La guerrilla del ELN no ha comprendido ni aprovechado el momento político que vive Colombia para cooperar con un proceso que sea fluido y puedan desmovilizarse a fin de construir y remodelar la Democracia, dentro de un gobierno que plantea cambios sustanciales; han prolongado las conversaciones, colocado talanqueras innecesarias, hacen exigencias que desbordan la naturaleza de la guerra y del DIH como la persistencia en secuestros con fines financieros, etc. Llevan 60 años en refriegas y combates que ya no encuadran en el concepto de revolución por la descomposición de todos los actores armados y de los gobiernos hasta el año 2022, todos atravesados por la corrupción. La fiscalía General de la Nación todo el año 2023 hasta marzo del 2024 bloqueó los acercamientos con bandas delincuenciales que fueron invitados a los diálogos para buscar transacciones y negociación de penas a fin de desarmarse. O sea, la Fiscalía del Señor Barbosa inflamó más el fuego de las confrontaciones armadas. A la Ultraderecha no le interesa que cese el fuego o que se logre la PAZ porque pierden el discurso invocando la “seguridad” que siempre han prometido.
La fiscalía General de la Nación ha sido una decepción. La mayoría de los fiscales generales se han dejado seducir por la vía política, pocos meses después de posesionados ya albergan la idea de ser presidentes del país. En algunas ocasiones no saben ni derecho penal, como sucedió con Alfonso Valdivieso, con Luís Camilo Osorio, con Néstor Humberto Martínez y con Francisco Barbosa. Se dejan seducir por el presidente que los ternó o traicionan al ternador para aspirar desde otra orilla, tienen el mismo o similar espíritu de los vicepresidentes, la ansiedad por el poder y la compulsión política los carcome.
Y se agravó la situación con una profundización de la politización de la justicia y esto tiene que ver con varios factores, entre ellos la corrupción de los jueces y magistrados; la pertenencia a partidos políticos que les han ayudado a ascender por las trampas a los concursos de méritos y la transgresión de los parámetros de la carrera judicial; también por la debilidad o falta de criterio de los jueces y magistrados que se dejan deslumbrar por el poder ejecutivo dentro del presidencialismo; el desequilibrio de las tres ramas del poder que se perdió desde que se aprobó la reelección presidencial, quedando los magistrados a expensas del ejecutivo por la forma de selección, entrampados por el paso ante el Congreso y subsumidos al mismo poder del reeleccionista que los subyugó, o del ejecutivo central que, ya desmontada la reelección, el desequilibrio de las ramas estaba en marcha y tiene secuelas.
Frente a la PAZ que es la aspiración máxima de toda la sociedad y el objetivo básico de cualquier Democracia, como se ve en el enunciado normativo- teleológico del preámbulo. Pero algunos de ellos se han dedicado a sabotear la paz. Ya sea con entrampamientos para crear desertores que reinicien la guerra, y otros para trancar las propuestas de diálogos, desmovilizaciones, arreglos, treguas y la reinserción. So pretexto de que esas iniciativas rompen el estado de derecho, cuando desde sus mismas instalaciones algunos fiscales a cargo de casos especiales no trabajan y otros son cómplices de delincuentes, como se observa frecuentemente en el registro de los noticieros. Situación probada en varias ocasiones y como principal ejemplo, el caso Mancera.
La justicia espectáculo, la politización de la justicia, la venalidad de los jueces, el cartel de la toga, los jueces grabados por cámaras ocultas o smartphone desde cualquier rincón in flagranti recibiendo dinero; los mismos extorsionados denunciando a los jueces; o ex amantes narrando como actuaba el juez enamorado que sedujo a la amanuense y luego fue denunciado; toda esa venalidad ha llevado al descreimiento de los ciudadanos en la justicia, lo cual hace perder lo más valioso que Norberto Bobbio llamó, la adhesión espontánea a las normas, o sea el cumplimiento de los ciudadanos al estado de derecho, se pierde por el cúmulo de noticias sobre corrupción dentro de la justicia; o por inoperancia, quedando las personas sin aliento de denunciar o contribuir como testigos, y en definitiva quedando a merced de NO ver la justicia idealizada e irrealizada y así, buscan acudir también al incumplimiento o a ejecutar la justicia privada. Arreglos de cuentas que aumentan la violencia.
