En un reciente escrito titulado “El fetichismo de la paz con la naturaleza”, el profesor Ricardo Sánchez Ángel, afirma que, “para conseguir la paz con la natura, primero hay que lograrla en las sociedades humanas. Al mismo tiempo, no habrá paz en la sociedad sino se logra con la naturaleza. Para ello, hay que crear un orden internacional justo que lo permita, superando los procesos, las estructuras y sistemas que generan las guerras, las amamantan, las planifican, las usufructúan, las necesitan para sus intereses creados”.
En otras palabras, quiere decir: Si un país como Colombia, o una región como Oriente Medio, están en guerra, no prospera la paz con la naturaleza porque deberá resolverse primero esa guerra interna o ese conflicto geopolítico en la región. Y viceversa, una sociedad así no viva un conflicto bélico, pero hace un uso irracional de los recursos naturales con un crecimiento desbordado por el modelo de producción que mantenga, al destruir la naturaleza por agotar sus recursos naturales, no tendrá paz plena por alterar los entornos, menoscabar la biodiversidad y extinguir la vida de las especies que necesita para tener hábitats saludables. El profesor Sánchez Ángel, demuestra como en las dos guerras mundiales, con el castigo al Japón en Hiroshima, Nagasaki (utilizando bombas atómicas), también con el bombardeo a Berlín para castigar al nazismo, y respecto a las intervenciones militares de la guerra fría (Corea, Vietnam…), en las guerras de invasión o intromisión, Guatemala, Chile, Granada, más todas las guerras de “baja intensidad”, dentro de la guerra fría; las acciones bélicas destruyeron parte de la naturaleza, desmantelaron los suelos y contaminaron ríos.
Claro que Colombia vivió un conflicto interno o guerra interna, como si fuera una añosa guerra civil durante los años 1964 hasta 2016, por el enfrentamiento de las guerrillas con las Fuerzas Armadas, una insurrección que no se configuró como revolución, se desconfiguró respecto a los propósitos iniciales. El Presidente Uribe negó tozudamente la existencia de este conflicto interno durante los 8 años de sus dos gobiernos, para descalificar a las guerrillas y encasillarlas dentro del terrorismo. Fue un absurdo tratar de diluir la existencia de las guerrillas que se movían como ejércitos irregulares por los departamentos de Colombia. Uribe no los derrotó, los acorraló y disminuyó. La prueba fue que su ministro de Defensa convertido en presidente, J.M. Santos, inició un proceso de paz (año 2012), que fue truncado por los obstáculos en la implementación (2018/ 2022).
En Colombia desde el año 2008 crecieron las áreas cultivadas haciendo metástasis cada vez que se fumigaba y erradicaba. Los paramilitares transformados en BACRIM operaron en las mismas zonas: guerra continuada con la misma financiación: la venta del polvo blanco. Los daños también se reflejaron en las microcuencas hidrográficas. Talan para despejar áreas de cultivo coquero produciendo aflojamiento de los suelos, deslaves y empalizadas que dañan las vías terciarias y la malla vial en general. De contera, alteran la potabilización de los acueductos urbanos.
Sacar a la naturaleza del conflicto, clamaba el ex -ministro del Medio Ambiente Eduardo Verano, para evitar la continuidad de la destrucción de los recursos naturales. El protocolo II de Ginebra trata de evitar los daños al medio ambiente normando que los combatientes deben abstenerse de atacar la naturaleza. El Derecho Internacional Humanitario en su desarrollo previó esta situación: los conflictos internos deben humanizarse porque además de acabar con sectores de la población civil, menoscaban los entornos, y por ende la calidad de vida.
La violencia tiene dentro de sus clasificaciones una denominación apropiada para entender el daño causado: la violencia indirecta. Mario Stoppino, profesor italiano de la Universidad de Pavía, escribió que la violencia es indirecta cuando actúa a través de la alteración del ambiente físico en que la víctima se encuentra, o a través de la destrucción, el daño o la sustracción de recursos materiales. En ambos casos el resultado es el mismo: una modificación dañosa del estado físico del individuo o del grupo que es el blanco de la acción violenta.
La violencia directa dirigida a personas o grupos atenta contra el derecho a la vida y la integridad física; produce un efecto inmediato, objetivo y contundente: muerte, masacres, o desplazamientos. La violencia indirecta produce daños en el entorno, desolación, impotabilidad del agua, erosión o infertilidad de los suelos: la fauna y la flora son menoscabadas: La biodiversidad arruinada. La calidad de vida disminuye al final, también genera desplazamientos. La voladura de un oleoducto, aunque no produzca una sola víctima en el acto, con el paso de los días el medio ambiente alterado impide la explotación de la tierra, el riego se hace imposible, los cultivos se pierden, las aguas que van a los acueductos se contaminan y las enfermedades se propalan. Las víctimas portan efectos posteriores, teratogénicos.
