El objetivo del Informe consiste en evaluar desde la “perspectiva de derechos humanos los avances, obstáculos y desafíos del Estado colombiano en su conjunto, así como de cada una de las ramas del poder público, en el cumplimiento de sus responsabilidades”. Ver Resumen Ejecutivo [1].
El Segundo Informe se concentra en seis temas relevantes: 1) La política social. 2) El derecho a la vida, 3) Las regiones urgen un cambio. 4) Los otros poderes del Estado, los derechos humanos y el cambio. 5) Las conclusiones y recomendaciones, a partir de retomar y evaluar las recomendaciones planteadas en el Primer Informe, a la par que presenta nuevas recomendaciones, con base en el Segundo Informe. 6) Los movimientos sociales y los derechos humanos. Estos temas son abordados mediante la presentación de ensayos elaborados por distintos autores y por organizaciones sociales.
Desde hace 21 años, esta alianza organizanizativa, elabora balances periódicos y plantea recomendaciones a las instituciones estatales con respecto a la protección, implementación y garantías para el ejercicio de los derechos humanos en el país [2].
Sería de esperarse que, tratándose de temas de gestión pública abordados desde el enfoque de derechos humanos, de su goce efectivo, en el Informe se pudiera enfatizar en aspectos sustantivos, en dimensiones ontológicas y en dinámicas relacionales interinstitucionales y con la sociedad civil, los movimientos y las organizaciones sociales, en la concepción de la política pública, así como en la concreción y desarrollo de la gestión pública y su correspondiente evaluación. En dicho sentido, es de resaltar la pertinencia del informe y su trascendencia para el ejercicio gubernamental del Gobierno del Cambio, donde sería deseable un abordaje desde el control de gestión estratégico enfocado en el análisis de procesos, resultados e impactos. Por ser una expresión relevante de la voz de la comunidad, el informe se constituye en una expresión significativa del control social, que trasciende los tradicionales ejercicios de rendición de cuentas institucionales.
El Informe objeto de análisis, a la vez que reconoce en el segundo año del Gobierno Petro, “un potente giro” en las políticas de protección y defensa de los derechos humanos, pone en evidencia una “deuda social acumulada” y una férrea oposición política y social. En esa postura obstruccionista de la oposición, se puede afirmar que imperan narrativas de posverdad, las cuales se difunden para bloquear los cambios, para confundir y estigmatizar con el propósito de afianzar la validación social de privilegios y desigualdades históricas.
El Segundo Informe identifica en sus conclusiones una contradicción flagrante entre la apuesta estratégica de protección de los derechos humanos, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, en su defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la pobreza, frente al desconocimiento de los derechos impuesto por décadas de hegemonía neoliberal, que se resiste a renunciar a sus privilegios, mediante la violencia y el ejercicio autoritario y excluyente del poder.
Esto, lo contextualiza en la actual dinámica internacional de crisis mundial, de conflictos armados y de lucha del gobierno por adaptarse al cambio climático. Reconoce, en la agenda pública nacional el adelanto de un debate político frente a los derechos humanos y valora la vigencia e incidencia de cambios sociales profundos iniciados a partir del estallido social, con relevos generacionales en las organizaciones y el reconocimiento de la tragedia de violación de los derechos humanos, por lo que resalta la importancia de la convergencia entre las distintas organizaciones sociales, desde los ejercicios de la autonomía y la independencia, en favor de las transformaciones sociales, para la construcción de la paz, la justicia social, ambiental y la consolidación democrática.
En tal sentido, es procedente analizar el informe teniendo en cuenta factores estructurales, coyunturales y culturales del contexto, así como de la dinámica subjetiva del propio Gobierno, de las instituciones, de los partidos y movimientos, incluyendo a la coalición gubernamental. Estos factores se convierten en restricciones, oportunidades de mejora o en escenarios plausibles para viabilizar el ejercicio gubernamental, incidir en la calidad de la gestión pública, en sus logros, resultados e impactos, para estimular la participación social y comunitaria, hacia el goce efectivo de los derechos humanos.
Vale decir que el Gobierno Duque y sus antecesores, le dejaron al actual Gobierno un legado de “campos minados”: Esto se expresa en el bajo nivel de implementación del Acuerdo de Paz suscrito con las Farc en 2016, lo que dejó como herencia la proliferación de grupos armados ilegales en zonas donde el Estado no hace presencia, en la disputa por el control territorial y la apropiación de rentas. También, la corrupción e impunidad en delitos en contra de la administración pública, el robo del erario incluyendo los fondos asignados a la paz, la afectación persistente de los derechos humanos, que se extendió mediante la criminalización de la protesta social y la eliminación física de liderazgos confluyeron en dinámicas de degradación social de la convivencia.
