Tales episodios pueden ubicarse entre otros hechos, en atentados en contra de pueblos étnicos, con el asesinato de gobernadores y gobernadoras indígenas, líderes y lideresas sociales, desplazamiento y confinamiento de población, reclutamiento de menores de edad, atentados con carros bomba y disparos contra instalaciones policiales, drones con explosivos en contra de fuerzas militares, así como secuestro de agentes de la fuerza pública y de la fiscalía General de la Nación. Más recientemente, se han presentado atentados, con disparos en contra del vehículo donde se movilizaba el padre de la Vicepresidenta, Francia Márquez y del propio esquema de seguridad de la Vicepresidenta, como sucedió el día 10 de julio en la Zona de Timba, departamento del Cauca.
A menudo, las acciones se ubican en el contexto de la equivocada perspectiva tradicional del uso de la fuerza por parte de los grupos armados, para mostrar poder en la mesa de negociación o en los procesos de diálogo; a veces, también, son retaliación en forma de atentados en contra de instalaciones policiales en zonas urbanas o semiurbanas, especialmente, en municipios del Cauca, con motivo de la captura de integrantes de los grupos. Estos comportamientos tienden a complementarse con lacónicos comunicados “justificantes” de las acciones y eventuales planteamientos de disposición a seguir dialogando, con base en la presión de retomar el cese al fuego que les permite crecer, expandirse y empeñarse en mantener su actividad de explotación de rentas ilegales provenientes del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el tráfico de personas, entre otras modalidades.
También, suele presentarse la dinámica de confrontación armada entre grupos, por el control de territorios y de rutas en disputa, así como por la apropiación de fuentes de rentas ilegales y el sometimiento de las comunidades, más que el apoyo por convicción; aunque en el contexto de la degradación del conflicto, la precariedad social y la crisis de futuro de los proyectos de vida, es relativamente fácil seducir mediante el estímulo de la codicia, a personas fragilizadas psicológica y socialmente, del campo y la ciudad, para que entren a reforzar los contingentes de la criminalidad y la “subcultura traqueta”.
Un hecho relevante, en días recientes en Valdivia-Antioquia es el relacionado con la muerte de seis militares que cayeron en un campo minado activado por el EMC, presuntamente, en unidad de acción con el ELN, al detectar la presencia del personal del Ejército, en un contexto de operación militar de la fuerza pública en contra del Clan del Golfo (hoy autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia – EGC) [1]. El Gobierno Nacional calificó el atentado como una masacre y el Consejero Comisionado de Paz requirió de los grupos armados la eliminación de los artefactos explosivos que atentan contra la vida, la dignidad y los territorios.
No obstante, es común encontrar que dichas organizaciones se enfrentan cada vez menos con la fuerza pública, mientras crece el número de confrontaciones y alianzas intergrupos, para derrotar a otros contrincantes más poderosos en determinados territorios. Esta situación, no solamente ha afectado a integrantes de la fuerza Pública, como se ha visto. También implica afectaciones al Derecho Internacional Humanitario, al provocar desplazamientos forzados de población, confinamientos y asesinatos de personas ajenas al conflicto.
El Comité Internacional de la Cruz Roja [2] ilustra en reciente informe de abril de 2024, que Colombia padece en sus regiones ocho conflictos armados no internacionales. Tres de ellos son entre el Estado colombiano y los siguientes grupos armados, respectivamente: ELN, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Farc EP, no acogidas al Acuerdo de Paz; es decir, el autodenominado EMC de las Farc EP. Otros cinco son conflictos armados no estatales: 1) Entre el ELN y las AGC. 2) EMC y la Segunda Marquetalia. 3) EMC y los Comandos de Frontera. 4) EMC y ELN. 5) EMC y AGC.
Esta situación llevó al desplazamiento masivo de 50.236 personas en 2023. Así mismo, hubo 145.049 desplazamientos individuales y 47.013 confinamientos en el mismo año, con gran afectación en los departamentos de Nariño, Bolívar, Cauca, Antioquia, Chocó, Norte de Santander y Putumayo, entre otros. En 2023 fueron afectadas 380 víctimas por artefactos explosivos, 222 personas fueron desparecidas. También, hay informes relacionados con el reclutamiento de menores y de jóvenes, a través de TikTok. Según registros, en 2024 van 159 niños reclutados, la mayoría por este medio [3].
