Es la barbarie de una ideología de ultraderecha que parece no tener fin, porque no se acaba, se reinventa, más localizada en el campo que en las ciudades, por lo cual el poder cree que es una violencia menor, marginal, lejana, sin importancia, puesto que es la violencia contra los desposeídos de todas las periferias olvidadas, excluidas, abusadas y golpeadas. Violencia ordenada y ejecutada por conservadores radicales, de vieja y de nueva de-generación, de cuya culpa tampoco escapan poderosos liberales. Esta violencia ilimitada se transformó y perpetuó a partir del pacto firmado en 1957 entre élites rojas y azules a partir del cual la paz puso punto final a la Violencia que duró trece años desde el intento de golpe a López, o una década desde el crimen de Gaitán, o veinte y nueve años desde la Masacre de las Bananeras. De los acuerdos de 1957 fueron excluidos campesinos y guerrilleros liberales – a cuyos jefes desmovilizados asesinaron desarmados – y se acordó un punto final que implicaba silencio absoluto, sin ganadores ni perdedores, sin victimarios y sin víctimas, sin historia y sin futuro, y que dio paso al Frente Nacional entre los años 1958 y 1974.
En esos diez y seis años se incubó una nueva violencia que derivó en otro ciclo de confrontaciones que aún no terminan a pesar del acuerdo de paz con las FARC en 2016, porque el Centro Democrático y Cambio Radical son los nuevos neoconservadores que se suman al puestero Partido Conservador, y el Liberalismo Neoliberal y el Partido de la U reemplazaron al liberalismo del Frente Nacional. Así empezaron a surgir hace 60 años las FARC, luego el M-19 y demás guerrillas y grupos armados ilegales que hoy conversan de paz con el gobierno del presidente Petro. Es decir, la violencia en Colombia se llevó por delante varias generaciones. Aún quedan algunos nonagenarios que vivieron el siglo de la barbarie inconclusa.
Esta violencia de compañía ilimitada, es la madre de todas las violencias, injusticias, desequilibrios, heterogeneidades por rezago y no por diversidad y nuevos desarrollos sociales, culturales, políticos y económicos. Esta violencia es también la desposesión de la corrupción, que cobra vidas, saquea recursos públicos, evade pagar impuestos, le quita a los desposeídos lo poco que tienen. Es la violencia que le robó la vida a miles de soldados por obedecer órdenes de oficiales con un poder irracional. Jóvenes militares mueren engañados por nada y para nada, porque el país de las vitrinas, de los corruptos, de los carros blindados, de las iniquidades y desposesiones, y de las “muñecas de la mafia”, no se desarrolla, crece como planta seca que nunca florece. Se terminan unos conflictos armados, pero la paz no llega, tampoco la justicia, la equidad, el desarrollo y la protección de los recursos naturales.
Los partidos conservador y liberal ahora son marginales. Antes tenían líderes, buenos, regulares o malos, pero los tenían, ahora no. Son carpas abandonadas que viven de la financiación pública, de la burocracia sin meritocracia, de los intercambios de favores entre los tres poderes y el gran capital. Desaparecieron las inteligencias con sentido de nación, y con ellas, la ideología y la democracia representativa vive una inercia fatal. Los nuevos partidos derivados de los dos de siempre, son peores. Más letales, más corruptos, sin ideas para la nación, solo para beneficio propio a través de instituciones hechas entre ellos y para ellos. Están metidos en una centrífuga, mientras las instituciones se desmoronan. Sumergidos en la descomposición, no lograron evitar que un progresista ganara la presidencia de Colombia. Fueron las capacidades políticas de Petro y la decadencia de los otros, que llevó al progresismo al poder de gobernar, pero no al centro del poder, donde no cabe y al cual ojalá nunca acceda.
Masacrados en los años 1980 los líderes que ahora deberían gobernar a Colombia, los poderosos que mandan desde 1991, trajeron la decadencia. Lo bueno que traía la industrialización y la soberanía alimentaria, a pesar del extractivismo fósil con escasa agregación de valor nacional, se acabó en un abrir y cerrar de ojos con la Constitución de 1991. Es la Constitución Neoliberal, no la Constitución Nacional de Colombia. La nación no tiene una Constitución que represente los anhelos de desarrollo, bienestar, equilibrio, soberanía, igualdad y sostenibilidad.
