Nada más impactante que el informe de la Contraloría que revela las deudas astronómicas de las EPS, alcanzando la cifra de 37.4 billones de pesos. Es escandaloso también el desfalco de las reservas técnicas por 12.4 billones de pesos. Los senadores omiten deliberadamente el hecho de que actualmente solo quedan 26 EPS en funcionamiento, de las cuales 13 están en bancarrota y las otras 13 carecen de reservas técnicas, desmantelando así su rol como aseguradoras y exponiendo una farsa de tres décadas. Resulta igualmente alarmante que exministros, con varios períodos en su espalda, propongan soluciones que nunca implementaron, todo bajo el pretexto de proteger los intereses de las EPS. Además, es imperdonable que oculten el hecho de que una entidad sin reservas técnicas no puede garantizar la atención y tratamiento de sus nuevos afiliados a corto y mediano plazo.
Una EPS que se encuentra en bancarrota, con un patrimonio negativo y una gestión administrativa deficiente, no podrá ser rescatada a menos que se restituya la totalidad de los fondos desviados. Resulta notable la ausencia de manifestaciones por parte de los senadores en este sentido. No se ha hecho mención alguna a la necesidad de levantar el velo corporativo y llevar a cabo auditorías forenses para abordar esta problemática.
En el entramado de este sistema, la corrupción prospera sin encontrar resistencia, mientras sus beneficiarios no solo se aprovechan de ella, sino que también trabajan activamente para encubrirla. Desde sobornos y malversación de fondos hasta nepotismo y tráfico de influencias, la corrupción se arraiga profundamente, socavando la integridad y la eficacia de las instituciones.
El 12 de marzo, un grupo compuesto por ocho senadores de la Comisión Séptima presentaron una ponencia negativa a la reforma a la salud gubernamental. En el documento se incluyen diversas razones aparentes para objetar la iniciativa. El grupo está compuesto por Norma Hurtado (Partido de la U), Lorena Ríos Cuellar (Colombia Justa Libres), Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático), Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marín (Partido Conservador), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) y Berenice Bedoya (Partido ASI). Sin embargo, cabe destacar que estas razones pueden carecer de fundamentos sólidos y ser utilizadas como una estrategia para obstruir el avance de la reforma, lo que constituye una práctica deshonesta en el ámbito legislativo.
La ponencia negativa presentada por este grupo de senadores se basa en argumentos recurrentes, a pesar de que las audiencias y actividades de pedagogía realizadas han desacreditado estas afirmaciones erróneas. Esto sugiere que los senadores están ignorando o desestimando la evidencia presentada durante el proceso de debate y análisis de la reforma a la salud.
Cuestionan la omisión del informe fiscal, a pesar de que en noviembre de 2023 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público proporcionó un análisis detallado del proyecto de reforma. Asimismo, desestiman el último informe, emitido el 20 de marzo de 2024, el cual presenta una nueva estimación del costo. El mismo informe explica que la ausencia de la expresión “aval fiscal” se debe a su carencia de base legal.
La representante Martha Alfonso, quien fungió como coordinadora ponente del proyecto en la Cámara de Representantes, destacó que la aprobación de este se logró luego de un extenso periodo de 9 meses de discusión intensiva: Según este informe, el costo de la reforma será de 143.8 billones de pesos, esto quiere decir que el valor de la reforma es de 14 billones de pesos adicionales a lo que ya tiene el sistema proyectado para el 2033.
Hoy en reservas técnicas están perdidos 12.4 billones, según informa de la Contraloría general (CGR), la reforma cuesta lo mismo, pero atendiendo a la gente, garantizando el acceso efectivo a los servicios de salud”
La corrupción avanza hacia sus metas sin ninguna supervisión por parte de un sector de la esfera política, que muestra indiferencia hacia el derecho y las normas democráticas. Detrás de sus ganancias se esconde una explotación despiadada, perpetuada por las EPS, que imponen barreras en el acceso a la atención médica, acumulan deudas con clínicas y hospitales, y ocultan la verdad sobre sus insolvencias. Las desigualdades crecen de forma incesante, exacerbando la precariedad laboral y la explotación del trabajador. Cada crisis económica o retraso en la atención solo genera más beneficios para los corruptos, perpetuando un ciclo vicioso de depredación y sufrimiento.