La pérdida de soberanía y seguridad alimentaria, con la entrega de Monómeros Colombo Venezolanos al Gobierno espurio de Juan Guaidó, cuyo detrimento patrimonial simboliza el hundimiento de la oposición venezolana, trajo el consiguiente impacto en los precios de los fertilizantes, con menoscabo de los intereses de los agricultores colombianos y su reflejo en la inflación, en medio del impacto global del conflicto armado en Ucrania. La recuperación de Monómeros, por parte del Gobierno Petro, constituye un logro significativo que se refleja en la reducción de los precios de los fertilizantes, favoreciendo el dinamismo de la agricultura, a pesar de los problemas estructurales del campo colombiano.
También, en materia económica, se evidencia lo relacionado con la deuda externa de corto plazo con el FMI, por valor de 5.375 millones, con el pretexto de la pandemia, para pagar en ocho cuotas entre el 2024 y el 2025 y que se utilizó para gastos corrientes. Además del déficit del fondo de estabilización de los combustibles, la crisis de las EPS y la desfinanciación de las IPS, la crisis en tarifas de energía, el déficit en la financiación de la educación pública y en la reparación de las víctimas del conflicto armado, que solo en indemnizaciones requiere de cerca de $ 150 billones, entre otros. También, en lo relacionado con el control que se pretendió para mantener una Junta Directiva de Ecopetrol ajena al nuevo Gobierno, con el fin de esconder las realidades de la primera empresa del país, así como en el ocultamiento de los temas de seguridad nacional.
En los 26 meses transcurridos del Gobierno Petro – Francia, como se ha dicho, estas organizaciones aliadas han publicado dos informes. El primero, con respecto al primer año de Gobierno, se denominó “Los Laberintos del Cambio. Derechos humanos, paz y democracia. Un año de avances y desafíos” y formuló 81 recomendaciones dirigidas al Gobierno Nacional, a los organismos de investigación y control, al Ministerio Público y a los movimientos sociales. Dichas recomendaciones están y se evalúan, como se ha dicho, en un apartado del Segundo Informe; se enfocan en la paz, la democracia y los derechos humanos.
Con respecto a la paz, ese Informe del primer año del Gobierno del Cambio abordó el nivel de cumplimiento del Acuerdo Final de Paz (AFP) suscrito en 2016 y la política de Paz Total. Frente al AFP. El Primer Informe enfatiza en la necesidad de cumplir con lo pactado, de implementar la Reforma Rural Integral, el derecho a la alimentación, con las disposiciones de género, el capítulo étnico y en la importancia de adoptar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, poner en marcha la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y, como parte de ello, proceder al desmonte de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, a la lucha contra la impunidad, en relación con los crímenes en contra de los firmantes del AFP y de las personas defensoras de derechos humanos, así como actualizar el Plan Marco de Implementación.
Sin que se haya presentado en el segundo informe, una metodología para evaluar las políticas públicas, el documento hace alusión a la metodología barómetro del Instituto Kroc, para referirse a los niveles de implementación de los compromisos, a partir de las formulaciones jurídicas respectivas, hasta la implementación definitiva. Es decir, las recomendaciones no se refieren a productos, a resultados ni a impactos de las políticas. En tal sentido, el nivel de cumplimiento en los temas de paz, a juicio de los analistas, muestra un estado medio-bajo, en razón de la persistencia de los conflictos armados, la disputa por el control de territorios y el retraso en la implementación del AFP. Sin embargo, el segundo informe valora expresamente que el 24 de mayo de 2024 haya sido expedido el Decreto 0665 que adopta la política pública y el plan de acción para el desmantelamiento de las estructuras criminales.
En materia de política de Paz Total, las recomendaciones derivadas del primer informe se refieren a los ceses bilaterales al fuego, como respuesta a la solicitud de las comunidades. Sin embargo, anota la falta de protocolos o mecanismos adecuados de verificación y a los incumplimientos por parte de actores ilegales.
