Estas acciones se suman a la crisis de la mesa de negociación instaurada con el ELN, que tuvo su primera crisis en enero del 2023, tras el anuncio fallido del presidente de la República, de un cese al fuego que el ELN, no había acordado, luego sobrevino el secuestro del padre del jugador de fútbol Luis Díaz que sumió la negociación en otra crisis. Estos son los hechos que marcan las crisis del proceso de negociación, no obstante, es preciso analizar los hechos subyacentes a la misma.
Los antecedentes de procesos de paz del ELN comenzaron en una primera etapa con el gobierno de César Gaviria cuando el ELN hacia parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, estos diálogos fracasaron dado que el gobierno asumió que con el éxito obtenido tras la desmovilización del M19, el EPL, el Quintín Lame, el PRT, al vincularlos al proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, podía exigir lo mismo al ELN y a las FARC, pidiendo una dejación de armas sin culminar los diálogos y esta estrategia fracasó.
Hubo otro intento importante que fueron los diálogos adelantados con el gobierno de Juan Manuel Santos que comenzaron en el año 2014, en donde lograron pactar una agenda de 6 puntos y un “protocolo de ruptura” que daría paso a una negociación en Quito. Se iniciaron las negociaciones formales en el 2017 en donde se discutieron temas como la participación de la sociedad civil, las condiciones humanitarias y la construcción de confianza entre las partes. La suspensión de estas negociaciones se dio a partir de varios problemas que surgieron, como la falta de cohesión interna del ELN, los ataques continuos a infraestructura petrolera y la afectación a civiles, así como la ausencia de consenso político en el país sobre las bondades de la negociación. Lo que más afectó la negociación fue la estructura descentralizada del ELN y su insistencia en la participación directa de la sociedad civil.
Otro momento referido a la paz con el ELN se dio bajo el gobierno de Iván Duque, este gobierno llegó con una dura crítica a los acuerdos de paz de su antecesor con las FARC EP, lo que indujo a endurecer su postura con el ELN, esta situación empeoró el proceso de conversaciones y al tiempo empeoro el panorama de la seguridad en varias regiones del país.
En ese contexto, el 17 de enero del 2019 se presentó el ataque del ELN a la Escuela de Cadetes General Santander que dejó 23 muertos y más de 80 heridos. Este hecho generó la suspensión de los diálogos y en consecuencia el gobierno condicionó una retoma de los mismos a la liberación de todos los secuestrados y a un cese total de hostilidades por parte del ELN; este insistió en un cese bilateral del fuego y la implementación de medidas humanitarias, como paso previo a cualquier acuerdo. Hubo factores internacionales en la región que influyeron en la ruptura, estos fueron el refugio de la delegación del ELN en Cuba y la negativa de este gobierno para extraditar a los líderes guerrilleros, en este contexto se dio el aislamiento internacional de Venezuela, que ha sido un país mediador importante en los procesos de paz en Colombia. Las negociaciones se rompieron.
Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro se reabre el proceso de diálogo que tiene un primer revés en diciembre de 2022, con el anuncio unilateral del gobierno de cese al fuego, cuando se había acordado que todos los anuncios se harían de manera bilateral, todo parece indicar que este procedimiento acordado no se terminó de acotar, lo que mantuvo la tensión. A esta se suma una serie de discusiones cruciales para un proceso de paz, que no lograron acuerdos tempranos, y que son fundamentales para la credibilidad del proceso, uno de estos tiene que ver con la renuencia que ha presentado el ELN de renunciar a la práctica del secuestro, situación que tuvo mayor relevancia con el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, bajo el argumento de que ésta es una de las formas de financiación de la guerrilla; esto abrió la discusión en torno a qué se hace con el financiamiento de estas estructuras guerrilleras durante el período de negociación así como cuales serían los criterios y reglas que se establecerían para que el gobierno solicitara apoyo internacional respecto a este tema.
El otro elemento es la renuencia del ELN, a reconocer a la Jurisdicción Especial de Paz, tribunal de justicia transicional del acuerdo de paz con las FARC-EP u otro tribunal de cierre de similares características, como una posible institucionalidad que asuma la aplicación de justicia ante un posible acuerdo, dado que en el marco del conflicto con el ELN ha habido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que en el marco de la justicia internacional no son amnistiables ni indultables. La dirección política y militar del ELN, continúa con la mirada de un proceso de paz de los años 70, en donde era posible que el estado amnistiara grupos rebeldes sin que mediara una justicia internacional. A partir de 1998 de creó el estatuto de Roma constitutivo de la Corte Penal Internacional, en donde se establece cuatro crímenes internacionales que no tienen prescripción: Genocidio, Crímenes de lesa humanidad, Crímenes de Guerra y crímenes de agresión.
Cuando los Estados no quieren o no pueden investigar este tipo de crímenes, el estatuto de Roma establece que la Corte Penal Internacional puede entrar a investigarlos y judicializarlos.
Ante esta realidad internacional el ELN insiste en la exigencia de que el gobierno colombiano los excluya de la lista de los GAOS, los grupos armados organizados para ser declarado insurgentes beligerantes, lo que trae unas connotaciones políticas, luego el ELN, piden que los excluyan de la lista bajo el supuesto que esto les permite tener una connotación de rebeldes frente a la tiranía lo que implicaría según el ELN que no podrían ser juzgados por cortes nacionales e internacionales. Esta interpretación a nuestro juicio es equivocada, dado que está por fuera de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario ya que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no pueden ser indultados ni amnistiados.
