Candidaturas, y maniobras del régimen chavista
Nicolás Maduro aspira a continuar como presidente, pero acaba de ser golpeado pues no logró fracturar la unidad opositora ni sacarla de la ruta electoral. El régimen chavista-madurista nunca esperó que las fuerzas opositoras lograran superar sus diferencias y divisiones, y que se unieran en torno a Edmundo González Urrutia quien fue jefe de la misión diplomática de Venezuela en Argentina y Argelia. Lo apoyan los partidos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática con cuya tarjeta electoral se inscribió, empezando por Vente Venezuela de María Corina Machado, inhabilitada por el régimen para ser candidata, y de su reemplazo Corina Yoris quien no fue registrada; incluso el gobernador del Zulia, Manuel Rosales Guerrero, candidato por Un Nuevo Tiempo (UNT), con el Movimiento por Venezuela, retiró su candidatura para apoyar la de unidad.
Edmundo González fue admitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como candidato por lo que no pueden inhabilitarlo, retirarlo o bloquearlo. Lo apoyan las 10 organizaciones de la Plataforma Unitaria Democrática, y ha recibido respaldo del Movimiento al Socialismo (MAS), Unión y Progreso (UyP), Partido Unión y Entendimiento (Puente). González publicó en su cuenta en X que otros 11 partidos lo apoyan -1) Democracia Renovadora, 2) Gente Emergente, 3) Moverse, 4) Movimiento Ecológico, 5) Movimiento Republicano, 6) Partido Cristiano de Venezuela Unidad – Organizados Elegimos (NOE), 7) Nueva Visión para mi País (Nuvipa), 8) Movimiento de los Pueblos Indígenas de Venezuela (Parlinve), 9) Unidad Nacional, 10) Unión Republicana Democrática (URD), 11) Vanguardia Popular.
Esa unidad opositora aspira a derrotar a Maduro, quien ha tratado de anular los derechos ciudadanos, así como los liderazgos, movimientos y partidos opositores; ha aumentado los presos políticos en condiciones infames de reclusión, sometidos a tortura, aislados de su familia, como la líder de derechos humanos Rocío San Miguel. Además, ha eliminado la justicia con tribunales sin independencia ni respeto por la Constitución; el régimen controla todos los poderes públicos, la ley, la institucionalidad, los recursos públicos. Todo eso ha forzado a huir de Venezuela a más 8 millones de personas, muchos exponiéndose a graves riesgos o incluso la muerte, por ejemplo, al cruzar a pie la Selva del Darién para ir hacia Estados Unidos; o los que cruzan las fronteras de países de Suramérica, para buscar un mejor futuro allí o tratar de ingresar a Europa.
El calendario electoral presidencial es estrecho; y para impedir la participación, el régimen puso muchas trabas en el Registro Electoral. De los 3 millones de nuevos votantes en Venezuela, sólo lograron inscribirse cerca de 200.000; de 7.722.579 migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, podrán votar 69.189 personas, y apenas 6.020 pudieron cambiar su centro de votación de Venezuela al país donde residen.
Las trabas también las han impuesto en países donde se concentran los migrantes. Por ejemplo, los consulados venezolanos en Chile sólo admitieron 593 cambios de centros desde Venezuela y 14 inscripciones de nuevos votantes. En los 5 consulados en Colombia sólo pudieron inscribirse 25 nuevos votantes y apenas 248 cambios de centros de votación desde Venezuela fueron procesados. Así, para las próximas elecciones presidenciales, 21.402.220 ciudadanos tendrían derecho a votar, de los cuales solamente 69.189 podrán hacerlo desde el exterior de Venezuela. En los 16.025 centros de votación -1.700 adicionales a la última elección, en sitios de difícil acceso, tendrán sólo 1 mesa, para un mayor control electoral del gobierno[1]. La comunidad internacional, en especial gobiernos como los de Colombia y Brasil, deben insistir en mostrarle al régimen madurista-chavista las consecuencias de afectar el derecho al voto.
