Que una instancia administrativa, por cierto dependiente de la presidencia de la República, sobre facture por el doble el precio real de compra de unos carrotanques destinados a llevar agua a las sedientas comunidades de la Guajira, destroza los límites de toda bellaquería en la esfera pública; desborda los rompientes que se disponen para contener la corriente; mejor dicho, aquí ocurrió una tragedia casi peor que la que aconteció con la ruptura del dique Caregato en la Mojana sucreña, roto por los embates de la naturaleza. La corrupción, corriente de turbulencia contaminada, se llevó los diques de la moral pública y las normas medulares del Estado soberano y de la función pública.
La Derrota
Una corrupción de esa naturaleza constituye en verdad una derrota del Estado; también del gobierno; pero lo es sobre todo del Estado, pensando las cosas en un sentido más profundo.
Al Estado lo sostiene un ideal o, si se quiere, un imaginario ético fundamental, el de que dicho Estado está construido alrededor del bien público; su razón de ser es protegerlo, una protección que se apoya no solo en la fuerza sino éticamente en el buen comportamiento de los detentadores del poder, estos últimos, modelo para los ciudadanos.
Porque entre estos y los que manejan el Estado hay trazada una línea delgada pero consistente, validada para sostener el andamiaje simbólico del orden político, la línea de lo que los antiguos romanos, tan apasionadamente dados a la política, llamaban la virtud; por supuesto de los ciudadanos pero también la de los gobernantes y administradores; y que modernamente se traduce en no ser tiranos, ni guerreristas y en cambio sí unos cuidadores serios y responsables de los bienes públicos.
Ahora bien, la trama de la UNGRD, medio siniestra y en todo caso descarada, de pagar 46 mil millones de pesos por un producto que valía 23 mil millones para robarse así la bobadita de otros 23 mil millones y además presuntamente utilizarlos para sobornar a políticos en el Congreso, es algo que además de ser una usurpación y una trampa criminal, es un encadenamiento de delitos dentro del aparato de Estado, que acaba con esa señalada virtud, con el ideal, base de la simbolización eficaz del Estado, en todo lo que debiera tener como núcleo esencial, como gobierno de las comunidades humanas.
De la deslegitimación a la ingobernabilidad
Con todo, reaccionó bien el gobierno actual, al ordenarle al secretario de transparencia en presidencia que denunciara al propio Olmedo López, director de la UNGRD, y principal sindicado en el esquema del delito.
Solo que después, con las revelaciones de Sneyder Pinilla, subdirector de la entidad, a propósito de sobornos con esos dineros a los presidentes de Senado y Cámara, la trama se ha vuelto más espesa y desconcertante, incluso con efectos colaterales impredecibles, aquellos cuyos alcances estarán a cargo de la justicia, desde luego.
Pero si el caso fuere el de un “ventilador” prendido a dos manos, o a cuatro, las de los dos ex-funcionarios implicados directamente, la deslegitimación vendrá sin remedio para el Congreso, sí, aún más; para los partidos y para el gobierno, lo que significará pérdida de credibilidad, aunque no total, claro.
De todas maneras, tanto Olmedo como Sneyder tendrán que aportar pruebas plausibles, lo que en estos casos no siempre ocurre.
De las pruebas o de los indicios que entreguen, dependerá el castigo político que reciban los representantes de las ramas del poder comprometidas. También de todo ello y de su habilidad estratégica para salvar responsabilidades, derivarán las posibilidades de recuperación que tenga el gobierno, ya afectado en la simpatía que le puedan guardar algunos sectores importantes del centro dentro del espectro ideológico.
Por otra parte, su deslegitimación, en términos del descrédito y de la desconfianza, de que puede quedar rodeado, podrán incidir indirectamente en la gobernabilidad para la segunda mitad del mandato presidencial; pues quizá tenga que lidiar con una atmósfera particularmente enrarecida en sus relaciones con el Congreso, aunque ya sin la oposición de la Fiscalía, de la Procuraduría y del presidente del Senado, al menos, no del actual, férreo crítico pero curiosamente perteneciente a la coalición oficial.
Ricardo García Duarte
Foto tomada de: RTVC Noticias
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