Es, lógicamente, al Gobierno Nacional con sus instancias de manejo de la política de paz y de control del orden público, a quien compete el tratamiento de la problemática: desde las dinámicas de concreción de políticas públicas, la concurrencia y complementariedad con los planes regionales y los programas de inversión social relacionados con la implementación del plan de desarrollo, la ejecución del Acuerdo Final de Paz con las Farc, así como en la coordinación de procesos de negociación, de inteligencia y contrainteligencia, de intervención militar y policial, en coordinación con la Fiscalía, el trabajo de investigación criminal, las reformas en la política criminal y el fortalecimiento del papel de la rama jurisdiccional.
Simultáneamente, el gobierno Nacional ha impulsado a nivel nacional e internacional, en coordinación con otros gobiernos y fuerzas de seguridad, la captura de capos mafiosos fantasmas, la interdicción aérea, marítima y fluvial para la incautación de sustancias psicoactivas y recursos minerales ilegalmente extraídos, la destrucción de laboratorios y de dragas dedicadas a la explotación de oro, de coltán, así como el contrabando de petróleo y el saqueo de Ecopetrol, por parte de paramilitares y grupos de guerrilla, en presunta colusión con funcionarios de la empresa.
Superar esta problemática requiere ir más allá del método tradicional de tratamiento de los procesos de paz de manera desarticulada y aislada de los contextos territoriales. Hasta la firma del Acuerdo de Paz suscrito con las Farc EP, el país estuvo acostumbrado a negociaciones aisladas, con evidente abandono de territorios y notable impacto en el copamiento posterior, por parte de otros grupos armados, grandes invasores acaparadores de tierras del Estado y disidencias, provocadas por los obstáculos a la implementación del proceso de paz en el Gobierno Duque. Esto, seguramente, lo denunciará el presidente Petro en su intervención ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el día 11 de julio, en procura de ampliar la vigencia del Acuerdo Final de Paz, por ocho años más.
Resolver dicha problemática coloca al centro las políticas de equidad, justicia social, inclusión y protección de las comunidades, la defensa de la vida, la superación de la impunidad y el ejercicio pleno de la justicia restaurativa. Esta no puede seguir reducida a un solo acuerdo de paz; se requiere acceso a la verdad, a la memoria y la promoción de la democracia participativa, como lo proclama en sus principios la Constitución Política de 1991, lo que abre espacio para la restitución de derechos de víctimas, comunidades territoriales, movimientos y organizaciones sociales.
A su vez, esto requiere de un intenso trabajo de coordinación política en el Congreso de la República y con la rama judicial para consolidar las normas conexas con la Ley 2272 de 2022. Con base en la Constitución y en esta ley, el Gobierno Nacional está facultado para adelantar los procesos de paz, negociación política y diálogos sociojuridicos que permitan concretar el desmantelamiento de las bandas y grupos sucesores del paramilitarismo, como se establece en el Decreto 665 de 2024.
Dicho desmantelamiento no podrá ser, únicamente, el fruto de la militarización; también se requiere la acción integral del Estado, a través del diálogo encaminado al sometimiento y acogimiento colectivo a la justicia, al lado de las transformaciones socioeconómicas, para beneficio de las comunidades del contexto territorial. Esto requiere darle sustento jurídico complementario a la Ley 2272 de 2022, con la legislación que fundamente los procesos de sometimiento o acogimiento colectivo a la justicia, por parte de las bandas criminales de alto impacto, para un abordaje sistémico con apreciación y tratamiento pertinente e innovador de su dinámica compleja.
Al respecto, en un genuino Estado Social de Derecho es evidente la importancia de concretar la unidad estratégica nacional para salir definitivamente de la violencia y pasar a una nueva etapa de convivencia pacífica. Por supuesto, esta etapa soñada no es el reino de la gran armonía; no anula ni cierra el camino para la protesta social, para el trámite pacífico de los conflictos y el juego de intereses sociales, económicos y políticos, como es corriente en la mayoría de países del mundo. Sencillamente se refiere a la posibilidad de concretar un proyecto compartido de nación, sin exclusiones, con democracia económica, política, social y cultural, en medio de la diversidad.
