[1] Ver: https://www.asoquimbo.org/es
El origen del proyecto hidroeléctrico de El Quimbo
La Represa de “El Quimbo”, fue adjudicada en el año 2008 bajo el gobierno de Álvaro Uribe a Endesa y su filial Emgesa (ahora ENEL), durante el cual se declaró la figura de utilidad pública sobre más de 40.000 hectáreas, con fundamento en la Ley 56 de 1981 y la ley 142 de 1994. En suma, la declaración de utilidad pública limitó el derecho de propiedad de las personas que ocupaban ese territorio. Además, el proyecto fue adjudicado a la multinacional no solo ignorando el impacto social que tendría al desplazar a las comunidades – a las que no se les hizo consulta previa y solo se les ofrecieron tres opciones: la venta directa de sus predios, la reubicación o el desalojo. Pero, también, subestimando el impacto ambiental que la mega obra tendría ya que en la implementación de las medidas de prevención y reparación incluidas en la licencia ambiental del proyecto El Quimbo[1] deberían ser realizadas directamente por la empresa, que las incumplió en más de una ocasión. Llama la atención, como señala la Defensoría del Pueblo[2], que la licencia medioambiental sufriera un número récord de 117 modificaciones; lo cual es, como mínimo, el reflejo de las grandes asimetrías de poder entre las multinacionales y las comunidades.
Debido a esta situación, en 2009 varios campesinos, pescadores artesanales y barequeros constituyeron ASOQUIMBO para defender los derechos de las comunidades afectadas por la represa en 9 municipios del Huila. Su objetivo principal ha sido garantizar su permanencia en el territorio e impulsar un modelo alternativo de soberanía energética y alimentaria. No obstante, en el año 2011, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, se firmó el convenio del “Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena” entre la empresa estatal Hydrochina, Cormagdalena y la Agencia Presidencial de Cooperación. En dicho plan se proyectó la construcción de 17 represas escalonadas a lo largo del río Magdalena, 11 de ellas en el departamento del Huila. Actualmente se han construido dos: la Central Hidroeléctrica de Betania y la Central Hidroeléctrica El Quimbo, ambas propiedades de la empresa ENEL. En 2017, ENEL solicitó la construcción de una tercera: la Represa Oporapa que aún no se ha construido.
De las múltiples medidas de reparación socioambientales que se incluyeron en la licencia ambiental, una menciona explícitamente la adecuación de 5.200 hectáreas de tierras de las cuales 2.700 deberán ser restituidas y 2.500 harían parte del programa de reasentamiento de propietarios, poseedores u ocupantes, clasificados de acuerdo con el tamaño de sus predios. Se incluyó, también, la adecuación de un distrito de riego por gravedad.
Los impactos socioambientales y los incumplimientos a la licencia ambiental
Las afectaciones del proyecto El Quimbo y los incumplimientos a la licencia ambiental son múltiples: inundó más de 8.000 hectáreas de tierras fértiles que producían alrededor de 36.000 toneladas de alimentos, contaminó los ríos Magdalena y Páez disminuyendo la calidad de su agua y la cantidad de peces, y generó irreversibles daños socioculturales (ruptura del tejido social), económicos (pérdida de empleos, medios de vida e inseguridad alimentaria), y ambientales, a causa del desplazamiento de las comunidades que vivían ahí.
Como lo denunció en 2016 en esta misma revista la exsecretaria de ambiente de Pitalito, Dianny Marcela Albornoz, la multinacional ENEL causó que los niveles de oxígeno en el área de incidencia de la represa estaban por debajo de lo permitido; realizó aprovechamiento forestal en áreas de bosque seco tropical desacatando la medida preventiva vigente; no retiró la biomasa del embalse previo al llenado desacatando otra medida preventiva; y, además, desconoció las múltiples advertencias de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena – CAM[3] y la sentencia T-135 de 2013 de la Corte Constitucional[4].
Adicionalmente, a lo largo del 2023 se presentaron 11 asesinatos en el tramo que va desde la represa de El Quimbo hasta la represa de Betania[5], con panfletos para reclamar una supuesta propiedad sobre el río y atribuidos a las disidencias de las FARC. Los asesinatos, amenazas, extorsiones y hostigamientos están dirigidos principalmente contra los pescadores artesanales de Gigante, Hobo y Campoalegre.
El inicio de una reparación histórica
Así como Asoquimbo hay otros grupos de comunidades afectadas por grandes proyectos de plantas hidroeléctricas como el Movimiento Ríos Vivos[6], en donde se agrupan varias organizaciones del occidente, norte y bajo Cauca en Antioquia, afectadas por el megaproyecto Hidroituango y amenazadas por el megaproyecto Hidroespiritusanto, decenas de microcentrales, líneas de transmisión y megaproyectos mineros especialmente de propiedad de Continental Gold.
Los hostigamientos, amenazas y asesinatos contra líderes de comunidades que se oponen a este tipo de proyectos, lejos de ser una práctica reciente son, más bien, una práctica sistemática. Desde hace más de 20 años se asesinan líderes sociales que se oponen a grandes proyectos de plantas hidroeléctricas como el caso del líder indígena embera katío del Alto Sinú en Córdoba, Kimy Pernía, quien se oponía a la construcción de la hidroeléctrica de Urrá y fue desaparecido y asesinado por Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) el 2 de junio de 2001.
Por todas las razones anteriores – y los más de 15 años de lucha – la reparación colectiva a través de la entrega de tierras a Asoquimbo es un hecho histórico para esta comunidad. Pero, también es histórico para el resto de los colectivos de comunidades víctimas de proyectos hidroeléctricos porque les da esperanzas de ser reparados, al menos durante el período de la actual administración.
Si están interesados en conocer más sobre este caso de resistencia y persistencia, los invito a ver el documental titulado “Utility – Energía para el Despojo” producido por ASOQUIMBO con el apoyo del Fondo Noruego para los Derechos Humanos: https://www.youtube.com/watch?v=JIlkV9VBBoo
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[1] Ver: https://www.anla.gov.co/documentos/proyectos/03_seguimiento/08_Quimbo/20-02-2021-anla-resolucion-la1.pdf
[2] Ver: https://www.defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-advierte-preocupante-impacto-ambiental-de-las-hidroel%C3%A9ctricas-en-colombia
[3] Ver: https://www.sur.org.co/el-quimbo-el-proyecto-que-tiene-herido-al-rio-magdalena-y-sus-comunidades/
[4] Ver: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-135-13.htm
[5] Ver: https://diariodelhuila.com/11-pescadores-fueron-asesinados-durante-el-2023-en-el-huila/
[6] Ver: https://riosvivoscolombia.org/
Andrés Santana Bonilla, Magister en Desarrollo Rural
Foto tomada de: https://www.enel.com.co/es/prensa/news/d201806-emgesa-aclara-imprecisiones-sobre-las-condiciones-de-la-central-hidroelctrica-el-quimbo.html
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