El cierre de la guerra prolongada que hemos sufrido y la construcción de una paz democrática requieren entre otros soportes importantes el esclarecimiento de lo sucedido con referencia a las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Esta es una de las medidas indispensables ante la impunidad que ha predominado y la exigencia de respuestas en lo relativo a los derechos de las víctimas. La verdad es reconocida ahora como derecho fundamental, patrimonio de los pueblos y condición necesaria para adoptar medidas en consecuencia con la recuperación de la justicia, la consolidación de un régimen garantista y la adopción de reformas democráticas.
En el ámbito de los derechos humanos y la resolución constructiva de los conflictos se reconoce que entre las medidas requeridas para superar la crisis humanitaria y obtener garantías de que las graves violaciones sucedidas no se repitan, está la demanda de contar con el reconocimiento de lo sucedido en términos de arbitrariedad y violencia contra la población, mediante el recurso de la memoria histórica. Ésta apela a privilegiar la voz de todas las víctimas cualquiera sea su condición, de los testigos de tales hechos y de la pluralidad de fuentes y actores ciudadanos, sociales e institucionales, que permitan dilucidar tales circunstancias, de manera que las soluciones en un horizonte de paz y reconciliación sean coherentes con el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y de los diversos sectores de la sociedad afectados.
La memoria histórica en tal sentido es una forma de reparación simbólica. Exige el reconocimiento de las situaciones de victimización, de las víctimas y de los victimarios que obraron de distintas maneras y en distintos contextos; de las afectaciones y los daños ocasionados de manera que en consecuencia se adopten compromisos posibles hacia la la búsqueda de una reparación integral. Muchos son los actores institucionales, sociales, políticos, ilegales e irregulares, internos e internacionales involucrados en esta problemática. Pero sin duda, el paramilitarismo, con la trama de factores y actores en juego de diverso orden que lo explican, constituye el sujeto más comprometido con responsabilidades de diverso orden en lo referido a la crisis en derechos humanos y derecho humanitario registrada durante las décadas recientes.
Esfuerzos hacia esclarecer el fenómeno paramilitar
Ante el predominio de la negación y el ocultamiento por décadas desde esferas estatales y gubernamentales del fenómeno paramilitar, sus actores responsables, actuaciones y consecuencias, se destacan distintos esfuerzos hacia revelar lo sucedido al respecto con aportes valiosos desde finales de los años setenta hasta la actualidad. Entre ellos las denuncias y otras formas de resistencias desde las víctimas. Los informes académicos y de entidades no gubernamentales y de derechos humanos. Los informes de entidades intergubernamentales de derechos humanos y organizaciones de derechos humanos en el ámbito internacional. Las 17 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sentencian al Estado colombiano como responsable de casos de graves violaciones sucedidas. Las acciones legales que han encarado de forma valiente ante los graves riesgos y ataques en consecuencia sufridos organizaciones de derechos humanos en asistencia a las víctimas o en coordinación con organizaciones de víctimas y sociales victimizadas. Profesionales del derecho y colectivos de ellos que igualmente de forma valiente y en medio de persecuciones sistemáticas que aún no cesan encaran el adelantamiento de acciones legales al respecto a favor de las víctimas. Tales esfuerzos han puesto de presente muchos elementos como los siguientes:
En términos históricos, institucionales y de políticas adoptadas a favor de expresiones paramilitares hay que remontarse a la década del cincuenta del siglo pasado con referencia a las agrupaciones llamadas “chulavitas” y “pájaros” como sus precursores, en vínculo con la Policía y el Partido Conservador gobernante. Posteriormente, desde los años 60 se encuentran registros de hacendados en distintas regiones opuestos a la reforma agraria reclamada por los campesinos que promovieron grupos armados para repelerlos, con frecuencia en coordinación con el Ejército y la Policía. También tuvieron lugar varios grupos de civiles armados promovidos por el Ejército, con participación de campesinos y en algunas regiones de exguerrilleros liberales, en reacción a la incipiente actuación guerrillera en varias zonas.