El tercer problema tiene que ver en cómo se acota el proceso de participación de la sociedad que propone el ELN, para que esta arroje unos temas concretos que serían objeto de la negociación. Algunos críticos del proceso han señalado que las mesas instaladas con el ELN, se limitan por lo pronto a prolongados tiempos para definir la metodología, sin que se haya señalado siquiera algunas agendas temáticas concretas que serían objeto de la negociación.
El otro hecho tiene que ver con que el frente Comuneros del Sur localizado en el departamento de Nariño, decide apartarse del proceso de diálogo bajo la dirección del comando central del ELN dirigido por Antonio García, el gobierno acepta abrir otra mesa de negociación paralela, dada la necesidad que tiene de propiciar algún resultado en un desarme y desmovilización ante el accidentado y complejo dialogo con la dirección central del ELN. La escisión del frente comuneros puede significar dos cosas. Que este fenómeno se podría estar reproduciendo en varios grupos de la estructura confederada del ELN, que no ven con buenos ojos los obstáculos que la dirección pone al avance del proceso de paz, o que este caso en particular sea un caso aislado de disidencia frente al Comando Central.
En el momento, es claro que, el último ataque por parte del ELN, en Arauca, precipitó una nueva crisis en el proceso de negociación. Frente a esta nueva realidad es preciso anotar que continuar una guerra que lleva seis décadas cobrando vidas y el ejercicio de libertades ciudadanas en el territorio, es inaceptable, por lo cual, es necesario que terceros busquen un nuevo acercamiento entre las partes, el gobierno y el ELN, con unas exploraciones previas que permitan reabrir los diálogos con varias condiciones: lo primero que se debe resolver es si se negocia en medio del conflicto o se pacta un nuevo cese bilateral del fuego. Lo mejor sería lo segundo para aliviar la crisis humanitaria de las poblaciones con presencia de la insurgencia. Si se pactara un cese al fuego, este debe estar provisto de un mecanismo de monitoreo, seguimiento y verificación robusto, que permita que ésta sea efectiva sin violaciones. Según diversos organismos han expresado que se han presentado por lo menos 45 violaciones de cese al fuego, sin que los mecanismos de monitoreo hayan funcionado de manera efectiva.
Lo segundo es que el gobierno debe pactar con o sin cese al fuego unos mínimos o líneas rojas para mantener la negociación que no deben transgredirse, tales como el cese del secuestro y el reclutamiento de menores. El tercero es que los ciclos siguientes de la mesa deben tener tiempos y fechas definidas, así como un temario acotado que deben ser los puntos de la agenda acordada. No se pueden reanudar las negociaciones sin una manifestación clara del ELN, de su compromiso expreso con la Paz.
En ese contexto, el ELN debe reflexionar sobre el hecho que la mejor posibilidad que tiene para adelantar un proceso de paz es con el gobierno de Gustavo Petro y es una equivocación histórica negarse a esta posibilidad y con esto, alentar los gritos de guerra de la extrema derecha y el régimen de la corrupción, así como la exclusión frente al cual, alguna vez se levantaron en armas.
Carolina Corcho Mejía, Exministra de salud, médica psiquiatra
Foto tomada de: Verdad abierta
El ELN desconfía de la capacidad del gobierno para implementar con éxito un acuerdo de paz por el fracaso en la implementación del acuerdo Gobierno-Farc y de todos los anteriores. Aunque el progresismo haya ganado la Presidencia perdió en las principales ciudades y las ramas legislativa y judicial del poder siguen dominadas por la oligarquía mafiosa que conforma el bloque hegemónico. Comentaba hace unos días:
“El gobierno ha podido lograr treguas tanto con grupos guerrilleros como con grupos de paramilitares o derivados de estos. Esa capacidad de acordar treguas sin depender de los poderes controlados por los dominadores le permitiría al gobierno Petro trabajar sin cortapisas por una tregua multilateral casi total, aplicando el DIH y por lo tanto sin depender de las ramas del poder controladas por la dominación actual. Petro puede solicitar a la ONU que designe un tribunal internacional especial de paz para Colombia que avale el uso de DIH con actos como la declaración de territorios beligerantes y los permisos a negociar. Esto permitiría que los frutos de la minería y el narco-cultivo y sus procesos campesinos en los territorios beligerantes sean comprados por el Gobierno mientras dure la tregua.”
El Presidente Petro tiene la capacidad de acordar treguas con los GAOS, incluido el ELN, y el reconocimiento de la beligerancia de acuerdo al DIH pero no puede garantizar la implementación de acuerdos de paz por depender esta de ramas del poder contrapuestas.
Propongo que se asuma esta realidad con treguas multilaterales con el ELN, Las FARC que continúan en armas, el EGC o clan de golfo y los Conquistadores de la SNSM o pachencas, con base en el reconocimiento de su beligerancia sabiendo que para garantizar su implementación se requieren cambios constitucionales y legales que solo un nuevo Congreso de mayorías progresistas podría lograr.
Es una pena estar ante el ELN que de verdad no sabe que quiere, para mi su existencia es basada en guerra y más guerra además el traqueteoa, soy Santandereana de una población que limita con la zona esmeraldifera de Boyaca desde niña he vista la guerra sin tregua, de niña debíamos dormir en el monte x miedo a que nos matarán en la guerra Liberal conservador.
Tengo familiares en Arauca entre Betoyes y Pueblo Nuevo y que se vive lo mismo de toda la vida.
Tengo 68 años y creó que el Señor Presidente hace todos los esfuerzos pero es cómo si ellos estuvieran con la oligarquía que celebra cada bombazo.
Esperó que ELN cambié y se pueda negociar.
Para el 2026 mi primera candidata sin duda es ud. Dra. Corcho