No obstante, es la gran fractura nacional, cimentada en la desigualdad social, en la impunidad y en la negación del derecho a la verdad, muy distinta al sofisma de la polarización, la que conduce a narrativas hegemónicas propagadas por los grandes medios e, incluso, negadas por grupos responsables de crímenes de lesa humanidad.
Mediante relatos segados se cuestiona la validez de la política de paz total, se estimula su fracaso y se privilegian intereses grupistas pretendiendo colocarlos por encima de los intereses generales de la sociedad impulsando la defensa de privilegios como si fueran derechos, con supuesto sustento en intereses generales, como fue evidente en la fallida reforma estatutaria de la educación, oportunamente hundida en el Congreso, gracias a la movilización del magisterio.
Al tiempo, se pretende reactivar el Bloque Metro de las antiguas AUC, a través del Clan del Golfo y su expansión en Antioquia y el Magdalena Medio, como lo denunciaran la Revista Raya y RTVC [4]. Al respecto, se plantea que un testigo a favor del expresidente Uribe, en el proceso judicial que se le imputa, por fraude procesal, ahora comanda este grupo paramilitar en dicha región. Al lado de estos procesos, también se ha conocido el tráfico de armas y municiones del ejército y la policía, en beneficio de grupos armados ilegales, especialmente del Clan del Golfo. Esto refuerza la pertinencia de avanzar en la depuración de la fuerza pública y de superar las cadenas de relacionamiento con grupos armados ilegales, así como de las implicaciones en bandas criminales y cadenas de corrupción.
También, se pretende entrabar o sesgar la agenda de concreción del Gran Acuerdo Político Nacional contemplado en el Acuerdo final de Paz suscrito entre el Gobierno Santos y las Farc EP [5]. Incluso, el ELN que dice impulsar el Acuerdo Político Nacional en su propuesta de paz, soslaya el componente de justicia y verdad, dentro de su enfoque de transformaciones necesarias para el país, al centrarlas en aspectos del modelo económico y social, sin ahondar en elementos del desarrollo de la justicia restaurativa y de la democracia participativa. Desconocen el ELN y otros sectores políticos, que estos son elementos fundamentales del restablecimiento de derechos de las víctimas y del fortalecimiento de los movimientos sociales, con base en su identidad y autonomía, como fundamentos de la soberanía popular y de la democracia participativa, cuestión muy diferente a la cooptación.
Así lo hace evidente el comandante del ELN, Antonio García [6], en entrevista concedida al sistema de Radio Patria Libre de dicha organización, con ocasión de su celebración del 60 aniversario de su fundación. En su planteamiento, en sesenta años de su levantamiento armado, las condiciones siguen siendo las mismas de injusticia. En su visión de futuro, se plantean expectativas de transición hacia nueva civilización con respeto a la naturaleza, con instituciones que respeten la diversidad, la vía pacífica recogiendo los planteamientos del Frente Unido del Padre Camilo Torres, como misión del ELN.
En términos de la salida política para lograr la paz plantea que solo se puede firmar un acuerdo de paz cuando se reconoce la existencia de presos políticos. Implica que se abra el diálogo para cesar el propósito estatal de aniquilamiento del adversario y dejar en libertad a los presos políticos. Sin embargo, Antonio García no menciona para nada la problemática de las víctimas, afectadas por el accionar del ELN, en relación con el secuestro y la extorsión, no reconoce que existe una dinámica de degradación del conflicto armado ni asume el papel de la justicia restaurativa.
Esto es más notable, si se tiene en cuenta que estos puntos no han sido parte de la agenda de diálogos, en una mesa que sigue congelada a raíz del proceso adelantado por la Gobernación de Nariño, en los diálogos territoriales de paz, donde se ha vinculado el Frente Comuneros del Sur, que se ha desvinculado recientemente de la estructura del ELN.
Esta dinámica de controversia se evidencia, también, en los enfoques de territorialización de los procesos de paz y reconciliación, en general. En los espacios territoriales ocurren dinámicas de confrontación y colisión de intereses entre grupos económicos, grupos sociales y grupos armados, donde se entrecruzan intereses y se disputan rentas legales e ilegales. A menudo, las poblaciones campesinas y los pueblos étnicos quedan en medio del fuego cruzado. Tal es el caso de los departamentos del Cauca y el Valle, particularmente, en las regiones del Cañón del MIcay y en Jamundí, respectivamente.