Con frecuencia se recuerda que la Ley 48 de 1968 autorizó a las Fuerzas Militares a conformar “Juntas de Autodefensa Civil”, lo cual llevó en esa década y en los setenta a la conformación de estructuras paramilitares en distintas regiones con reclutamiento campesino, con frecuencia incluyendo menores de edad, en zonas donde empezaban a incursionar las guerrillas FARC, ELN y EPL. Así mismo, se registran formas de autodefensa campesina o indígena en algunas zonas, que son apoyadas o cooptadas por la fuerza pública, para configurar o relacionar con las expresiones paramilitares de la época. Testimonios en distintos departamentos relacionan esferas gubernamentales e instituciones como la Defensa Civil comprometidas con la promoción de expresiones paramilitares, con reclutamiento y arme de núcleos campesinos y en articulación con la fuerza pública para tal propósito.
El paramilitarismo en los ochenta configuró una nueva fase de despliegue de agrupaciones articuladas a élites regionales, fuerza pública y sectores del narcotráfico, con distintos grados de articulaciones y actuaciones. Entre ellas sobresalieron las de Ramón Isaza en Puerto Berrío, de Gonzalo Pérez en Puerto Boyacá y de Hernán Buitrago en Casanare, los hermanos Rojas en Magdalena, entre otras. Los sectores de élite rechazaron el proceso de paz del gobierno Betancur con las guerrillas (FARC, EPL y M19); la fuerza pública desacató la tregua pactada; y se observó la progresiva convergencia del narcotráfico en la acción contrainsurgente. Así, mientras que se intensificaban las hostilidades entre la fuerza pública y las guerrillas, cobraron fuerza actuaciones violentas ilegales, en lo rural y lo urbano, de forma que se configuró la llamada “guerra sucia”, con miles de víctimas ocasionadas en el curso de esta década, entra las que estuvieron la UP y gran parte de la dirigencia política y social de izquierda.
El narcotráfico fue clave en las alianzas del sector social emergente tras su impacto con élites regionales, y dio lugar al robustecimiento de las estructuras armadas del paramilitarismo. Se registra la mutación de anteriores autodefensas a grupos propiamente paramilitares. Se produce el experimento de reconfiguración del poder por alianza entre políticos, gremios, militares y narcos, con epicentro en el Magdalena Medio (Medina, Carlos, 1990), (Guerrero, Luis Alberto, 2013). Luego, los narcotraficantes promovieron los llamados “ejércitos privados”, en medio de nexos con la fuerza pública, élites gremiales y políticas, en el entorno de la contrainsurgencia y la reconformación de poderes territoriales (Romero, Mauricio, Autodefensas y paramilitares, 2003). Pero se habla en una nueva coyuntura del “carácter dual” del narcotráfico frente al Estado: en tanto aliado en la contrainsurgencia y promotor directo y financiador del paramilitarismo, pero también entonces perseguido por el influjo de la política antinarcóticos ilegales de EEUU. Sobrevino entonces una fase crítica, el en paso de los ochenta a los noventa, cuando el Estado combatía unas guerrillas coordinadas, en ascenso, y enfrentaba al narcoterrorismo desatado en respuesta a la persecución oficial y a la amenaza de extradición a Estados Unidos (Gutiérrez, Francisco y Barón, Mauricio, 2005).
La década del ochenta se cierra con la ilegalización del paramilitarismo, que no su superación, a raíz de una masacre contra agentes del CTI en el Magdalena Medio, atacados por paramilitares al investigar otra masacre. Entonces, el gobierno Barco adoptó medidas contra las agrupaciones paramilitares, aunque sin resultados. Los gobiernos Barco y Gaviria expidieron decretos de sometimiento a la justicia para narcotraficantes y paramilitares, con resultados parciales. Al inicio del noventa, tras los pactos de paz y el paso a la vida política legal del M19 y del EPL, el influjo de la Asamblea Nacional Constituyente y con apoyo en varios decretos gubernamentales ofreciendo beneficios penales para facilitar el sometimiento a la justicia, de firma que se desmovilizó parte de los integrantes de los principales grupos paramilitares, pero el fenómeno paramilitar en su conjunto, sus articulaciones y alianzas se mantuvieron.
En el curso de los noventa el paramilitarismo nuevamente desplegó violencia sistemática en regiones de presencia guerrillera, concentrando ataques de forma masiva contra pobladores campesinos señalados de apoyar o convivir con las guerrillas, con un ataque masivo y concentrado como reacción al diálogo de paz del gobierno Pastrana con las FARC y el ELN entre 1999 e inicio de 2002. Al tiempo Colombia se convirtió en primer productor de coca y exportador de cocaína del mundo. El paramilitarismo en estrecha relación con el narcotráfico tejió fuertes alianzas regionales con políticos, militares y gremios, aprovechando además la descentralización conseguida con la elección popular de alcaldes y gobernadores. Proyectó nuevos grupos políticos que representaron sus intereses cursando con terror y éxito la carrera electoral.
