No obstante, este compromiso de promover ejercicios de conversación con grupos armados ilegales con distinto origen, procedencia y metodologías del accionar criminal, los desarrollos de esta política de Paz total son complejos, y no han contribuido desafortunadamente a disminuir las cifras de afectaciones a las comunidades, que hoy se encuentran enfrentando distintas problemáticas, como lo son el asesinato de líderes y lideresas sociales, firmantes del acuerdo de paz, desplazamientos, confinamientos, reclutamiento de menores, extorsiones.
Este gobierno desde el primer día ha intentado impulsar esas transformaciones que se han enfrentado al inmenso poder que las clases dominantes que gobernaron por siempre el país, y hoy no quieren permitir esas transformaciones y cambios, porque tenían establecido como regla inmodificable, que el poder era para entregar beneficios a las clases dominantes y a los grandes grupos económicos, por ello han desatado una feroz ofensiva en múltiples ámbitos para desestabilizar el gobierno y crear un ambiente de supuesto “desgobierno”, tergiversando la realidad e intentar mostrar las políticas de cambio y restitución de derechos por siempre vulneradas, como un retroceso que perjudicaría al pueblo.
Esta acción desestabilizadora está fuertemente promovida por los grandes medios de comunicación al servicio de los grupos económicos más poderosos del país, al punto que los bien pagados directores de estos medios, tomando claramente partido en favor de una acción desestabilizadora actúan como jefes de la oposición política, desinforman a la ciudadanía, ocultan los logros del gobierno, y fustigan a diario alentando a la ciudadanía a rechazar las propuestas y reformas que se promueven incluso aquellas que traerán una restitución de derechos perdidos y a la ampliación de muchos que hacen parte de la propuesta programática impulsada durante la campaña electoral.
De esta manera élites criminales y corruptas y grandes medios de comunicación y sin duda alguna intereses desestabilizadores del gobierno de los Estados Unidos, se han unido para desaprovechar la oportunidad que Colombia logre disminuir la intensidad del conflicto armado, objetivo que se podría lograr si el conjunto de la sociedad colombiana cerrara filas en torno a la promoción y defensa de la política de paz total, y poder promover con los grupos armados con alguna formación política e ideológica como lo pueden ser el Ejército de Liberación Nacional, el Estado Mayor Central, y la Segunda Marquetalia, procesos de negociación, acompañados con acuerdos bilaterales de cese al fuego, con claros y verificables compromisos de cumplimiento y también bajo la determinación de no levantarse de la mesa hasta no lograr acuerdos sólidos garantizando eso sí el no seguir involucrando a la población civil en el conflicto armado en ninguna de sus modalidades. También, se puede apoyar el establecimiento de acuerdos de conversación con grupos dedicados al narcotráfico como lo son los libertadores de la Sierra Nevada, el Tren de Aragua, el Clan del Golfo, bandas urbanas como los Shottas y Espartanos en Buenaventura y las bandas armadas de Medellín y el Valle de Aburrá para exigirle a ellos no involucrar, menores de edad en sus confrontaciones o en los circuitos de narco y microtráfico que desarrollan. Todos estos procesos de conversación promovidos desde la política de paz total deben apuntar a retirar las armas del ejercicio de la política en Colombia, pero también a que se establezcan claros compromisos de desmovilización, dejación de armas y entrega de las rutas del narcotráfico.
Hoy al cumplirse dos años del gobierno progresista de Gustavo Petro es necesario que el conjunto de la sociedad y las organizaciones sociales, brinden un amplio respaldo a esta política, al mismo tiempo que se le exija al Estado colombiano y particularmente a la fuerza pública acciones más decididas para detener el avance del accionar criminal de estos grupos, no puede seguir argumentando que están atados de manos para no desarrollar acciones más amplias que permitan superar las cifras de incautación que ya durante este gobierno registran importantes cifras de cargamentos de marihuana y pasta de coca incautadas. Nada impide a las autoridades policiales y a las fuerzas armadas atacar a las grandes cabezas del narcotráfico involucradas en amplias redes de distribución de drogas de uso ilícito en distintas regiones del país, al mismo tiempo, es necesario que la fuerza pública desarrolla acciones más eficaces para proteger a la población civil que hoy se encuentran a merced de estos grupos armados que siguen involucrando a menores de edad y afectando a comunidades enteras, obligándolas al confinamiento y en muchas ocasiones al desplazamiento son este tipo de prácticas las que buscan contener la política de paz total.
Hoy Colombia entera debe aprovechar esta determinación política del gobierno del cambio para disminuir la intensidad del conflicto y permitir que Colombia, supere definitivamente, la página de la violencia, que permita disminuir tanto dolor, víctimas y ausencia de desarrollo, por eso es importante analizar cuáles son los factores que están impidiendo el avance más consolidado de esta política:
- Amplios sectores de las clases dominantes, que aprendieron a convertir la guerra en un negocio del que obtenían importantes beneficios económicos, políticos y sociales.
- Al interior de las fuerzas militares sigue vigente y a la espera de los cambios anunciados por el gobierno la política de la seguridad nacional, a través de la cual se justificó el uso de las armas contra la población civil y las comunidades organizadas que demandaban derechos, y hoy resulta imposible pensar que esa mentalidad construida por décadas haya cambiado sin que el gobierno haya hecho hasta el momento los esfuerzos por desmontar tal política, además, como se conoce ampliamente las fuerzas militares han sacado provecho de distintas maneras obteniendo toda clase de beneficios y prebendas particulares por la prolongación del conflicto armado.
