De un lado está el sector más proclive al dialogo, encabezado por el gordo Calarca y Avendaño que ha respetado en términos generales el cese al fuego y avanza en una discusión sobre una agenda de “transformación del territorio”, mantiene comunicación fluida entre sus negociadores y los delegados del gobierno nacional en cabeza de Camilo González Poso, lanza y desarrolla un discurso incluyente y pro-participacion de las organizaciones sociales de las comunidades en donde tienen influencia como las regiones de Caquetá y Meta( Lozada-Pato Guayabero) Guaviare, así como las regiones del Catatumbo en donde el conflicto armado se ha desescalado en los últimos meses.
Esta facción de las Disidencias prioriza hasta el momento el uso de la política por encima de las acciones militares y llama la atención del gobierno a darle salida a la crisis económica que viven las cientos de familias cocaleras que están sufriendo el impacto de la caída de los precios del kilogramo de base de coca en esos territorios, a raíz de la disminución de la compra por parte de los carteles colombianos y mexicanos debido a la sobreproducción de cultivos de coca en todo el pais y que en el 2023 llego a las 250.000 hectáreas, lo que ha llevado a la acumulación de excedentes y especulación de precios a la baja en la que el campesinado lleva la peor parte del negocio, se suma a este hecho la caída de la demanda de cocaína en los EE UU a causa del boom del Fentanilo entre los consumidores norteamericanos, droga sintética mucho mas barata en su producción y comercialización y la cual es producida por las mafias en laboratorios clandestinos del norte de México.
Por otro lado, está el sector radical de las Disidencias mucho más violento y activo en sus acciones ofensivas en contra de las Fuerzas Militares y las comunidades que habitan sus territorios. Esta postura la lidera el bloque coordinador de occidente del EMC (Cauca, Valle y Nariño) y cuentan con el apoyo de Ivan Mordisco líder de este proyecto Disidente que sin embargo perdió poder en la coordinación de la federación de disidencias de las FARC y quien actualmente está distanciado de la mesa de negociación con el gobierno nacional. Por su parte el Comando Conjunto de Oriente (CCOr) de la región de Arauca respalda también la comandancia de Mordisco y reclama un cese al fuego general para todos los territorios en donde actúan los grupos armados agrupados en el EMC.
Esto ha implicado a su vez que el gobierno nacional divida en dos sus estrategias para enfrentar el problema y los riesgos que representa la negociación con las disidencias del denominado EMC en el marco de la Paz Total. Por una parte, alienta y fortalece el dialogo con las disidencias de Calarca y Avendaño e insta a los negociadores gubernamentales a pactar avances en la agenda de negociación con este conjunto de frentes armados que acudieron al cuarto ciclo de diálogos celebrado en San Vicente del Caguán. Los principales negociadores de esta mesa sostienen que “Hasta el momento, los que nos mantenemos en el proceso de diálogo con el Gobierno Petro somos las delegaciones que estuvimos en San Vicente del Caguán; es decir, el bloque Jorge Briceño, que está en los Llanos del Yarí, y el bloque Magdalena Medio, que representamos a la región del Catatumbo, sur de Bolívar, parte de Antioquia y parte de Santander”[1].
Por otro lado el presidente Gustavo Petro, ordena la activación de la estrategia militar a cargo del ministro de defensa Ivan Velásquez y el alto mando de las Fuerzas Armadas para enfrentar con contundencia a las Disidencias en la región del suroccidente, ante la serie de acciones violentas, asesinatos y ataques a la fuerza pública y a las comunidades por parte de este actor armado desde antes incluso que se levantara de manera unilateral el cese al fuego con esta insurgencia por parte del gobierno el pasado 17 de marzo. La preeminencia de cada una de estas estrategias depende de las dinámicas del conflicto armado y del ambiente político que se vive en el pais en lo que respecta a las críticas de la oposición de extrema derecha y de los sondeos en los que la ciudadanía se expresa y en los cuales se observa una perdida de apoyo a la paz total y una exigencia de la sociedad civil a que el presidente Petro actúe con fuerza ante la violencia desatada por el EMC (Bloque Coordinador de Occidente) en el pacífico sur de Colombia. De acuerdo con cifras oficiales y de organismos de monitoreo del conflicto armado, entre el 75 y el 80% de los eventos, de las posibles infracciones al cese al fuego presentados ante el Mecanismo de Verificación, se han concentrado en la zona de suroccidente[2], hay un patrón de ruptura de los compromisos del cese al fuego violando el respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
El estado del arte de este conflicto entre el Estado colombiano y el EMC, refleja las distintas realidades que se están presentando en los territorios mas afectados por estos grupos armados. Sin duda el territorio más complicado es el suroccidente, allí la violencia diaria y los actos de agresión, control, intimidación, confinamiento y desplazamiento de las comunidades por parte de los grupos armados, asi como el enfrentamiento entre estos grupos (Estado Mayor Central , Segunda Marquetalia, ELN) y a su vez de las Disidencias en contra del ejército y la policía, han asfixiado a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que están en medio de las confrontaciones y que desesperadas reclaman la intervención del gobierno de Gustavo Petro exigiéndole el desescalamiento del conflicto y que se respeten los Derechos Humanos.
