La Vicerrectora rechaza las acciones violentas y la respuesta armada de la Fuerza Pública, por ser contrarias a la vida académica y por el riesgo que significan en contra de la vida de los integrantes de la comunidad universitaria y de los transeúntes. Considera inaceptable el uso de armas de fuego por parte de la Fuerza Pública en este tipo de situaciones y solicita una investigación, por parte de las autoridades competentes.
El País-América [2], informa que el hecho relacionado con disparos policiales ocurrió en la calle 26, cerca de la entrada de la Universidad Nacional. En un video que combina imágenes desde los lados norte y sur de la calle 26, se aprecia que una persona con chaleco institucional se mueve a pie mirando hacia atrás, con dirección hacia el lado sur rumbo a la calzada de sentido occidente-oriente dejando abandonada su moto, al borde del separador, bajo el puente peatonal de acceso al sistema, mientras discute con tres individuos encapuchados que lo siguen a más de tres metros de distancia. El alcalde Galán afirma que el funcionario era parte de un grupo de Gestores de Movilidad que fracasaron en los diálogos con los manifestantes e intentaron habilitar un contraflujo en Transmilenio.
En el video que muestra el diario El País, nadie se ocupa de la moto. Coincidencialmente, un vehículo policial tipo Pick Up, cruza a alta velocidad en el mismo sentido occidente-oriente, por el carril exclusivo de Transmilenio y al notar el incidente se detiene abruptamente. El funcionario de movilidad busca ampararse en el vehículo. Se muestra a dos policiales, que salen del Pick Up e intervienen. Se ve a uno de ellos parapetado detrás del vehículo policial disparando, mientras los manifestantes lanzan, al menos, cuatro artefactos incendiarios. Al retirarse los manifestantes, los dos policías vuelven a disparar. Según informes, los agentes que intervienen pertenecen a la Policía Antinarcóticos.
Posteriormente, el funcionario de la Alcaldía recupera su moto y el Pick Up policial se mantiene estacionado en el mismo lugar, mientras intervienen unidades policiales de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO, antiguo ESMAD), con lanzamiento de aturdidoras y lacrimógenas. En la parte del video, que toma imágenes desde el lado norte a la entrada del puente peatonal del sistema Transmilenio (cerca a la entrada de la universidad), se aprecia que, a raíz de los disparos, los gases y las aturdidoras, son cuatro los manifestantes que se repliegan.
Mientras tanto, por la Avenida 26, en su sentido occidente-oriente, hay flujo vehicular y de motos, relativamente continuo. Cabe afirmar que, si la intención era desviar el flujo vehicular, el punto más propicio para hacerlo no era este, a la entrada de la universidad, dado que los conectores viales están, más arriba y más abajo de la Universidad Nacional. Naturalmente, las rigideces del sistema Transmilenio son problemáticas. Pero, hay conectores viales que permitirían llegar a las estaciones de Las Ferias y Quinta Paredes, por vías alternas cercanas a Corferias, al occidente o al Oriente, en la Estación del Concejo de Bogotá. Es decir, suena muy extraña la disculpa de cambio de flujos viales, como motivo del incidente del funcionario de Movilidad con los manifestantes.
Según la Policía Metropolitana, los Policías fueron trasladados al Hospital Central para “valorar sus heridas”. El Alcalde afirma que en la valoración se pudo establecer que solo se encontraban aturdidos a raíz de las explosiones; aturdimiento que atribuye a “papas bomba” lanzadas en contra el vehículo policial.
De lo planteado en el Comunicado de la Vicerrectora de la Sede Bogotá, de la Universidad Nacional, hay expresión de rechazo a la violencia presentada durante la protesta y un claro llamado a investigar el uso de armas de fuego por parte de los Policías.
Cabe afirmar que, en declaraciones, a raíz de la pregunta planteada por la periodista Kalila Peña [3], en términos de la activación de un protocolo de seguridad frente a la protesta, el alcalde Galán pierde de vista la naturaleza de la protesta social, la pertinencia del diálogo social y el sentido de investigación de los hechos. Se enfoca en afirmaciones estigmatizantes y descalificadoras de la protesta, en general, en el más anacrónico estilo tradicional.
Su comportamiento riñe con las directrices planteadas en el Artículo 315 de la Constitución de 1991, cuyo inciso 2 plantea que entre sus atribuciones está conservar el orden público conforme a la ley, a las instrucciones y órdenes presidenciales.
Al respecto, la política de seguridad humana reclama capacidad creativa para el diálogo social y la mediación, reconoce la importancia de los protocolos de protección de la protesta social y la activación de mecanismos de coordinación interinstitucional, en el marco de enfoques, entre otros criterios, de prevención, de garantía de derechos, de legalidad, proporcionalidad y de no estigmatización, como se establece en el Decreto 003 de 2021 [4], expedido durante el Gobierno Duque, justamente a raíz de tutelas, Sentencias del Tribunal Superior de Bogotá y de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia.
