La decisión amañada por los “magistrados y magistradas” del Consejo Nacional Electoral (CNE) y respalda por tres equivocados “magistrados y magistradas” de la Sala de Consulta del Consejo de Estado (CE), contra el presidente de la república Gustavo Petro, en primer lugar, y contra directivos de la campaña presidencial del Pacto Histórico, en segundo término, no es suficiente para discernir si jurídicamente es correcto o improcedente una decisión que aún esconde el CNE.
El debate sobre los artículos de una ley o de la Constitución Nacional, que amparan al presidente o permiten hacerle un juicio político jurídico, no es el tema, porque las decisiones en lentos sistemas jurídicos pueden durar tanto como tantos y grandes son los intereses de quienes defienden a la ultraderecha neoliberal que impulsa el lawfare.
Insistir en que la ley favorece al presidente Petro, es un desgaste innecesario, porque la decisión que tomaron una decena de magistrados (siete del CNE y tres del CE), fue política, recurriendo a la más astuta y pícara acción de destrucción institucional a través de un sistema jurídico que tiene tantos huecos como tantas decisiones equivocadas o perversas se les ocurren al Ejecutivo y al Legislativo de turno amparados por las Cortes y el poder económico a través de medios de comunicación de su propiedad.
“Magistrados y magistradas”, el Centro Democrático, Cambio Radical y demás partidos de las desgastadas corrientes conservadoras y liberales, más la complicidad de una parte de los verdes, pretenden desestabilizar al presidente y su gobernabilidad. Si las instancias judiciales (Fiscalía, CIDH) que estudiarán la decisión del CNE, se demoran, el caso avanza al Congreso de la República y allá la pelea será política pensando en las elecciones de 2026. No será la supuesta violación de los topes en la campaña para la presidencia, agitarán motivos de indignidad nacional para sacar al presidente y darle un golpe de gracia al progresismo, como hicieron con Dilma, Evo, Cristina, Correa y Lugo.
Los diez “magistrados y magistradas” de ultraderecha torcieron la Constitución, porque lograron, hasta ahora, poner al presidente en el camino de un juicio político-jurídico cuyo remate sería en la Corte Suprema de Justicia si el Congreso decide que es culpable o indigno de continuar gobernando. Saben que al final perderán la guerra jurídica, pero la estrategia es inducir un desquiciado ambiente político ante una gobernabilidad agobiada por la oposición contra el presidente, la nación y sus instituciones.
Van por el presidente y el proyecto progresista, también por la absolución del imputado Álvaro Uribe; la imposible reanimación política de Vargas Lleras; imponer un Milei salido de la nada; impunidad para Álvaro Hernán Prada en la Corte Suprema y para tantos casos de corrupción y genocidio que quieren ocultar, sobre los cuales no hay señales desde la Fiscalía.
Si se llevan por delante al presidente, la Constitución, la democracia, las instituciones, la paz, y se vienen abajo las reformas sociales que benefician a la clase media y a los pobres sin afectar a los grandes acumuladores. La oposición quiere defender sus extralimitados intereses a pesar del rechazo y repudio internacional a sus políticas, a las rezagadas y equivocadas ideas en una sociedad desigual, informal e ilegal atravesada por una enorme injusticia social y una violencia sin fin, con un modelo económico dependiente, colonizado y extractivista, donde la educación de calidad, la investigación para el desarrollo, y la autonomía de las regiones, no son la base teórica de las políticas de un indefendible modelo de crecimiento. Esto y más configura la guerra jurídica de la oposición al presidente de la república.
Qué es la guerra jurídica
Es la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales. Mantener una apariencia de legalidad, para inhabilitar, perseguir, neutralizar y destruir a sus competidores o adversarios políticos, provocar repudio popular contra un oponente, detener indebidamente a los adversarios políticos, paralizar financieramente a la nación rechazando reformas que serían ingresos para las finanzas públicas, y de esa manera desprestigiar oponentes y debilitar o deponer gobiernos. Está relacionada con el golpe blando, manipulando las divisiones internas de la sociedad, las redes sociales y los medios de comunicación. Para ello se recurre a acusaciones sin materialidad, con tácticas como: manipulación del sistema legal, enjuiciamiento sin mérito, abuso del derecho contra la reputación del oponente, demandas para desacreditar, promoción mentirosa de la decepción popular, el derecho como instrumento para conectar medios y fines políticos, y uso de la ley para avergonzar al oponente. La guerra judicial se toma las instituciones democráticas a través de poderosos actores que hacen primar sus intereses particulares, infectando el sistema de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y el sistema económico.[1]
Es un uso indebido, abusivo e ilegal de la justicia y la Constitución para arrasar con la democracia e imponer un orden de derecha neoliberal detrás de una deformada democracia representativa que engaña a la nación por la toma del poder y decidir por los demás como le da la gana y cuando le da la gana.
Detrás de la democracia representativa se cometen abusos contra todo orden natural, político y ciudadano. Por eso la Constitución de 1991 es un exabrupto político y un engaño a la sociedad en un país en guerra y en estado de disolución y confrontación permanente entre los representantes de la democracia y la población que no ve derechos, deberes, desarrollo, transparencia, oportunidades y sostenibilidad en lo que les rodea.
