Sin embargo, el sector agropecuario no parece contar, a la fecha, ni con reformas estructurales ni con una política pública innovadora, a diferencia de otras áreas en donde se ha avanzado con políticas como el plan de contención de la deforestación, el plan de restauración ecológica, la política nacional de drogas, la ley minera, sin contar el bloque de reformas sociales que cursan trámite en el Congreso como la de salud, pensional y laboral. En el caso del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR, apenas se ha escuchado de los núcleos de reforma agraria, sobre los cuáles hay escasa información.
Uno de los aspectos más preocupantes es el hecho de que continuamos haciendo política pública con información desactualizada, tanto para el desarrollo del sector agropecuario como para la garantía del derecho humano a la alimentación. Como lo reveló una investigación del medio Vorágine[1], han pasado casi diez años desde que se publicó la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), por lo cual las decisiones sobre seguridad alimentaria y nutricional se toman hoy con base en información desactualizada e incompleta. La ENSIN, que debía publicarse cada cinco años – sus anteriores versiones se publicaron en 2005, 2010 y 2015 – es realizada por el Ministerio de Salud, el ICBF y el Instituto Nacional de Salud. No obstante, su cuarta versión, a ser terminada y publicada en 2020, no se realizó y, según revela el medio, aún no es claro cuándo se hará.
Entre tantos múltiples beneficios, una actualización de la ENSIN le serviría al sector agropecuario para conocer cuáles alimentos se están consumiendo en el país y suplir esta demanda, pero también para entender de qué nutrientes carece la población y, así, prepararse con suficiente antelación para responder a (y promover) políticas de salud pública que introduzcan cambios de hábitos para reducir el consumo de alimentos y bebidas ultra procesadas, así como la incidencia de enfermedades derivadas de su consumo, como la desnutrición y la obesidad.
Al mismo tiempo, representantes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) hacen referencias constantes al Censo Nacional Agropecuario (CNA), que este año cumple 10 años desde su publicación. Y, aunque la UPRA tiene información sectorial de alta calidad incluso a nivel de cultivos – sobre la vocación de uso del suelo, el área sembrada y cosechada, producción y comercio exterior, abastecimiento, entre otros – lo cierto es que, en lo referente a sistemas de riego, acceso a y uso de maquinaria, infraestructura productiva y, sobre todo, asistencia técnica, no hay un diagnóstico oficial más actualizado y completo que el CNA de 2014. La dolorosa radiografía del sector que nos dejó el CNA – realizado después de 45 años sin cifras oficiales – nos presenta la siguiente realidad que, a mi juicio, no debe distar mucho de la actual:
En suma, la información con la que entidades como el MADR y la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) están tomando decisiones corresponden a un país diferente en muchos sentidos. Vale la pena recordar que en 2014 no existía la institucionalidad ni las inversiones creadas con la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Tampoco existían, por supuesto, los compromisos derivados de la implementación de la Reforma Rural Integral ni el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria – SNIA creado en 2017. A pesar de todos estos cambios, tomando los datos del DANE[2], se observa en el siguiente gráfico que el PIB proveniente de las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (línea verde) en pocas ocasiones ha crecido por encima del PIB total (línea azul). Además, su participación dentro del PIB nacional (línea roja) se ha situado entre el 6 % y 8 % en los últimos 17 años, lo que quiere decir que a pesar de los diferentes esfuerzos el campo no repunta para convertirse en un motor o determinante del crecimiento económico.
Ilustración 1. Fuente DANE. Elaboración propia.
Estamos ante una situación en la cual, aun con algunos ajustes institucionales, el sector no presenta resultados contundentes. Por un lado, como mencioné al inicio, el MADR siendo el rector de la política no parece dar señales de reformar ni de innovar y la CISAN es bien conocida por ser una comisión prácticamente inoperante y con pocos resultados. Se preguntará el lector de qué servirá entonces actualizar instrumentos como el CNA si muy probablemente los resultados serán los mismos y el diagnóstico no habrá cambiado mucho: infraestructura deficiente; bajos niveles de asociatividad, de acceso a crédito e instrumentos financieros, de tecnificación, de asistencia técnica, de conexión a mercados; y, altos niveles de intermediación.