La Justicia Especial de Paz (JEP) es precisamente una justicia de transición para procesar a los actores armados que la justicia tradicional nunca pudo procesar, porque no habían sido vencidos por las fuerzas armadas y porque la justicia no operaba en zonas del conflicto por el miedo a proceder. Cuando se creó la JEP comenzaron inmediatamente a desmontarla, y ahora tratan de descalificarla y desprestigiarla. La misma Corte Constitucional avaló las mutilaciones, cuando excluyó a los empresarios financiadores de su órbita. La justicia ordinaria no funcionó durante el conflicto 1964/ 2016, ahora el conflicto está multiplicado por la variedad de actores armados, y desideologizados por la continuidad de la ilicitud en el mercado de la cocaína que alienta las micro-guerras por el enriquecimiento ilícito.
La gente del común y los analistas, después de 205 años con guerras civiles, guerras locales, conflictos de variado origen, violencias desbordadas, y actividades multicrimen, se preguntan, ¿ cómo lograr la paz ?; ¿ por qué se han reciclado las formas de violencia con la producción de enfrentamientos diversos (terratenientes contra colonos, esmeralderos, narcotraficantes, minería criminal, mafias regionales, actores políticos excluidos, etc.), y cada solución se incumple ?; por qué no sirve la aplicación de las experiencias anteriores, con acuerdos suscritos en otros procesos de paz ?, o si la relación política y guerra es inescindible.
En el texto de una columna anterior titulada Paz parcial o paz total, expresé que, la PAZ es un anhelo de todos, pero en Colombia ha sido esquiva, siempre alguien la sabotea, la incumple. Cuando se logra, reaparece otro ciclo de violencia y/o nuevas formas de enfrentamiento. Son incontables los pactos de paz desde el siglo XIX con: Exponsiones, amnistías, armisticios, indultos, treguas, reformas constitucionales, desmovilizaciones, etc. Inclusive, anhelamos la PAZ desde antes de que nuestro territorio se transformara de Virreinato a Estado-Republicano. Por eso se realizó la guerra de independencia, para expulsar a los españoles, lograr la libertad y tener PAZ. Y una vez expulsados los invasores empezaron los caudillos agrarios a disputarse las partes del territorio liberado, y los bastiones, sin grandeza, pero si con bajezas para cada uno figurar y continuar almacenando poder que se fraccionó por figuras como el General Santander, José Antonio Páez, Juan José Flórez, José María Obando, José Hilario López, Tomás Cipriano de Mosquera. Esas disputas las llevaron hasta 1854. Los nuevos gobernantes desde 1863 reprodujeron conductas similares.
Como lo expresé en una columna publicada en Diario Occidente, en el año 2014, titulada La Paz Difusa, en Colombia, la criminalidad de los delincuentes comunes y los delitos de los actores políticos armados se interconecta con las conductas torcidas de la clase política clientelista/contratista, instalados en el aparato estatal, dispersos en municipios y departamentos. Colombia necesita la ampliación de la Democracia, reformando la justicia de verdad, y algunas instituciones, para mejorar la salud, la educación y desarrollar derechos sociales inestrenados, y reformar los defectos subsistentes del sistema electoral, entre otros aspectos. Pero sin lograr la PAZ continuara defectuosa la vida democrática, porque la violencia interna dispersa en guerras simultáneas, mezclada con otras violencias multicrimen, no dejan funcionar el derecho.
Alberto Ramos Garbiras, Abogado de la Universidad Santiago de Cali (USC); especialización en derecho constitucional de la Universidad Libre; Magíster en Ciencia Política (Universidad Javeriana); PhD en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); ha sido profesor de las cátedras: derecho internacional, ciencia política, derechos humanos y derecho ambiental, en la Universidad Libre, Cali.
Foto tomada de: Eje21
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