La Constitución Neoliberal se preparó antes de 1991, porque venían trabajando la apertura al comercio internacional para destruir la producción nacional a favor de las importaciones desde las economías avanzadas. Por eso, los que ordenaron el asesinato de los líderes del nuevo liberalismo y de la izquierda, se apoderaron de la nación. La Constitución Neoliberal no puede seguir orientando el destino, los derechos y los deberes políticos y el corrupto equilibrio de los poderes, porque lo más importante del gobierno Petro, es que le está quitando la máscara a quienes se apoderaron y destruyeron los organismos públicos donde tienen partidas aseguradas en el rígido y escaso presupuesto nacional, pues se repartieron los poderes y los organismos que de ahí se derivan, de esa manera han constituido un poder fragmentado donde cada uno hace lo que le da la gana bajo el manto de una difusa y confusa ideología y de un perverso ejercicio de la política, dominado por algo conceptualmente débil, el mercado, poderoso, demoledor y fanático del pragmatismo, por eso Fukuyama, escribió el Fin de la Historia, sin pensar que el neoliberalismo y el calentamiento global son un monstruo de dos cabezas, como la enfermedad holandesa del carbón y del petróleo en Colombia.
La manera como se distribuyen los organismos públicos a través de “acuerdos institucionales” que son acuerdos contra-institucionales, es espantoso, porque construyeron un sistema perverso para manejar y saquear el Estado. Lo que no está en la Constitución Neoliberal, se lo inventan y a punta de horrendas decisiones judiciales, tuercen las leyes y liberan la impunidad y la corrupción. Nada más ilegal desde lo jurídico y ético, que los engendros de magistrados del Consejo Nacional Electoral, que investigan y deciden sobre la campaña presidencial del gobierno progresista. Uno de ellos debería estar preso o impedido para ejercer cargo público. Fatal la sala de consulta del Consejo de Estado que se equivocó de manera monumental y deliberada a favor del CNE en el caso de la campaña del presidente Petro. Horrendo el Congreso de la República, neutralizando, aliado con la Corte Constitucional, los ingresos de la nación, simplemente para beneficiar a multinacionales y bloquear al gobierno nacional con el fin de ahogarlo para que le vaya mal y el progresismo no gane las elecciones en 2026.
El golpe blando, es golpe duro. Tal como lo hicieron con Dilma, y tal como retrasaron cuatro años el tercer gobierno del presidente Lula. Un poder que se está jugando la carta de sacar al presidente, para que un pobre diablo, como el presidente del Senado, sea ungido como presidente temporal contratado durante año y medio con el propósito de ganar las elecciones del 2026.
La Constitución Neoliberal de 1991 no es una constitución para la nación. Por eso Colombia debe pensar un nuevo texto que guíe a una nación soberana a una democracia abierta y participativa antes del 2030. Hoy el problema no son los empresarios, así estén amparando a malos políticos y malos magistrados, el problema de Colombia son las Cortes, el Congreso de la República, los recursos fósiles, la guerra interminable, la corrupción compulsiva, la falta de oportunidades para el 70% de la población, la educación y la salud de mala calidad para la mayoría, la escasa investigación científica y tecnológica, el calentamiento global y la falta de soberanía para decidir su futuro.
El progresismo debe tener medios de comunicación propios o afines, debe tener empresarios progresistas, innovadores y emprendedores, debe tener sus tanques de pensamiento (think tank), y ante todo, debe tener a sus líderes trabajando en la construcción política, en la construcción de una nueva economía, de una nueva política, de nuevas ciudades y regiones, de una nueva justicia, y de una nueva sociedad que vive en los límites de su insostenibilidad. La Fiscalía está demorada, embolatada, amarrada y cooptada por los grandes carteles de la corrupción y del genocidio, por eso no avanza ninguna de las grandes investigaciones de los monumentales casos de corrupción y muerte. Por eso es infame cerrar las compuertas para liberar recursos públicos, cuando Colombia lo que necesita es invertir billones en desarrollo social y en nuevas actividades productivas sostenibles intensivas en inteligencia, porque solo de agricultura no pueden vivir cincuenta y cinco millones de colombianos. Es de la inteligencia, de la sostenibilidad, de la soberanía alimentaria, energética, de industria de la salud, de industrias para la movilidad sostenible y la defensa, del agua, y de la soberanía democrática de todos, con todos y para todos.
La corrupción y la ilegalidad no puede ser la principal estrategia de acumulación. Las empresas de la corrupción y del lavado de activos no pueden ser las principales ventajas comparativas de Colombia. La productividad basada en la desposesión de lo público y de los recursos de los pobres, no hace crecer la economía, no se disemina positivamente en la sociedad. Esa productividad es rentable pero no crece porque no es de largo plazo, ni desarrolla la producción, la creatividad, ni entiende ni sabe de reindustrialización porque unos están dedicados a la acumulación inmediata y otros a la acumulación obscura. Por eso y más, el progresismo tiene una responsabilidad inmensa que no sé si alcanza a dimensionar. Tiene año y medio para seguir cambiando a Colombia en un inmediato segundo gobierno, para ello debe ejecutar y ejecutar, desenmascarar la corrupción, la destrucción de los recursos naturales y la inequidad, y mostrar el camino a un humano e inteligente desarrollo sostenible.
Jaime Acosta Puertas
Foto tomada de: https://www.reporterosasociados.com.co/
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