Todavía, en octubre de 2024, el segundo informe se refiere a una nota del periódico El Espectador de diciembre de 2023, que alude a la vigencia de ceses al fuego con el ELN y el EMC. No alcanza a recoger la escisión del EMC, la continuidad de dicho cese con el sector de Calarcá y la ruptura, del proceso de negociación, desde abril de 2024, con el sector de “Iván Mordisco”. Mucho menos, hace alusión a la intervención integral del Estado en el Corregimiento del Plateado en el Cauca, en el contexto de la Misión Cauca iniciada en 2024 y la reciente entrada de una fuerza militar de 1.400 unidades del Ejército, a comienzos del mes de octubre, como punta de lanza para iniciar la implementación de programas económicos y sociales, para la posibilitar la participación incidente de la comunidad en la transformación de su territorio, con apoyo del Estado, sin la coerción del Frente Carlos Patiño del EMC-Sector de “Iván Mordisco”.
El Segundo Informe, tampoco incluye la ruptura del cese al fuego bilateral con el ELN cuyo período culminó el 3 de agosto pasado, en una dinámica de negociación que ya venía congelada desde finales del 2023, a raíz del proceso que se adelantaba, por parte del Gobierno, con el Frente Comuneros del Sur, una fracción escindida de los elenos y que se recrudeció a partir del mes de febrero de 2024 con el anuncio de diálogos regionales de paz en Nariño. La negociación siguió calificándose como “congelada”, por parte de la Delegación Negociadora del ELN pese a que, el 25 de mayo, se firmó el Acuerdo 28 sobre Participación de la Sociedad Civil. Nuevamente, se inician contactos para volver a dialogar en el mes de noviembre, después de diversos hechos de confrontación y acciones militares, con su respectivo saldo luctuoso de víctimas.
También, el segundo informe le atribuye un nivel medio de implementación de acciones a la política de drogas y protección de los derechos humanos. En los aspectos relacionados con la exigencia de cese al fuego, fin de las hostilidades, no reclutamiento niños y niñas, participación de las víctimas, investigación de máximos responsables y claridad en los derechos de las víctimas en las negociaciones, el segundo informe considera que las recomendaciones relacionadas con el primero están en un estado de bajo cumplimiento, máxime, cuando persisten las masacres, el desplazamiento y el confinamiento de comunidades. También, subraya que no es posible observar que las recomendaciones hayan avanzado hacia un nivel medio-alto, en razón de la persistencia de las disputas territoriales entre grupos armados ilegales, por el control y la apropiación de rentas, donde no se pactan ceses al fuego entre ellos, mientras se mantienen los retrasos en la implementación del AFP.
En lo relacionado con los temas relevantes que conforman el Segundo Informe a continuación, se desglosan los elementos medulares de los respectivos capítulos.
1. La Política Social. Al respecto, este Informe le confiere al Plan de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, el carácter de eje central para evaluar la situación de derechos humanos, en especial, en lo relacionado con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En este ámbito, encuentra obstáculos parlamentarios en los proyectos de reforma a los sistemas de salud, pensiones, derechos laborales y educación.
Encuentra que, a pesar del logro de un 75,27% de las metas anuales en 2023 y de un 33,66% de los objetivos cuatrienales, los mayores avances se establecen en los temas de subsidios y transferencias monetarias, lo que sugiere el predomino de un enfoque asistencialista del Estado hacia los sectores más vulnerables.
El Informe valora los esfuerzos de reforma del sistema de seguridad y protección social con el paso de un monto mensual de $ 80.000, del Programa de Familias en Acción a $ 225.000 con el Programa Renta Ciudadana en 2023, lo que ha permitido una reducción de la pobreza monetaria en 6.7 puntos porcentuales (p.p.) y con una disminución de la pobreza extrema de 2.4 (p.p.). También, se pasó de un Gini de 0.563 en 2021 a 0.546 en 2023, lo que muestra una disminución de la desigualdad social. Pero, en 2023, el 33% de la población seguía viviendo en condiciones de pobreza monetaria, con ingresos mensuales inferiores a $ 435.375. el 11.4% de esta población se encontraba en situación de pobreza extrema, con ingresos mensuales inferiores a $ 218.846.
En el tema social, es conocida la prioridad que el Gobierno le ha conferido a la reforma de la salud. Sin embargo, el Congreso la archivó y el Gobierno debió implementar medidas a través del Ministerio de Salud, de la Superintendencia de Salud y la ADRES. También, se ha reducido la mortalidad materna, ha mejorado la salud comunitaria, con 2.444 equipos en 2023 y la meta de incremento a 2.482 en 2024, con énfasis de atención primaria y prevención. Así mismo, se tiende a mejorar la red pública hospitalaria, para beneficio de 107 municipios en 27 departamentos, con 147 proyectos de infraestructura.