Coincide este periodo con la adquisición masiva de tierras que dio lugar a la llamada “ganaderización” del Caribe, el Magdalena Medio y el Meta. Y con la política gubernamental de liberalización económica y privatización que causó el desmonte en buen grado de la institucionalidad rural, se produjeron el detrimento de la economía campesina y el favorecimiento de la gran propiedad (PNUD, 2011). Mientras son desvertebrados los carteles de Medellín y Cali, se consolidan “viejos jefes paramilitares” como Ramón Isaza y Fidel Castaño. Con la “recomposición del paramilitarismo”, su eje se desplaza del Magdalena Medio a Córdoba-Urabá. La “feroz expansión paramilitar” partió de tal recomposición y del apoyo cosechado de algunos sectores de la élite nacional, del empresariado y de los medios de comunicación, lo que facilitó el posicionamiento del discurso contrainsurgente, favorecido además por la reacción ante crecientes violaciones al derecho humanitario ocasionadas por las guerrillas. Fue indicativo de ello el anuncio jactancioso que hacía Carlos Castaño, frecuentemente entrevistado por la prensa, del cruento avance contra sectores de la población civil en Meta, Guaviare, Catatumbo, Antioquia, Valle, Cauca, Putumayo y toda la región Caribe.
Así, narcotraficantes, paramilitares y sus aliados dieron lugar a importantes reconfiguraciones políticas, sociales, económicas e institucionales en distintos territorios, pasando a ser parte de las élites políticas y sociales, penetrando ámbitos institucionales y del poder público, en beneficio de sus intereses coaligados. Al fenómeno se alude la categoría utilizada por Luis Jorge Garay sobre “captura y reconformación cooptada del Estado”, con referencia al impacto ocasionado por el “narco-paramilitarismo” y sus aliados. Entre tanto, el Estado no protegió a la ciudadanía en las amplias regiones afectadas y las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir), creadas mediante el Decreto 356 de 1994, dimensionaron la presencia y actuación de las estructuras paramilitares en muchas regiones del país. Se evidenciaba a la vez la frecuente acción u omisión oficial con respecto a la actuación paramilitar, no obstante algunas acciones legales o medidas formuladas en su contra, por presión de la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos.
El gobierno Uribe entre 2003 y 2006 llegó a acuerdos con las AUC para el desmonte de sus estructuras armadas, pero no así a compromisos con el desmonte integral del fenómeno paramilitar. Su política era de plena impunidad y garantías para la legalización de sus integrantes, pero la presión de la ONU, de organismos de derechos humanos, del surgimiento de un movimiento desde las víctimas y de sectores democráticos y críticos, llevó a que se incluyera en algún grado, en el marco legal de este proceso, el compromiso con los derechos de las víctimas, en aplicación de la Ley 975 de 2005. El desmonte integral del paramilitarismo no se produjo, la desmovilización de estructuras paramilitares no fue total y hubo irregularidades y en la implementación de la ley fracaso con los compromisos de reparación de las víctimas y mínimos resultados en lo referido a la judicialización de los paramilitares responsables de graves crímenes.
Se asiste por tanto en la última década a una nueva situación del paramilitarismo, con permanencia de poderes, alianzas y estructuras armadas tras los numerosos rearmes, dando lugar a otro tipo de reconfiguración del fenómeno paramilitar, con proyección al presente (Informes de la CNRR, 2007 y CNRR 2010). El gobierno emprendió una ofensiva militar contra las FARC que causó su debilitamiento y repliegue, mientras que el ELN reaccionó con pasividad militar y en búsqueda de un entendimiento de paz que fracasó. Y si bien las AUC desaparecieron en virtud de tales acuerdos, la reducción significativa de la violencia, la reintegración y judicialización con notorios beneficios de parte importante de sus integrantes, constituyó un proceso ambiguo y en varios aspectos fracasado. No obstante, en los casos en curso ante la Fiscalía de Justicia y Paz traslucieron revelaciones importantes de algunos ex jefes paramilitares, a la vez que a instancias de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación se creó el Grupo de Memoria Histórica que inicio la publicación de informes sobre masacres y otras casos de graves violaciones ocurridas, que iniciaron la entrega de contribuciones significativas al esclarecimiento, que en buen grado implicaban al paramilitarismo.