Pacto Político para transición democrática desde lo electoral
Han surgido propuestas para que Venezuela salga de la catástrofe generada por el régimen en estos 25 años. Son agudas las crisis a todos los niveles: institucional, económica, de la educación, la salud, los servicios públicos -de agua, electricidad, gas, gasolina-; hiperinflación, pobreza extrema, emergencia humanitaria, morbilidad hasta infantil, etc.
Hay sectores -como lo muestra Víctor Álvarez[2]– que trabajan dentro y fuera de Venezuela en favor de mantener la ruta electoral tratando de incidir sobre ambos lados de la gran fractura en la República Bolivariana de Venezuela: al régimen, exigiendo condiciones y garantías para las elecciones tanto presidenciales como legislativas regionales y municipales de 2025; a la oposición y a la población en general, procuran ayudarles a superar la apatía electoral, a reconstruir la confianza en el voto, a movilizarse en favor de una solución pacífica-electoral de los conflictos venezolanos y a rechazar las vías violentas. Ha surgido la propuesta de estimular un pacto entre todos los candidatos a la presidencia de Venezuela para que, independiente del sector político que gobierne, por la vía electoral se pueda lograr la alternabilidad en el poder y que una derrota electoral no se convierta en persecución política, sino que permita una convivencia pacífica.
Proponen que todos los candidatos a la presidencia asuman el compromiso de ayudar a generar un clima de reencuentro nacional, debatan una amnistía general por faltas y delitos políticos como 1) violaciones de la libertad de expresión, organización política, participación electoral; 2) represión de manifestaciones y protestas con fines políticos, contra el orden institucional y el gobierno establecido; 3) actuaciones de los organismos de seguridad del Estado al enfrentar la resistencia y desobediencia a la autoridad, cuyos excesos pudieran dar lugar a juicios y condenas por parte de los órganos de justicia; 4) hechos del ejercicio de la función de gobierno que pueden dar lugar a investigaciones, imputaciones, acusaciones o condenas por parte de la Corte Penal Internacional; 5) persecución contra dirigentes políticos y funcionarios del gobierno por órdenes internacionales de captura y amenazas de extradición; 6) críticas al gobierno nacional, autoridades, poderes públicos por expresión de ideas y opiniones políticas; 7) difusión de imágenes y mensajes difamatorios u ofensivos en el ejercicio de la crítica a la acción de gobierno, poderes públicos, autoridades y funcionarios; 8) participación en el gobierno interino, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y extralimitación de las funciones de la Asamblea Nacional electa en 2015; 9) solicitud de fuerte presión con sanciones económicas y aislamiento internacional; 10) haber participado o apoyado el intento de golpe militar del 30 de abril de 2019, y pedido intervención militar externa a través del TIAR.
Con el fin de reducir costos de salida a quienes tienen el poder, también proponen a los candidatos presidenciales promover la eliminación de recompensas internacionales, no seguir presionando juicios en la Corte Penal Internacional, pedir el cese de persecución judicial contra representantes de los poderes públicos del Estado. Que los tribunales especiales de justicia transicional evalúen y decidan qué tipos de delitos pueden amnistiarse y quiénes pueden beneficiarse de medidas especiales de indulto o fin de la acción penal[3].
Diversos sectores venezolanos piden acoger lo que establece el Estatuto de Roma y el artículo 29 de la Constitución, que exceptúa de la amnistía las violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, que sólo podrán ser juzgados por la justicia ordinaria; también, crear una Comisión de la Verdad que recoja y procese denuncias de violencia política y violaciones de derechos humanos por la confrontación política -de febrero 2014 a febrero 2024-, para resaltar a las víctimas del conflicto, que deben ser reconocidas y reparadas en un proceso de verdad y justicia transicional. Y plantean que, al liberar fondos de la República que Estados Unidos mantiene bloqueados, puedan crear un Fondo de Reparación de Daños a las víctimas del conflicto -presos y exiliados políticos; torturados, heridos, familiares de manifestantes muertos en protestas, migrantes y sus familias-, como parte de un Pacto para convivir en paz.