Durante el proceso electoral, los partidos e incluso aquellos que establecen acuerdos programáticos a menudo coinciden en su crítica al statu quo. Sin embargo, cuando se inicia una fase constituyente, las diferencias entre ellos se vuelven notorias y significativas, evidenciando que el deterioro en la calidad de vida de la población es atribuible al statu quo mismo. Es en este punto donde el populismo, al desafiar abiertamente las estructuras establecidas, logra generar una efímera unión entre los ciudadanos, la cual se desvanece rápidamente al enfrentarse a la tarea de proponer alternativas concretas. Es así como tenemos que escuchar las falacias de los senadores que intentan desacreditar la propuesta con las que consiguieron ser elegidos.
Las recusaciones no se hicieron esperar. Varias de las objeciones presentadas por senadores que se oponen a la reforma parecen estar vinculadas al hecho de que presuntamente recibieron financiamiento de las EPS durante sus campañas electorales. Este potencial conflicto de intereses plantea dudas sobre la imparcialidad y la objetividad de estos senadores en el debate y la votación sobre la reforma a la salud.
Norma Hurtado es reconocida como una de las opositoras más vehementes a la reforma, quien apela a argumentos engañosos para censurar la reforma a la salud, aduciendo su supuesta falta de necesidad y basándose en la posibilidad de que sea suplida por disposiciones anteriores, como la Ley 1438 del 2011, las cuales nunca se materializaron debido a la influencia las EPS, poderosos actores económico-políticos, quienes desde su expedición hace 13 años afirmaban públicamente, en la vocería del presidente de ACEMI , Organización que agrupa a las EPS, Juan Manuel Díaz-Granados: “La reforma a la salud hace mucho más crítica la situación de las EPS” (Fuente: Ámbito Jurídico, 4 de febrero de 2020).
La recusación en contra de la Senadora Hurtado fue presentada por Sergio Mauricio Zamora, concejal de Cali por el Pacto Histórico. En el documento, se argumenta un posible conflicto de interés debido a que su esposo, Fernando Gutiérrez, ocupó el cargo de secretario de Salud en la Gobernación del Valle. Además, se señala que Gutiérrez formó parte de la Regional del Valle del Cauca de la EPS Cafesalud y posteriormente de la Empresa Social del Estado Antonio Nariño. La senadora es conocida como ficha clave de la Casa de Dilian Francisca Toro, conocida como la “baronesa de la salud” que tiene su fortín electoral en el Valle del Cauca, como anuncia Cuestión Pública en su artículo “el congreso atornillado” (20/07/2022) la más poderosa electora del valle.
El diputado de la Asamblea del Valle, Héctor Osorio del Pacto Histórico, también presentó recusaciones contra los senadores del Centro Democrático Honorio Miguel Henríquez Pineda y Josué Alirio Barrera, quienes son miembros de la Comisión Séptima. El Consejo Nacional Electoral, máximo organismo encargado de garantizar la transparencia en los procesos electorales en Colombia, ha informado a través de su sitio web que el partido político Centro Democrático recibió, durante el año 2022, contribuciones, donaciones y créditos en efectivo o en especie por parte del Grupo Bolívar mediante la empresa Seguros Bolívar S.A. Ahora bien, el Grupo Bolívar cuenta dentro de sus empresas con la EPS Salud Bolívar, estos aportes ascendieron a un total de 312 millones de pesos, distribuidos en tres contribuciones: 40 millones, 214 millones y 48 millones de pesos, respectivamente.
Además, según el mismo documento del Consejo Nacional Electoral, el grupo empresarial Keralty S.A.S realizó contribuciones al partido Centro Democrático por un monto de treinta y cinco millones de pesos ($35.000.000). Entre las empresas que forman parte de este grupo empresarial en Colombia se encuentra la EPS Sanitas S.A.S. Keralty es una compañía multinacional de salud con operaciones en varios países, incluyendo Colombia. Ofrece una amplia gama de servicios de salud que abarcan desde atención primaria hasta especializada y hospitalaria, junto con programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Además, gestiona hospitales y centros médicos en diferentes regiones, con el propósito de brindar atención médica de calidad a sus pacientes. Se hace evidente el conflicto de intereses al considerar que este conglomerado económico incluye tanto EPS como IPS, las cuales se verían afectadas por el cambio propuesto en el modelo de salud en Colombia mediante el Proyecto de Ley 216 de 2023 en el Senado.