Los “Acuerdos de Contribución a la Verdad” desarrollados por el CNMH
El gobierno Uribe con la Ley 782 de 2002 otorgó al paramilitarismo estatus similar a la insurgencia guerrillera a título de “grupos armados ilegales”, concediendo indulto en ambas situaciones y acceso al programa de reintegración, siempre que no estuvieran comprometidos con graves delitos. Con posterioridad las cortes Constitucional y Suprema de Justicia fallaron negativamente contra el otorgamiento de amnistías e indultos a paramilitares y esta última calificó su actuación no como delito político sino como asociación para delinquir agravada.
En un hecho importante para la justicia y la memoria histórica, simultáneamente la Corte Suprema de Justicia adelantó investigaciones contra más de un centenar de congresistas por cargos de paramilitarismo, narcotráfico y en algunos casos de comisión de masacres y otros delitos asociados a las AUC, en lo que se llamó “parapolítica”. En tal sentido, aunque no se superó la alta impunidad respecto a las graves violaciones a los derechos humanos, se registran algunas decisiones de la justicia ordinaria y casos tratados por organismos internacionales de justicia, en particular las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referidas. Así, puede reconocerse algún nivel de respuesta de la justicia interna, con fallos proferidos recientemente por las altas cortes y de la justicia internacional.
A instancias de la Ley 1448 de víctimas y restitución de tierras, el Grupo de Memoria Histórica fue reconformado como Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), con el compromiso de promover el deber de la memoria histórica estatal y estimularlo desde la sociedad, en perspectiva de atención a las víctimas y los sectores de la sociedad afectados por la violencia. Entre sus encargos legales tuvo el de realizar un informe general sobre el conflicto armado, la violencia política y las victimizaciones producidas que dio origen al informe ¡Basta Ya!: memorias de guerra y dignidad, a la vez que siguió produciendo una serie importante de informes hacia el esclarecimiento y acciones diversas de estímulo a la memoria histórica. Estos informes y aportes a la memoria entregan nuevas revelaciones y estudios también en lo referido al fenómeno paramilitar.
En tal contexto, la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del CNMH, en aplicación de la Ley 1424 de 2010, que constituye el marco legal para la mayoría de la población paramilitar reconocida legalmente como desmovilizada, fue encargada de recurrir a un mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica, en busca de contribuciones efectivas al derecho a la verdad, por parte de este tipo de población acogida a la justicia, a la legalidad y al programa gubernamental de reintegración a la vida civil. De hecho, este sector de paramilitares, distinto a los postulados a la Ley 975 por implicación judicial en graves violaciones, está sometido a la justicia ordinaria y obtiene en consecuencia sanción penal efectiva, pero tiene una garantía a recuperar el derecho a la libertad, por decisión de cada juez, solo a condición de entregar contribuciones efectivas a la verdad, ante el CNMH—DAV y realizar acciones reparativas para con las víctimas, a cargo de la Agencia Colombiana para la Reintegración.
Así, la tarea principal de esta dirección del CNMH es contribuir a esclarecer el fenómeno paramilitar, con apoyo en el mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica denominado como los “Acuerdos de la Verdad”. De tal manera, desde 2013 la aplicación de este mecanismo se adelanta en condiciones regionales con frecuencia difíciles, dada la persistencia de expresiones de violencia y a que la mayoría de los equipos regionales y de las sedes responsables de aplicarlo se ubican en zonas de presencia histórica del paramilitarismo, sin que se haya conseguido aún superar el conjunto de sus expresiones, incluidas las de la actuación con apoyo en grupos armados ilegales. En tal sentido, el contexto de actuación para realizar este ejercicio se caracteriza por la existencia al tiempo de la reintegración a la vida civil de parte importante de personas exintegrantes de las AUC y de manifestaciones de reincidencias y de grupos que permanecieron o se rearmaron conformados por paramilitares no desmovilizados y paramilitares rearmados y removilizados.