En lo que respecta a los derechos de las mujeres, se reporta un incremento del feminicidio en 2024, con 271 casos durante los primeros cinco meses, con un promedio mensual de 54 casos, frente al promedio mensual de 2023, que fue de 43 casos de feminicidio.
En violencia intrafamiliar y sexual, se registra una leve disminución en el primer trimestre de 2024, con 19.924 casos reportados, lo que significa una reducción del 0.41% con relación al idéntico período de 2023. En violencia sexual, se registra una disminución del 6,63% en 2024, al pasar 5.550 exámenes medicolegales en 2023, por presunto delito sexual a 5.182 en 2024.
El Informe destaca que el incremento del feminicidio, junto con la leve disminución de otros tipos de violencia permite mostrar los limitados avances de los mecanismos del Plan de Desarrollo, en especial, del liderazgo del Viceministerio de las Mujeres. Tampoco presenta avances en su reestructuración la Unidad Nacional de Protección (UNP), ni avanza en la implementación de recomendaciones de protección con enfoque de género.
Así mismo, el avance en la implementación del AFP en medidas de género es insuficiente, pues se reporta un avance del 30,89% en indicadores de género, para 2023.
En relación con los derechos de personas LGBTIQ+ se observa una disminución del 1,24% en 2023, en actos de violencia, los homicidios y feminicidios aumentaron en 156 casos. Hubo 155 incidentes de violencia policial y los actos de hostigamiento y discriminación se elevaron a 1.998 casos, lo que muestra un incremento del 14,79% en agresiones contra personas trans, en comparación con 2022. El Plan de Desarrollo estableció la creación de mecanismos para prevención y atención de violencias y discriminación hacia la población LGBTIQ+, a cargo del Ministerio de Igualdad y Equidad. Sin embargo, esto no se ha realizado.
En lo que respecta a las políticas gubernamentales en derechos del pueblo afrocolombiano, el Plan Nacional de Desarrollo establece el mecanismo de las alianzas público-populares para contratación directa de Consejos Comunitarios, en proyectos gubernamentales. También, se aprobó la Ley de Jurisdicción Especial Agraria y Rural, para contar con jueces especializados frente a conflictos sobre tierras, en territorios afrocolombianos. Así mismo, se estrecharon lazos comerciales, educativos y de transición energética con países africanos y se lanzó la estrategia para fortalecer el capítulo étnico del AFP, a través del Ministerio de Igualdad.
En derecho al agua, el Plan Nacional de Desarrollo, mediante los artículos 274 y 275 favorece a las comunidades organizadas, al simplificar los trámites para concesión de aguas en pequeños caudales, con prioridad para consumo humano y subsistencia rural, con enfoques diferencial y de género. Sin embargo, todavía no se cuenta con normas que prioricen lo comunitario sobre lo empresarial.
Frente a la crisis climática, el IDEAM destaca que solo quedan seis nevados en Colombia, los cuales juegan un papel fundamental en la regulación de los ecosistemas de agua dulce. Los cambios en los patrones de precipitación tienen consecuencias en crisis de sequías, con afectación de doce departamentos y declaratoria de calamidad pública mediante el Decreto 220 de 2023, frente al riesgo para la seguridad alimentaria. En contraste, el país vivió inundaciones a comienzos de 2024, en razón de intensas lluvias que afectaron infraestructura y viviendas.
La incorporación de energías renovables no convencionales, concreta las modificaciones al sistema energético. Sin embargo, las comunidades plantean la existencia de impactos negativos sobre la naturaleza, lo que va en detrimento de la acogida social de esta opción energética. La aprobación del Acuerdo de Escazú, mediante Ley 2273 de 2022 es un logro favorable para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en temas ambientales.
Frente a la COP16, el Informe es crítico con respecto al uso de mecanismos económicos como los bonos de carbono, dado que eluden las causas estructurales de la problemática ambiental.
