“A diferencia de la experiencia de la Universidad Nacional y en la Universidad de Antioquia, en la Universidad del Valle el cogobierno no fue implementado y en su lugar se establecieron Comités Paritarios, llamados también “Comités de los Catorce”, integrados por siete estudiantes y siete docentes, esto es, un estudiante y un profesor por cada facultad, encargados de proponer medidas conciliadoras entre los directivos y el movimiento estudiantil.” Miguel Ángel Restrepo, El Cogobierno y sus antecedentes, op. cit., p. 249.
En Colombia, durante la brevísima primavera del Cogobierno hubo el contrafuerte de los Comités Paritarios breve experiencia del Cogobierno. Estos fueron una oposición democrática que radicalizó el modelo de la representación. Los Comités plantearon una participación igualitaria de representantes estudiantiles y profesorales, que para entonces correspondieron a siete facultades de la Universidad del Valle.
La creación de esta fórmula de representación democrática, sin precedentes, fue una conquista de la lucha librada por el movimiento estudiantil en la Universidad del Valle. Conviene entonces recordar ahora, que Cali fue el lugar del segundo gran estallido universitario y social en la genealogía de la transformación del sentido común universitario proveniente de la universidad tradicional incrustada con anacronías semifeudales.[1]
El experimento del Comité Paritario quedó establecido el 17 de marzo de 1971. La aprobación que lo legitimó fue la asamblea de delegados de la Organización Profesoral: “Esta Comisión procederá a buscar formas conciliatorias frente a los planteamientos presentados, los cuales serán sometidos a aprobación del Consejo Superior, previa ratificación de las asambleas de profesores y estudiantes reunidas independientemente…”[2]
Transcurridos 38 años, el presidente Juan M. Santos, un heraldo neoliberal preocupado con un relanzamiento de la paz interior, quiso antes desarticular la intelectualidad orgánica de los subalternos, insurgentes y animadores de los movimientos sociales en devenir desde 1999. Enseguida quiso imponer vía Congreso la contrarreforma de la universidad pública deliberante, contestataria y antiimperialista que sobrevivía con idas y venidas desde los beligerantes años setenta.
El modelo empresarial era la nueva propuesta que relanzaba el intento fallido del plan Atcon. Ahora la apertura económica en materia de gestión capitalista pretendía autofinanciar el sistema universitario estatal deficitario desde los tiempos del programa mínimo.[3]El nuevo ciclo de protestas de los años 2018 y 2019, mientras avanzaba sin parar la contrarreforma, por la puerta de atrás, mantuvo una resistencia contestataria.
El emprendimiento neoliberal avanzó en la nueva cooptación y transformismo profesoral. Concibió la connivencia de la burocracia y buena parte del profesorado embelesado con los réditos derivados de los incentivos económicos de los contratos interadministrativos. El gobierno que selló la paz con impronta neoliberal con las Farc-Ep en el año 2016, unió primero el Sistema de la Universidades del Estado, SUE con los emprendimientos privados y las instituciones político administrativas; así quiso quebrar la resistencia del movimiento universitario en alza. La apertura neoliberal encontró a casi todas las comunidades profesorales dispuestas a la cooptación y el transformismo, vía jugosos contratos.[4]
Volvamos con el experimento de los Comités Paritarios, CP, cuyos impulsores fueron los profesores de la Universidad del Valle,[5] de forma independiente, en un ejercicio constituyente primigenio al interior de la comunidad intelectual regional y nacional. El escenario de ocurrencia fue la asamblea de delegados de la organización profesoral que se dispuso a lo siguiente:
“Esta Comisión procederá a buscar fórmulas conciliatorias frente a los planteamientos presentados, los cuales serán sometidos a la aprobación del Consejo Superior, previa ratificación de las Asambleas de División de Profesores y Estudiantes reunidas independientemente…”
