En este entorno de recelo permanente se destaca la continua actuación de la oposición política y social al primer gobierno de izquierda en Colombia y sus intentos para impedir que el gobierno de Gustavo Petro saque adelante sus reformas sociales apelando tanto al golpismo judicial como al mediático para generar temor y zozobra. Se vio con los intentos de golpe judicial del fiscal Barbosa y de la procuradora Cabello como también en las “jugaditas” en el Congreso para impedir la aprobación de proyectos del Ejecutivo disolviendo el quorum o promoviendo mociones de censura a ministros incómodos para dilatar los debates en el seno de la corporación.
El diálogo político se relaciona con la consecución de acuerdos y compromisos entre actores públicos; cuando el mismo flaquea asoma su nariz el bloqueo institucional el cual se presenta cuando la clase política se niega a discutir reformas que se requieren para dar respuesta urgente a situaciones que ponen en peligro el buen funcionamiento de las instituciones y el devenir de un país. En Colombia, además de la frecuente manipulación de los procedimientos legales para tomar decisiones de gobierno también se suele apelar a la descalificación moral del adversario y es lo que ha intentado la oposición calificando al presidente de guerrillero y cuestionando la financiación de su campaña pasando por alto los dineros de Odebrecht en la campaña de Santos o la “ñeñepolítica” que permitió el triunfo de Duque.
Ante la resistencia al cambio por parte de una clase política cada día más deslegitimada por los continuos casos de corrupción y el cierre del diálogo institucional en el Congreso de la República donde, en principio están representados los diversos intereses del país, tanto el Gobierno como la oposición han preferido organizar marchas en las calles para hacer exhibición de sus fuerzas así como valerse de las redes para soliviantar los ánimos, pero -irónicamente – sin dejar de mencionar la importancia del diálogo.
Fiel a la tradición leguleya del país, el enfrentamiento entre partidarios del Gobierno y sus opositores se desenvuelve arropado en un manto de galimatías jurídico en el que también ha caído el gobierno y que poco entienden los ciudadanos. Ante la dificultad de sacar adelante su proyecto por las vías normales y con un lenguaje ambiguo el presidente ha puesto al país a discutir sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente; un imposible con las actuales herramientas y el ambiente político reinante. El resultado ha sido más confusión, más división, incluso en el seno de la coalición de gobierno; más incertidumbre y hasta más indiferencia en una ciudadanía agobiada por una situación en la que no se vislumbra un horizonte claro y en la que se conocen informaciones contradictorias y desconcertantes. Un ejemplo de ello: mientras según cifras oficiales el país terminó el 2023 con 338.000 personas menos en pobreza multidimensional (cifra del DANE) lo cual es un dato positivo, Migración Colombia y la Aeronáutica Civil han informado que más de 1.200 colombianos emigran diariamente para no volver, lo que permite vislumbrar la difícil situación de una clase media que ve un futuro incierto y busca horizontes menos borrosos.
En principio, una integración constructiva de las relaciones entre legislativo y ejecutivo depende de un sistema de partidos políticos fuertes y de la formalización de reglas de juego concebidas como piezas clave para sentar unas bases sólidas de un gran proyecto de gobernabilidad del sistema. No es lo que sucede en el país. Ni partidos sólidos y disciplinados ni reglas por todos acatadas. Sin embargo, caben también otro tipo de consideraciones que permiten entender el bloqueo mental de quienes toman decisiones políticas en el país.
En Colombia prima la idea de que el derecho es el impulsor de la acción estatal. Se fetichiza la ley y se considera que toda solución pasa por la norma. Desde luego, la vía normativa es fundamental, pero la misma es un soporte insuficiente si no va acompañada de una adecuada orquestación de políticas públicas, de un consenso que legitime el contenido de las decisiones.
En términos tradicionales se considera que la mayoría de votos obtenida en las urnas es suficiente para legitimar el poder y la noción de gobierno tiende a confundirse con la de hegemonía política. Desde esta perspectiva se impone una visión conflictual y primaria de las cosas por cuanto el gobierno no es visto como un medio de acción pública del Estado sino como un botín obtenido por la mayoría que gana las elecciones. Desde otra perspectiva puede afirmarse que gobernar es concretar políticas públicas, es decir, respuestas del Estado a determinados problemas públicos mediante el diseño de unos instrumentos de acción pública que incorporan al tejido social afectado. En este orden de ideas, la clave legitimadora no es la existencia de una ley sino el consenso social en la que se basa la política pública, así como la eficacia de los resultados obtenidos, en término de respuestas a las demandas reconocidas. Siguiendo esta línea argumentativa, es claro que debería dejarse a un lado el embeleco de la Asamblea Constituyente y buscar un consenso nacional que legitime el contenido de unas reformas que necesita urgentemente el país y permita concretar objetivos estratégicos.
Los acuerdos nacionales (“acuerdos sobre lo fundamental” como los llamaría Álvaro Gómez) no conducen necesariamente a una constituyente, así como las constituyentes tampoco son garantía de acuerdos nacionales. A este respecto vale la pena tener presente un trino del senador Iván Cepeda quien afirmó: “El deber de nuestro gobierno es escuchar la inconformidad y las críticas de la ciudadanía y la oposición. Debemos explicar lo que injustamente se malinterpreta y no se entiende. Corregir lo que se ha hecho. Dialogar para buscar un acuerdo nacional. Así se construye la democracia”.
El rechazo frontal de la oposición a las reformas estructurales propuestas por el gobierno no ha impedido acuerdos entre el Ejecutivo y congresistas de la oposición lo que le ha permitido al ministro de Gobierno descartar un posible bloqueo institucional. Destaca el ministro entre otros acuerdos la aprobación del proyecto de ley estatutaria que establecería la estructura de la jurisdicción agraria y rural. En este sentido, el ministro hace gala de un optimismo que contribuye a aliviar las tensas relaciones que se perciben en el Congreso, pero ello no es suficiente para olvidar que la suerte de las reformas estructurales del gobierno es incierta por cuanto el tiempo juega en su contra y que este es el gran obstáculo que se yergue ante las tácticas de oposición para hundir los proyectos del gobierno. Quedan pocos días para que termine la legislatura y no han faltado argumentos a la oposición para rehuir el debate, demorar las votaciones y hundir las reformas por falta de trámite.
Rubén Sánchez David
Foto tomada de: Senado
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