Uno de ellos es corregir algunos problemas que se han generado en la implementación, como los relacionados con la seguridad, fue un error hacer el proceso de DDR tan rápido en las zonas veredales especiales de reincorporación ETCR en donde se aceleró sin medir las consecuencias el DDR (Desarme, Dejación y Reincorporación) de la guerrilla más grande y antigua del continente americano[1], en especial en aquellos territorios en donde persistían y se han agudizado las graves amenazas para los excombatientes y las comunidades que habitan en ellos, en ese sentido es necesario tener en cuenta que para los nuevos procesos que se adelantan en el marco de “la política de paz total” el DDR debe ser por fases y en mayor tiempo, no los 20 años que plantea alias “Calarca” comandante de uno de los sectores del EMC que en estos momentos sostiene negociaciones con el gobierno nacional, pero si un proceso similar al adoptado en el conflicto de Irlanda del norte en el que a través de varias fases de desarme y con la participación de una potente misión de verificación, se logró alcanzar el desarme definitivo del IRA y su conversión en partido político legal (véase el acuerdo Michell o de viernes santos firmado en el año de 1998).
En nuestro país se ha demonizado por parte de los grandes medios de comunicación en coordinación con sectores de extrema derecha, la ruta de dejación de armas por fases y durante periodos más largos de tiempo, este es un debate que hay que reabrir nuevamente en la estrategia de paz total y de territorialización de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y actores armados no estatales. Es importante recordar que el DDR debe tener como aliadas a las comunidades que han sufrido el conflicto y que lamentablemente son el caldo de cultivo de procesos de rearme y resurgimiento de nuevos grupos ilegales de carácter político, que reivindican su accionar en los pactos incumplidos por el Estado a las comunidades implicadas en la agenda de negociación.
Este fenómeno es el que ha venido sucediendo en el departamento del Cauca, ya advertíamos en una investigación realizada en el suroccidente colombiano en el año 2019 sobre “la persistencia de la violencia en esos territorios después de la firma del Acuerdo Final de Paz”, realizada por la Corporación Nuevo Arco Iris, que los voceros de las comunidades que asistieron a los grupos focales provenientes de los municipios de Argelia, caloto, corinto y en general toda las poblaciones de la cordillera Caucana de la serranía del Naya y el cañón del Micay, reclamaban el derecho a ejercer la defensa armada de sus territorios frente al militarismo de las FF. AA y de grupos sucesores del paramilitarismo de extrema derecha que avanzaran hacia sus territorios.
En otras palabras estas comunidades indígenas, afro y campesinas acostumbradas a soportar y repeler la violencia estatal y a contar para su defensa y protección con la intervención de un actor armado de carácter insurgente, no creen en el tradicional esquema de Desarme, Dejación y Reincorporación utilizado por los distintos gobiernos en Colombia para terminar con el conflicto armado interno, son años de desconfianza que solo se pueden superar con acciones integrales de integración de estos territorios al desarrollo del país y en el que la las comunidades sean las que tomen las decisiones fundamentales y las refrende con el Estado, en materia de desarrollo y pacificación de sus regiones e incluso en el modelo de justicia transicional que requiere el posconflicto territorial.
De otro lado las altas partes firmantes del Acuerdo de La Habana ( Estado colombiano y Farc) rechazo de plano la posibilidad de aceptar una fuerza multinacional de paz (Cascos Azules) que funcione como un factor de disuasión preventiva en el territorio frente a los actores armados y de protección a la población civil y a los actores no beligerantes como lo son los firmantes del Acuerdo de Paz y los lideres sociales que ejercen roles activos de interlocución en representación de grupos sociales y comunidades. Esta es otro aspecto que debe ser estudiado por el gobierno de Gustavo Petro y la oficina del Alto Comisionado de Paz para considerar aplicarlo en los territorios en este nuevo momento de negociación.
Es importante recordar que lo que ha pasado en los antiguos territorios de presencia de las FARC, es que existe una zona gris sin ningún control estatal en la que cada grupo disidente o de origen contrainsurgente ataca a los civiles mediante asesinatos, atentados, desapariciones, desplazamientos, constreñimientos y amenazas y le endilga la culpa y responsabilidad al otro actor con el que se encuentra enfrentado por el control territorial en un círculo de violencia en espiral y sin control.
El tema de una fuerza multinacional de paz, ha sido un tema tabú en nuestro país, pero esa es una posibilidad que hay que explorar junto a la propuesta de ampliación del plazo a siete (7) años más de la implementación del AF y de revivir el mecanismo del “fast track” para aprobar las normas en las que el gobierno ha evidenciado retrasos severos de la ejecución del Plan Marco de Implementación del AF.
