La autonomía de los poderes es relativa, porque la democracia representativa ha recibido un mandato ciudadano dado en el círculo cerrado de los constituyentes que en escasos seis meses armaron la Constitución de 1991, la cual ya no sirve. por eso Colombia requiere una nueva Constitución que permita una reforma estructural del Estado y la construcción de instituciones sólidas y duraderas. El texto de 1991 está irremediablemente fracturado y solo lo sostienen los sobrevivientes que la armaron y los poderes beneficiados con ella.
Si esa representación en algún momento es cuestionada o se resquebraja por decisiones, conductas, atrasados radicalismos ideológicos y evidencias delictivas o abusivas de los poderes cruzados, en este caso de la Corte Suprema y la Fiscalía, pierden la autonomía delegada por el constituyente primario. Incluso, se debe abrir investigación y separar del cargo a la cuestionada fiscal Encargada. Son muchas las investigaciones de medios independientes serios o de prestigiosos columnistas que muestran la actuación de ella en acciones de la Fiscalía con el narcotráfico en el Departamento del Valle.
La descomposición del poder judicial se estructura así. Primero, al abrigo de la Constitución se crearon dos nuevas cortes: la Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. Bueno, esta última le envía candidatos a la Corte Suprema para que de ahí elija magistrados; los magistrados de la Judicatura son elegidos por la Corte Suprema; a su vez los magistrados de la Corte Constitucional son elegidos de ternas hechas por la Suprema; esta nombra a los magistrados de la Judicatura y a los Magistrados de los Tribunales Superiores y de Distrito Judicial; elige Fiscal General de la Nación según terna enviada por el Presidente de la República, así como Procurador y Contralor. La Corte Suprema es la que manda en el sistema: nombra aquí, nombra allá, y envía carpetas con hojas de vida de recomendados para que las IAS los nombren.
Han dicho prestantes juristas que la Corte tiene un tiempo delimitado para elegir Fiscal, porque es una decisión administrativa para elegir cada cuatro años un funcionario que es elegido para cuatro años. En este contexto, “… el constituyente primario tiene derecho a exigir a los poderes constituidos que cumplan los mandatos constitucionales y presionarlos cuando los incumplen y desconoce…porque la CSJ ha decidido apartarse de la legalidad y desconocer el mandato popular contenido en la Constitución… Es increíble que una Corte…con 23 magistrados…se tome más de seis meses para seleccionar entre tres hojas de vida…No puede la Corte …evadir y dilatar su obligación de escoger, permitiendo que quede a cargo de la Fiscalía una persona que no fue postulada por el presidente, como ordena la Constitución, por mandato del pueblo, y mucho menos cuando sobre esta persona pesan graves acusaciones y evidencias irrefutables de favorecimiento a estructuras del crimen organizado…La movilización ciudadana tiene como finalidad que se respete la voluntad popular, y de la obligación de acatar esos mandatos no puede apartarse ningún poder establecido.” (Alberto Yepes Barreiro, ex magistrado del Consejo de Estado).
La Corte ha abusado de su poder por eso en otras ocasiones también ha elegido Fiscal cuando le da la gana: a los cuatro años y dos meses, a los cinco años y cuatro meses. La diferencia está que en otras oportunidades las hojas de vida no eran las que se necesitaban para ser un buen fiscal, a pesar de ello los presidentes enviaban horribles ternas: Santos con Néstor Humberto Martínez, Duque con Barbosa. En esta oportunidad la trayectoria de las ternadas está a prueba de todo escrutinio, razón por la cual han tenido que recurrir a perversos comentarios como el del exmagistrado Paucar, que ha desprestigiado la trayectoria de las tres juristas aspirantes a dirigir la Fiscalía. Un actuar como del bajo mundo que podría ser otra salida de los togados con el fin de mantener indefinidamente a la Encargada.
En este enredo entre Corte y Fiscalía también juegan el patriarcado de los magistrados. Por eso un togado de la Corte puso una tutela en el cielo diciendo que no había un macho en la terna.
Los poderes se reparten el Estado
Ahora bien, por qué estos excesos de esta Corte. Cuando armaron la Constitución del 91 el poder definió como se manejaría el Estado y como se aprovecharían del mismo.
Los privados acceden a los recursos públicos sin que nadie los moleste. Ahí nace el radical neoliberalismo de mercado, con sus expresiones extractivistas, de privatización, de ilegalidad e informalidad desbordadas que explican el menor desarrollo de su economía y la endeble institucionalidad.
El Ejecutivo y el Legislativo disponen de otra parte de los recursos públicos para su beneficio económico y político, que ha derivado en billones de pesos que desaparecen mientras los rezagos sociales, territoriales, económicos y en infraestructura aumentan. Por eso tanto elefante blanco o tanto colegio, hospital, carretera, acueducto,… cuya construcción se demora doce, veinte o más años.