La recolección, sistematización y análisis de la información surgida de los relatos entregados por las personas desmovilizadas participantes de los Acuerdos de la Verdad, las contribuciones voluntarias recibidas de las víctimas y de otros sectores y la aproximación al conocimiento de cada estructura paramilitar por parte de los equipos de trabajo de la DAV del CNMH, dan lugar a dos dinámicas que obran de manera integrada pero con rutas y propósitos paralelos: 1. El proceso de certificación de cada persona desmovilizada participante, con referencia a si resultó efectiva o no su contribución a la verdad y la memoria histórica. 2. La elaboración de los informes que darán cuenta de los logros del mecanismo no judicial, con relación a los hallazgos sobre la verdad y la memoria histórica establecidos a partir del conjunto de los aportes recaudados.
Dichos informes persiguen reconstruir la memoria histórica de lo sucedido en cada uno de los grupos o estructuras paramilitares, en búsqueda de respuestas centradas en ejes temáticos. Su unidad de análisis son las estructuras paramilitares. Por tanto, se referenciarán en sí mismas y en su relación e impacto frente a la población, a los actores sociales, políticos, institucionales y del propio conflicto armado, presentes en determinados territorios y durante el tiempo de su existencia y actuación. De tal manera, los informes que se desprenden de los Acuerdos de la Verdad apuntan a esclarecer los siguientes asuntos del fenómeno paramilitar: (a) origen y proceso de conformación; (b) niveles de mando y regulaciones internas; (c) vida intra-filas; (d) modalidades o patrones de actuación; (e) contextos; (f) motivos relacionados con determinadas formas de victimización; (g) repertorios de violencia, dinámicas militares; (h) sectores participantes, aliados y colaboradores; (i) tipos de relacionamiento con la población e incidencia en órdenes sociales, poblacionales y comunitarios; (j) relación e incidencia en ámbitos políticos e institucionales; (k) problemática ocasionada en derechos humanos y derecho humanitario; (l) referencia a determinados casos emblemáticos; y (m) consecuencias ocasionadas frente a la población, las instituciones y el territorio.
En consecuencia, esta dirección del CNMH ha recibido a más de 17 mil paramilitares desmovilizados, consiguiendo en los últimos cuatro años ubicar, sensibilizar, entrevistar y tomar el relato sobre sus actuaciones de once mil de ellos. Ya cerca de nueve mil de ellos han terminado con la entrega de relatos, pero de forma que la mayoría han sido certificados positivamente, pero entre mil y dos mil lo han sido negativamente, por no contribuir o hacerlo de forma incoherente o insuficiente con la verdad y la memoria histórica de las víctimas, lo cual les repercute a éstos últimos en la pérdida de beneficios penales y el sometimiento pleno a la justicia ordinaria. Pero el resultado de este ejercicio, junto con centenares de entrevistas y recepción de testimonios, relatos y documentos de las víctimas y otros actores, ha permitido realizar ya varios informes sobre varias estructuras regionales del paramilitarismo. Por tanto, ya está en edición el informe sobre el Bloque Tolima de las AUC, está en preparación de la edición el informe del Bloque Calima de las AUC que actuó en Valle y Cauca y partes de otros departamentos y se termina este año informes sobre estructuras paramilitares en Antioquia y los Llanos, a la vez que para el 2018 otros informes sobre estructuras en el Magdalena Medio, Urabá y Córdoba.
Por supuesto, la implementación del acuerdo de paz Gobierno-FARC conlleva la creación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y No Repetición, la Jurisdicción Especial de Paz, la comisión de garantías y otra serie de instancias y posibilidades hacia la memoria histórica y el esclarecimiento, que se ocuparán como corresponde también a tratar lo referido al fenómeno paramilitar, sus causas, responsables, efectos, víctimas y demás factores relacionados. Y en tal contexto habrán de convergir los aportes de todos los esfuerzos referidos desde la sociedad, las organizaciones de derechos humanos, las instancias de derechos humanos y los organismos internacionales coadyuvantes, para conseguir los resultados necesarios en el esclarecimiento de lo sucedido, incluido este tema del paramilitarismo. Entre tanto, también obra y aportará en tal perspectiva el trabajo en su conjunto del CNMH y con él la aplicación de los Acuerdos de la Verdad y la serie de informes sobre las estructuras paramilitares y su actuación en elaboración.
Álvaro Villarraga Sarmiento: Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, integrante de FUCUDE, catedrático.
Bogotá, DC. 22 de junio de 2017.