.864 por persona). En los centros poblados y rurales dispersos la pobreza asciende a 45.9%. El Gini total es del 0.556, mientras que en la ruralidad es del 0.479, con una proporción del ingreso rural donde el 91% de la población es considerada pobre o vulnerables, es decir, con ingreso inferiores a $702.000 mes.
Con estas condiciones el actual Gobierno debió enfrentar una complicada situación: inflación al alza, siendo en el año 2022 del 13.1%, pero particularmente de alimentos, donde se llegó al 27.8%. Al cierre del 2023 la inflación nacional cerró en 9.3% y la de alimentos en 5% En este proceso de alzas generalizadas, las economías campesinas han debido soportar el incremento abrupto de los agroinsumos, producto no solo de la guerra en Ucrania, las volatilidades en el 2022 del tipo de cambio y de las batallas que en el mercado interno se libran por el control de estos mercados.
Para enero 2024 el panorama sigue mejorando. La inflación anual llegó al 8.35% y la de alimentos fue del 2.96%. No obstante, si se detalla por grupos de bienes el asunto aun presenta retos considerables:
- Lo alimentos provenientes del sector agropecuario son los que han tenido un mejor comportamiento, es decir una inflación anual menor, incluso negativa, en promedio a enero fue del -0,3%%. Los productos que tuvieron un mejor comportamiento fueron: plátano, tomate de árbol y papa; mientras que frutas frescas, moras o los frutos secos o la carne de aves, siguen presentando alzas por encima del promedio del sector.
- Los alimentos procesados son lo que presentaron un alza más significativa, aunque sigue estando por debajo de la inflación promedio de la economía: a enero crecieron en el año completo el 7,37%. Los productos de más alta inflación fueron: legumbres y hortalizas en conserva y deshidratadas; carnes preparadas, charcutería y otros productos conteniendo carne; mantequilla de vaca; harinas y productos de panadería.
Es de esperar que todo este panorama de los alimentos con precios descendentes permita no solo seguir bajando la inflación promedio de toda la economía, sino, especialmente, que contribuya a mejorar las condiciones de acceso a los alimentos por parte de las población pobre y vulnerable. De hecho, la mayor proporción del hambre que se vive en este país está explicada en las grandes ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena; por el contrario, en las zonas rurales si bien hay menos proporción de población con hambre, el fenómeno es la desnutrición y en particular la desnutrición aguda, en especial en las zonas de alta participación, étnica y en frontera, lo que tiene que ver con acceso a servicios estatales agua, alcantarillado, información pertinente y salud.
Van siendo entonces una serie de fenómenos que solo conducen a una línea de análisis bastante complicada: precariedad laboral, fragilidad de los mercados, informalidad, bajos ingresos, alta concentración de la riqueza antes y después de impuestos, escasa industrialización, inflación y hambre. Todo esto requiere, inicialmente, una alta presencia y participación coordinada del Estado, la misma que se ha negado, en particular en la Colombia profunda; pero debe ir acompañada de acuerdos con empresarios, con sociedad civil, con las diferentes fuerzas sociales en los territorios que posibiliten la adecuada atención, pero en especial la implementación de los planes de desarrollo, tanto el Nacional como los departamentales y locales, buscando con urgencia mejores condiciones de vida, de crecimiento y desarrollo para un país que pudiendo ser potencia alimentaria sigue importando más del 80% de los agroinsumos y el 30% de los alimentos.
La Reforma rural integral (soportada en la reindustrialización, la eficiencia energética y la transición hacia la agroecología) es una necesidad sentida, y debería ser priorizada en este año no electoral, no solo es el camino para los reconocimientos y protección especial a las comunidades campesinas, sino que es condición para construir un país posible sobre la base de la generación de riqueza, la sostenibilidad, la equidad y la justicia.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director CEIR, Centro de Estudios e Investigaciones Rurales
Foto tomada de: Infobae
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