Ante el impedimento probable de no conseguir la aprobación del restaurado Consejo Superior Universitario, CSU, reinstalado por el gobierno Pastrana – conforme al decreto de estado de sitio 0277 de 1958 -, las Asambleas de delegados establecieron la siguiente alternativa: “…de no poderse llevar a cabo la aprobación por parte del Consejo Superior, ésta se hará por parte de la autoridad gubernamental.” [6]
Desde aquel Decreto 0277, la estructura del CSUV, era la de la mayoría de las universidades estatales: el gobernador, un representante de la Andi, la Iglesia, un representante del Ministerio de Educación. Así que esta estructura fue demandada por la FEUV que exigía “una mayor participación de alumnos y profesores en la dirección interna de la facultad y aumento en la calidad académica de las carreras.”[7] La Federación de estudiantes reconocía de modo crítico, que el modelo de la Alianza para el progresos dio origen a dos tipos de universidades. Una decadente universidad pública, cuyas matrículas se pagaban según declaración de renta, y con fondos comunes deprimidos; y la otra, privada consolidada, financiada en dólares, apoyo empresarial privado, con oferta de maestrías, y fondos para investigación.[8]
El movimiento estudiantil siguió su marcha, exigiendo democracia y financiación adecuadas. En febrero de 1971, al no obtener respuesta a su petitorio, los estudiantes toman la rectoría de la Universidad del Valle y expulsan al rector Alfonso Ocampo Londoño., con el apoyo de todos los Consejos Estudiantiles. El rector renunció primero, y luego, la Iglesia y la Andi renunciaron al CSU.
En esa coyuntura crítica, el movimiento estudiantil se rehusó a instaurar el Cogobierno, es decir, el Gobierno Provisional, calificado de “ilusión reformista, caduca y no revolucionaria de autonomía universitaria.”[9]
En la radicalización de esta lucha contra la modernización universitaria, 1971-1972, la alternativa que se propone por la FEUV son los Comités Paritarios, autocalificados de organismos democráticos, “donde las instancias profesoral y estudiantil entran críticamente y en conjunto a presentar y exigir condiciones y pautas en las cátedras, los programas y la investigación y el profesorado.”[10]
Hasta el 22 de febrero de 1972 se hace la presentación en sociedad del Programa Reivindicativo enarbolado por la FEUV. Es la respuesta a la reforma modernizante de Galán/Pastrana y al Gobierno Provisional, Cogobierno, implementado ya en tres universidades estatales, Nacional, Antioquia y UIS.
Es central destacar lo dispuesto en el artículo tres, dice el estudioso del proceso, Miguel Ángel Restrepo, y no le falta razón, pues se refiere a la instauración de los Comités Paritarios, así: “organismos de elección democrática de rectores y jefes de departamento, y para trazar políticas a nivel de investigación, académico y de lo universitario en general.”[11]
El proceso de la elección se cumplió entre enero y abril de 1972. Se eligieron los Comités en las facultades de Arquitectura, Educación, Ciencias Económicas, Ingenierías, Humanidades y Servicio Social. Los objetivos inmediatos eran el desmonte de la FES y la democratización de las decisiones en el gobierno universitario. Para conseguir su reconocimiento se hizo la toma de la fundación Rockefeller.
El Tiempo calificó este acto inaugural con los peores términos, “ola de terror promovida por parte de elementos de izquierda de las tendencias trotskistas, línea “mamerto” y línea Mao”. El 17 de mayo de 1972, continuó la guerra jurídica con el decreto legislativo 815 para sancionar, expulsar y destituir a profesores y estudiantes participantes en las manifestaciones y en la interrupción de las clases. El gobernador Marino Rengifo Salcedo procedió el 26 de mayo a destituir a 2 decanos y 7 profesores, más la expulsión de 16 estudiantes. Según él, era el modo de responder a “la más aguda crisis que haya soportado este centro docente en toda su historia.”[12]
Cogobierno en Nariño: Movimiento Estudiantil y CSU.
“Yo le manifesté al doctor Muriel Buchelli que estaba cumpliendo con mi deber y me abstenía de dimitir. Él procedió entonces a firmar el decreto de mi destitución.” El Espectador, 1972ª. En: El Cogobierno y sus antecedentes, p. 253.