2. El Derecho a la Vida. El Informe establece avances limitados y obstáculos en la política de Paz Total. Primero, en razón de los límites impuestos por la Corte Constitucional, a las facultades del Gobierno para definir los términos de sometimiento de estructuras criminales de alto impacto y la designación de voceros de paz. Señala que la Corte no ha publicado su sentencia, que la Fiscalía en tiempos de Barbosa se opuso a la Ley de Paz Total y que el Congreso ha sido reticente para legislar sobre el sometimiento de los grupos criminales. En contraste, se evidencia la reducción en homicidios en Medellín; Buenaventura y el avance en Quibdó donde se logra que no haya extorsión en los sectores de salud y educación.
También, se destacan el Acuerdo 28 sobre Participación de la sociedad Civil en la negociación con el ELN y la aprobación del servicio social para la paz, remunerado, en lugar del servicio militar obligatorio. Sin embargo, el Informe reconoce la existencia de estancamiento en los procesos de negociación. Resalta el papel errático de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que genera incertidumbre acerca del avance de los procesos, a la par que no se avanza en las regiones de Paz y en la activación de Comisionados Regionales de Paz. También, señala retrasos significativos en la implementación del AFP. Subraya que el 49% de los compromisos suscritos siguen sin avances, a pesar de haber asignado 50,4 billones de pesos de los cuales 41,6 billones están destinados a la Reforma Rural Integral.
El Informe subraya que el fortalecimiento de los grupos armados ilegales, la actividad de estructuras urbanas y la desprotección de las personas defensoras de derechos humanos, por parte del Estado en comunidades rurales permite que los liderazgos sociales sean instrumentalizados o eliminados. En 2023 hubo 765 agresiones individuales, lo que incluye 168 homicidios, que afectaron liderazgos indígenas, comunales y defensores de derechos humanos y llevó a un incremento del 33% en el asesinato de mujeres defensoras. El Informe destaca 145.049 personas desplazadas por violencia en 2023, lo que significa un incremento del 18% en relación con 2022. También, hubo 222 víctimas de desaparición, en relación con el conflicto armado.
Según la Defensoría del Pueblo, el Clan del Golfo aumentó su cobertura de 213 municipios en 2019 a 392 en 2024. Las disidencias de las Farc pasaron de 124 a 299 municipios y el ELN pasó de 139 a 142 municipios. Los niveles de violencia crítica pasaron de 156 en 2021 a 206 en 2023, según la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así mismo, la participación de civiles en tareas de seguridad estimula el imaginario paramilitar en los territorios.
El Informe resalta la falta de resultados en materia de garantías acordadas con el Gobierno. Seis de doce temas están sin avances y la instalación tardía de la Mesa Nacional de Garantías limita la participación de las personas defensoras.
La herencia de violencia e inseguridad de gobiernos anteriores persiste en el Gobierno Petro, pese al esfuerzo por implementar la Seguridad Humana. Sigue pesando en la dinámica policial la doctrina del “enemigo interno”; continúa la vulneración de derechos humanos, así como los vínculos con estructuras paramilitares en amplias regiones. El Ministerio de Defensa retiró a 65 generales por violación de derechos humanos y corrupción. Hay resistencia en la reforma de la Policía y ésta se mantiene dentro del Ministerio de Defensa. La creación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), en lugar del ESMAD, todavía está en el ámbito de lo cosmético, sin mayor distinción de la estructura anterior. No obstante, hay mejores garantías para la protesta social, con menores casos de violencia y de lesiones de manifestantes.
3. Las Regiones Urgen el Cambio. El incremento de la presencia de grupos armados, especialmente, de paramilitares en los territorios, tales como el Clan del Golfo, recrudece la violencia. La baja implementación del AFP lleva al incremento de las economías ilegales, a la falta de implementación de los PDET y, todavía, siguen sin implementarse las recomendaciones de la Comisión de la Verdad sobre reparación integral de los pueblos étnicos.
El Informe muestra que el Cauca es una de las regiones más afectadas por la violencia, con 25 defensores de derechos humanos asesinados en 2023 y 21 líderes sociales, más 8 firmantes de AFP asesinados en entre enero y agosto de 2024. Se destaca la violencia en contra de la población indígena.
A la par, organizaciones como las Autodefensas Gaitanistas invierten en infraestructura básica para las comunidades, cooptan liderazgos locales y crean vínculos familiares, a través de lazos afectivos con miembros de la comunidad, en la óptica de insertarse en el tejido social y de cooptar a las comunidades. En contraste, la Fuerza Pública, en vez de proteger a la población, prioriza el cuidado de la infraestructura de las empresas extractivistas o la base militar estadounidense en la Isla Gorgona.