El decreto 003 de 2021 establece que el uso de la fuerza es el último recurso y debe limitarse al mínimo necesario. Incluso, el Instructivo 009 de 2022 Policía Nacional – Dirección General [5]; es explícito en la definición del procedimiento de actuación con respecto al bloqueo del servicio de transporte: hace referencia a que en caso de una perturbación superlativa, donde esté eliminada cualquier posible condición para la circulación, el procedimiento corresponde a las autoridades político-administrativas o al Ministerio Público, para realizar el diálogo y si el nivel de agresividad es alto, le corresponde actuar a las unidades especializadas de la UNDMO.
Estos mismos lineamientos están adaptados para Bogotá, en el Decreto 053 de 2023. Sin embargo, no se aplican de manera coherente y los organismos de Personería, Procuraduría y Defensoría del Pueblo brillan por su ausencia en estos contextos de protesta estudiantil.
Por las declaraciones del Alcalde, se puede deducir que prima mucho más la labor de inteligencia que la conversación y el diálogo con las organizaciones estudiantiles, por parte de la Alcaldía y de las autoridades distritales, además de la ausencia de coordinación nacional, en estos asuntos.
Como bien lo plantea la ONG Temblores [6], especializada en actividades de protección de víctimas de la violencia policial, los disparos de los uniformados en contra de las personas pusieron en riesgo la vida, tanto de los manifestantes como de transeúntes y de quienes se encontraban dentro de la universidad. Se incumplió la normativa 003 de 2021, donde se prohíbe el uso de armas de fuego por parte de las autoridades, en cualquier escenario de protesta social, así como el uso de cualquier modalidad de armamento letal, para evitar hechos luctuosos como los ocurridos en la masacre del 9 y 10 de septiembre de 2020, donde murieron al menos, 12 personas.
Por tanto, Temblores insta a que se adelanten investigaciones disciplinarias internas y por parte del Ministerio Público, para que se tomen medidas de no repetición. Al tiempo, rechaza el acto de violencia en contra de la patrulla en la que estaban los miembros de la fuerza pública. El ataque puso en riesgo la vida de los uniformados y constituye una afectación directa al derecho fundamental a la manifestación pacífica.
Al tiempo, solicita a las autoridades se adelante la investigación siguiendo el debido proceso y sin estigmatizar la protesta social. Temblores llama a que las investigaciones no se traduzcan en montajes en contra de la comunidad universitaria.
La ONG insiste en el llamado a la Policía Nacional, a la Alcaldía de Bogotá y al gobierno Nacional para que se desarrolle una mejor articulación interinstitucional para garantizar la vida e integridad de las personas en contextos de protesta social.
Es de resaltar que los disparos en contra de los grupos de protesta estudiantil llevan a evocar los días aciagos del Estatuto de Seguridad del Gobierno de Turbay. Bajo nuevos empaques de marketing político, el pasado respira en la nuca, como un atavismo.
Así mismo, los viejos y recurrentes métodos de lucha estudiantil, así como sus resultados en materia de afectación de la acogida social y la propia mengua de capacidad de logro de objetivos invitan a reflexionar acerca de la importancia de la innovación política y social en el ejercicio de la desobediencia civil y la protesta pacífica. El reto está en la capacidad de superar las viejas herencias de las formas de lucha social afianzando procesos que permitan expresar el sentido múltiple de la riqueza cultural de la formación y del liderazgo que están reclamando los nuevos vientos de cambio.
Fuentes:
[1] Jiménez Martin Carolina. Comunicado 026 a la Comunidad Universitaria y a la Opinión Pública. Ciudad Universitaria. Julio 25 de 2024.https://x.com/egresadxsunal/status/1816816756402360798
[2] El País América. Video | Un policía dispara a unos manifestantes que lanzaron cócteles molotov a su patrulla frente a la Universidad Nacional. Bogotá. El País. 25 JUL 2024. [3] Peña Kalila. Alcalde Galán anuncia investigación sobre protestas en la Universidad Nacional | El Tiempo. Arriba Bogotá. City TV. Julio 26 2024.https://www.youtube.com/watch?v=WvvREpp5nMk
[4] Presidencia de la República. Decreto 003 de 2021. Función Pública. enero 5 de 2021.https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=154406
[5] Policía Nacional – Dirección General. Instructivo 009 de 2022. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN. Secretaría Jurídica Distrital. Septiembre 23 de 2022.https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=128439&dt=S
[6] Temblores ONG. Comunicado sobre los hechos ocurridos el día de ayer en la Universidad Nacional. Julio 26 de 2024.https://x.com/TembloresOng/status/1816848666906235036
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: Infobae
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