Como estrategia territorial piloto, el Gobierno Nacional ha lanzado la iniciativa #MisiónCauca [7] encaminada a la transformación territorial integral del departamento, para mejorar las condiciones de vida de las comunidades, la sustitución de economía ilícitas por proyectos productivos y la acción concurrente de los diversos ministerios. Al respecto, se tienen 117 iniciativas en siete subregiones del departamento, con una inversión estimada de $ 211.173.500.365 y una asignación de recursos del plan plurianual de inversiones del Cauca, superior a los 2,6 billones de pesos.
También, en el Bajo Cauca antioqueño se presentan hechos de confrontación entre los diversos grupos, en medio de la disputa por las rentas de la explotación ilegal del oro y los esfuerzos del gobierno Nacional por la transformación agrominera, en condiciones de sostenibilidad ambiental e inclusión social de pequeños y medianos productores y comercializadores mineros y campesinos.
Esta dinámica, ha llevado al Presidente Petro a plantear una propuesta al Clan del Golfo, como parte del diálogo sociojurídico, para el acogimiento colectivo a la justicia, en combinación con el diálogo político para la transformación territorial, el abandono de las economías ilícitas y de tráfico de migrantes [8]. El ahora autodenominado Ejército Gaitanista plantea que acoge la invitación presidencial al diálogo y reclama estatus político, más allá del acogimiento colectivo.
Al respecto, se vuelve relevante el análisis de los fines, los medios, los entornos sociales y los efectos provocados en la dinámica del conflicto que involucra a diversos grupos armados, en los diversos territorios del país.
En Colombia no es posible pensar en dinámicas parceladas y secuenciales de la paz, grupo a grupo. Tampoco tienden a funcionar los ceses bilaterales del fuego entre grupos armados y el Gobierno, cuando entre grupos se crean alianzas para combatir a otros en los territorios. Esto reclama avanzar en dinámicas de cese multilateral del fuego y avanzar en ejercicios de diálogo regional donde participen las comunidades y se comprometa a los grupos armados ilegales a respetar y practicar el Derecho Internacional Humanitario.
Por supuesto, el tratamiento del conflicto armado le compete, en primer lugar, al Gobierno Nacional. Al respecto, el Acuerdo Político Nacional requiere el abordaje sistemático de la Paz Total, del derecho a la verdad y de la justicia restaurativa. Esto evidencia la pertinencia de tratar temas políticos, sociales y jurídicos que requieren del diseño e implementación de políticas públicas, en concierto con las grandes mayorías nacionales. Sin embargo, es fundamental el abordaje de los proyectos piloto de transformación territorial, lo que no se confunde con el Plan Colombia de Pastrana, o con los planes de contrainsurgencia, como lo fueron los Planes de Consolidación y las Zonas Futuro de los últimos tres gobiernos pasados.
En este sentido, adquiere relevancia el proceso de diálogo territorial que avanza en el Departamento de Nariño, con el liderazgo del Gobernador Luís Alfonso Escobar y con la participación de las comunidades, así como de grupos armados como el Frente Comuneros del Sur, ya separado del ELN, por decisión propia. Mediante Nota de Prensa del 7 de julio [9], la Oficina del Consejero Comisionado de Paz registró que, en Samaniego, departamento de Nariño se llevó a cabo el “Encuentro Amplio para el Desescalamiento de las Violencias y la Transformación Territorial para la Paz en Nariño”. El espacio fue convocado por el Gobernador, el consejero Comisionado para la Paz, alcaldes municipales, gobernadores de cabildos indígenas de La Montaña, el Sande, Mayasquer y asistieron delegados del grupo armado Frente Comuneros del Sur.
El Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, presentó un plan de trabajo con tres ejes principales. El primer eje incluye: 1) Acción integral contra minas antipersonales, en desarrollo. 2) Retorno seguro y digno de poblaciones desplazadas. 3) Atención a niños, niñas y adolescentes en condición de reclutamiento. 4) Tratamiento de casos de desaparecidos locales. 5) Fortalecimiento de las autoridades étnicas, comunitarias e institucionales.
El segundo eje se refiere a la implementación de transformaciones territoriales, lo que incluye la conformación de dos grupos de trabajo: 1) Implementación de transformaciones sociales, económicas y de infraestructura regional y 2) Grupo de participación de las comunidades.
