Desarrollo humano y desigualdad
La economía colombiana tiene un enorme potencial, pero también rasgos bastante problemáticos y persistentes. En el ordenamiento de los países de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano IDH[1], el país se ubica en la categoría “Desarrollo Humano Alto”.[2] En América Latina solo Chile (puesto 44), Argentina (48), Uruguay (52), Panamá (57) y Costa Rica (64) pertenecen a la categoría “Muy Alto Desarrollo Humano”. Colombia, en el puesto 91 está después de México (77), República Dominicana (82), Ecuador (83), Cuba (85), Perú (87) y Brasil (89).[3]
Es interesante observar que según su ingreso per cápita en dólares PPA[4] Colombia ocupa el puesto 83 en el ordenamiento de países de mayor a menor ingreso. En cambio, Ecuador ocupa el puesto 108. Sin embargo, dado que en Ecuador la expectativa de vida al nacer (77,9 años) es mayor que en Colombia (73,7 años) y sus indicadores de escolaridad son levemente superiores, la posición del país vecino según su IDH está 25 lugares por encima de su posición según su ingreso. En contraste, Colombia está ocho lugares más abajo por su IDH que por su ingreso (UNDP, 2024, p. 275). Esta sencilla comparación es reveladora y reafirma la observación hecha por Amartya Sen hace décadas acerca de la forma en la que ciertos resultados sociales pueden mejorar más rápidamente que el ingreso: “Lo esencial es que la influencia del crecimiento económico depende mucho de cómo se utilicen los frutos de ese crecimiento” (Sen, 1999, p. 64). Ello remite en últimas a la forma en la que tanto las instituciones como las políticas públicas contribuyen -o no- a una conversión adecuada del ingreso en bienestar.
La desigualdad tanto en los ingresos como en el acceso a servicios sociales es uno de los mayores obstáculos que enfrenta una sociedad para traducir el crecimiento en bienestar. Al ajustar el valor del IDH de Colombia (0,758) por la desigualdad en las tres dimensiones que lo componen, su valor cae a 0,568. Con el IDH ajustado por desigualdad Colombia no sería un país de desarrollo humano alto sino medio, perdiendo 18 puestos en la clasificación (UNDP, 2024, p. 284). Considerando solamente la distribución del ingreso medida con el coeficiente de Gini[5], esta se redujo entre 2021 y 2023 de 0,563 a 0,543.[6] Sin embargo, este indicador ha sido históricamente elevado en el país (Gráfico 1). Solo en 2017 estuvo levemente por debajo de 0,5.
Al revisar el Gini en los indicadores de desarrollo del Banco Mundial encontramos que el de Colombia (0,548 en 2022), es el más alto del mundo entre los países que registran el indicador en los últimos cinco años. Ejemplos de coeficientes bajos son: Bélgica (0,266), Francia (0,315), Alemania (0,317), España (0,339) y Países Bajos (0,257). Estados Unidos, uno de los países más desiguales de alto ingreso tiene un Gini de 0,398, en todo caso inferior a los más bajos de América Latina: Perú (0,403), Uruguay (0,406) y Argentina (0,407). Aparte de Colombia, los más altos en América Latina son los de Brasil (0,52) y Panamá (0,489).
Debilidad productiva, desempleo e informalidad
El panorama colombiano resulta más sombrío si se toma en cuenta no solo que la distribución del ingreso es en extremo desigual, sino que el ingreso por habitante en el país es más bien modesto. Aparecer como un país de desarrollo humano “alto” en el informe de Naciones Unidas y pertenecer al grupo de países de ingreso mediano alto en la clasificación del Banco Mundial, puede brindar una idea equívoca y alentar peligrosas autocomplacencias. En el gráfico 2 se puede observar que el ingreso por habitante en Colombia no solo es inferior al de las principales economías de la región (y casi idéntico al del Perú), sino que también es inferior al del promedio de América Latina y el Caribe.
Adicionalmente, el proceso de desindustrialización que experimentó la economía colombiana a fines del siglo XX ha continuado en lo que va corrido del siglo actual. En 2005 la industria manufacturera representaba 15,9% de PIB. En 2022 esa cifra llegó a 11,24% y en 2023 se redujo a 10,9%.[7] Es urgente implementar la Política Nacional de Reindustrialización (Conpes 4129 del 21 de diciembre de 2023) para modificar esa tendencia.
En los últimos diez años el sector agropecuario ha recuperado en algo su participación en la economía. En 2013 llegó a representar apenas 5,4% del PIB mientras la minería alcanzaba el 10,3%. En 2023 el sector agropecuario correspondió al 8,72% del PIB (menos que en 2022: 8,87%) mientras que la minería redujo su participación al 5,5%.
