La Constitución va hasta donde la democracia representativa haga bien las cosas. Hasta cuando las instituciones creadas (reglas de juego) sean transparentes, inteligentes, conductoras e inspiradoras, y los organismos públicos y privados no deriven en un sistema de favores y de corrupción en torno al acceso y saqueo de los recursos públicos.
La Constitución también va hasta donde le sirva a los intereses generales y superiores de la nación: protección y mejor uso de los recursos naturales en tiempos de calentamiento global y el anhelo de una sociedad justa, equitativa, avanzada, abierta, sostenible y en paz. Si con el pasar de los años la sociedad no avanza, la ciudadanía debe encargarse de ordenar las reglas de juego, las leyes y las políticas que orienten la nación. Los tiempos son cada vez más cortos por la revolución de las tecnologías digitales y de los sistemas de comunicación que cruzan países e integran naciones, regiones y continentes por tierra, mar y aire.
La Constitución de 1991 puso por encima de la mesa los derechos y por debajo negoció la captura de los recursos públicos.
La agresividad de la oposición agremiada en un bloque de todos los partidos distintos al Pacto Histórico, obedece a que armaron un inmenso e infinito negocio bajo la doctrina neoliberal del mercado, poniendo en riesgo la sociedad, la economía, la soberanía nacional y al Estado. Las guerras de Colombia se deben a un desarreglo institucional estructural que ha sido imposible corregir. Colombia vive en estado permanente de violencia, y desde hace cinco décadas en un profundo estado de corrupción e ilegalidad.
La salud es un sofisticado sistema de ingeniería financiera y jurídica para capturar recursos públicos. Sin poner un peso, se convirtieron en aseguradoras con nuestra plata. Es la mayor bolsa de corrupción que existe en todo el mega sistema de corrupción de las entidades públicas. El sistema está ética y económicamente destruido y necesita de una reforma para ordenarse. Si el Congreso de la República no pasa la reforma, el sistema colapsa porque el Estado no puede seguir girando a un barril sin fondo.
La jugada de SURA se parece a un golpe por la espalda porque las EPS y el gobierno aparentemente habían acordado y perfeccionaban un texto para presentarlo en la legislatura que comienza el 20 de julio. Pero, la mesa se levantó y nadie dijo nada. Los requerimientos de información que el gobierno había solicitado, ACEMI respondió diciendo que se necesitan meses, semestres, años, siglos y milenios para encontrarla, organizarla y entregarla. Por ahora no es responsable hacer interpretaciones de esta respuesta, hasta tanto el gobierno no se pronuncie, porque es un asunto de auditoria forense. Lo cierto es que el sistema necesita ya una reforma, para ello la ciudadanía debe manifestarse, organizarse y exigir, y no solo agolparse en las puertas de las EPS a pedir consultas y medicamentos. La crisis del sistema venía agazapada desde 2008 según lo advirtió la Corte Constitucional. Este gobierno recibió el paquete acumulado de más de 120 EPS cerradas en 27 años. Es decir, el sistema no acababa de arrancar, cuando ya estaba en crisis. ¿Recuerdan las EPS que en los años 1990 les giraban a los paramilitares? Levantar el velo corporativo es otro asunto que debe reformarse en la Constitución. En un mundo de mortales no puede haber dioses terrenales.
Las otras reformas sociales están igualmente frenadas por una oposición irracional. El caso más indignante es el bloqueo a la reforma de la educación. Aprobada de manera pronta en una de las dos cámaras, en la otra, está neutralizada, con el argumento de que existen textos alternativos, los cuales demoran en entregar, y cuando los entregan, los ponentes se van y dañan el quorum para decidir. Así también lo hizo la oposición con la reforma a las pensiones, pero fracasó.
Es una práctica ilegal que por principio de interpretación se puede demandar porque es un bloqueo a la Constitución por un bloqueo a los derechos de la ciudadanía por el derecho a una mejor educación. Esa reforma es urgente, de lo contrario el sistema también se derrumba, por falta de condiciones para una cobertura de calidad y acceso a todos los niños y jóvenes de Colombia. Tan infame como bloquear la reforma a la salud, es bloquear la reforma a la educación, porque es ahí donde se construyen los sueños de los niños y los jóvenes que son el futuro de la nación.
Otra irracional decisión es la de la Corte Constitucional, que le ha quitado a la reforma tributaria la posibilidad de cobrarle impuestos a las regalías del carbón. Es irracional por tres razones: primero, el carbón viene de capa caída en la demanda y en los precios internacionales, porque hay un consenso mundial de que es el recurso fósil más contaminante por lo cual los países del G7 decidieron apagar las plantas de energía con carbón, a más tardar en 2035, es decir, tres años antes de que terminen sus concesiones en Colombia; segundo, por la caída de los precios y de las exportaciones, en el último año (abril 2023 abril 2024) dejaron de entrar recaudos tributarios del orden de los cuatro billones de pesos; y tercero, tal como lo dice José Antonio Ocampo en su X “como los recursos naturales son de la nación, las regalías son el equivalente a un dividendo que recibe la nación y no un costo de producción de las empresas. Y es una irresponsabilidad decir que 6.5 billones que debe devolver el gobierno no generan un impacto fiscal”.
El golpe fiscal es de 10.5 billones porque se debe sumar lo que ordena la Corte devolver a las multinacionales y lo que no entraron por impuestos. Sume el multiplicador de no contar con esos recursos para inversión pública o para apalancar inversiones público privadas. La decisión de la Corte se enmarca en la misma línea de oposición del Congreso de la República a las reformas progresistas.
Los casos de corrupción en la UNGRD y en muchas entidades más, si bien han tocado al gobierno progresista, el origen es culpa y su avance es responsabilidad de los gobiernos anteriores. La transversalidad de la corrupción en lo público y sus relaciones con privados, ha desbordado la Constitución. Las reformas a la justicia y la política, no han sido posibles, se suman el represamiento de las reformas sociales, y se añade el incumplimiento a reformas económicas, políticas y sociales en el marco del acuerdo de paz.
Así, la convocatoria al constituyente primario es una obligación constitucional, pronta y urgente. No desarrollar el acuerdo de paz es fallarle al proceso de paz con otros grupos. Porque la pregunta es ¿si el acuerdo con las FARC no se ha cumplido a cabalidad con qué confianza se van a firmar nuevos acuerdos si al final no se cumplen?
Finalmente, hay una enorme crisis institucional y política, e incertidumbre en la economía asociada a la dependencia de los minero-energéticos, a la desindustrialización y la corrupción. Muy poco y a veces nada es culpa del gobierno actual, es culpa de los partidos de la oposición y de los gobiernos que históricamente representan. Existe una legitimación de la ilegalidad afianzada desde cuando Uribe merodeaba el poder hasta cuando lo atenazó. Es igualmente espantoso que el premio Nobel de Paz esté alineado con el acusado, para llamar a las fuerzas militares a desobedecer al gobierno si se avanza a una Constituyente por decreto. Es decir, un Nobel de la Paz llamando a la guerra. Al tiempo que los expresidentes, con excepción de Samper, se cartelizaron para oponerse a cualquier acción que se asimile a una asamblea constitucional que provenga del constituyente primario. Por esto y mucho más, la ciudadanía también tiene la palabra, porque Petro no aspira a la reelección y porque el progresismo si tiene con quien seguir gobernando cuatro años más, mientras la oposición no, por eso andan en la búsqueda de un Milei.
Jaime Acosta Puertas
Foto tomada de: Canal Institucional
Deja un comentario