El Cogobierno, en simultánea con los Comités Paritarios experimentó novedades en el departamento de Nariño y su universidad en materia de gobierno universitario. El punto de partida fue una consulta previa convocada por el gobernador Laureano Alberto Arellano, que fue respondida por estudiantes, profesores y trabajadores que votaron por amplia mayoría para rector a Luis Eduardo Mora Osejo en noviembre de 1971.
El nuevo rector presentó su proyecto de reforma, que insistió en la importancia de la base de la comunidad universitaria, en una postura sin duda democrática. Cuestionaba el reformismo de Lleras Retrepo plasmado en su Decreto 3175 de 1968, donde el bipartidismo presidía, con el gobernador, el CSU. Así ocurría en Nariño, que lo integraban el gobernador, el obispo, un delegado del Ministerio de Educación, un representante de estudiantes y otro de profesores.
Con esta realidad por reformar hubo un acuerdo entre el gobernador y el CSU, el 044 de 28 de octubre de 1971, que modificó la conformación de los consejos superior y directivo. El CSU reformado quedó así: gobernador o su representante, iglesia representada por un designado del obispo, delegado del ministerio de educación, escogido entre los profesores; dos representantes de profesores, y dos estudiantes elegidos por el sistema de cuociente electoral.[13]
En este proceso se estableció una alianza entre el rector Mora Osejo y la representación estudiantil. El representante de la iglesia se abstuvo, al instalarse el CSU.[14]Hubo diferencias con la representación profesoral, cuando el rector solicitó a los decanos de agronomía y ciencias de la educación que dejaron sus cargos por vencimiento del periodo. El representante estudiantil Fabio Velasco apoyó lo solicitado: …la salida de estos curas sueltos, representa otro gran triunfo, porque las luchas de los estudiantes y profesores a escala nacional…están enfocadas a sacar de ellas a esta clase de elementos indeseables…”[15]
El documento del rector, Planteamientos para una reforma, concebía a la universidad como “entidad estatal, autónoma que preserva y acrecienta la cultura, mediante la investigación científica y tecnológica y el fomento de la educación para la dignificación humana.” Este proyecto gozó de generalizada aceptación, con la excepción del llamado Frente Estudiantil Democrático (FED) que denunciaba su contenido marxista. La tendencia m-l reclamaba su vaguedad político y el riesgo de ser instrumentalizada por nuevas rectorías que puedan expresar la casta o sistemas dominantes, o el imperialismo norteamericano, “…así esta universidad al igual que otras universidades colombianas, que han entrado por el camino del desarrollismo se conviertan en instrumentos…”[16]
En el entretanto, con la rectoría Mora Osejo al comando, él apoyó marchando la causa de los maestros reclamando sus sueldos; condenó la represión militar, cuando fueron heridos varios estudiantes en las instalaciones de la Universidad de Nariño. El gobernador Muriel Buchelli exigió una condena al movimiento estudiantil, y no la hizo, y le exigió renunciar, y el rector contestó que no dimitía. Vino la destitución, y las movilizaciones de estudiantes reclamando su reintegro.
Ante la no respuesta, el movimiento convocó un plebiscito en diciembre de 1972. El apoyo fue de 1647 contra su contrincante, 140, en la aspiración por la rectoría. El gobernador desconoció el resultado. En su lugar nombró a Eduardo Alvarado Hurtado, quien era animador de la tendencia reformista del carismático rector destituido. En todo caso, el movimiento universitario, a raíz de este resultado quedó dividido, dice Goyes, estudioso del proceso nariñense, a propósito de la nueva designación. Para unos era el triunfo de la democracia, mientras que los otros pensaban que era un modo servil de apoyo a los enemigos de la universidad de Nariño.
Una tercera posición de Resistencia
“La expulsión de casi todo el movimiento estudiantil de la Pedagógica mató a un actor importante de la vida universitaria que como movimiento volvería a renacer de manera lánguida ya en la década del ochenta.” A. Jiménez (2000). “Medio siglo de presencia del movimiento estudiantil en la UPN, 1957-1999, en: Red Académica, 40-41.