El tercer eje se refiere a la transición de las personas vinculadas al grupo armado hacia la condición de ciudadanía plena, lo que incluye grupos de trabajo para: 1) Tratamiento sociojurídico alternativo. 2) Transformación de la economía regional. 3) Inutilización de equipos e instrumentos que propician la muerte. 4) Formación y aprovechamiento de capacidades de integrantes del grupo armado. 5) Construcción de la protección con seguridad de las comunidades, los territorios y el proceso y 6) Grupos de transición de sistemas de justicia que fortalezcan la paz y la convivencia social.
El proceso contó con el acompañamiento de MAPP/OEA, la Conferencia Episcopal y un delegado Diplomático de Países Bajos.
El 19 de julio próximo se realizará en la ciudad de Pasto, las autoridades, comunidades y voceros del Frente Guerrillero comuneros del Sur presentarán públicamente los desarrollos de las acciones acordadas, con el fin de informar e invitar a participar en el proceso de paz territorial, a los diversos sectores del departamento.
En el caso del EMC, a pesar del ataque realizado en Valdivia, el 9 de julio pasado y la amenaza a los excombatientes Farc en Miravalle, se instaló la Mesa de Diálogos de Paz con la fracción del EMC [10]. Como es sabido, el denominado EMC es un conglomerado de grupos que se articularon para entrar en la dinámica de Paz Total, pero, no logran configurar una única organización. Los frentes que están por fuera de la Mesa son un grupo distinto cuyo liderazgo se atribuye a Gregorio Vera, más conocido como Iván Mordisco.
El sector que se mantiene en la negociación, liderado por Calarcá, representa el 47% de los frentes que iniciaron el proceso de negociación. Agrupa los frentes de zonas del Caquetá, del Putumayo, Sur del Meta, Catatumbo, Magdalena Medio, sur de Bolívar y norte de Antioquia. Los frentes del Cauca, Nariño, Valle y amazonia están por fuera del proceso de paz, dados sus continuos ataques a las comunidades y a la fuerza pública.
Los temas relevantes, en caso de continuar la dinámica de diálogo y negociación, en un ambiente tan frágil se refieren a tres aspectos: 1) el respeto a la población civil y el cese al fuego. 2) las transformaciones territoriales de las regiones más afectadas por la violencia y el abandono estatal y 3) la construcción de una agenda para el fin del conflicto. Sin embargo, el propio Gobierno tiene dudas razonables acerca de la viabilidad de mantener el cese al fuego con la fracción del EMC que dice mantenerse en la Mesa, dados los incumplimientos por parte de dicho sector liderado por Calarcá.
En lo que se refiere a la Segunda Marquetalia, se instaló la Mesa de Negociación en Caracas, Venezuela, cuyo ciclo duró cinco días y culminó el 29 de junio. En el comunicado conjunto fue anunciado un “Acuerdo de medidas tempranas para el desescalamiento integral y gradual del conflicto en los territorios” [11].
El Acuerdo contempla la creación de una subcomisión técnica responsable de georreferenciar los municipios, corregimientos y veredas donde hace presencia el grupo armado. El informe debe estar listo el 15 de julio.
Así mismo, fue acordado un cese unilateral de fuego, por parte de la Segunda Marquetalia, lo que no limita las competencias constitucionales y legales de la fuerza Pública. Así mismo, se establecen medidas tempranas de reparación de las víctimas del conflicto armado, en las zonas de presencia.
El 20 de julio se realizará una reunión en Tumaco con las comunidades y delegados de las partes en la Mesa de Negociación, para definir la metodología y cronograma de identificación de proyectos sociales y económicos de impacto rápido. Se apunta a acompasar el descalamiento militar con el desescalamiento social que propicie mostrar a las comunidades una opción distinta a la de las economías ilícitas.
También, la Segunda Marquetalia se compromete a no permanecer armado ni uniformado en cabeceras municipales y cascos urbanos, ni en vías terrestres y fluviales primarias y secundarias. Así mismo, se entregarán las personas que estén retenidas por el grupo armado y se priorizarán los programas de reforma agraria integral y restitución de tierras.
La Segunda Marquetalia está, presuntamente, conformada por tres fracciones: Los Comandos de Frontera, la Dirección Nacional y el sector bajo el mando de Iván Márquez. Existen serias dudas acerca de la unidad y articulación de estos sectores, dado que tienen intereses y economías distintas, lo que debe esclarecerse en el camino de las negociaciones de paz.