A lo largo de 2021 la tasa de desempleo en veintitrés ciudades y áreas metropolitanas disminuyó de 18% en el primer trimestre a 12,4% en el último. En el trimestre octubre-diciembre de 2022 llegó a 10,2%. En 2023 la tasa de desempleo osciló entre 12,3% (enero-marzo de 2023) y 9,3% (septiembre-noviembre 2023). El dato del DANE para abril-junio de 2024 es 10,5%. Sin embargo, si comparamos a la economía colombiana con el conjunto de América Latina, es fácil observar que la tasa de desempleo del país está sistemáticamente por encima de la del promedio de la región (Gráfico 3) y que una tasa de desempleo del diez por ciento, no es en realidad una gran noticia.
Además, la informalidad ha sido persistente y elevada. Para el trimestre marzo-mayo de 2024, el DANE reporta una tasa de informalidad en el nivel nacional de 55,9%. En la ruralidad (centros poblados y rural disperso) la informalidad alcanza al 84,2% de la población ocupada (cifra suministrada por el DANE para mayo de 2024). El problema reside en que la débil capacidad del aparato productivo para incorporar a la población económicamente activa en la economía formal ha significado, históricamente, la disponibilidad de un amplio ejército de reserva para las economías ilegales y múltiples violencias.
La política económica
Cuando inició la pandemia del Covid 19 en Colombia (marzo de 2020), la inflación anual era 3,86%. La tasa de crecimiento de los precios al consumidor venía a la baja desde 2015, tras un leve repunte en 2019. Los confinamientos y la brutal caída de los ingresos de la población acentuaron el descenso de la inflación hasta llegar a una tasa anual (de marzo de 2020 a marzo de 2021) de 1,51%. A partir de ese momento el índice de precios al consumidor inició un ascenso sin tregua. El 24 de febrero de 2022 Rusia invadió a Ucrania y en esos días la inflación anual en Colombia ya había llegado a 8,01%. Ciertamente, la guerra provocó disrupciones en la producción y comercialización de petróleo, gas, cereales e insumos agrícolas que apalancaron una mayor inflación global, pero en Colombia ya era galopante.
Aunque la guerra en Europa afectó al conjunto de las economías de América Latina y el Caribe, la inflación promedio en la región (exceptuando Argentina, Venezuela, Haití y Surinam), disminuyó entre 2021 y 2023 (Gráfico 4).
En Colombia, en cambio, continuó subiendo hasta alcanzar 13,34% anual en mazo de 2023, la cifra más alta en veintitrés años. Los precios fueron empujados hacia arriba por una combinación de factores entre los que cabe destacar: 1) la súbita reactivación de la demanda tras las durísimas restricciones en la gestión de la pandemia. De hecho, el efecto rebote de la economía colombiana luego de la caída de 2020 fue superior al de América Latina y el Caribe en su conjunto: Mientras la región creció 6,7% en 2021 y 3,8% en 2022, Colombia lo hizo al 11% y 7,5% respectivamente;[8] 2) las interrupciones en la oferta (crisis en las cadenas globales de suministro, estallido social de 2021) y, 3) la fuerte devaluación de 2022: El aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos y la caída de los precios de los commodities golpearon más duro a la economía colombiana que a otras en la región. En efecto, ambos factores pusieron en evidencia que la elevada demanda de divisas en Colombia es resultado de un comercio exterior vulnerable por cuenta de la gran dependencia de las exportaciones de commodities (especialmente petróleo) y el alto componente importado tanto de la producción como del consumo nacionales.
La combinación de una mayor demanda -aunada a restricciones de la oferta- apretó el acelerador de la inflación. El Banco de la República respondió con el freno de mano subiendo escalonadamente las tasas de interés. La tasa de intervención[9] pasó de 1,75% en septiembre de 2020 a 13,25% en mayo de 2023. Aunque necesario en su momento, el alza de las tasas de interés es un arma de doble filo en la medida en que aumentar el costo de uso del capital restringe aún más la oferta. Al impacto social de la redistribución de recursos de los deudores hacia los acreedores se suma una mayor dificultad para generar empleo formal.
Así las cosas, una política monetaria restrictiva prolongada, equivale a imponer una dieta estricta a un organismo poco robusto. Una cosa es poner el freno de mano para evitar que se desboque el carro de la inflación y otra, tratar de recuperar la marcha manteniéndolo puesto. La excesiva cautela del Banco de la República para reducir las tasas de interés tras su aumento vertiginoso, hace que el costo de doblegar la inflación haya caído en forma desmedida sobre la ya de por sí endeble capacidad productiva de la economía. Luego del rebote de la economía tras la severa caída provocada tanto por la pandemia como por las draconianas medidas que la acompañaron, el crecimiento -desde el primer trimestre de 2023 (2,7%)- no ha podido regresar a los ya de por sí bajos niveles previos a 2020. En 2023 el PIB aumentó apenas 0,6% y se estima que la población aumentó 0,4% con lo cual, el ingreso por habitante está prácticamente estancado.