Estos son los despropósitos y el talante de quienes a través de fatales “magistrados y magistradas”, quieren desestabilizar a Colombia para retomar el poder ejecutivo y continuar abusando de la nación. Indignidad, y no la superación de los topes en la financiación de la campaña presidencial, es la carta que jugará la oposición en el Congreso si la Fiscalía y la CIDH lo permiten.
La razón por la cual en Colombia avanzan esta ilegal iniciativa del CNE y del CE, es por debilidades en los artículos y reglamentaciones de las leyes derivadas de la Constitución. No hay ley ni política que no tenga vacíos y vicios estructurales deliberados. En Razón Pública, hay un excelente texto de Yesid Reyes sobre las consideraciones jurídicas del atropello del CNE y del Consejo de Estado, y de las dificultades para que las decisiones sean claras, contundentes, oportunas y justas. Al final, el problema está en el artículo 174 de la Constitución y los vacíos que existen para investigar y enjuiciar a presidentes, fiscales y magistrados. Por eso Uribe y Duque han abusado, sus ministros también, no se diga Fiscales que tuvieron visa para actuar como monstruos jurídicos, y tanto magistrado que decide a favor del crimen y la corrupción por sus desvaríos ideológicos propios de una ideología conservadora que desde siempre es dueña de las Cortes. Es la razón por la cual el proceso contra Uribe se torna agotador e interminable, porque las leyes en Colombia se han perfeccionado a favor del delito y de una irracional democracia conservadora que ni siquiera es una democracia liberal.
Pero esa superestructura decadente está el exabrupto de un neoliberalismo que no debe estar por encima del medio ambiente, de la justicia y la democracia. El modelo económico debe ser un subsistema del medio ambiente, porque de lo contrario el mercado favorece el extractivismo fósil, el fracking, la carbonización, y la destrucción de la biodiversidad; favorece la salud negocio y no la salud preventiva universal; la comida chatarra y no la alimentación saludable; aboga por el consumismo desenfrenado y no por la desmaterialización que tenga a la cultura, la recreación, el deporte, el ecoturismo, acceso a bienes y tecnologías avanzadas para todos, y a relaciones de respeto, alegría y amor y no de violencia y dominación irracional del patriarcado sobre mujeres y niños; no está a favor de la educación de calidad para todos, ni de la ciencia y la tecnología para la soberanía nacional y las relaciones de interdependencia global en la generación de conocimiento e innovación.
Estoy de acuerdo con los premios nobel de economía 2024, Acemoglu y Robinson, cuando hace ocho años consideraron que Colombia era un estado fallido. Creo que sigue siendo fallido con peor diagnóstico por las razones que han impedido fortalecer las instituciones que rigen los destinos de la nación, y las instituciones económicas y del conocimiento para superar el colonialismo del siglo XX y del siglo XXI, como lo han logrado los países de Asia. También estoy de acuerdo con los Nobel, puesto que el cambio institucional jalona los demás cambios estructurales y es el principal determinante del desempeño económico de largo plazo impulsado por misiones derivadas de retos sociales a través de la inversión y la innovación intersectorial, como sugiere Mazzucato.
Al final, todo se resume en la falta de la construcción de pensamiento propio para una nación compleja de características únicas, como dice Laura Quintana en su libro Espacios Afectivos (Herder. 2023): “………. visiones ecológico-políticas promovidas por formas de vida preocupadas por la sostenibilidad de las redes vitales, apuestas feministas, ambientalistas, decoloniales y anti neoliberales que apuntan a dislocar las condiciones de devastación que habitamos, y a ir tejiendo otros mundos posibles por lo que queda…… Al explotar territorios, contaminar suelos, fuentes de aire y de agua, las cadenas de suministro los asumen como recursos naturales disponibles, mientras que para las comunidades afectadas son agentes vitales en medio de los cuales han tejido una existencia…. porque para sus habitantes es un lugar lleno de vida”. Esto les ocurrió a las comunidades del Cesar, La Guajira, del Magdalena medio, y otras por donde el extractivismo pasó y destruyó, al final poco o nada dejó, incluida Colombia como nación extractivista y rentista destructora de una maravillosa biodiversidad que agoniza en el Amazonas, en el Magdalena, en tantos ríos y nevados que desaparecen.
Pero las cartas también están en el progresismo y su brazo político, el Pacto Histórico. Si los vencen será por la fuerza irracional de la oposición y porque no pudieron defender, construir y consolidar. Los ejemplos de Brasil y de México están encima de la mesa para aprender. El PT de Lula cumplirá en el 2026, diez y ocho años en el poder, incluidos los seis años de Dilma. Morena lleva veinte años luchando, y es poder desde hace seis años que serán doce y quien sabe cuántos más.
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[1] Este párrafo es una síntesis de textos tomados de Wikipedia para explicar qué es una guerra jurídica o lawfare.
Jaime Acosta Puertas
Foto tomada de: Agencia de Periodismo Investigativo
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