Frente a ello, las organizaciones sociales buscan articularse mediante mecanismos como la Mesa Territorial de Garantías (MTG). Pero, su implementación es desigual y no se consolida en todas las regiones, lo que evidencia limitaciones en la acción gubernamental en los territorios más afectados.
4. Los otros Poderes del Estado, los Derechos Humanos y el Cambio. Con relación a las otras ramas del poder público, el Informe se refiere a los desafíos y expectativas con respecto a la nueva Fiscal General de la Nación, al balance del Congreso General de la República, al bloqueo de las Cortes y la politización de la rama judicial y al incumplimiento en la reparación de las víctimas del conflicto armado.
En relación con la Fiscalía, en su nueva etapa, se destaca el reto de reconstruir la su institucionalidad, así como recuperar la confianza de las víctimas y de la ciudadanía. Los desafíos mayores están en la superación de los altos índices de impunidad, frente a la violación de los derechos humanos, la instrumentalización del sistema judicial y la obstrucción del AFP. También, se refiere a la importancia de construir una agenda frente a los delitos ambientales, ante un incremento del 13% en denuncias relacionadas con delitos ambientales, entre 2022 y 2023. Se requiere del fortalecimiento de la Dirección Especializada contra la violación de los Derechos Humanos, la Unidad Especial de Investigación y dar respuesta ante el incremento en la tasa de feminicidios.
El Informe llama a que la Fiscalía construya indicadores de avance con base en el esclarecimiento de los hechos y responsabilidades, en vez del uso de criterios cuantitativos que disimulan la impunidad. Así, dice el Informe, en administraciones pasadas se usaron términos como “esclarecimiento” para el reporte de capturas o imputaciones como avances de investigaciones. Según la Corte Constitucional, deben ser las sentencias que determinen responsabilidades penales, las que deben considerarse como verdaderos resultados institucionales.
En lo referente al Congreso de la República, el bajo nivel de eficacia legislativa y de oposición política se evidencia en que, durante la legislatura de julio de 2023 a junio de 2024, de un total de 747 proyectos de ley entre Cámara y Senado, solo el 7,36% fueron aprobadas. Proyectos relacionados con derechos humanos, tales como la Ley Estatutaria de Educación, la prohibición del fracking y la reforma de la salud fueron hundidos. Como dice el Informe, solamente, seis leyes que fueron aprobadas tienen un impacto directo en los derechos humanos. Entre ellas están: la reforma pensional, la ley de matrícula cero en la educación superior y la ley de pasivos ambientales. Aunque el Informe no lo menciona, vale la pena reseñar que la correlación de fuerzas en el Congreso sigue siendo muy desfavorable, dados los resultados electorales y el predominio de las bancadas de ultraderecha, así como el pragmatismo de otros sectores parlamentarios, que se rigen por intereses clientelistas. El Gobierno, a menudo se ve atrapado en arenas movedizas.
En lo que respecta a la rama judicial, se evidencia su reticencia a satisfacer los procesos de reforma que surgen del mandato popular. Por el contrario, se alinean con los sectores conservadores y el poder económico.
Como afirma Alberto Yepes, “En tanto guardianas de la voluntad del constituyente primario, las cortes tienen la obligación de estar atentas a los cambios que la sociedad demanda”. [3]. En tal sentido, deben ser flexibles y audaces para llevar el texto constitucional a regulaciones coherentes con los cambios sociales que sirvan para ampliar los derechos de la ciudadanía.
En contraste, las Cortes adoptan posturas conservadoras; por ejemplo, frente a la Reforma Tributaria (Ley 2277 de 2022), que estipulaba que las regalías mineras y petroleras no serían deducibles del impuesto de renta y la corte falló en favor de los empresarios afectando el presupuesto los ingresos del fisco en más de siete billones de pesos, permitiéndoles deducir un activo que es patrimonio nacional. Así mismo, al permitir los Pactos Sindicales, en detrimento del derecho de asociación sindical y al obrar con rigidez al fallar en contra de la creación del Ministerio de la Igualdad, que también es un producto del estallido social y de una emergencia social que vive el país. También, al avalar la facultad disciplinaria de la Procuraduría en contra de los funcionarios elegidos por voto popular, en contravía de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, el Consejo de Estado ha limitado la capacidad del Gobierno al remover congresistas del Pacto Histórico, al anular nombramientos en embajadas y consulados. También, al suspender decretos favorables a la contratación local de obras públicas con la comunidad, en provecho de grandes empresas.