A manera de ejemplo e ilustración, en Colombia durante los primeros seis meses de 1998 se registraron 36 actos de terrorismo ecológico contra oleoductos, 126.000 barriles fueron derramados. Los costos de reparación medioambiental y de reposición de tuberías en ese lapso ascendieron a 40.000 millones de pesos. Hasta esa fecha se estimó que durante 12 años del conflicto colombiano con voladuras estas habían afectado unas 6.000 hectáreas de terrenos cultivables, 2500 kilómetros de ríos y 1.600 hectáreas de humedales. Sumando 14 años de voladuras los derrames ascienden a un millón seiscientos mil barriles de petróleo. La inversión en descontaminación se elevó a 26 millones de dólares, estas son cifras parciales. Han pasado 26 años y podríamos hacer los cálculos durante la continuidad de los conflictos internos, con actores desdoblados en disidentes y reincidentes de las FARC, con una guerrilla intransigente como la del ELN, con bandas desideologizadas multicrimen sustentadas por el mercado de la cocaína y otras rentas criminales.
Miremos esta otra muestra de 6 años como período que encajan en esos 26, tomando datos del Ministerio de Defensa, desde el año 2010 hasta el 2016, el oleoducto Caño Limón presentó las siguientes cifras en cuanto a las voladuras de la infraestructura como arma de guerra: para el año 2011(9 explosiones) por parte del ELN se registraron, en el 2012, hubo 5 voladuras, en el año 2013 hubo 13 ataques en contra de los oleoductos en los municipios de Tame y Saravena; 2014 fue el año que más ataques con la modalidad de explosión de ductos se realizaron en Arauca 40 explosiones fueron registradas por parte de ECOPETROL, para el año 2015 las cifras se redujeron y 30 ataques se llevaron a cabo en Arauca a la industria petrolera. En cuanto al año 2016, los ataques fueron 15, pero vale hacer una salvedad y es que a nivel nacional de registraron 16 ataques lo que evidencia una preocupación sobre la presencia de grupos armados en la zona ( www.acipet.com/año 2016).
La guerrilla al protagonizar las voladuras de oleoductos ejecuta terrorismo ecológico, pues las reacciones y consecuencias afectan la cadena alimenticia, alterando la biodiversidad. Y los sucesivos gobiernos al continuar con los programas de fumigación con glifosato o tebutiurón, ejecutan terror ecológico. El terrorismo ecológico es un exceso de la violencia de grupos, y el terror ecológico un exceso de la fuerza pública para luchar contra actores armados extralegales: ambos dañan la naturaleza.
Los cultivos ilícitos no han desaparecido en Colombia. La sustitución de cultivos era la solución, previa concertación con los sectores campesinos. La sustitución de cultivos y la erradicación manual de la coca y amapola son la única vía para evitar la fumigación y aspersión con cualquier otro herbicida distinto a los letales y devastadores productos ya probados en Colombia que han afectado bosques, páramos y ríos. Es necesario conocer experiencias internacionales, como la alternativa boliviana, pues ha reducido las áreas sembradas a través de estímulos a los campesinos. El problema radica en las indefiniciones para llegar a los acuerdos en la mesa de negociación, la dilación de las partes protagonistas del conflicto armado van en desmedro de la naturaleza. Se acuerda tarde la paz (después de 5 años de diálogos), dejaron llegar el período de otro gobierno y les taponaron lo acordado. Hoy urge fijar fechas y compromisos para la sustitución y erradicación manual, dentro de los trámites de la Paz total, y encontrar una verdadera salida ecológica a la problemática. Al no lograrse todo se empeorará. La experiencia peruana así lo indica, no hubo acuerdos y se empezó a utilizar el hongo Fusarium en el Alto Huallaga, básicamente dentro del sector llamado Paraíso, observándose siete años después, virus patógenos y daños en otros cultivos: por las mutaciones del hongo.
La voluntad de campesinos e indígenas no es suficiente sino prospera la propuesta de cese al fuego, cese de hostilidades y la aplicación en serio del Derecho Internacional Humanitario. De no ser así, el deterioro de la biodiversidad continuará por la contaminación química, la fragmentación acelerada de los hábitats naturales y la expansión de la frontera agrícola con la tala sistemática de los bosques protectores.
El ecocidio se visualiza como un delito contra el medio ambiente, contra la naturaleza, al dañar o afectar los recursos naturales y por ende a la biodiversidad que se encuentra entre los ecosistemas (flora, toda clase de bosques, fauna, especies animales de todo tipo, vertebrados e invertebrados, microrganismos y demás especies que habitan los suelos y afectar los ecosistemas). Dentro de las legislaciones penales internas existen delitos contra los recursos naturales en la mayoría de los Estados; pero a nivel internacional desde la expedición del Estatuto de Roma (año 2002), convertido en la normativa de la Corte Penal Internacional (CPI), no figura el delito de ecocidio concebido por Olof Palme, ex primer ministro sueco y Arthur W. Galston, profesor de biología de la Universidad de Yale. O sea, hoy todavía no es un crimen internacional y no hace parte de los delitos sustanciados por la CPI, por ende, no tiene una jurisdicción especial.