La incidencia de la pobreza monetaria disminuyó en el país al pasar de 39,7% en 2021 a 36,6% en 2022 y a 33% en 2023.[10] La explicación más plausible tiene que ver con la leve recuperación del empleo y la mejor gestión en la focalización del gasto social tras la pandemia. No obstante, cuando la economía crece apenas por encima del aumento de la población el resultado es empobrecedor si se tiene en cuenta que los beneficios de dicho crecimiento mediocre se distribuyen de manera muy desigual.
La responsabilidad del declive del crecimiento no recae exclusivamente sobre la persistencia de una política monetaria restrictiva. En contextos de desaceleración cercanos a la recesión, corresponde a la política fiscal impulsar la economía. La reforma tributaria aprobada en noviembre de 2022 tuvo una orientación progresiva más que justificada en una economía tan desigual. También buscaba recaudar veinte billones de pesos con los cuales financiar la mejor prestación de bienes públicos y servicios sociales, priorizando la salud, la educación, la transición energética, la protección del medio ambiente y el desarrollo productivo, en un contexto de estabilidad de las finanzas públicas. Ahora bien, la ejecución (obligaciones sobre apropiaciones) del rubro de inversión en el presupuesto general de la nación de 2023 alcanzó 71,3%.[11] En otras palabras, se dejaron de ejecutar 23,9 billones de pesos. A junio de 2024 la ejecución de la inversión va en 22%. Incrementar los ingresos tributarios y no traducirlos en mayor inversión, aumenta el riesgo de dejar varada a la economía.
Niveles de ejecución de la inversión inferiores al promedio histórico evidencian un reto enorme en la actual coyuntura económica: identificar y corregir -a la mayor brevedad- las fallas en la gestión pública y garantizar una burocracia con la experiencia y el nivel técnico apropiados para el perfil de cada cargo público. Frente a la necesidad de volver a arrancar el motor de la economía preocupan los recortes anunciados por el gobierno para este año y la baja participación de la inversión (16%) en el presupuesto propuesto para 2025.
La mediocridad productiva de la economía colombiana, su altísima desigualdad y su menguada capacidad para generar empleos remunerativos arrojan muchas sombras sobre la viabilidad del país y de su tránsito hacia la prosperidad, la equidad y la paz. Revertir esas características requiere no solo de la elaboración de buenos planes y propuestas sino también del aumento de la capacidad del Estado en su conjunto para garantizar su adecuada implementación. Que la reducción en la incidencia de la pobreza se consolide como una tendencia clara y sostenida en los próximos años, depende de la gestión de la crisis actual del crecimiento económico y de la distribución equitativa de sus beneficios. En las actuales circunstancias, optar por la austeridad excesiva y no prestar suficiente atención a la calidad del gasto y de su ejecución, pavimentarían el camino de la sociedad colombiana hacia su empobrecimiento.
Referencias
Sen, Amartya (1999). Desarrollo y Libertad. Barcelona: Planeta.
UNDP (2024). Human Development Report 2023-2024. Breaking the gridlock. Reimagining cooperation in a polarized world. New York.
[1] El IDH es un índice sintético compuesto por tres dimensiones: salud (expectativa de vida al nacer), logros educativos (años de escolaridad esperados: número de años de escolaridad que puede esperar alcanzar una niña o un niño en edad de ingresar a la escuela de mantenerse los patrones de matrícula por edad prevalecientes; media de años de escolaridad: número promedio de años de educación alcanzado por las personas con 25 años de edad o más) e ingreso por habitante en dólares PPA (paridad de poder adquisitivo).
[2] Las cuatro categorías definidas por el PNUD son: “Muy alto” (valor del IDH igual o superior a 0,8); “Alto” (igual o superior a 0,7 pero inferior a 0,8); “Medio” (igual o superior a 0,55 pero inferior a 0,7) y “Bajo” (inferior a 0,55).
[3] UNDP (2024).
[4] La Paridad de Poder Adquisitivo PPA en dólares resulta de comparar la capacidad de compra de un dólar estadounidense en Estados Unidos con la capacidad de compra de un dólar estadounidense en otro país. Es decir, expresa la relación entre la cantidad de dólares necesarios para comprar en otro país, la misma “canasta” de bienes y servicios que en Estados Unidos.
[5]El coeficiente de Gini va de 0 (perfecta igualdad: la curva de Lorenz que representa la distribución real es igual a la línea de equidistribución) a 1 (perfecta desigualdad: el área entre la línea de equidistribución y la curva de Lorenz es máxima). También se puede expresar de 0 a 100.
[6] Dane. Estadísticas sociales.
[7] DANE. Cuentas Nacionales.
[8] Cepal: Cepalstat. Estadísticas e indicadores: https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?lang=es
[9] En este caso, la tasa mínima de expansión, la cual corresponde a aquella que las entidades financieras deben pagar al Banco de República una vez recompren los activos vendidos a este (repos) para obtener liquidez temporal.
[10] Dane, 2024: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida
[11] Ministerio de Hacienda: https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/EntOrdenNacional/pages_presupuestogralnacion/presupuestogeneraldelanacin2023/pgn2023
Mauricio Uribe López, Economista y Doctor en Ciencia Política.
Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia
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