Frente a la reparación integral de las víctimas, pese a la asignación presupuestal de 4,4 billones de pesos destinados por el Plan de Desarrollo para enfrentar el rezago, sigue siendo un obstáculo la fragmentación institucional. Se mantienen los obstáculos en la definición de víctima, particularmente, en lo relacionado con víctimas de agentes estatales, lo que dificulta la inclusión en el RUV. También, con la JEP se deben enfrentar procedimientos adicionales que complican el proceso de reparación. Aunque el informe se centra en la reparación colectiva de los sujetos LGBTIQ+, dadas las vulneraciones graves y manifiestas a los derechos humanos y las violaciones a los derechos colectivos, es de recalcar que los sujetos de reparación colectiva correspondientes a los pueblos étnicos, campesinos, sindicales, de periodistas y de ONG´s afectadas por el conflicto armado han tenido procesos de reparación discontinuos y fragmentarios y burocráticos, con impacto en dinámicas de revictimización, por parte de la propia Unidad de Víctimas. A menudo, la propia mentalidad de los funcionarios, ajena a procesos sociales, confunde, descontextualiza y afecta la dinámica y sentido de la reparación colectiva. Otro reto que surge se refiere al desplazamiento causado por la crisis climática y que afecta a las víctimas del conflicto armado.
5. Además de las recomendaciones derivadas del Primer Informe y evaluadas en el Segundo Informe, para su implementación, como se han presentado al comienzo del texto, como base de análisis, el Segundo Informe plantea Nuevas Recomendaciones:
Al Gobierno Nacional:
- Reestructurar la Política de Paz Total. Insistir en lograr el Acuerdo Nacional para que la paz sea una política de Estado, derecho y deber ciudadano.
- Avanzar de manera efectiva en reforma integral del sector seguridad. Garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de la CEV y la implementación de las órdenes judiciales internacionales relacionadas con actividades de inteligencia y contrainteligencia, así como la inclusión de las acciones afirmativas de género. Limitar y distinguir las funciones militares de las policiales.
- Implementar la política de drogas y cultivos ilícitos, en coordinación con acciones de seguridad limitando los mecanismos de erradicación forzada y dando prelación a los mecanismos de sustitución voluntaria.
- Asumir con celeridad un plan de trabajo para implementar las recomendaciones de la CEV. Promover acciones desde el Estado y desde la sociedad civil como compromiso para superar el conflicto armado.
- Continuar con la reestructuración del Sisben y del sistema nacional de estratificación.
- Continuar con la reactivación del proceso nacional de garantías.
- Profundizar en el proceso de reestructuración de la Unidad Nacional de Protección.
- Incorporar de manera estructural y transversal la agenda de igualdad en todas las instancias de toma de decisiones.
- Integrar el enfoque de justicia ambiental de manera transversal en todas las políticas públicas, en lo local, regional y nacional.
- Revisar y ajustar los proyectos económicos y de seguridad que afectan negativamente la biodiversidad y los compromisos climáticos, como los planes mineros a gran escala, como Jericó y Mocoa, desde enfoques de “paz con la naturaleza”.
- Fortalecer las capacidades operacionales y de ejecución presupuestal del Ministerio de la Igualdad y Equidad para garantizar la implementación efectiva de las políticas de igualdad y equidad, para responder a las necesidades reales de las comunidades en sus diversidades y conflictos sociales.
Al Congreso de la República.
- Dar trámite a una reforma del sistema de salud y a una reforma laboral, garantizando la progresividad del goce efectivo de derechos.
- Dar trámite urgente a un marco normativo de sujeción o sometimiento par la desmovilización individual y colectiva de organizaciones criminales.
- Apoyar y realizar control político a las iniciativas de diálogo y construcción de paz.
- Aumentar el nivel de fundamentación y la disposición al debate en las sesiones legislativas, reducir el ausentismo y garantizar la participación activa de los congresistas en todas las deliberaciones y votaciones, como compromiso de fortalecimiento de la democracia y de la función pública.
A la Fiscalía General de la Nación.
- Rediseñar la estrategia de investigación sobre crímenes en contra de personas defensoras de los derechos humanos y liderazgos sociales para garantizar idoneidad, integralidad, celeridad y eficacia en la identificación de los responsables determinadores, coautores, cómplices y beneficiarios de orden político y financiero.
