La Corte como arena de combate
La designación de cuatro magistrados, quienes finalmente son elegidos por el Senado, ha convertido a la Corte Constitucional en una arena de disputas, en función de la paz; el punto que más divide al gobierno y a la oposición de derecha. Todo por el papel que juega el alto tribunal en la consolidación de ese que es el principal empeño del presidente, el que define su paso a la historia.
Después del papel decisivo que desplegaron en la escena jurídica tres de los magistrados salientes, sobre todo la presidenta María Victoria Calle, en la afirmación del poder del Congreso para la refrendación del Acuerdo de Paz y en la validación del fast track, el equilibrio de fuerzas en el seno de la Corte se convirtió en una carta mayor dentro de la confrontación entre el santismo y el uribismo.
Un primer lance en la partida se abría con los dos candidatos del presidente, una inmejorable oportunidad para asegurar las mayorías. Sin embargo, el que tenía fama de avezado jugador de póker se equivocó proponiendo a su exsecretaria jurídica, obligada por tanto a inhabilitarse en los temas de paz. Y, lo que es peor, dio muestra de ingenuidad al postular a un abogado, el hoy magistrado Carlos Bernal, quien le prometió fidelidad a la paz, derecho superior en el orden constitucional; y acto seguido se convirtió en el candidato feliz de los enemigos del Acuerdo y de los que socavan los valores de la tolerancia y la diversidad con sus embates religiosos; sin que estos se ahorraran los acuciosos servicios de orquestación del mismísimo Saúl Cruz, subsecretario del Senado y desvergonzado simulador.
Por esos motivos – la derrota auto-infligida del gobierno –, los dos puestos restantes cuya designación se surte a partir de las postulaciones hechas por la Corte Suprema de Justicia, han configurado un terreno más cerrado de confrontación en donde se miden las fuerzas, con realinderamientos no desprovistos de retóricas en las que reinan la exageración y las falacias, como las de la senadora María del Rosario Guerra, quien dijo, al perder, que con Diana Fajardo, las FARC habían conseguido una magistrada en la Corte; como se ve, un discurso vergonzoso pero revelador del estado de ánimo que acompaña los esfuerzos para bloquear la implementación de la paz.
Indisciplina Política
Con tal grado de tensión y con agendas tan delicadas, echadas a la suerte de las divisiones ideológicas, en las que intervienen movimientos políticos que no se privan de la demagogia, es obvio que una votación como la del partido de Vargas Lleras, podría constituir, si no un distanciamiento total, al menos una señal de alejamiento frente al gobierno, según sea el tema que se presente en el debate parlamentario.
En todo caso, dibuja un signo de indisciplina en la coalición gobernante; lo cual augura dificultades para el resto del proceso legislativo, en medio del que se materializaría la implementación por la vía de un fast track ya renqueante, luego de que una mayoría en la Corte, compuesta por un presidente conservador, dos magistrados provisionales y uno apenas posesionado en la víspera, le introdujera modificaciones, al amparo del caprichoso argumento, según el cual el mecanismo especial para la paz sustituiría a la Constitución.
El sistema de partidos en vigor
Después de la Constitución del 91 y de las reformas políticas de comienzos de siglo, el sistema de partidos se ha traducido en un multipartidismo, que se desdobla en una coalición hegemónica, la cual además del control sobre el gobierno, domina las mayorías parlamentarias. Se trata de un coalicionismo de hegemonía que, sin embargo, funciona sin la disciplina propia de un solo partido. Por cierto, cada uno de estos compite separadamente en las elecciones. Después, la unión sobreviene alrededor del gobierno de turno. No necesariamente por motivos ideológicos; y sí más bien por el interés pragmático de estar en el control del poder. Lo cual, claro, no ha impedido la brusca fractura, a propósito de la paz.
La reelección introducida por Uribe Vélez trajo consigo un factor de disciplina por interés, pues cuando se aproximaba la reelección, los partidos de la coalición permanecían unidos. Ahora bien, sin que se aproxime una reelección, las tendencias centrifugas, las del fraccionamiento, pueden causar erosión en la coalición gobernante, por efecto de las aspiraciones presidenciales. Así, en la coalición santista comienzan a dispararse las distintas candidaturas, en cada uno de los partidos que la conforman.
Por consiguiente, la inclinación al fraccionamiento estará muy signada por esas ambiciones presidenciales, sin que el presidente pueda hacer mucho por controlarlas, carente ya del poder para dirigir el proceso de selección de los candidatos.
Dos factores intervendrán crecientemente en tales tendencias al alejamiento mutuo. Uno es el de los ya mencionados intereses electorales; el otro es el de las distancias ideológico –políticas. Entre más se concentren estos dos factores en un solo agente, mayor proclividad a la fragmentación exhibirá. Tal es el caso, como lo adivina el menos avisado de los observadores, de Cambio Radical y de un sector del conservatismo; los cuales probablemente comiencen a protagonizar un alejamiento frente al gobierno de Santos, en la medida en que se acerquen las fechas electorales. Lo cual podría enredar las tareas parlamentarias y comprometer la eficacia del Congreso en la implementación de la paz y en el empleo del fast track.
Es una eventualidad nada prometedora, contra la que tendrían que emplearse a fondo el presidente de la Republica y su nuevo ministro del interior, Guillermo Rivera, para mantener sus ahora oscilantes mayorías; o, lo que es lo mismo, para asegurar una coalición por la paz. El propósito es el de que ella vote afirmativamente las leyes de la implementación; sobre todo, la que pone en marcha la Jurisdicción Especial y la que da vida a la Reforma Agraria. Y, bueno, que lo hagan ágilmente, dados los tiempos limitados del fast track.
Ricardo García Duarte