Pacto de convivencia
Como parte de la propuesta de pacto político, contemplan que los candidatos presidenciales deben comprometerse a respetar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y piden a la FANB ratificar su condición no deliberante, subordinada al poder civil; respetar la Constitución, las leyes y el resultado electoral como expresión de la soberanía nacional ejercida a través del voto. Señalan que, en caso de un cambio en el mando político, el nuevo presidente tendrá que coexistir con poderes públicos como la Asamblea Nacional, gobernaciones, alcaldías elegidos antes. Pero para poder gobernar, quien llega al poder tendrá que reconocer a su antecesor así sea adversario, ayudar a que sea posible la cooperación y complementación entre los diferentes poderes públicos y niveles de gobierno.
Con el fin de evitar que después de las elecciones se generen crisis de gobernabilidad proponen a los candidatos concertar un programa básico de reformas económicas, sociales e institucionales y, para su aplicación, piden que además de levantar las sanciones, Venezuela sea reinsertada en los mercados financieros internacionales, pueda reestructurar su deuda externa y promover inversiones extranjeras que ayuden a reactivar su industria petrolera y su aparato productivo. Así, quien gane las elecciones presidenciales, para que pueda gobernar, cuente con una economía saneada, un Estado re-institucionalizado y una sociedad activa.
Para facilitar la alternabilidad en el poder, limitar el poder excesivo presidencial y garantizar la autonomía de los poderes públicos, proponen a los candidatos impulsar una reforma constitucional que al menos tenga cinco elementos. 1) Eliminar la reelección indefinida del presidente, gobernadores y alcaldes. 2) Recortar el mandato presidencial a cinco años con una sola e inmediata reelección. 3) Activar la segunda vuelta en la elección presidencial. 4) Eliminar el referendo revocatorio para todos los cargos públicos de elección popular. 5) Designar al expresidente de la república como diputado vitalicio con inmunidad parlamentaria, al vicepresidente ejecutivo y a los vicepresidentes sectoriales diputados con inmunidad parlamentaria por dos períodos constitucionales, y a los ministros del gobierno saliente por un periodo, todos con voz, pero sin voto. Y recogen la propuesta de los presidentes de Brasil y Colombia, de someter el Pacto de Convivencia Pacífica a referendo popular en los comicios presidenciales de julio próximo.
Así, a menos de 90 días para las elecciones presidenciales venezolanas, las dos partes enfrentan desafíos cruciales. El régimen -Maduro, en particular-, debe parar las estrategias desplegadas para mantenerse en el poder al costo que sea, cumplir el Pacto de Barbados y garantizar elecciones democráticas. La oposición debe abandonar el triunfalismo, transformar el favoritismo que tiene en las encuestas y en el espíritu opositor en una victoria contundente al votar masivamente por el candidato unitario Edmundo González. Además, debe haber vigilancia de manera permanente todo el proceso electoral y el día de la elección, con la capacitación y acreditación de sólidos testigos en todas las mesas electorales.
Al mismo tiempo, ambas partes deben adelantar una negociación simultánea para -como se ha señalado antes-, garantizar que se eviten provocaciones, discursos o estrategias de confrontación, revanchismo y triunfalismo; y que, en cambio, se preparen para una transición democrática e incluyente. No hay resultados garantizados, solo tendencias aún no consolidadas. Ojalá los venezolanos logren consolidar la unidad de las oposiciones, y preparar una convivencia democrática y en paz, así como reconstruir su país.
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[1] https://www.elnacional.com/venezuela/solo-508-venezolanos-en-el-exterior-se-registraron-para-votar-en-las-presidenciales/; https://www.elnacional.com/opinion/no-olvidemos-a-los-presos-politicos/
[2] https://t1p.de/nwtp1, https://www.elnacional.com/opinion/pacto-de-convivencia-entre-los-candidatos-a-la-presidencia/
[3] https://runrun.es/opinion/529554/pacto-de-convivencia-victor-alvarez/
Socorro Ramírez
Foto tomada de: France 24
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