- Adelantar, un riguroso análisis integral de su sistema de trabajo, bajo los términos de la Sentencia SU-546 de 2023 y remediar los obstáculos que ralentizan las investigaciones.
- Hacer un balance de la Ley 1908 de 2018, para reconocer la sobre imputación de jóvenes que protestaron en 2021.
- Crear estrategias para investigar violencias basadas en género de manera participativa e integral.
A la Procuraduría General de la Nación.
- Cumplir las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las funciones disciplinarias sobre servidores públicos elegidos por voto popular.
- Desarrollar funciones preventivas y disciplinarias sobre servidores públicos vinculados a organizaciones criminales, especialmente, los paramilitares.
A la Defensoría del Pueblo.
- Fortalecer el sistema de Alertas Tempranas para Reacción Rápida asegurando la identificación oportuna de riesgos sobre la población civil.
- Ampliar y fortalecer el acompañamiento a las víctimas del conflicto armado.
- Fortalecer la Defensoría Delegada para Orientación y Asesoría de Víctimas del Conflicto Armado y la Defensoría Delegada para Derechos de la Población en Movilidad Humana.
- Crear y fortalecer una estrategia para proteger a los defensores ambientales, con enfoque preventivo y reacción rápida.
6. Los Movimientos Sociales y los Derechos Humanos
El Informe parte de valorar el papel y trascendencia de los movimientos sociales y sus luchas en el reconocimiento e institucionalización de diversos tipos de derechos. Resalta su importante espacio en la sociedad y en la vida política. Retoma la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional sobre la población líder y defensora de derechos humanos, que resalta el papel fundamental de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, para profundizar la participación y eliminar las formas de vulneración a los derechos humanos y crear espacios para el diálogo. En tal sentido, confiere a los movimientos sociales un plano político estratégico.
El Informe resalta hitos de avances en la agenda social, en temas claves de derechos humanos, en recuperación de bienes públicos, mediante el Plan Nacional de Desarrollo, en los esfuerzos por mantener la agenda de paz, así como sus dinámicas sectoriales y territoriales en la lucha contra la pobreza. Valora que la movilización social no sea reprimida por parte del actual Gobierno y llama al aprovechamiento de múltiples escenarios de participación de la sociedad civil. Al tiempo, destaca el ejercicio de autonomía e independencia frente a decisiones adoptadas por el Gobierno. Igualmente, advierte que se han presentado factores de estancamiento y de poco avance en la agenda de cambio.
Llama al acuerdo en unificación de la ponencia sobre protesta social, para la presente legislatura. En tal sentido, expresa que un número importante de organizaciones considera válido el escenario de presionar cambios pendientes, mediante acciones de denuncia y movilización.
Reconoce, asimismo, que los derechos humanos son un terreno de disputa interna y externa que desafía percepciones dominantes y visibiliza tensiones relacionadas con la clase social, la etnicidad, el género, la nacionalidad y otras expresiones identitarias.
Por tales razones, llama a la articulación de esfuerzos para que desde el Estado se fortalezcan las organizaciones sociales, a partir del respeto de sus intereses, de su autonomía y capacidad de incidencia para el cumplimiento y garantía de derechos humanos, como agentes de cambio social.
Cabe afirmar que, desde esta perspectiva, los movimientos y organizaciones sociales son, también, escuelas de formación de la cultura democrática y de la proyección de nuevos liderazgos integrados con sus dinámicas generales, sectoriales y territoriales. En tal sentido, también configuran un potencial de transformación social y cultural, así como de una nueva institucionalidad democrática.
Fuente:
[1] Javier Giraldo, David Martínez, Mauricio Torres, Sandra Muñoz, Víctor Ramírez, Organizaciones Afro nacional y territoriales, Mesa Territorial Putumayo y Programa Somos Defensores. EL CAMINO DEL CAMBIO Avances y tropiezos de la paz, los derechos humanos y la democracia. Segundo año del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD); Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y Alianza de Organizaciones Sociales y Afines (Alianza). Editor, Hernán Darío Correa. Octubre 9 de 2024.https://informesderechoshumanos.com/
[2] Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, democracia y Desarrollo. Más de 500 organizaciones sociales piden al Gobierno reestructurar política de Paz Total [3] Orozco Tascón Cecilia. “La presidencia de Petro es producto del estallido social”: Alberto Yepes Palacio. El Espectador. Octubre 13 de 2024Albeiro Caro Fernández, Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: RTVC Noticias
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