“…quitando los obstáculos que los ‘maoístas’ habían colocado y dejó los muebles en orden para las clases de hoy, que se reanudaron con escaso número de alumnos.” Frente Colombianista, en: Bernal y Naranjo (2021), p. 283.
Veamos, enseguida, por último, la tercera posición, distinta al Cogobierno (Gobierno Provisional), y a los Comités Paritarios. Es la de la resistencia que se encarnó en los movimientos de la Universidad Pedagógica Nacional y la Pedagógica y Tecnológica de Tunja, UPTC, donde tuvieron que vérselas con fuerzas de oposición dentro de la misma comunidad universitaria.
El caso de la UPTC es ejemplar con respecto a esta dinámica, donde reacción y derecha, organizadas en el Frente Colombianista, usaron hasta perros para atacar a sus contrincantes políticos de izquierda manera abierta. Se presentaron altercados verbales en el seno del mismo CSU. Hubo el contrapunto de la Iglesia y de un representante estudiantil partícipe del Frente. A lo que sumaron el espionaje y las denuncias de militantes “filocomunistas que usan la fuerza y la violencia para demandar autonomía y financiación” a las fuerzas policiales.
Tanto la Universidad Pedagógica Nacional, UPN como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, dieron prueba de su apoyo al movimiento universitario con ocasión del Tercer encuentro nacional, con divulgación activa del famoso Programa Mínimo. La UPTC acompañó su publicidad con la toma de rectoría, y el pedido de expulsión de las representaciones de la iglesia, la banca y la Andi. El 26 de junio, los estudiantes ocuparon la sede de Tunja en solidaridad con la lucha de la UIS.
La rectoría de Armando Suescún Monroy respondió expulsando a los animadores del movimiento que estaba en minoría. Las resoluciones 225 y 228 suspendieron la matrícula a 35 estudiantes con la expulsión definitiva de 17 de ellos.
La UPN, igualmente, comenzó su quehacer estudiantil en lucha contra la histórica figura de la rectora Franzisca Radke, quien se desempeñó en dos oportunidades con fórmulas autoritarias, y, en particular, cuando apoyaba la dictadura de Rojas Pinilla, 1952-1957. En mayo de 1957, en las jornadas contra la dictadura, las estudiantes exigieron la renuncia de Radke, la reforma del gobierno universitario, con la vocería de las alumnas que reclamaron “Modificar el ambiente de humillación de las alumnas”.[17]Todo se concretó en un pliego de peticiones, cuyo punto 13, decía, “Estímulo de la investigación científica tanto para el profesorado como para las alumnas de la institución”.[18]
Pero, la UPN empieza la transformación de su lucha en la década prerevolución democrática de los sesenta, con una clara conciencia política económico corporativa con énfasis en la democratización y la descentralización. Para agosto de 1967 se creó una Comisión de evaluación integrada por un representante del ministerio de educación y dos decanos de las facultades de educación de Antioquia y Valle, respectivamente, Guillermo Vélez y José Ángel. Hicieron cuestionamientos a la estructura centralizada y vertical, y propusieron tomar en cuenta al plan Atcon, modernizante y democratizador a la manera estadounidense.
Vino luego la serie de decretos de Carlos Lleras Restrepo el reformista frustrado, en particular, el 3157, contrario a la autonomía universitaria. A éste lo siguió el 1259 de 1971, dictado por Pastrana en lucha contra la rebeldía estudiantil, que autorizaba cierres e invasión policial y militar a las universidades en conflicto y resistencia a las fórmulas de la implementación de la universidad de y para la guerra. Fue también el tiempo del primer hombre rector de la UPN, Jaime Sanín Echeverri, que estableció un diálogo con los estudiantes, porque para entonces tenemos a una universidad integrada, mixta; así como acompañó sus protestas, y rechazó los allanamientos.