Las empresas tampoco están señaladas como sujetos de procesamiento ante la CPI, siendo las empresas las que aparecen como contaminadoras en el mercado mundial por esa competencia capitalista desbordada en el tráfico marino, y siendo las que más obtienen concesiones de explotación en los países del sur global. De esta manera se dificulta el juzgamiento de los responsables. Y en tratándose de las guerras internacionales, los Estados agresores al no ser firmantes del Tratado de Roma, pueden eludir responsabilidades y los altos mandos civiles y militares, también. Al iniciarse la segunda semana de la COP-16 en Cali, el Ministerio de Ambiente anunció la aparición de la “Coalición Mundial de Paz con la Naturaleza”, con 22 Estados suscriptores para adelantar una campaña internacional de sonora repercusión. Es una iniciativa valiosa para la protección de la biodiversidad en todos los países. La cruda realidad hoy con estas dos guerras de invasión (Ucrania y Gaza), la extensión del conflicto regional en oriente medio (Líbano, Siria, Irán), más las guerras en Etiopía, Sudán y otros países, nos hacen pensar que, sin alcanzar la paz en cada país, tampoco respetan allí la naturaleza. Y donde no hay guerras intestinas, fratricidas o por la geopolítica, la campaña de la Coalición mundial puede avanzar mejor porque se trata de modular y moderar la conducta de los depredadores contra la naturaleza.
En Gaza la guerra de invasión se ha llevado a cabo desde octubre del año 2023, perpetrando ecocidios encadenados. La salinidad de las aguas para el riego ya afectó los cultivos de olivos y verduras, es decir la agricultura tradicional quedó estropeada. El suelo agrícola perdió fertilidad por los componentes tóxicos de los bombardeos, esparciendo el cromo, el níquel, el cobalto y el plomo: Convirtieron las tierras agrícolas en polvo. La táctica es convertir a Gaza en un lugar inhabitable para quitarles las tierras. Han aparecido vertederos con residuos tóxicos y aguas residuales que conllevan a la falta de salubridad para barrios y localidades que sufren el desplazamiento y la falta de servicios públicos cortados o estropeados por los ataques aéreos que han destruido la infraestructura de las aguas residuales (el alcantarillado), infectando más el mar y las calles, aumentando la insalubridad. Los militares de Israel han utilizado el fósforo blanco, deteriorando los suelos; de graves consecuencias medioambientales, provocando incendios en los relictos de bosques. Con el ecocidio se vulneran ipso facto los derechos humanos.
El Gobierno de Netanyahu ha practicado el terror estatal (o, terrorismo de Estado), con la extralimitación del uso de la fuerza gubernamental. En Gaza se comete un genocidio de inmensas proporciones porque no solo cubre las 5 características de este delito según la ONU en la Resolución 260 del año 1948, sino que también se cometen paralelamente crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión; y de contera, un ecocidio dentro del genocidio perfilado con tendencia al etnocidio. Israel viola todo el Estatuto de Roma, pero no hace parte de él por eso se escurre a las sanciones. Y además, viola los principios de la Convención de Ginebra, al transgredir los principios de distinción, de proporcionalidad, de humanidad, de limitación y de precaución. Para Israel el derecho internacional no tiene importancia.
En Ucrania el decurso de la invasión Rusa ha devastado parajes agrícolas inmensos y alterados ecosistemas con el uso de armamentos químicos, toneladas de detonantes. Podrían contabilizarse más de 200 ecocidios en estos 33 meses de esta ocupación militar con ataques inclementes que, afectan el aire, los mares y los suelos agrícolas. Las minas antipersonales regadas o dispersadas en varias zonas han inutilizado áreas cultivables. En Ucrania han demolido instalaciones industriales y energéticas, e intentado la toma de las edificaciones donde se procesa energía nuclear civil. La voladura de la represa de Kajovka, cerca de Zaporivia, produjo inundaciones en varios poblados cercanos como Kherson, el arrastramiento de las sustancias a lo largo de varios kilómetros afecto los suelos agrícolas. El ministro de Medio Ambiente, Ruslan Strilets, estimó los daños ambientales en unos 50 millones de euros.
Cita.
Sánchez Ángel Ricardo. “El fetichismo de la paz con la naturaleza”, columna de opinión publicada en la página Web de la publicación digital La Rosa Roja, como un Manifiesto por la vida humana y la del planeta Tierra. www.larosaroja.org , Bogotá, octubre 28 del año 2024.
Alberto Ramos Garbiras, Especialización en derecho constitucional de la Universidad Libre; Magíster en Ciencia Política de la Universidad Javeriana; PhD en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); estudios de actualización política en la Universidad Complutense de Madrid; ha sido profesor de las cátedras: derecho internacional, ciencia política, derechos humanos, derecho constitucional y derecho ambiental, en la Universidad Libre, Cali .
Foto tomada de: Diario AS
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