¿Porqué Medellín? […] todas las comunas y corregimientos tienen presencia de al menos un actor armado. Ejercen control territorial de la ilegalidad en casi el 85% del territorio, el restante incluye las áreas institucionales, lo que da cuenta de la magnitud de esta problemática (Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana 032-2020, p. 27). Por su parte, una investigación de Valor Público de la Universidad Eafit con la Universidad de Chicago, indica que existen “17 grandes grupos criminales”, de los que dependen más de 350 combos que tienen presencia y ejercen control territorial en los barrios de Medellín y que agrupan entre diez mil y doce mil jóvenes (León, 2023).
El gobierno nacional, a través de su Delegación, está conversando con voceros de estructuras de 20, 30 o más años de existencia, consolidadas como para ejercer controles de diverso tipo: control social, sectores significativos de la población los tienen como referentes en lugar del Estado, para generar oportunidades de ingresos o resolver conflictos interpersonales o intrafamiliares; control territorial, durante muchos años los territorios fueron el gran botín en la confrontación entre organizaciones delincuenciales, hasta el punto de levantar fronteras invisibles entre barrios o comunas, con peligro para los pobladores; control económico, rentas ilegales y rentas cada vez más legales en sectores como el transporte, construcción y mercado inmobiliario, de una magnitud tal que cuesta concebir a Medellín sin la influencia de esos cuantiosos recursos económicos; control institucional y político, parcialmente, dada su connivencia con algunos sectores de la policía y la justicia, y sus vínculos innegables con algunos líderes políticos de la ciudad y el departamento.
Son estructuras criminales que no han sido derrotadas militarmente por el Estado. Al contrario, han conservado su fortaleza a pesar de las persecuciones de las autoridades que se han limitado a los llamados “objetivos de alto valor” o sea a detener y judicializar jefes y cabecillas, pero no a desarticular las estructuras. Durante 30 años la política criminal oficial se reduce a lo mismo: más píe de fuerza, más tecnología, mas vehículos, más penas… pero las organizaciones del crimen de alto impacto, incólumes. Por ello cobra relevancia buscar otros caminos como el dialogo y la conversación, para que los mismos remedios de siempre, no logren los mismos resultados de siempre. Hoy hay voluntad de las estructuras, manifiesta a través de sus voceros de auscultar nuevas opciones en el contexto de la paz total. Y no es solo a través de palabrería. Es con hechos.
El primer hito importante del proceso de paz urbana en Medellín se dio el 27 de abril de 2023. Mediante un comunicado público asumieron el compromiso de coadyuvar a la reducción de los indicadores de criminalidad más relevantes, relacionados con las estructuras, como los homicidios, desplazamientos, vinculación de menores a sus filas y la no producción, comercialización y trafico de drogas como el fentanilo. Con ocasión de la celebración del día de la madre de este año 2024 hubo una reiterada demostración de su voluntad al anunciar no violencia por parte de sus organizaciones, disposición que como un dominó se regó en otras ciudades del país. Fue una demostración de compromiso e injerencia en el conjunto de la criminalidad de Colombia, desde Itagüí, que ninguna autoridad pudo negar.
Las cifras de los delitos de alto impacto hablan por sí solas. En el valle de aburra entre el 1 de enero y junio 3 de 2024 respecto a igual periodo de 2023, ha habido una reducción del 13,7 % al pasar de 211 a 182 homicidios, en lo cual Medellín aporta 28 homicidios medios, teniendo un decremento del 19,2%, según registros de la gobernación de Antioquia.
Respecto a la participación de los GDO, grupos delincuenciales organizados, según el Sistema de Información de Seguridad y Convivencia, SISC, del Distrito, su participación en igual periodo pasó de 38 a 21 homicidios para una reducción del 45%. La tasa de homicidios de Medellín en 2023 fue de 14 por cada cien mil habitantes, la más baja en 35 años. Para este 2024 se calcula que puede estar en 11 homicidios por igual número de habitantes. Histórica. Allí está el principal impacto del desescalamiento del conflicto urbano como consecuencia del inicio de las conversaciones en la mesa de Itagüí entre la delegación del gobierno nacional y los voceros de las estructuras.
Los registros del Sistema de Información para otros delitos también arrojan reducciones significativas: el hurto a personas cayó un 22 %, con 2.972 casos menos comparado con el mismo período de 2023; el atraco con arma de fuego bajó un 33 %, con 921 casos menos; el hurto de motocicletas presenta una caída del 11 %, con 313 casos menos este año; también, el hurto a residencias disminuyó 16 %. En este delito fueron 124 hechos menos reportados; y el hurto a establecimientos comerciales presentó una reducción del 53 %. Fueron 867 casos menos. Otro indicador importante para destacar: el número de días sin homicidios: 79, 15 menos que en igual periodo de 2023; lo mismo que la extorsión, la cual ha caído un 52 %. Sin desconocer los esfuerzos de las autoridades para el logro de estas cifras, no tiene sentido desconocer la incidencia positiva de las estructuras armadas ilegales en este panorama. Así se mortifiquen algunos funcionarios o servidores públicos.
La paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá está soportada en una mesa de tres patas: la voluntad reiterada de las estructuras, el fuerte apoyo social que se ha organizado en un diverso Comité de Impulso a la Paz Urbana para garantizar su sostenibilidad, y la disposición del gobierno nacional que podría ser más vigorizante si el Consejero Comisionado Otty Patiño se involucra más en el proceso, como se espera. La constitución reciente del gabinete de paz, al interior del gobierno nacional, es un paso significativo para garantizar que los distintos esfuerzos de paz, todos, con beligerantes y no beligerantes, no sean simplemente el resultado del dialogo y negociación entre dos partes, sino la concreción del inconcluso Estado social de derecho en todo el territorio, generando oportunidades y competencias, donde su ausencia es la explicación de la permanencia de los factores y actores de violencia rural y urbana.
La paz urbana en Antioquia se sostiene y avanza a pesar del no acompañamiento de las autoridades locales y regionales, consecuencia del manejo de agendas políticas no coincidentes con la agenda nacional. E incluso, en el Plan de desarrollo de Medellín 2024-2027 la paz urbana en curso se concibe como un “riesgo” y no como una oportunidad. Por algo la guerra y el conflicto siguen siendo fuentes lucrativas de respaldos políticos y electorales. En Antioquia hace rato se hizo ese aprendizaje.
Vendrán más hechos y logros de paz por parte de la mesa de diálogo entre el gobierno y los voceros de las estructuras o por decisión unilateral de estas últimas, en función de desescalar y humanizar el conflicto urbano, y ganar confianza entre los escépticos. Pero la lógica es evidente: la mejor manera de luchar contra la inseguridad y las violencias, es la lucha por la paz. No hay otro camino.
Jorge Mejía Martínez
Foto tomada de: El Colombiano
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