Pues en la actualización del instrumento mismo puede estar parte de la solución. La actualización del CNA podría generar más valor que la “simple” actualización de información sectorial. Tomando como modelo el caso del Programa Nacional de Agricultura Familiar de Brasil (PRONAF), el proceso de actualización del CNA podría ser usado para crear un registro como la “Declaración de Aptitud para el PRONAF” (DAP), una conquista de los movimientos campesinos de Brasil. En línea con el principio del gobierno colombiano actual de optimizar el uso de bases de datos y unificar las transferencias de recursos en programas como la “renta ciudadana”, la DAP sirvió en su momento para identificar, visibilizar y clasificar las Unidades Familiares de Producción Agropecuaria (UFPA) y sus formas asociativas organizadas en personas jurídicas. Similar a lo que el CNA de 2014 identificó como UPA’s.
La DAP en Brasil es, entonces, la puerta de entrada del agricultor familiar (incluidos pescadores artesanales, acuicultores, silvicultores, indígenas, colonos de la reforma agraria, entre otros) a todas las políticas públicas orientadas a incentivar la producción y la generación de ingresos. Como un documento de identidad, la DAP tiene datos personales de los propietarios (u ocupantes) del terreno, datos territoriales y productivos de la propiedad rural y los ingresos de la familia. La DAP en Brasil ha permitido a los agricultores familiares, entre otras, acceder a una línea de crédito y seguros agropecuarios del PRONAF, ya que contiene información que brinda seguridad jurídica para las operaciones de financiamiento, así como a programas de asistencia técnica, vivienda rural y comercialización. La DAP ha servido también para la formalización de la tenencia de la tierra.
Aunque no es una tarea fácil, en Colombia el Estado puede y debe apoyarse en el sector privado y tender puentes para alcanzar el llamado acuerdo nacional. Nuestras organizaciones gremiales tienen información e instrumentos muy valiosos como, por ejemplo, la cédula cafetera de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC)[3] la cual, además de ser un documento de acreditación de pertenencia a la FNC, permite a sus afiliados acceder a beneficios gremiales como asistencia técnica y a servicios financieros como una cuenta bancaria con tarifas preferenciales. De manera similar, la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite de Colombia (FEDEPALMA) creó el Registro Nacional de Palmicultores para identificar a los distintos actores de la agroindustria palmera, al igual que a los beneficiarios de servicios gremiales como acceso a información sectorial, extensión rural, acceso a programas gubernamentales, participación en eventos y en las elecciones dentro del gremio.
El gobierno está a tiempo de aunar esfuerzos para lograr cambios e impulsar reformas como el Proyecto de Ley 128 de 2023[4] que cursa en el Congreso para la creación del sistema nacional para la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación y que reforma a la CISAN, descentralizando la toma de decisiones respecto a la seguridad alimentaria y nutricional. Está a tiempo de actualizar instrumentos con un propósito mayor que el de la mera información, haciendo uso de información y tecnologías disponibles, optimizando tiempos y recursos. Para esto, insisto, se deben buscar sinergias con diferentes actores, pero, además, responder a sus necesidades y retos como los impuestos por la regulación de cadenas de valor libres de deforestación de la Unión Europea en materia de trazabilidad. De este tema me ocuparé en otra columna.
Aunque varios funcionarios sostengan que se puede hacer una reforma agraria con el marco normativo actual, el sector demanda cambios ya. No podemos esperar curar la enfermedad con los mismos remedios ¿o será que el diagnóstico con un nuevo CNA será diferente? En cualquier caso, vale la pena actualizar estas encuestas y sacar provecho de ellas creando una herramienta más útil y duradera en el caso del CNA, para esto puede tomarse como referencia la experiencia exitosa del país vecino.
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[1] Ver: https://voragine.co/historias/investigacion/colombia-quiere-erradicar-el-hambre-sin-informacion-actualizada/
[2] Ver: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-anuales
[3] Ver: https://federaciondecafeteros.org/wp/cedula-cafetera/
[4] Ver: https://www.camara.gov.co/derecho-a-la-alimentacion-7
Andrés Santana Bonilla
Foto tomada de: Desinformémonos
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