Días antes de que se confirmara la deportación al país de Mancuso, el partido Comunes envió una carta al presidente Petro en la que proponen la conformación de un tribunal de cierre, distinto al de la JEP. Consideran los comparecientes de las antiguas Farc-Ep, que el espíritu con el que fue creada la jurisdicción especial de paz se perdió. En concreto, los miembros del partido Comunes exigen que las sanciones morales y políticas que se les aplicará por haber aceptado ser responsables de delitos de lesa humanidad y de guerra, se las impongan cuanto antes; igualmente, solicitan el cierre de todos aquellos procesos penales que siguen abiertos en la Fiscalía que, al ser amnistiables, como el delito de rebelión, daría tranquilidad jurídica a los excombatientes que se acogieron al acuerdo de paz de La Habana.
Así entonces, la confluencia en el tiempo del regreso de Salvatore Mancuso al país, la propuesta de los comparecientes de las antiguas Farc de crear un tribunal de cierre distinto a la JEP y la propuesta del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez de otorgar una especie de “amnistía política” a los políticos condenados para que recuperen sus derechos políticos, hace pensar que más que un plan macabro del gobierno, lo que se estaría cocinando entre una parte importante del Establecimiento, el actual gobierno e incluso, la misma JEP, es propiciar un ambiente político y por esa misma vía, un consenso generalizado alrededor de la necesidad de que los sectores sociales y políticos (empresarios, expresidentes de la República, exalcaldes y exgobernadores, entre otros) que quedaron por fuera de la jurisdicción de paz, gracias a que el triunfo del No en el plebiscito por la paz obligó a hacerle ajustes al texto firmado entre el Estado y las Farc en Cuba.
A todas luces resulta inconveniente pensar en crear otro tribunal de cierre, por cuanto la JEP fue creada con esa pretensión. Es decir, lo que habría que hacer es ajustar los tiempos del alto tribunal de paz, lo que implica ir cerrando los macro casos y generando las sanciones morales y políticas acordadas para aquellos comparecientes que aportaron verdad, repararon a las víctimas y expresaron su compromiso de volver a delinquir. Darle gusto al partido Comunes es abrir la posibilidad para que sectores de poder, como el uribismo, empiecen a ambientar una “ley de punto final” que beneficie política y jurídicamente al expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez y a los actores políticos y económicos, cercanos al exmandatario, que patrocinaron el paramilitarismo en Colombia.
Por lo anterior, la llegada de Mancuso Gómez y su aceptación en la JEP como “agente bisagra” por haber actuado como un “General” de facto y mando de tropa constituye un riesgo político y jurídico para Uribe y los sectores de poder tradicional que el expresidente representa de tiempo atrás. Y es así, por los señalamientos que Mancuso viene haciendo en torno a que el hijo ilustre de Salgar (Antioquia) siempre estuvo al tanto de la ocurrencia de la masacre del Aro. Incluso, por la responsabilidad que según Mancuso y otros, le cabe a Uribe por el crimen de Jesús María Valle. Todo lo anterior, en los tiempos en los que fungió como gobernador de Antioquia.
El gobierno de Petro no puede ambientar la creación de otro tribunal de cierre, por cuanto eso sería ir en contravía de lo acordado en La Habana, documento que no solo hace parte del bloque de constitucionalidad nacional, sino que es reconocido por la ONU como un texto oficial que obliga al Estado a dar cumplimiento al acuerdo de paz firmado en el 2016. De igual manera, tampoco puede prestarse para que en el Congreso se tramite una ley de “amnistía política” en el sentido en que lo propuso Uribe Vélez.
El jefe del Estado debe esperar a que la Corte Suprema de Justicia elija a la nueva fiscal general, para que sea ella quien acoja las peticiones del partido Comunes, en el sentido de cerrar todos los procesos penales que aún se mantienen activos en contra de los comparecientes de las Farc-Ep y que sean susceptibles de una amnistía generalizada. De igual manera, la nueva fiscal deberá dar la directriz para que todos los procesos que se llevan en contra del expresidente Uribe Vélez sean desempolvados, para que, si hay lugar a ello, se acuse formalmente al expresidente antioqueño por su aparente complicidad con las actividades criminales desplegadas por las estructuras paramilitares.
No debe permitir el gobierno que sectores de poder y la opinión pública asocien la idea de la Paz Total, con la búsqueda de una “amnistía política” para alcanzar una mayor gobernabilidad, permitiendo el regreso a la política electoral de operadores políticos, en su mayoría uribistas, que cohonestaron con crímenes cometidos por los grupos paramilitares.
Germán Ayala Osorio
Foto tomada de: Infobae
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