Pese a las dudas y a la controversia acerca de la naturaleza de la negociación, en razón de la reincidencia en la lucha armada por parte de sus mandos, con la correspondiente exclusión de la Justicia Especial Para la Paz, la negociación con la Segunda Marquetalia es, fundamentalmente, de naturaleza local y es relativamente fácil de lograr compromisos concretos. El segundo ciclo se realizará en Cuba.
Dadas las complejidades de los procesos de negociación con los diferentes grupos, así como las confrontaciones y alianzas parciales entre ellos, es altamente probable que se alcancen logros piloto en varias regiones, que sirvan de referente para avanzar en la profundización de políticas integrales de paz, con énfasis en procesos territoriales.
Por lo visto, ni siquiera el ELN tiene perfil para una dinámica de negociación con perfiles nacionales, a pesar del Acuerdo Uno, sobre el Proceso de Participación. En los meses venideros, a lo sumo podrán presentar resultados consolidados las negociaciones con el Frente Comuneros del Sur y sectores de la Segunda Marquetalia.
En un contexto de debate acerca de la viabilidad y pertinencia del Acuerdo Político Nacional, los temas relevantes propuestos por el Presidente Petro y los caminos del proceso constituyente, el tema de la Paz Total, así como el derecho a la verdad y la justicia restaurativa, adquiere plena relevancia y puede ser el puente que sirva para superar los cuellos de botella que se presentan en los diálogos y negociaciones parciales con los distintos grupos, en una vía que puede dejar el legado de la paz territorial, como un modelo alternativo pertinente frente a las dinámicas fragmentadas de la paz que llevan a la apertura de nuevas violencias. El pensamiento prospectivo podría ayudar a reflexionar acerca de dichos escenarios deseables y posibles.
Fuentes:
[1] El Colombiano. Mueren seis militares tras caer en campo minado en Valdivia, Antioquia, en combate con disidencias y ELN. El Colombiano. Julio 04 de 2024. [2] CICR. Balance Humanitario 2024 Colombia. Abril 03 de 2024. [3] Caicedo G María Victoria. Van 159 niños reclutados y muchos de ellos por redes como TikTok. El colombiano. Julio 6 de 2024.Ríos Monroy Julián. Pese a hechos de violencia, Petro reactiva diálogo con el EMC, la mayor disidencia de FARC. Colombia +20. El Espectador. Julio 06 de 2024.
[4] Ballestas Víctor. Señal Investigativa | La resurrección del Bloque Metro de los paramilitares. Señal Colombia – Revista Raya. Julio 07 de 2024.https://x.com/SenalColombia/status/1810122767771054133
https://www.youtube.com/watch?v=2jjrZAVVLqI&list=PLdRQxCJRB6ffD9BWj4H0EUOpeL28hGfii&index=2
[5] Santos Calderón Juan Manuel, Jiménez Timoleón y otros. ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA. Gobierno Nacional – Farc EP. Noviembre 12 de 2016.https://www.jep.gov.co/Normativa/Paginas/Acuerdo-Final.aspx
[6] ElN Paz. ELN 60 años, entrevista con el comandante Antonio García. Sistema Radial Patria Libre. Julio 04 de 2024.https://vk.com/video845091730_456239064
[7] Departamento Nacional de Planeación. Misión Cauca, la punta de lanza para transformar los territorios y consolidar la paz total. Junio 21 de 2024. [8] Sacristán Juan Felipe. Petro invitó al clan del Golfo a dialogar y el grupo delincuencial dijo que sí “en condiciones políticas”. Infobae. Marzo 19 de 2024. [9] Luis Alfonso Escobar @LuisAlfonsoEsc. Una negociación entre el Estado y los actores armados es más que un acuerdo entre ellos. Julio 08 de 2024.https://x.com/LuisAlfonsoEsc/status/1810297142587564286
[10] Ríos Monroy Julián. Pese a hechos de violencia, Petro reactiva diálogo con el EMC, la mayor disidencia de FARC. Colombia +20. El Espectador. Julio 06 de 2024. [11] Redacción Colombia +20. Lo que viene tras el primer acuerdo entre Gobierno y disidencia de Iván Márquez. Colombia +20. El Espectador. Junio 30 de 2024.
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: Periódico del Meta
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