En Medellín, el concejal Luis Marín Mora solicitó recusación contra la senadora Sor Berenice Bedoya del partido de la ASI. El cabildante asegura que la mujer estaría inhabilitada para votar en la reforma a la salud. “El partido ASI fue financiado por grupos económicos que tienen influencia en EPS. El Grupo Keralty, propietario de la EPS Sanitas, y el Grupo Bolívar, propietario de la EPS Bolívar, están entre los financiadores. La senadora no era una candidata común, sino que era la presidenta del partido y la representante legal del mismo, teniendo injerencia en la asignación de estos recursos. Además, ya había solicitado una ponencia de archivo de la reforma. La pregunta según el concejal antioqueño es: “¿Por qué no había declarado ese conflicto de intereses y si las actuaciones que ella ha tenido frente a la reforma a la salud se deben a consideraciones políticas frente a la reforma o a intereses de las personas y entidades que financiaron al partido ASI y su propia campaña?”
En medio de la compleja y confusa situación que atraviesa el sistema de salud, la política parece ser sierva de los intereses financieros de las EPS. Los senadores presentan una única propuesta de solución: mantener el statu quo, a pesar de que este es la raíz del sufrimiento de la población. En lugar de un debate genuino, se difunde desinformación con la complicidad de los medios de comunicación, alineados con los senadores recusados. Esta falta de claridad propicia la propagación de la desinformación en un momento crucial.
En una representación simplista de los ciudadanos, los voceros de las EPS en el legislativo defienden fervientemente el modelo actual, lanzando acusaciones como “van a destruir el sistema de salud”, todo ello con el fin de crear cortinas de humo y eludir cualquier tipo de control. Sin embargo, también promueven un imaginario que introduce preocupaciones y realidades esenciales para los ciudadanos. La ciudadanía no está pasando por alto este debate. Su participación y la insistencia en la acción apelan a la emoción de una sociedad que sufre el retroceso de sus derechos, la falta de acceso a la atención médica y el trabajo digno.
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Ambito Jurídico. (s.f.). Juan Manuel Díaz Granados: “La reforma a la salud hace mucho más crítica la situación de las EPS”. Recuperado de https://www.ambitojuridico.com/noticias/invitado/laboral-y-seguridad-social/juan-manuel-diaz-granados-la-reforma-la-salud-hace
González, A. (s.f.). Curso urgente de política. Tonos Digital, (28). Recuperado de https://www.um.es/tonosdigital/znum28/secciones/resenas-3–curso_urgente_de_politica.htm
La Silla Vacía. (s.f.). Dilian Francisca Toro. Recuperado de https://www.lasillavacia.com/quien-es-quien/dilian-francisca-toro/
Ana Maria Soleibe, Medica, Presidenta Federación Médica Colombiana FMC
Foto tomada de: Canal 1
LA REFORMA DE LA SALUD, es parea todos los Colombianos, la Salud de los Colombianos NO tiene color político, el CAMBIO propuesto por el Presidente Petro, en la Reforma a la Salud, es para todos los Colombianos,.
Los que han manejado al País, enemigos del pueblo Colombiano, protestan porque se les acaban sus Intereses en desgastar el Erario o Patrimonio Público, ellos Alvaro Uribe Vélez, Germán Vargas lleras, Enrique Vargas Lleras liquidador de EPS, y directivo de la NUEVA EPS, que fue retirado del cargo, Cezar Gaviria y Alejando Gaviria Exministro de Salud, tienen sus INTERESES, para seguir llenando sus arcas, Gaviria y Fernando Ruiz en sus mandatos, no aplicaron las reformas a la Salud, aprobadas, por ser INCAPACES, RUIZ ficha Política de Vargas Lleras Cambio Radical no lo puede negar, y EL PUEBLO LOS RECHAZA, vamos con la Refroma a la Salud, propuesta por el actual Gobierno con PASOS DE VENCEDORES.