- La degradación del conflicto armado ha terminado afectando el comportamiento de los grupos armados de origen guerrillero, y están en el riesgo de ser cooptados por el negocio criminal del narcotráfico que ejercen otros grupos que también hacen presencia en las mismas zonas donde ellos actúan, provocando enfrentamientos que afectan a la población civil en la disputa por el control del territorio y las rutas del narcotráfico y otros negocios ilegales.
- La persistencia de la política antidrogas de los Estados Unidos, que contrario a abrir el debate sobre la legalización continúa promoviendo las políticas militares para enfrentar el fenómeno trayendo graves afectaciones a los territorios que hacen parte de los circuitos de producción, tráfico y distribución de las drogas de uso ilícito.
- También la corrupción, que ha permeado múltiples sectores de la sociedad y del Estado, pesca en el río revuelto de la existencia del conflicto armado, porque este permite justificar una serie de acciones y comportamientos que promueven y alientan la corrupción.
- También como se ha comprobado durante muchos años la implementación y permanencia del modelo de desarrollo económico neoliberal en el país ha actuado en muchas ocasiones y regiones como un acelerador de la violencia y del conflicto armado dado el vínculo que algunas empresas transnacionales han establecido con grupos al margen de la ley por distintas motivaciones.
- El país sigue siendo fuente de una importante variedad de recursos minero energéticos hoy necesarios para abastecer las necesidades de los países desarrollados especialmente de los Estados Unidos que ven en Colombia y en la explotación rápida de estos recursos naturales como una fórmula para solucionar su grave crisis económica.
El entrecruce de estas variables, en distintas regiones del país actúa como un detonador de la violencia y hace urgente, que el gobierno del cambio se traza como objetivo importante continuar con la política de paz total tal cual como está diseñada, por supuesto, demandando a los grupos armados mayores compromisos con el cumplimiento de los acuerdos y como se ha dicho arriba reiterando ante la nación el compromiso de no levantarse de la mesa y no continuar involucrando a la población civil en sus acciones de conflicto y disputa por el territorio con otro grupos armados.
Las cifras que hoy se reportan, por cuenta de la agudización del conflicto que se niega a abandonar los territorios a lo largo y ancho del país, obligan a todos los colombianos a sumar los esfuerzos, persistir en el diálogo con todos los grupos armados como única alternativa para poder disminuir estos impactos negativos que se reportan. Las comunidades afectadas por el conflicto están hartas, no es posible como nación seguirá admitiendo el reclutamiento forzoso de menores que implementan todos los grupos armados, tampoco es aceptable, la indolencia con la que parecieran actuar las fuerzas militares que no actúan con la eficacia suficiente para detener estas prácticas en los territorios.
En muchas regiones las comunidades están denunciando, como las mujeres siguen siendo utilizadas por parte de grupos armados legales e ilegales para el desarrollo de acciones de inteligencia militar, transporte de abastecimientos para el conflicto, toda clase de apoyo logísticos, aprovechándose de las condiciones de pobreza de las comunidades se chantajea y amenaza para obtener estas “colaboraciones”.
Es cierto que durante el gobierno de Gustavo Petro los graves hechos de violencia como las masacres, asesinatos de líderes y lideresas sociales, constructores de paz y Defensores del medio ambiente, así como de firmantes de los acuerdos de paz son muy preocupantes tal como lo indican estos datos reportados por INDEPAZ.
De estas cifras, los líderes comunales han sido el sector más afectado, 21 casos, líderes comunitarios con 12 casos, los liderazgos políticos con 11 y los campesinos con 7. Pero más allá de estos datos están las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, los niños y las niñas que están siendo sometidos a prácticas de reclutamiento forzado, confinamientos y desplazamientos que no logran registrarse suficientemente.
Pero también es cierto, como lo hemos dicho en esta columna que la persistencia de este conflicto y de esas cifras, cada una de ellas muy lamentables para el país no son la responsabilidad exclusiva del gobierno progresista que cumple en este mes de agosto dos años de gobierno. Estas cifras son la consecuencia de una inadecuada implementación del acuerdo de paz en primer lugar durante el gobierno de Juan Manuel Santos y posteriormente en el gobierno de Iván Duque y el partido Centro Democrático que anunciaron públicamente ante el país hacer trizas el acuerdo de paz y de esta manera no logró consolidarse el proceso de reincorporación total de los firmantes del acuerdo de paz, muchos de los cuales se vieron obligados por múltiples circunstancias a retomar las armas para proteger su vida y garantizar elementos mínimos para la vida digna que no les proporcionó el proceso de reincorporación por múltiples incumplimientos. Es importante aclarar por supuesto, que no todos los firmantes de la paz han retomado las armas, hay quienes continúan comprometidos con el proceso y por eso la importancia que, durante el gobierno de Gustavo Petro, se hagan acciones más sólidas para la implementación total del acuerdo final de paz firmado en el año 2016 acciones de las cuales el compromiso con una reforma agraria integral y completa es un paso en esa vía.
El gran desafío en los próximos años para el gobierno progresista y democrático en cabeza de Gustavo Petro y los sectores políticos que acompañan el proyecto, es garantizar que se baje la intensidad del conflicto, vía un proceso de solución política negociada al conflicto social y armado que vive el país, para lo cual, el respaldo de los organizaciones sociales, populares políticas, de las organizaciones de mujeres, el movimiento juvenil, el sindicalismo colombiano, las comunidades indígenas y afrodescendientes, los empresarios, pequeños y medianos industriales, el pueblo trabajador. Durante muchas décadas gobiernos elitistas promovieron soluciones militares y guerreristas alentadas por el gobierno de los Estados Unidos y los resultados fueron el fortalecimiento de la guerra y el aumento exponencial de las cifras de afectación a las comunidades, al medio ambiente y al desarrollo del país.
Luis Alfonso Castillo Garzón, Defensor de los Derechos Humanos
Foto tomada de: Vatican News
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