Las Disidencias del Cauca justifican su actuación en que “primero ya había una ruptura del cese por parte del gobierno en esta región, porque había, según lo que denuncian, una alianza entre la fuerza pública con el ELN, la Segunda Marquetalia (la otra Disidencia de las antiguas FARC) para atacarlos y una serie de iniciativas para ganarles territorios y ventajas militares”[3]. Son reiterativas las acusaciones mutuas de los actores armados en estas y otras zonas para justificar sus acciones armadas en lo que denominan alianzas entre “agentes del Estado y enemigos armados en sus territorios”, incluso Ivan Mordisco en un video publicado en el mes de abril critica duramente a las autoridades indígenas del CRIC en el Cauca y los acusa en forma temeraria y peligrosa para esa organización de estar al servicio de una estrategia contrainsurgente que favorece a las fuerzas militares del estado, cuando afirma: “Creemos que no se puede repetir la historia de instrumentalizar a las autoridades indígenas por parte de grupos armados y del ejército nacional, que pretenden convertirlos en aparatos de carácter contrainsurgente, estos recientes factores de la crisis reciente son los que deben desactivarse”[4], este tipo de señalamientos representan una grave amenaza en contra de las organizaciones indígenas que reclaman el respeto a los miembros de su comunidad, reiteran su neutralidad en la confrontación y exigen un cese al fuego serio, con verificación y de manera permanente entre las partes, que traiga tranquilidad a la región y permita avanzar en una salida negociada a la guerra que se vive actualmente en los departamentos del Cauca, Nariño y sur del Valle del Cauca.
A esta realidad se le suma en la región del suroccidente, la agudización de conflictos interétnicos, conflictos de tierras que no han sido mediados adecuadamente por los funcionarios del gobierno nacional de los ministerios de Agricultura, ambiente, igualdad y gobierno por el esquema centralista del que no salimos como nación.
Sumados a los conflictos originados por la economía cocalera en la que destacan tensiones en la cadena de valor de este sector en la siembra de la hoja de coca, la compra y venta de la base o el criohidrato de cocaína, el control de laboratorios y de los corredores salida a los embarcaderos en el mar pacifico de las costas de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, utilizados para la exportación de cientos de toneladas de coca a México, Centroamérica, y hacia sur América y los países de Europa y Asia, como China y Hon Kong, además de otras disputas por rentas ilegales como la minería, el trafico de armas, entre otros.
Frente a este diagnostico es necesario fortalecer el respeto a la población civil y la presencia del Estado y las instituciones en los territorios donde se quieren hacer los planes de transformación por parte del gobierno nacional, asi como insistir en el diálogo con las comunidades indígenas e instalar una mesa de trabajo para darle salida a una ruta humanitaria.
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[1] Entrevista a Andrey Avendaño, negociador del EMC, Infobae 25 de abril, 2024.
[2] Declaraciones de Camilo González Poso en entrevista con el espectador, marzo 2024
[3] Comunicado del Comando Conjunto Coordinador de Occidente, sitio web de esa agrupación
[4] Declaraciones de Ivan Mordisco en video publicado en el mes de abril en internet
Julio Arenas, Observatorio del Conflicto Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: RTVC Noticias
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