Las cifras se pueden discutir, pero existen varias lecturas sobre la falta de recursos: que el gobierno gasta más de lo debido, que existen inflexibilidades presupuestales, que hay una gran evasión tributaria y que la deuda pública es excesiva. Y de acuerdo con estas lecturas surgen las recetas: que se recorte el gasto en burocracia, que se reduzcan las transferencias a los gobiernos locales, que se hagan mejoras en la gestión tributaria, y que se renegocie la deuda o se recurra a la emisión monetaria. Estos planteamientos son reduccionistas y terminan siendo peligrosos. Veamos.
La burocracia
El 85% de la nómina del Presupuesto se destina a seguridad: 76% a fuerzas militares y policía y 9% a la rama judicial y la Fiscalía. Ello es resultado de tener que resolver militarmente el conflicto armado interno. Conflicto que desde la última década del siglo pasado se originó principalmente por la disputa de las rentas del narcotráfico. Esas rentas financian aparatos armados que desafían al Estado, quien debe combatirlos porque la comunidad internacional no permite la legalización de las drogas. Nosotros hacemos la guerra, ponemos los muertos, y poco hemos recibido a cambio. Este es un punto político que debe ser abordado con los gobiernos afectados por la droga, en particular en Europa y Norte América, en el marco de la discusión de la deuda externa del país. Ya lo hicimos en el pasado con el gobierno de Belisario Betancur cuando le declaró la guerra al narcotráfico a raíz del asesinato del ministro Lara Bonilla, y a cambio los Estados Unidos abrieron la posibilidad de una refinanciación de la deuda externa con la monitoría del FMI, la cual efectivamente se llevó a cabo.
Las Transferencias
El tema central de las transferencias es el Sistema General de Participaciones (SGP), que son los recursos que la Nación le gira a los gobiernos locales. Eran el 46% de los ingresos corrientes de la Nación en el 2001 y actualmente son el 26%. Se han perdido veinte puntos porcentuales que los gobiernos locales y los sectores sociales quieren recuperar. Eso equivaldría a sesenta y un billones de pesos este año, más de cinco veces de lo que se pretende conseguir con la ley de financiamiento.
Esas transferencias existen porque el Gobierno Central Nacional se queda con el 80% de la tributación del país. Los gobiernos locales no tienen bases tributarias importantes de manera que parte de esos impuestos deben ser devueltos por el gobierno nacional mediante transferencias (esto pasa en la mayoría de los países). En Colombia la situación es más grave porque existe un centralismo cerrado en materia tributaria ya que los gobiernos locales carecen de la posibilidad de presentar iniciativas tributarias ante el Congreso de la República. Ese es el arreglo institucional que el país tiene, consagrado en la Constitución Política y que viene desde la reforma constitucional de 1968. Es un tema que no se puede reducir una expresión abstracta de inflexibilidad.
La tributación
Atrás se dijo que el gobierno no puede participar de las rentas del narcotráfico porque es una actividad criminal. Pero no es sólo eso. También existe la economía informal, cuya actividad se hace por fuera de la legalidad (que no es lo mismo que la criminalidad), y por tanto están por fuera de la tributación. En la informalidad no se pagan impuestos porque no se tienen derechos sociales. La tributación es un contrato social entre derechos y obligaciones: si no hay derechos la gente no siente la obligación de pagar impuestos, es un asunto de legitimidad. Por ejemplo ¿un vendedor ambulante va a pagar impuestos para que con ellos se le pague a la policía para que lo retire del espacio público.? Las cifras de la informalidad son discutibles, pero la mayoría de la población económica activa está en la informalidad, lo cual quiere decir que el contrato social está roto.
La Deuda
La deuda pública del Gobierno Nacional Central creció por la pandemia del Covid 19 y corresponde a un poco más de la mitad del PIB. La deuda no puede pasar de ese nivel porque se estaría incumpliendo con la Regla Fiscal. Para algunos existe la posibilidad de recurrir a la emisión monetaria para financiar el gasto porque sería una deuda que no habría que pagar. Esta posibilidad está prohibida por la Constitución Política. Ello es así porque cuando se abusa de la emisión los precios suben y el ajuste lo termina pagando la población con la reducción de su capacidad real de gasto, como ha sucedido en Venezuela y Argentina recientemente. Pero esta es una verdad a medias porque emisión monetaria si existe: la hace el sistema financiero a través del crédito. Por esto se hace necesario que la discusión de las cifras fiscales se contraste con las cifras de los bancos porque el malo de la película no puede ser siempre el gobierno, como suele suceder.
Conclusión
El debate del Presupuesto Público no es sólo una discusión de economistas, es sobre todo un debate político. Por lo menos habría que responder estas preguntas: ¿qué recibimos a cambio por la guerra contra las drogas? ¿cómo es el reparto entre impuestos y obligaciones entre la Nación y los gobiernos locales? ¿seguimos tratando la informalidad como un asunto punitivo? ¿el sistema financiero nacional y extranjero pide cuentas al país, pero cuál es la rendición de cuentas de ese sistema?
César Giraldo, Miembro del Comité Autónomo de la Regla Fiscal
Foto tomada de: Agencia de Periodismo Investigativo
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