El Judicial dispone de una inmensa estructura institucional al servicio de quienes acceden a los más altos cargos, los magistrados. Colombia bien podría ser el país de los togados.
El Ejecutivo y el Legislativo manejan los recursos públicos. La Corte maneja los cargos de todo el sistema y hace favores a poderosos salidos de madre: Uribe, Odebrecht, Reficar,… Por esto y más toda la clase dirigente se permite y les permite a los Elegidos de los tres poderes manejar a su antojo parte del presupuesto de la nación y la conducción del Estado.
Cuando el contenido del diseño institucional no queda bien hecho, la construcción de instituciones es imposible, y el sistema que en el papel parece perfecto en la realidad no lo es, razón por la cual ha sido imposible reformar la justicia y tantos otros sectores. Las recomendaciones de la Corte Suprema al texto de reforma que está preparando el gobierno es de una pasmosa pobreza propositiva: nada de fondo, todo cosmético.
Los grandes medios y los grandes intereses económicos y políticos ligados a la corrupción y al asalto de las arcas del Estado, defienden que la Corte puede elegir fiscal cuando lo considere, entre ellos Reyes, el ultraconservador y nuevo presidente de la Corte Constitucional;
Los tibios, que no aprueban el proceder de la Corte, aunque para equilibrar la cancha, critican al presidente por manifestar que la ciudadanía tiene derecho de ir a la calle a pedir que se elija ya una fiscal decente e idónea como cualquiera de las ternadas.
Y los que sin ambages asumen la posición de que la Corte debió elegir Fiscal a más tardar en diciembre de 2023. Aquí se inscriben tres altas instancias internacionales: ONU, OEA y CIDH, las cuales piden que la Corte elija pronto la nueva fiscal general.
La Corte acorralada por unos protegida por algunos, responde como si fuera un poder autónomo por encima de la Constitución y de la correcta e integral aplicación de la norma, inventó un reglamento interno que la hace creer que tiene mandato divino.
Esta Corte es una vergüenza. Sin personajes con talante ético y jurídico, son una ofensa a la memoria de los magistrados inmolados en el Palacio de Justicia y otros más asesinados por el narcotráfico, que ahora pone fiscal encargada. Es decir, los nuevos magistrados encargan a alguien que parece ligada a la saga de quienes asesinaron a magistrados incorruptibles y portentosos en derecho. Desde entonces pocos togados respetables y muchos reprobables ha tenido ésta y las demás cortes. Es el derrumbe del sistema y del Estado. Hace bien el senador Iván Cepeda de pedir a la ONU hacer seguimiento a la actuación de la Encargada.
La crisis del sistema de justicia y la crisis del modelo económico van de la mano
Mariana Mazzucato, en un libro encomendado y publicado por la CEPAL en 2022, en alusión a los efectos de los modelos productivos centrados en los recursos naturales con bajo valor agregado que deriva en una economía de baja productividad, dice que estos muestran desempeños y tendencias equivocadas, entre ellas la corrupción. Son modelos sin inspiración, sin nuevos espacios de acumulación, emprendimiento, conocimiento, creatividad e innovación, con débiles arreglos institucionales que impiden la construcción de instituciones en constante transformación, entre ellos los espacios relacionados con la justicia, y relaciones virtuosas entre lo público y lo privado.
Una fiscal Encargada con evidencias de relaciones con el narcotráfico, cuyo origen es la producción de cultivos de hojas de coca, una ventaja comparativa basada en recursos naturales. Entonces, es una sociedad que al tener menos espacios de movilidad positiva deriva en la creación de espacios de inmovilidad negativa, entre ellos la corrupción, la ilegalidad y los acuerdos de captura del Estado.
Por eso Colombia necesita una nueva constitución, que le de curso expedito a la reindustrialización y a nuevos arreglos institucionales para una profunda reestructuración del Estado.
El problema con el presupuesto general de la nación para el 2024, es parte de esa crisis cada vez más severa de la economía, de las instituciones, de la política y de su clase dirigente.
Mientras tanto, de manera pacífica, cohesionada, inteligente y creativa la ciudadanía debe ir a la calle para que la Corte elija inmediatamente nueva fiscal con el fin de evitar una mayor tensión social e institucional y una conflictividad política desbordada, poco motivadora porque está empeñada en destruir toda posibilidad de un cambio progresista necesario e inaplazable, porque la dominante sociedad conservadora fracasó en construir una gran nación liberal avanzada que hoy debería ser Colombia.
Jaime Acosta Puertas
Foto tomada de: eltiempo.com
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