Petro contra Petro
Sin darse cuenta con sus críticas y denuncias, muchas veces certeras, el presidente Petro se convierte en un opositor y francotirador contra el Estado desde la primera magistratura del Estado. Así las cosas, aparece como el más eficaz crítico y adversario de sí mismo. Entrega a una feroz oposición sus mejores argumentos, pues se muestra impotente y casi desesperado frente a ese penumbroso Estado. Un Estado encallado en la arena movediza de una burocracia carcomida por múltiples intereses particulares, ambiciones personales y complicidades criminales, todas ocultas bajo el ropaje legal de numerosas organizaciones que se autodenominan partidos políticos, pero en la realidad son empresas depredadoras del presupuesto nacional y de los intereses y bienes públicos. Empresas electorales al servicio del mejor postor, leáse financiador de sus candidatos y candidatas, la mayoría profesionales de la demagogia y la impostura.
Por lo tanto, un Estado cacocrático, putrefacto, situado en las antípodas del Estado Social de Derecho consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política: “fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. Siendo esta la realidad, el presidente Petro se enfrenta así a una paradójica encrucijada política, casi imposible de superar: gobernar un Estado constitucional que no existe en la realidad política, económica y social, pues no cumple los principios, valores y fines proclamados en la Constitución del 91: la paz, la justicia y el bien común en tanto expresiones de la dignidad humana. Ninguno de los presidentes que le han antecedido ha honrado ese Estado constitucional, más bien lo han horadado hasta convertir la paz en un letal agujero negro y en una raída bandera de guerra, disputada sin límite alguno, siendo la población civil su mayor víctima propiciatoria. En lugar de la prevalencia del interés general, sus antecesores en la Casa de Nariño han convertido el Estado en un mercado que subasta la vida, la salud y la dignidad humana.
Así las cosas, Petro es un presidente que gobierna sin ese Estado constitucional, el cual se esfuerza vanamente en hacer real mediante sus reformas sociales, bloqueadas en parte por sus dificultades para conciliar sin claudicar ante una indolente oposición que las estima innecesarias e inoportunas. Por lo anterior, Petro cada día gobierna más con ese Estado cacocrático realmente existente, él cual fustiga y rechaza en sus discursos, pero lo sobrepasa en los hechos. Así lo demuestran los recientes escándalos de corrupción donde aparecen involucrados algunos de sus más cercanos colaboradores, como Carlos Ramón González, responsable de la Dirección Nacional de Inteligencia, según documentada investigación de Yohir Akerman, publicada en la revista Cambio. Al parecer es el hombre detrás del tinglado de corrupción de la UNGRD y en su declaración de renta aparece un patrimonio registrado de 12.000 millones de pesos, según artículo de La Silla Vacía, que demuestra escandalosamente como es de rentable la política, pues hace “18 años fue condenado por falsear documentos para volarse topes de campaña cuando era concejal”. Según dicha publicación su “poder político despegó en alianza con el Tuerto Gil, un político condenado por parapolítica en 2012 y que hoy paga casa por cárcel por intentar sobornar a un integrante de la JEP”.
Este breve prontuario político pone de presente que, más allá del resultado de las investigaciones disciplinarias de la Procuraduría y las penales de la Fiscalía, la matriz que engendra el Estado cacocrático y lo perpetua son las reglas del juego político. Mientras se precisen miles de millones de pesos para financiar las campañas electorales y ganarlas, serán los poderes de facto y sus inagotables recursos económicos, legales o ilegales, sumados a los del constreñimiento violento de organizaciones armadas de extrema derecha e izquierda, quienes condicionarán y definirán a los ganadores en las elecciones para el Congreso y la Presidencia de la República y así a quienes como gobernantes protegerán y beneficiarán desde el Estado. Ayer fueron 3.000 millones de la narcopolítica, luego la parapolítica, el ñeñe y la ñeñe política, Odebrecht con Zuluaga y Santos, hoy 15.000 millones según el escatológico Armando Benedetti y ahora la UNGRD. Todo ello es lo propio de un régimen político electofáctico y su correspondiente Estado cacocrático. No por casualidad fracasó y se abortó prematuramente en el Congreso el proyecto de reforma política que proponía la financiación estatal de las campañas electorales y la limitación de sus siderales gastos. Mientras la competencia política no deje de ser un festival de vallas y un derroche de compraventa de votos; de inversionistas privados que promueven candidatos a cambio de contratos y concesiones, es decir, en tanto la política no deje de ser una Celestina de intereses corporativos, empresariales y familiares y los partidos intrincadas redes de complicidades para saquear el Estado, la lucha contra la corrupción estará perdida, más allá de la buena voluntad y pulcritud de quien gobierne, pues siempre será un rehén de la cacocracia.
Hernando Llano Ángel
Foto tomada de: Hora 13 noticias
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