En segundo lugar, los planes de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDETS, no solo necesitan mayor tiempo y financiación, sino que además necesitan nuevos decretos de obligatorio cumplimiento que garanticen inversiones sostenidas y planes de choque en todos los sectores económicos, bajo los principios de la economía de guerra para la construcción de la paz, es decir en estos territorios identificados como regiones PEDET y Zonas más Afectadas por el Conflicto, la estrategia de ejecución y planeación debe ser eficiente y vertical en sus ejecuciones y a la vez con una enorme participación de las comunidades en su formulación, evaluación y toma de decisiones estratégicas de conveniencia para esas mismas comunidades.
Las regiones PEDET son territorios de planificación para la reconversión de economías ilícitas en sectores productivos lícitos que deben tener una legislación especial que desafortunadamente no alcanzo a ser completada en los decretos que las reglamentaron en el proceso de Fast Trakc adelantado por el gobierno de Juan Manuel Santos, allí está el punto de quiebre del avance de la territorialización de la implementación de la paz, pues con la llegada de un gobierno enemigo del Acuerdo Final de paz entre los años 2018 y 2022, como lo fue el gobierno de Iván Duque y su agenda Uribista de hacer trizas lo acordado, se traslapo todo el plan marco de implementación del Acuerdo de Paz y se sustituyó la territorialización PDET, por las Llamadas Zonas Futuro de Consolidación político militar, concepto en el que primo la concepción militarista de ocupación tipo Israelí (ver guerra en gaza y tratamiento de los territorios ocupados en el Líbano) en la que el territorio y sus habitantes son vistos como enemigos, concepción totalmente contraria a la filosofía de participación de los Planes de Desarrollo con enfoque territorial para la paz, como fueron concebidos los PEDET.
Ese descuadre en la implementación del Acuerdo de Paz, descarrilo estrategias fundamentales para cumplir con lo acordado en los seis (6) puntos firmados entre las partes, por un lado las comunidades no vieron reflejada su participación en los planes de desarrollo e inversión de estos territorios y por el contrario se reafirmó ante sus ojos el modelo centralista de atención de las regiones que ha fracasado a lo largo del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI, en segundo lugar el asistencialismo coyuntural tanto de organismos del Estado como de la cooperación internacional produjeron un rápido desencanto de los campesinos, indígenas y afros que vieron como el plan estratégico de desarrollo económico y social de sus territorios se quedaba en meras intenciones y a las comunidades solo las invitaban a celebrar pactos y asambleas en las que los chalecos azules de la ONU y los funcionarios del estado simulaban que la implementación iba por buen camino.
En lógica con su ideología militarista, el gobierno Duque ataco ferozmente en lo militar y judicial a las comunidades campesinas cocaleras que acompañaron el acuerdo de paz de La Habana, graduándolos de enemigos del Estado y responsabilizándolos por el aumento de los cultivos de coca en esos territorios, así entonces el movimiento campesino cocalero paso de ser aliado para la transformación territorial y la construcción de paz a ser el enemigo de la estrategia de “Paz con Legalidad” del gobierno Duque en su afán de reeditar la nefasta política de “Seguridad Democrática” de su mentor Álvaro Uribe.
Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, se esperaba un alivio efectivo para las comunidades campesinas de las zonas cocaleras y un cambio de rumbo en la implementación del Plan Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito- PNIS, que relanzara el cumplimiento del punto cuatro (04) del Acuerdo de Paz de La Habana de “Solución al problema de las drogas ilícitas”, pero el desencanto fue grande cuando ese programa lo asumió Felipe Tascón y un grupo de funcionarios incapaces de corregir los errores financieros y estructurales del PNIS, lo que llevo a su fracaso en un mar de divagaciones y malas decisiones sobre como reconvertir las economías cocaleras en las zonas de conflicto, ahí el gobierno nacional ha perdido dos (2) años en el plan de sustitución de cultivos, hoy el PNIS está paralizado y los experimentos ensayados por Tascón y sus colegas de aventura terminaron en el cesto de la basura, desperdiciando la ventana de oportunidades que significa la crisis de la producción y comercialización de la cocaína a nivel mundial que ha afectado los mercados de la droga a nivel internacional y ha llevado a miles de campesinos de las regiones del Catatumbo, Choco, Nariño, Putumayo y Cauca a la quiebra y al abandono de miles de hectáreas de cultivos de coca, no por la persecución del Estado o los programas de sustitución sino por la caída estrepitosa del precio del kilo de clorhidrato de cocaína y crisis en la demanda de coca en los mercados de los Estados Unidos y otras partes del mundo, por efecto de la llegada masiva de drogas sintéticas entre ellas el fentanilo a los mercados de consumo de adictos en las grandes ciudades de Norteamérica.
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[1] Después se diría por parte de expertos en el conflicto que al presidente Santos solo se interesó por desarmar a las FARC y no por cumplir con la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Julio Arenas, Observatorio del Conflicto Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: Cancilleria.gov
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