Esta inseguridad alimentaria se presenta también de manera mayoritaria en los hogares donde existe al menos un menor de 5 años y una persona con discapacidad, donde existe un déficit habitacional, en hogares beneficiarios de subsidios o ayudas gubernamentales, la prevalencia también es mayor en hogares indígenas y afrodescendientes, y en hogares en donde su afiliación es mayoritariamente en el régimen subsidiado de salud. Los datos muestran que entre mayor sea la formación educativa del jefe de hogar, menor es la inseguridad alimentaria. El estudio muestra que 15,5 millones de personas no tienen sus tres comidas al día, de los cuales 2,6 millones no comen un día entero, esto último es lo que se denomina inseguridad alimentaria grave.
Sin duda alguna, el resultado de este estudio que publica el DANE, es alarmante y muestra la profundidad de la inequidad y de las desigualdades en Colombia. En un país que tiene 69 millones de hectáreas cultivables para generar su propio alimento, resulta un inaceptable que exista hambre, no obstante, lo que nos muestran los datos es también que existen otras variables como el acceso a la vivienda, al sistema de salud y educativo que se asocian al problema del hambre. Resolver esta situación implica un conjunto de políticas que superen la desigualdad y la pobreza. Y estas políticas deben tener como su principal beneficiario a las comunidades campesinas, es decir, a los 12 millones de campesinos que sobreviven en circunstancias muy difíciles en nuestro país.
En cuanto a la política agropecuaria, en Colombia en sólo el 7% de la tierra, las familias agricultoras producen el 60% de los alimentos de los colombianos, siendo los generadores de los alimentos y familias productivas, a estas familias no les alcanza para superar la pobreza y están sometidos a condiciones de explotación. Los alimentos tampoco han escapado a la depredación del negocio transnacional que destruyen familias agricultoras en todo el mundo para obligarlas a salir de esta y asumirlos ellos, como consecuencia de esto se aumenta el precio de los alimentos, siendo otras de las variables del hambre en el mundo. Esto ha ameritado duros pronunciamientos de Vía Campesina, el movimiento global mas grande del campesinado en el mundo en donde han documentado que para el año 2021, 193 millones de personas en 53 países padecían inseguridad alimentaria aguda, es decir, la condición aguda implica una falta de acceso de alimentos que ponen en riesgo la vida.
“La crisis alimentaria en este momento es inédita”, dice la declaración, “porque se desarrolla en medio de un contexto global más difícil que el de la crisis alimentaria y de combustibles de 2008. La intensidad y frecuencia de los choques climáticos se han más que duplicado en comparación con la primera década de este siglo. En los últimos 10 años, alrededor de mil 700 millones de personas se vieron afectadas por desastres relacionados con el clima, de las cuales casi 90 por ciento se convirtió en refugiados climáticos. El hambre, la desnutrición y la pobreza son más difíciles de superar debido a las guerras, los conflictos y los desastres naturales en curso. Esto obstaculiza todos los aspectos de un sistema alimentario, desde la recolección, procesamiento y transporte de alimentos hasta su venta, disponibilidad y consumo.” (2)
Vía Campesina es clara en afirmar que la crisis no es por falta de alimentos, sino de acceso a los mismos, dado que las transnacionales y corporaciones de los alimentos, controlan la cadena comercial de estos, controlando macrodatos, tierras agrícolas, agroquímicos, insumos, maquinaria, y además se apropian del 80% de los alimentos producidos por los campesinos para comercializarlos.
En el caso colombiano, el debate de política pública ha estado como en el mundo entre el proteccionismo y el libre cambio, traducido a la política agraria, entre la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, es importante aclarar que en ambas visiones se busca acceder y disponer de alimentos, sólo que en la primera se busca privilegiar en la producción de estos a las familias campesinas y agricultores nacionales. Las tres décadas del neoliberalismo han privilegiado la visión de la seguridad alimentaria, en donde los campesinos han tenido que retirarse de la agricultura porque es imposible competir en las débiles condiciones que se encuentran, esto sumado a que en Colombia se importan 15 millones de toneladas a precios más bajos dado los subsidios que reciben los agricultores en Europa y en los Estados Unidos.
En este contexto, el Observatorio Rural de la Salle hizo un análisis a partir del Censo Nacional Agropecuario (3) en donde demostraron que entre mayor sea la explotación menor es la productividad agrícola. En ese sentido, las explotaciones más pequeñas (menores a 3 hectáreas) son en promedio 20 veces más productivas que las más grandes (mayores de 2000 hectáreas). Así mismo, las explotaciones más pequeñas generan aproximadamente 3 empleos permanentes por hectárea, mientras que las más grandes en promedio generan un empleo por más de 1000 hectáreas (3). De ahí concluyen que, si se distribuye mejor la tierra, se mejora la producción agrícola y la generación de empleo en este sector, a partir de la demostración de que ha sido un error en la política pública agraria desestimar a las familias campesinas.
La reforma agraria del actual gobierno va en el sentido de dotar al campo de capacidades para adoptar una política de soberanía alimentaria de la mano de las familias campesinas y reindustrializar al país insertando el campo como un renglón central de la economía. Esto a su vez constituye un punto fundamental para superar el conflicto armado y la violencia en Colombia.
Para concluir, veo con buenos ojos y en el sentido correcto de este cambio hacia la soberanía alimentaria, la iniciativa del DPS, de proyectar una inversión de medio billón de pesos para la construcción de 150 puntos de abastecimiento solidario en los municipios que registran más hambre, que serán dotados por el Ministerio de la Igualdad, en el que se contarán con mercados campesinos, plaza de acopios de alimentos y comedores comunitarios. Sin duda alguna sería un importante avance en infraestructura social para enfrentar el problema del hambre. Un paso en el sentido correcto en el marco del conjunto de reformas estructurales, cambio de modelo económico y de desarrollo que se debe adelantar en Colombia para superar el hambre. Pero en el más largo plazo la redistribución de la tierra a favor de las familias y de la economía campesina será a no dudarlo el camino mas seguro para lograr la soberanía alimentaria.
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- https://www.dane.gov.co/files/operaciones/FIES/pre-FIES-2022.pdf
- https://viacampesina.org/es/la-soberania-alimentaria-es-la-unica-solucion-y-camino-a-seguir/
- https://www.sur.org.co/la-agricultura-familiar-y-los-retos-de-la-seguridad-y-la-soberania-alimentaria-en-colombia/
Carolina Corcho Mejía, Exministra de salud, médica psiquiatra.
Foto tomada de: RTVC Noticias
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