El momento más significativo del activismo de esta década fue la acción del 4 de marzo, en rechazo a la masacre del 26 de febrero en Cali, donde hubo un combate en la Avenida Chile que terminó con la toma de los militares del establecimiento, con la detención de casi 200 personas que fueron a parar a la Plaza de Toros, donde fueron reseñadas, con base en lo dispuestos en el Decreto 290 de 1971, que autorizaba arrestos de 30 a 180 días.
Con tales antecedentes se produce la constitución del Movimiento 4 de marzo, por los estudiantes en rebeldía contra la república de las armas, y su principal instrumento de gobernabilidad autoritaria, el estado de sitio cuasi permanente. La nueva organización estudiantil se extendió hasta 1973. Entonces el movimiento fue desarticulado por el rector represivo Arturo Camargo Castro que con el Consejo Académico decidió la expulsión de 51 estudiantes, entre los que se contaron Juvenal Nieves y Luz del Socorro Ramírez.
Entre ellos y con ellos se forjó una intelectualidad orgánica del movimiento magisterial que tuvo como figuras nacientes a Abel Rodríguez, presidente de FECODE, cogestor del estatuto docente; los hermanos Nieves, dirigentes de la ADE, y el historiador Darío Antonio Betancur, en el marco de una notable pluralidad ideológica, donde la izquierda predominaba, pero con respeto por los dirigentes maestros de otras ideologías.
Las tres modalidades de gobierno universitario hacen claros los intentos de tránsito de una gobernabilidad autoritaria, vertical y centralizada, contraria a cualquier autonomía y la construcción de una gobernanza democrática, con dos polos experimentales, el cogobierno y los comités paritarios.
Eran la expresión, respectivamente, de una exploración en términos de representación democrática de los dos principales estamentos, profesores y estudiantes, que llegó a ensayar una suerte de auto-gobierno brevísimos con sus comités paritarios articulados desde las facultades, como lo fue, aunque cortísima, la experiencia nacida en la Universidad del Valle.
Este experimento quedó sepultado por la acción represiva contra las universidades públicas, a cargo del régimen antidemocrático del Frente Nacional, cuya punta de lanza fue la estrategia de guerra social desde arriba contra la intelectualidad crítica, contestaria, y en parte subversiva y revolucionaria, forjada entre los años sesenta y setenta del siglo pasado.
(continúa)
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[1] Esto dice el artículo 13 de la Constitución que cumple treinta y tres años: “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados”.
[2] Tarazona y Villabona (2015). Op. cit., p. 17.
[3] Entonces, en lugar de la guerra los estudiantes exigían un presupuesto para la educación pública del 20%, a lo que nunca se ha llegado.
[4] La Universidad Nacional es un botón de muestra. El actual movimiento estudiantil actual lo denuncia y lo descubre, exigiendo que se exhiban los pagos de nómina que recibe el profesorado y las joint ventures, del tipo de Rotorr con sus contrataciones multimillonarias. Contrataciones que podrían ser mucho mayores. Tal y como lo advirtiera Jorge Iván González en un panel sobre la universidad colombiana, y la Nacional en particular, y él sabe por qué lo dice.
[5] La Asamblea de Delegados de la Organización Profesoral.
[6] Tarazona y Villabona (2015). Op. cit., p. 17
[7] FEUV (1973). Op. cit., p. 63.
[8] Restrepo, Miguel Angel. Op. cit., p. 250.
[9] Op. cit., Ídem.
[10] Ibídem., p. 134.
[11] Ídem., p. 251.
[12] Restrepo, M.A. Op. cit. Ibídem.
[13] El Tiempo, 30 de octubre de 1972, en: Restrepo, Miguel Angel, Op. cit., 252.
[14] Acta 035 de noviembre 12 de 1971.
[15] Goyes (2004). En: El cogobierno y sus antecedentes desde una perspectiva regional, p. 252.
[16] Goyes, Op. cit. Ibídem.
[17] Jiménez, op. cit., p. 7.
[18] Ibídem, p. 7.
Miguel Ángel Herrera Zgaib, PhD, Presidente IGS-Colombia, y director Grupo Presidencialismo y Participación
Foto tomada de: 360 Radio
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