El anuncio presidencial generó todo tipo de reacciones en particular en quienes no entienden cómo el propio jefe del Estado anuncia que le reconocerá a la ONU y a los países garantes y acompañantes del proceso de paz de La Habana que el Estado fue inferior al compromiso que asumió con la paz. Aunque puede sonar “raro” que el propio presidente de la República haga ese tipo de reconocimientos, lo que hace Petro es poner de presente que las otras dos ramas del poder público son responsables, junto al Ejecutivo, de los incumplimientos a lo que se acordó en Cuba entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc-Ep.
Los incumplimientos a lo firmado en el teatro Colón de Bogotá ponen de presente responsabilidades políticas que deberán asumir funcionarios y los gobiernos de Santos, Duque y Petro. De igual manera, las que tienen que arrogarse agencias estatales que operan bajo las viejas dinámicas de un Estado desordenado, paquidérmico, ineficiente e incapaz, administrativamente hablando, de ejecutar el mandato legal en el que está soportado el acuerdo de paz de La Habana. Siete años después de la firma del armisticio entre el Estado y las entonces Farc-Ep, el Congreso aprobó la jurisdicción agraria. Esto dijo la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica: “la jurisdicción agraria va a permitir que la paz llegue al campo con una vía judicial por la cual se puedan tramitar todas las diferencias que tenemos sobre los derechos a la tierra, a los baldíos y los bienes de uso público”.
A pesar de ese tardío avance, la reforma agraria sigue siendo el problema central en los incumplimientos porque ni se ha logrado cumplir con la entrega de los 3 millones de hectáreas de tierra, como tampoco consolidar el Fondo de Tierras acordado para tal efecto. Reducir la reforma agraria a la entrega de tierras es un error en el que incurrieron dos de las tres administraciones arriba señaladas (Santos y Duque). Se debió diseñar, una vez firmado la paz, un plan de industrialización del campo con todos los latifundistas del país, esto es, con aquellas personas naturales y jurídicas que acaparan grandes extensiones de tierra dedicadas a ganadería de baja producción, a la especulación del precio de la tierra y a la siembra de monocultivos de caña de azúcar y palma africana.
Al no haberse diseñado ese plan de industrialización, los PDET se hicieron inaplicables por cuanto no solo no se tocó la propiedad concentrada de la tierra, sino que su deseada distribución no está pensada, por ejemplo, para que el minifundio y el latifundio puedan convivir bajo un modelo agrario moderno que convierta al país en una despensa agrícola para el mundo. Poco interés hay en dejar de ser un simple exportador de café y azúcar, en beneficio de unos cuantos agentes privados, porque históricamente se construyó una azarosa relación con la tierra, ancorada su concentración al poder político y económico que esa condición genera.
Un punto que poco se advierte al momento de evaluar la etapa de implementación de los acuerdos de paz de La Habana en la que estamos, tiene que ver con la noción de Estado. Pocos son los funcionarios, magistrados, empresarios del campo, jueces, ministros, e incluso, presidentes de la República, entre otros, que tienen una visión de Estado que supere las lógicas y dinámicas políticas asociadas a los tiempos que duran los gobiernos. El ejemplo de Iván Duque Márquez resulta paradigmático. Con el claro objetivo de frenar la implementación del acuerdo de paz, Duque redactó su propia política de paz a la que llamó Paz con Legalidad. Es decir, con una política de gobierno y con todo el poder político y administrativo, el entonces presidente-títere, afectó la política de paz de Estado que emergió cuando se firmó en el teatro Colón de Bogotá la versión final del Acuerdo Final. No se puede olvidar que Duque fue una ficha incondicional de Uribe y de otros agentes del llamado uribismo, que hizo todo para cumplir con el deseo del exministro Fernando Londoño Hoyos y del exprocurador Alejandro Ordóñez de “hacer trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final”.
Estos dos godos recalcitrantes además de oponerse a la negociación política entre el gobierno de Santos y los voceros farianos, son hijos del cortoplacismo. En Colombia se planea el desarrollo para cumplir las metas de un gobierno, esto es, para cuatro años. Por ello los ejercicios de prospectiva que se hacen se abandonan por razones políticas e ideológicas e incluso, por lecturas macartizantes que se hacen sobre los campesinos y los exguerrilleros, incluyendo por supuesto al presidente Petro por haber militado en el M-19. Entran en ese juego ideológico el clasismo y el racismo, elementos que por décadas han impedido un acercamiento entre quienes concentran la tierra y aquellos que quieren trabajarla para aportar a la autonomía y la soberanía alimentarias.
Al final, el llamado que hace el presidente Petro va dirigido a que en todos los estamentos de los tres poderes públicos se revisen los procedimientos y las actuaciones que terminaron consolidando los incumplimientos a lo acordado en La Habana, Cuba. Pero no puede dejar por fuera el jefe del Estado las responsabilidades políticas de los gremios y agentes de poder asociadas a las actividades agrícolas, en particular aquellos que dijeron No al plebiscito por la paz, coyuntura que terminó provocando y legitimando los primeros incumplimientos a lo acordado, en virtud a los ajustes que sufrió el texto final de paz.
No podemos olvidar que mantener las dinámicas del conflicto armado interno en las zonas apartadas del país, favorece directamente a los latifundistas y ganaderos que llegan a esos territorios a acaparar más tierra, bien sea de la mano de estructuras paramilitares o de las condiciones de un mercado de tierras golpeado por la violencia política que abarata el valor de la tierra.
Germán Ayala Osorio
Foto tomada de: larazon.co
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